Desidia total: Una mujer wichí fue encontrada desnutrida e inconsciente en el monte
Este fin de semana encontraron una mujer inconsciente y desnutrida en el monte junto a sus dos hijas de 11 y 4 años. Las autoridades declararon: "La mujer está estable".
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La pobreza se acentúa en el interior de Salta, esta vez con una imagen que cala hondo en toda aquella persona que la ve y refleja la realidad de la comunidad wichí. Hace tres días se conoció que un criollo encontró a una mujer totalmente inconsciente, con signos evidentes de desnutrición, y deshidratación en el monte, varios kilómetros monte adentro en el paraje Desemboque, cerca de Pozo el Toro, departamento Santa Victoria Este. La mujer en cuestión es Liliana Frías que fue encontrada junto a sus dos hijitas de 11 y 4 años completamente indefensas y en estado de shock.
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Mientras la mujer estuvo internada, contó con la compañía de sus padres y las hijas fueron entregadas al cuidado de sus familiares. Cabe mencionar que hace dos años Liliana sufrió la pérdida de un familiar por desnutrición. Lo que expone la terrible y cruda realidad en Salta, no son casos aislados las muertes por desnutrición, sino que cada día se suman más.
Comunidad wichí
Desde el Ministerio de Salud de la provincia, informaron que la mujer se encuentra estabilizada y que ingresó, además, con un grado de epilepsia y problemas respiratorios, como consecuencia de la precariedad en la cual vive la comunidad en el norte de la provincia gobernada por Gustavo Sáenz.
La mujer ingresó el 5 de julio al servicio de guardia del hospital de Alto La Sierra. Luego fue derivada al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde se le realizaron distintos estudios y se le brindó la medicación necesaria.
De acuerdo a información oficial, la paciente estaba deshidratada, con fiebre y cuadros respiratorios con hipoventilación. En el nosocomio se le brindó medicación anticonvulsiva/antiepiléptico y tratamiento antibiótico para la infección respiratoria. Desde el servicio de Nutrición están brindándole colaciones especiales, por su bajo peso, y el personal de enfermería la higienizó y le efectuó tratamiento por pediculosis.
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Las localidades bolivianas de San José de Pocitos y Yacuiba experimentaron un notable crecimiento urbano en los últimos años, con edificios de vidrio de varios pisos, shoppings equipados con escaleras mecánicas y calles pavimentadas con iluminación LED. Este desarrollo contrastó con la infraestructura de Salvador Mazza, en la frontera con Argentina, donde surgió un problema ambiental grave: los desechos cloacales de dichas ciudades fueron vertidos sin tratamiento en la Quebrada Internacional, el curso de agua que separaba a ambos países.
Este vertido afectó directamente a la ciudad fronteriza sobre todo en temporada de lluvias, cuando la corriente arrastró residuos cloacales hacia los barrios cercanos y generó focos de insalubridad. Legisladores provinciales de Salta elevaron denuncias ante organismos consulares y bilaterales, pero no obtuvieron soluciones concretas. La diputada provincial por el departamento San Martín, Gladys Paredes, expresó: “Toda esa contaminación que proviene de las localidades fronterizas de Bolivia desemboca en la Quebrada”.
En las últimas semanas, tomó relevancia la situación de la empresa EMAPYC Bolivia (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba), señalada por verter efluentes cloacales en la Quebrada. El pasado 23 de febrero de 2022, una comisión conformada por funcionarios municipales, provinciales, nacionales, abogados, bioquímicos y fuerzas de seguridad tomó muestras de los líquidos en Salvador Mazza, luego de que la Cancillería argentina solicitara informes precisos sobre un eventual daño al medio ambiente y a la salud de los residentes. Los análisis se realizaron de manera preliminar en el lugar y continuaron en laboratorios provinciales, cuyos resultados fueron elevados a nivel nacional.
El problema no es nuevo. En 2016, vecinos de barrios bolivianos denunciaron el vertido de aguas residuales. En aquella oportunidad, la empresa involucrada afirmó que las aguas desechadas eran tratadas según la legislación boliviana. Para 2018, se registraron limpiezas conjuntas con la Fundación Natura y la Alcaldía de Yacuiba bajo el Fondo Local de Conservación de los Recursos Hídricos.
En Salvador Mazza, el director de Medio Ambiente, Jorge Dagil, presentó informes y se sumó al grupo que recopiló las muestras. Pese a las denuncias reiteradas, el vertido de aguas residuales continuó y evidenció la necesidad de acuerdos coordinados entre ambos países para prevenir la contaminación en la Quebrada Internacional y resguardar la salud de quienes habitan en esa región fronteriza.
El farmacéutico y sindicalista de los farmacéuticos y bioquímicos, Marcelo Peretta, presentó oficialmente su candidatura a legislador porteño por la lista REMEDIOS PARA CABA en un multitudinario acto realizado en el Teatro Multiescena del barrio de San Nicolás. Acompañado por los principales candidatos de su espacio político, criticó duramente a la dirigencia actual y aseguró que su objetivo es “romper los monopolios farmacéuticos, fomentar la producción y el trabajo registrado”, además de “llevar ante la justicia a los responsables de la mala gestión de la pandemia”.
El discurso de Peretta se inició con una declaración que apuntó directo a las promesas electorales que considera incumplidas: “Me siento defraudado igual que ustedes. Creí que la motosierra era para la casta, pero la usan con trabajadores y jubilados, creí que íbamos a producir y trabajar, pero todo es timba financiera y economía ficción. Creí que habría libertad y competencia, pero controlan el dólar y todas las variables y no bajaron ni un impuesto. Nos mintieron”. Con estas palabras, el candidato describió su desilusión ante la situación económica y social que, desde su perspectiva, afecta a la Ciudad y al país.
Entre las principales propuestas de ley que impulsará si logra llegar a la Legislatura el 18 de mayo, Peretta anunció que buscará bajar el precio de los medicamentos por medio de la competencia, aumentar la seguridad respaldando la tarea de los uniformados y renovar el sindicalismo para fomentar la creación de empleo registrado. También sostuvo que llevará a la justicia a los responsables políticos y sanitarios de la mala gestión de la pandemia, afirmando que hubo “30 mil muertos de más” que pudieron haberse evitado.
Para combatir lo que él llama un oligopolio farmacéutico, propone instalar nuevos laboratorios en el polo farmacéutico de Lugano y exigir la prescripción por nombre genérico, sancionando a los médicos que recetan marcas comerciales cuando lo hacen con fines económicos. Justificó esta iniciativa expresando que abrir más laboratorios generará competencia y evitará “el abuso de los médicos coimeados que recetan remedios caros”. Además, adelantó que limitará la publicidad engañosa de medicamentos y terminará con el financiamiento de los laboratorios a la política.
Uno de los puntos más aplaudidos del acto fue la promesa de eliminar el ABL para los jubilados porteños. “¿Por qué pagan tantos impuestos?”, lanzó a modo de pregunta, y propuso que eximir a los mayores del pago de ese tributo permitiría que ese dinero se destine al consumo y la activación de la economía. También detalló tres proyectos de ley para promover el trabajo registrado: impuesto cero durante el primer año para las PyMEs que cuenten con CUIT y personal formal en CABA, habilitación rápida y en línea de comercios y empresas, y el pago de las cargas laborales a cuenta del impuesto a los ingresos brutos.
El acto incluyó la presentación del Decálogo del Movimiento Plural, destinado, según Peretta, a quienes se sienten “silenciados, desplazados o decepcionados” por las promesas incumplidas del gobierno actual. El candidato considera que la Ciudad más rica del país está sucia, insegura, sin trabajo y con una salud pública deficiente a raíz de una dirigencia que, en su opinión, “se reparte los ñoquis que contratan con la plata de los porteños”. De hecho, afirmó con contundencia que “la Legislatura porteña hoy sólo sirve para mantener ñoquis a costa de nuestros impuestos” y llamó a poner fin a ese “robo”.
Acompañan a Peretta en la lista Federico González, consultor político con tres décadas de experiencia; Nahuel Altieri, abogado y presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Valentina Peretta Alejandre, estudiante de Derecho en la UBA, elegida mejor oradora de 2025; Elsa Nieto, periodista científica especializada en colectividades; y Malvina Starker, pastora dedicada a promover las actividades religiosas y la presencia de la Iglesia en la comunidad.
El espacio se presenta bajo la consigna “El remedio para la Ciudad” y lleva por lema REMEDIOS PARA CABA. Peretta, quien también es doctor y autor de un libro sobre reforma laboral titulado El derecho a elegir tu sindicato, busca atraer a liberales y libertarios descontentos, apuntando a los desencantados con las políticas que, según él, no cumplieron con lo prometido. “No quiero que los errores del gobierno tienten a la gente a volver al pasado…”, afirma, al tiempo que hace un llamado a la producción, el trabajo y el esfuerzo como vías para resolver los problemas de los porteños.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.
En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y Bunge–Viterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.
JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES
En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.
DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:
A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.
El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.
Las dificultades presupuestarias para cubrir el servicio eléctrico en las universidades nacionales fueron eje de debate en un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quien recibió a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Durante la reunión, se analizaron posibles soluciones que permitan asegurar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, así como la implementación de energías alternativas a mediano y largo plazo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió este lunes al rector de la UNER, Andrés Sabella, y al decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere. En forma virtual, participaron además los responsables de la UTN en Concordia, José Jorge Penco, y de Concepción del Uruguay, Martín Herlax. El principal objetivo del encuentro fue abordar la problemática de los costos de la energía que afectan a las universidades y las alternativas para superar este escenario.
“Es una problemática que traspasa la cuestión netamente provincial, pero que nos imcumbe como entrerrianos”, expresó Hein. “Vemos con mucho asombro una reducción fuerte en educación en el nivel superior, que es pilar fundamental de una Nación, por lo cual hay que fortalecerla”, reflexionó.
El funcionario remarcó que Entre Ríos se encuentra en desventaja frente a otras provincias de la Región Centro en cuanto a los fondos destinados a las universidades nacionales. “Nos preocupa y nos ocupa. Estamos con un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y será tratado en la Cámara de Diputados. Es lo que siempre el gobernador (Rogelio Frigerio) nos ha pedido: meternos en los temas que nos importan a los entrerrianos, porque si bien son universidades nacionales, quienes van a esas universidades son entrerrianos. Por eso tenemos que ver en qué podemos ser útiles desde la Cámara”.
Por su parte, el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, calificó la reunión como muy positiva: “Fue una reunión muy positiva. El presidente de la Cámara de Diputados nos recibió recogiendo una iniciativa que presentamos el año pasado desde la UTN y la UNER, teniendo como principal preocupación los incrementos de los costos de la energía, que superan ampliamente las disponibilidades que tenemos para cubrirlos con el presupuesto que se nos destina desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación”, indicó.
Asimismo, destacó la importancia de pensar a futuro: “Analizamos las posibilidades para que tengamos producción de energías alternativas en el mediano y largo plazo, para no quedarnos sólo en la coyuntura. Estamos muy conformes porque se han atendido las realidades de todas las facultades”.
A su turno, el rector de la UNER, Andrés Sabella, agradeció la predisposición de Gustavo Hein al dar una respuesta inmediata a la solicitud de reunión. Subrayó que resulta necesario contemplar la situación tanto en el corto plazo como en el largo: “En segundo lugar, debemos atender la coyuntura: hoy la realidad es que los números del presupuesto universitario nacional son muy exiguos, han tenido una reducción significativa, y en ese sentido el costo de la energía pasa a tener un rol preponderante que nos hace suspender actividades que lleva adelante la universidad. Nos comprometimos a intentar encontrar algunas soluciones que nos permitan seguir funcionando de la mejor manera posible”, señaló.
Finalmente, Sabella resaltó la importancia de la colaboración provincial para acompañar a la comunidad estudiantil, mayormente entrerriana: “Más del 90% de nuestros estudiantes son entrerrianos, con lo cual ante una situación presupuestaria nacional que no atiende algunas cuestiones, el Estado provincial, en este caso la Cámara de Diputados, escucha para intentar ayudar a encontrar soluciones”.
En conjunto, los presentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación superior y avanzar en iniciativas de producción de energías alternativas, de modo de garantizar la continuidad de las actividades académicas y de investigación, fundamentales para el desarrollo de la provincia y el país.
El Gobierno de Javier Milei decidió desclasificar documentos secretos relacionados con los nazis que se refugiaron en la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. El anuncio se conoció este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la medida respondió a solicitudes concretas de autoridades estadounidenses y del Centro Simon Wiesenthal.
Según relató Francos en una entrevista con DNews, el presidente Milei “dio la orden de que se liberara toda la documentación que existiera en cualquier organismo del Estado para que se conozca absolutamente todo, porque no hay ningún motivo para resguardar información”. El funcionario recordó que, hacía pocos días, Milei había recibido en la Casa Rosada a representantes del Centro Simon Wiesenthal, quienes le entregaron una carta del senador Chuck Grassley. Este legislador, miembro del Comité Judicial y también como presidente de la comisión de Presupuesto del Senado de los Estados Unidos, solicitó colaboración para una investigación sobre el denominado oro nazi.
Además, Francos informó que el mandatario argentino recibió al senador Steve Daines, un republicano que “viene luchando hace mucho tiempo porque se conozca toda la información sobre aquella época en la que los nazis vinieron a guarecerse en la Argentina”. En ese encuentro también participaron Darin Thacker (jefe de Gabinete de Daines), Abigail Dressel (encargada de negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires) y Cynthia Jo Daines (esposa del legislador).
El jefe de Gabinete puntualizó que la documentación más relevante sobre el arribo de jerarcas nazis se encontraba en el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y añadió que se incluirá “documentación financiera” vinculada con esas investigaciones. “No hay ningún motivo para resguardar información”, insistió Francos.
La decisión oficial se alineó con lo que más temprano había comunicado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en relación con la entrega de archivos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar al Archivo General de la Nación. “Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué motivo”, declaró Adorni.
– El Presidente recibió en Casa Rosada al senador republicano de los Estados Unidos, Steve Daines y a su comitiva
El vocero indicó que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pondría a disposición toda la documentación bajo su órbita y que esta iniciativa respondía “al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”. Adorni sostuvo que “los archivos relacionados con el accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial”.
Francos, por su parte, celebró que estas medidas permitirían “conocer toda la historia”, y subrayó que el Ejecutivo “pretende con la desclasificación de los documentos” sumar transparencia al acceso público. “Había un decreto que ordenaba liberar todos estos archivos y nunca se había hecho. El presidente plantea que estos son archivos de una parte de la historia argentina y tienen que ser públicos”, afirmó.
