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Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el legislador santafesino Gabriel Chumpitaz, presentaron un proyecto de ley que propone crear un fondo de asistencia para familiares de policías que fueron asesinados por delincuentes mientras estaban en servicio.
En rigor, el proyecto que busca la creación de un fondo para familiares de policías asesinados establece que el mismo deberá ser constituido por una partida presupuestaria de afectación específica del Ministerio de Seguridad.
Cada Policía debe saber que si lo peor sucede, el Estado acompañará a su familia. El Fondo será constituido por una partida presupuestaria de afectación específica del Min. de Seguridad. Necesitamos respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de la policía.
En este sentido, Chumpitaz sostuvo que el proyecto fue redactado ante “la escalada de la inseguridad en toda la Argentina que provocó un aumento en el homicidio de policías en cumplimiento de sus funciones”. “Para combatirla junto al narcotráfico, necesitamos una policía fuerte. Es fundamental trabajar para devolverle el valor y el respeto que en el pasado tuvo la fuerza en nuestro país. Parte de esta reconstrucción se tiene que hacer a través del cuidado que tenemos hacia nuestros oficiales”, aseveró.
Asimismo, el texto redactado por el diputado marca que la reparación económica estará dirigida hacia los familiares ascendientes, descendientes y laterales hasta cuarto grado de consanguinidad de los policías asesinados en servicio, con una suma por única vez de un valor equivalente a 3 mil veces un haber jubilatorio mínimo.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz.
“Hoy la policía está abandonada y tiene miedo de actuar porque sabe que si pasa algo serán ellos los sancionados. Esto se tiene que terminar, los delincuentes tienen que volver a tenerle miedo a las fuerzas de seguridad”, apuntó Chumpitaz.
En ese sentido, el proyecto de ley de Chumpitaz para crear un fondo de asistencia para familiares de policías asesinados, recibió el acompañamiento de los diputados nacionales de Juntos por el CambioJuan Martín, Carolina Castets, José Núñez, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata, Pablo Torello, Marilu Quiroz y Karina Bachey.
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El sindicalismo vernáculo que se encolumna detrás de la “lucha docente” pone palos en la rueda a las negociaciones salariales en la provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó a cabo un paro de 48 horas, pese a que los propios dirigentes del gremio habían aceptado previamente la última oferta del gobernador Rogelio Frigerio.
Este año, las paritarias docentes arrojaron un aumento del 104%, en contraste con una inflación acumulada del 94,75%. No obstante, el panorama era distinto durante el último año de la gestión kirchnerista, cuando el exgobernador Gustavo Bordet también acordó un incremento del 104%, pero frente a una inflación del 211,14%.
Nueve días antes de las medidas de fuerza, el secretario general de la AGMER, Marcelo Pagani, celebró el aumento remunerativo del 6,5% para los próximos tres meses. “Conceptualmente, era lo que estábamos planteando, hay una pauta salarial que reconoce los primeros cuatro meses y había una exigencia para equiparar el salario una vez conocidas las inflaciones de diciembre y enero”, manifestó en diálogo con la Agencia de Noticias de Entre Ríos.
– Marcelo Pagani, secretario general de la AGMER
De manera similar, Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), consideró la propuesta del gobierno provincial “mucho más consciente que las anteriores, es más amplia y contenedora a las expectativas”.
Pese a estas manifestaciones de acuerdo, horas más tarde, los gremios anunciaron la convocatoria a paro, generando desconcierto e indignación entre los ciudadanos. Este giro se produjo poco antes de que Frigerio decidiera restituir el Fondo de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales, lo que representó una inversión de 70 mil millones de pesos destinados a mejorar los salarios docentes.
DISCÍPULOS DE ROBERTO BARADEL
El gobierno provincial presentó cinco propuestas salariales desde el inicio del conflicto. La primera, ofrecida el 23 de julio, fue rechazada por AGMER, que la consideró “distorsiva e insuficiente” y decretó cuatro días de paro. Las siguientes ofertas, presentadas el 30 de julio y el 9 de agosto, corrieron la misma suerte, con nuevas medidas de fuerza decretadas por el gremio.
Ante los sucesivos rechazos, el gobierno decidió el 18 de agosto aumentar los salarios por decreto para evitar que los docentes se quedaran sin el beneficio. A partir de allí, se dictó la conciliación obligatoria y se presentaron dos ofertas adicionales, el 17 y el 20 de septiembre, ambas también rechazadas.
– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; SoniaAlesso, secretaria General CTERA; Hugo Yasky, actual diputado kirchnerista e histórico dirigente de CTA y CTERA; Roberto Baradel
La relación de Roberto Baradel, líder de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, con el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, parece explicar la intransigencia de la postura sindical en Entre Ríos. Esta relación preocupa a los sectores docentes que abogan por despolitizar la negociación salarial y llegar a un acuerdo definitivo.
A finales de 2021, por ejemplo, Roberto Baradel fue invitado de honor en el acto de asunción del segundo mandato de Pagani al frente de AGMER, lo que consolidó los vínculos entre ambos líderes gremiales.
Otro referente de AGMER relacionado a Baradel es Guillermo Zampedri, quien la semana pasada anunció un paro de cinco días tras rechazar la quinta propuesta gubernamental. “Esto es simple, se destraba poniendo plata”, amenazó en declaraciones a medios locales, criticando también las políticas nacionales y provinciales de Javier Milei y Rogelio Frigerio. “Desde AGMER entendemos que los rechazos de la oferta se deben al malestar general que tiene la docencia entrerriana por la pérdida escandalosa de salario que hemos tenido en los nueve meses de gobierno de Milei y Frigerio”, expresó.
– Guillermo Zampedri, pechera de AGMER, CTERA y CTA
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, describió las dificultades en las negociaciones: “Formé parte de muchas negociaciones y nos decían: ‘queremos esto’, lo ofrecíamos, iban a Congreso y después nos decían ‘queremos esto también’. Ofrecíamos eso, estaban contentos, pero volvían a pedir otra cosa. Nos iban corriendo el arco. Así que entiendo que cuando declaran medidas de fuerza tengan que retrotraerlas, pero tengo la confianza y convicción de que hicimos una propuesta muy buena. Cumplimos absolutamente con todos los puntos que el sindicato nos venía pidiendo”.
Finalmente, Troncoso cuestionó los verdaderos intereses detrás de las medidas: “Si no es esto, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué intereses se esconden realmente? Por eso hablamos de la politización de estos reclamos. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores y otra es pretender horadar políticamente a un gobierno provincial, y eso es lo que nos preocupa”.
– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; Julio Panceri, ministro de Hacienda y Finanzas; SusanaCogno, vocal Gremial ante el Consejo General de Educación y Manuel Troncoso durante una reunión en la que el síndico de AGMER destacó la “vocación de diálogo constructivo y serio, buscando una síntesis entre el Gobierno y el sindicato. Esta forma constituye la mejor alternativa para superar este momento”. Enero 2024
En sintonía con el ministro Troncoso, el diputado provincial Marcelo López se mostró confuso con el ida y vuelta sindical: “No sabemos a qué obedece ese cambio de opinión ni cuáles son las verdaderas motivaciones de estas medidas tan perjudiciales. Es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria“, aseveró luego. E hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza”.
La situación salarial de los docentes en la dictadura formoseña llegó a un punto crítico. Esta semana, el secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereyra, responsabilizó directamente al gobernador, Gildo Insfrán, y a los “secretarios generales dialoguistas” por los bajos sueldos que perciben los trabajadores de la educación.
El gremialista afirmó con dureza: “Acá el único culpable de los malos sueldos es el gobernador y los secretarios generales dialoguistas, no puede ser que se le quiera echar la culpa al gobierno nacional. Formosa es una de las jurisdicciones con los sueldos más bajos de toda la Nación”.
Pereyra señaló que los sueldos docentes están muy por debajo de la canasta básica —actualmente supera los 900 mil pesos— mientras que el salario garantizado ronda los 450 mil. “Estamos lejos de lo que un trabajador necesita para vivir dignamente”, denunció tras criticar el reciente anuncio de un aumento del gobierno provincial, de apenas 28%, calificándolo como una “burla” para el sector. El porcentaje fue acordado sin el consenso de los docentes.
Además de exigir un salario acorde a la canasta básica, Pereyra mencionó el pedido de un bono de 50 mil pesos por el retraso en el pago de la jornada extendida. Según explicó, el dinero fue depositado en vísperas del operativo solidario de la tiranía conocido como Por nuestra gente todo, lo que no permitió a los docentes celebrar el Día del Maestro como corresponde. Ante la falta de respuestas el gremio adelantó que volverá a presentar un pedido formal para participar en la mesa de diálogo y reclamó a los secretarios generales del sector que consideren el desfasaje entre el salario y el costo de vida.
Por su parte, Nilda Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados, también expresó su preocupación por la precarización salarial en la provincia, afirmando que las políticas de Insfrán llevaron al sector a la indigencia.
– Nilda Beatriz Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados
En una entrevista radial, la dirigente destacó que “el hecho de que el gobernador reconozca públicamente que no nos alcanza el salario ya es importante”, pero lamentó que, pese a ello, la situación sigue siendo insostenible.
La gremialista, en línea con Pereyra, precisó que el salario inicial de los docentes en mencionada provincia es “la mitad de la canasta básica”, lo que coloca a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Añadió que las medidas de protestas organizadas por el gremio que representa, además de ser ignoradas por el gobierno, han sido castigadas con descuentos salariales: “Realizar un paro en estas condiciones es sinónimo de fortaleza y convicción”.
El panorama que describen los referentes gremiales se vuelve más complejo al considerar el contexto económico a nivel nacional. Patiño advirtió que “van a ajustar los envíos a la provincia y el año que viene puede que lleguen los despidos”, lo que agravarían la crisis del sector educativo y profundizaría las tensiones sociales en la región.
El gobierno de Javier Milei comenzó una investigación a raíz de las denuncias presentadas por comunidades indígenas y productores locales que aseguran que cientosde bolivianos están invadiendo tierras en la provincia de Salta. Los reportes indican que alrededor de 2.500 hectáreas de selva en la región fronteriza de General Mosconi fueron desmontadas para plantar caña de azúcar, la cual es luego contrabandeada hacia Bolivia. Se estima que, anualmente, unas 150.000 toneladas del producto cruzan la frontera de manera ilegal.
Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante la Fiscalía Federal de Orán el pasado 13 de septiembre, pero los denunciantes —entre ellos el pueblo indígena Ava Guaraní— señalan que la Cancillería argentina fue “indiferente” ante esta violación de la soberanía nacional.
En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia sí actuó en respuesta a una denuncia presentada en 2021 por Horacio Cruz Castro, el líder de los productores bolivianos involucrados, contra los Ava Guaraní. Cruz Castro, acusado de liderar la usurpación de tierras argentinas, alegaba que los indígenas lo estaban perturbando en un terreno que él llamaba “Isla Valle Dorado”, aunque las autoridades bolivianas confirmaron que dicha área está, en realidad, dentro de territorio argentino.
La situación en la frontera de Salta no es nueva. Desde 1994, las comunidades locales denunciaron la remoción ilegal de las señales que demarcan los límites entre nuestro país y Bolivia.
En un operativo realizado en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 60 ciudadanos bolivianos indocumentados trabajando en las plantaciones de caña de azúcar y logró incautar 70.000 toneladas del producto contrabandeado. A pesar de estas intervenciones, la situación parece haber empeorado, y el volumen de caña que se contrabandea hoy en día es más del doble que hace diez años.
La reciente intervención de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permitió localizar plantaciones de caña en la zona en disputa, pero la ubicación precisa de estas tierras sigue sin poder determinarse con claridad. La crecida del río Grande de Tarija, que sirve como frontera natural entre ambos países, destruyó los hitos fronterizos, lo que complicó aún más la delimitación del territorio. Se solicitó la intervención de la Comisión de Frontera para restablecer los límites, pero hasta el momento no se logró avanzar en la solución del conflicto.
– Horacio Cruz Castro
La comunidad Ava Guaraní, que habita en las serranías del municipio de General Mosconi, denunció la invasión de sus tierras y la violencia a la que están siendo sometidos por parte de los productores bolivianos. Según los testimonios recogidos, el grupo boliviano, liderado por Cruz Castro, amenazó a las mujeres y niños de la comunidad con machetes y armas de fuego.
La Cancillería boliviana reconoció en un informe reciente que las coordenadas del territorio en disputa se encuentran efectivamente dentro de Argentina, lo que refuerza la legitimidad de las denuncias de invasión. Sin embargo, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas para frenar la usurpación ni el contrabando.
El fuego de los incendios en Córdoba no frena y cientos de personas están siendo evacuadas de los distintos focos. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, le envió un mensaje a la cronista Mercedes Ninci desde Estados Unidos.
A causa del trágico suceso que mantiene en vilo a la provincia y ya prendió fuego más de 20 casas, detuvieron a un joven de 19 años por ser considerado un nuevo sospechoso de originar la problemática ambiental. Sin embargo, el incendio continúa y la funcionaria habló sobre la ayuda del Gobierno a la provincia.
EL MENSAJE DE PATRICIA BULLRICH
“Hola Mercedes. Estamos haciendo lo máximo que se puede hacer. Tenemos aviones, tenemos helicópteros, tenemos brigadistas. Lo que pasa que el pasto muy seco se convierte en lo que se llama basura eso se quema y genera chispas enormes, fuego, viento y mucho calor”, contextualizó la titular de la cartera de Seguridad.
Por otra parte, expresó que se mantiene en constante contacto con el director del Sistema Nacional de Fuegos y el director del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. “La realidad es que el fuego es fuerte y se hace todo lo que se puede. No estamos escatimando nada”, sostuvo Bullrich en diálogo con Ninci.
La periodista criticó la compra de aviones para las Fuerzas Armadas y el poco financiamiento ante este tipo de problemáticas, como la compra de aviones hidrantes. La zona del incendio se declaró un territorio “de desastre”, lo que permite a los brigadistas acceder a fondos provinciales para abordar la situación.
LA CAUSA DE LOS INCENDIOS:
Ayer se conoció que hay dos hombres detenidos por la Policía provincial, según confirmó el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros. “Hay una persona que está detenida, presuntamente sería el autor intencional de un incendio”, comenzó a contar Quinteros, y advirtió que todo será “material de investigación” para corroborar su responsabilidad en este hecho.
La concejal libertaria de Viedma (Río Negro), Ivi SilvinaFranco, presentó un proyecto de ordenanza que cobró impacto en las redes sociales. El proyecto plantea la creación de un Registro de Estudios Médicos para los funcionarios, donde se incluirían exámenes psiquiátricos, rinoscopias, análisis de sangre y orina.
Estos estudios serían coordinados por el Ministerio de Salud de la provincia y generarían un registro supervisado por la autoridad municipal, quien sería responsable de evaluar el estado psicofísico de los burócratas. La propuesta busca garantizar que los políticos locales estén en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones y lo hagan con transparencia.
El proyecto propone que todos los funcionarios del Ejecutivo municipal, incluidos el Intendente, Jefe de Gabinete, secretarios, subsecretarios, el Tribunal de Cuentas, y los funcionarios del Concejo Deliberante, desde el nivel de secretario hasta los concejales, se sometan a una serie de exámenes médicos anuales. Los estudios contemplados incluyen un examen psiquiátrico, una rinoscopia, análisis de orina y análisis de sangre.
Franco explicó que una vez realizados los estudios médicos “se crea una carpeta con el registro personal de cada funcionario respetando la privacidad de cada uno, y la autoridad de aplicación evaluará la condición psicofísica de los funcionarios a través de un dictamen”, asegurando que la información médica sea manejada con la confidencialidad correspondiente.
Este proyecto no surge de manera aislada, sino en un contexto en el que la ciudadanía exige cada vez más transparencia en la gestión pública. Los reclamos se enfocan en que, al igual que se les pide a los ciudadanos cumplir con una serie de requisitos y trámites, los políticos deberían dar el ejemplo y someterse a este tipo de controles. Según Franco, “como obligan a la sociedad a realizar distintos trámites, sería necesario que los políticos se hagan estos estudios”.
Esta medida no solo permitiría garantizar que los políticos cuenten con las capacidades necesarias, sino que también reforzaría la confianza pública en las instituciones, un aspecto fundamental en tiempos donde la desconfianza hacia la clase política es alta.
Además, el la medida contempla la posibilidad de incorporar antecedentes penales como parte de los requisitos para funcionarios y trabajadores, aunque este punto aún está en discusión. A pesar de las dificultades, la propuesta sigue avanzando con el respaldo ciudadano.
Para los defensores de la iniciativa, la medida es esencial para asegurar que los funcionarios estén en condiciones óptimas de desempeñar sus funciones, garantizando así una mayor transparencia en la gestión. En palabras de Franco, “es importante que los funcionarios puedan demostrar que tienen las condiciones psicofísicas adecuadas para el cargo”, un mensaje que difundió a través de su cuenta de Instagram.
Otro aspecto relevante del proyecto es su enfoque preventivo: En caso de que los estudios médicos detecten problemas de adicción en algún funcionario, se prevé la implementación de medidas de rehabilitación. Durante este proceso, el burócrata deberá tomar una licencia sin goce de sueldo y, si no cumple con los requisitos de recuperación, será inhabilitado para continuar en su cargo. Franco aclaró que “la idea es que los funcionarios que tengan problemas de adicción puedan recibir ayuda y recuperarse antes de volver a sus funciones“, destacando el carácter preventivo y no punitivo de la medida.
Este tipo de propuestas no es exclusivo de Viedma. En General Roca, otro grupo libertario presentó una iniciativa similar.
En la ciudad neuquina la iniciativa surge después de que una empleada quedara involucrada en una causa por venta de drogas. El proyecto fue presentado el pasado lunes 12 de agosto y, en línea con la de Viedma, propone controles de narcóticos, de antecedentes penales, un test psicofísico y examen de ingreso.
Sin embargo, a pesar de la insistencia de sus promotores, el proyecto aún no consiguió el apoyo legislativo necesario para avanzar. Aun así, los libertarios de General Roca anticipó su intención de continuar impulsando la medida, recurriendo incluso a la recolección de firmas como una estrategia para “presionar” a las autoridades locales.
Este miércoles, la legislatura provincial tratará la reglamentación de un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2019 (Ley 6116) que crea el “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras”. La reglamentación nunca llegó a ser ejecutada debido a convenios de ayuda mutua en cuestiones de salud entre el gobierno argentino y su par boliviano.
Sin embargo, en los últimos años quedó en evidencia que Bolivia no cumplió con su parte del acuerdo, factor que motivó a los legisladores jujeños a impulsar esta ley, que establece un régimen que garantice la prestación del servicio público provincial a personas extranjeras no residentes que permanecen transitoriamente en la provincia, para ello se le faculta al Poder Ejecutivo la determinación de los montos a cobrar según el tipo de prestaciones que se den.
La normativa aclara que, en casos de emergencia médica, cuando la vida del paciente esté en peligro, la atención será garantizada sin que el pago sea un condicionante previo. Esto implica que los hospitales y centros de salud podrán asistir a los pacientes extranjeros en situaciones críticas sin demoras, pero se buscará, posteriormente, recuperar los costos de atención a través del propio paciente o su país de origen.
El éxito de esta medida en la vecina provincia de Salta —la asistencia a hospitales públicos por parte de extranjeros cayó un 80% y significó un ahorro de 60 millones de pesos en seis meses— es otro de los motivos considerados. Mencionada provincia norteña eliminó la gratuidad en marzo del corriente año.
Esto permitirá tener un sistema de salud más eficiente y equitativo, donde las personas que pagan sus impuestos puedan acceder a este servicio, y aquellos que no, deban pagar respectivamente por el servicio que se les brinda.
Se espera que en la legislatura se apruebe este proyecto y quede en manos del gobernador Carlos Sadir, quien decidirá en qué momento se reglamenta esta ley y cuáles serán los montos a cobrar respectivamente.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…
