Cavallo cruzó a Massa porque “no es economista”: “No tiene concepción de economía de mercado”
El ex ministro de Economía menemista cruzó al líder del Frente Renovador (FR) por no ser un profesional financiero. También destinó varias criticas al Frente de Todos.
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Ante el desastre económico que asola al país y tiene contra las cuerdas al pueblo argentino a causa de la suba interminable de la inflación y el desplome vergonzoso del poder adquisitivo de los salarios, el Gobierno de recibe críticas y propios y ajenos, y hasta figuras ligadas con las crisis del pasado se animan a cuestionar las medidas aplicadas.
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuestionó que el actual titular de esa cartera, Sergio Massa, “no tiene un equipo para manejar la economía argentina” e hizo hincapié en las internas que existirían en la gestión del Frente de Todos.
Publicación oficial del economista Domingo Cavallo en Twitter
Cavallo incluso puso en dudas las aptitudes de Massa para desempeñar el cargo, al señalar que “no es economista”, y plantear que “necesita una concepción de economía de mercado” para superar la crisis, representada por una alta inflación. Curiosamente, el ex funcionario menemista, fue factótum de la crisis de 2001, que supuso la caída del Gobierno de la Alianza, en donde ejecutó similares conceptos a los que pregona que actualmente deben llevarse a cabo.
En este caso, rescató la llegada de Massa al Ministerio, “viendo que el Gobierno estaba al borde del abismo” y que “se animó a tratar de buscar que no venga el caos”. “Incluso tiene chances de evitar que la Argentina caiga en un ‘Rodrigazo’ o en una hiperinflación”, valoró, aunque seguidamente advirtió que Massa “no es un economista ni tiene un equipo como para manejar la economía”.
El ex ministro de Economía durante el menemismo, Domingo Cavallo
“Es un político que forma parte de un Gobierno que está muy mal organizado, donde todos se pelean constantemente y tienen visiones diferentes”, definió. Sobre la inflación, afirmó que “va a poder bajar cuando un futuro gobierno presente un plan realmente completo de reorganización de la economía, que implique su estabilización y su crecimiento”.
El autor de la política de Convertibilidad de los 90, que implicó una paridad 1 a 1 peso/dólar, remarcó que el país necesita tener una “concepción de economía de mercado” que el Frente de Todos “no tiene”.
El “superministro” de Economía, Sergio Massa
“Aunque Massa tuviera esa concepción, lamentablemente la falta de coherencia de los componentes de este Gobierno, especialmente de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, pero también de otros funcionarios, hace que sea imposible que este Gobierno avance en esa dirección”, lamentó.
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Era previsible. Como toda tragedia anunciada, sólo había que esperar para que ocurriera.Mercado Libre se va de Córdoba. No por un incendio, ni por una catástrofe natural. Se va por algo mucho más nefasto y bien cordobés, casi tanto como el fernet con coca: la voracidad fiscal del peronismo local. En una ciudad donde cada semáforo roto es una postal, donde las veredas parecen diseñadas por enemigos de las personas con discapacidad, y donde el Estado municipal no puede garantizar ni un bache menos, el intendente Daniel Passerini y su titiritero Llaryora decidieron que el éxito empresarial es pecado y debe ser castigado.
La noticia encarna la silueta de un fantasma que venía merodeando a nuestras espaldas: sabíamos que estaba ahí, sentíamos su sombra como una amenaza implícita que era evidente que se acercaba, pero que de alguna forma nos terminó asustando igual. Mercado Libre cerrará sus oficinas en Córdoba Capital y mudará sus operaciones a la modalidad remota. ¿Motivo? Las tasas municipales. O más bien, la extorsión legalizada disfrazada de tasas. La empresa pagaba cerca de 770 millones de pesos al mes en concepto de tributos locales. Sí, leíste bien: SETECIENTOS SETENTA MILLONES MENSUALES. Según precisó la firma, entre todas las tasas que aplica la Municipalidad, termina pagando 2,11% de su facturación, porcentaje muy por encima de lo que paga en otras ciudades del país. A cambio, claro, de nada. Porque ni el estacionamiento medido funciona, ni el alumbrado mejora, ni la delincuencia disminuye, aunque nuestro flamante vice intendente, el ex macrista Javier “salto en garrocha” Pretto, tenga el tupé de justificar el IMPUESTAZO más alto de las últimas décadas alegando que a cambio el municipio brinda “seguridad”. Córdoba no ofrece ni infraestructura, ni estabilidad, ni incentivos. Solamente una trituradora de productividad llamada Estado peronista.
Algunos “distraídos” todavía se sorprenden, otros incluso defienden la medida y festejan la retirada de la multinacional (esos estocolmizados amantes de la esclavitud impositiva merecen la dedicación de toda una nota aparte). Otros ya sabíamos que esto iba a pasar, porque vivimos la ciudad, la trabajamos, la sufrimos, la escuchamos de boca de sus protagonistas: comerciantes, emprendedores y pymes que apenas logran sobrevivir. Pero sobre todo PAGAMOS IMPUESTOS, de los más altos del país de hecho. Acá no hay misterio: el peronismo cordobés aplica la misma lógica recaudatoria bravucona que un puntero en una esquina o un barra brava: “si ganás guita, me pagás el diezmo o te hago la vida imposible”. No es casual que Mercado Pago también haya ajustado sus tarifas en Córdoba por la misma razón, llegando a ser hasta un 17% mayores que en el resto de las provincias, a causa de la asfixiante carga fiscal que impone el gobierno de Llaryora: los ingresos brutos son literalmente un castigo por existir.
Lo gracioso (“tragicómico” sería más adecuado, si no fuera tan insultante) es que desde la Municipalidad salieron a decir que “la decisión es política”. ¡Claro que lo es! Pero no de la empresa, sino del municipio. Es política la decisión de convertir tasas razonables en tributos confiscatorios, es política la decisión de ahogar al sector privado para bancar un Estado clientelar e ineficiente, es política la decisión de echar empresas exitosas en el mundo libre al tiempo que mantienen ñoquis militantes cobrando favores y pudriendo la gestión pública. Y que no venga la casta política y su militancia rentada a querer corrernos con el verso de que “Mercado Libre se va porque puede operar remoto”; eso sería como justificar que un inquilino abandona un departamento porque “tiene mochila para acampar”. No, señor. Se va porque el dueño de casa lo extorsiona todos los meses con aumentos arbitrarios y le corta la luz si se queja. ¿Quién en su sano juicio se quedaría?
Esta no es una anécdota aislada, es un síntoma del modelo fiscal depredador que gobierna Córdoba desde hace 25 años; un cuarto de siglo bajo el rapto de gestiones peronistas encadenadas, donde cambian los apellidos pero no la lógica de saqueo. La misma lógica que alguna vez fundió fábricas (y lo sigue haciendo en muchas partes del mundo), y que hoy desalienta inversiones y expulsa talento de nuestra propia tierra. Aún así, estos liberticidas tienen la audacia de culpar a la empresa por irse. Porque claro, en Llaryoralandia las víctimas siempre son los culpables. Si los números no cierran, subimos los impuestos. Si la gente protesta, la acusamos de hacer política. Si la empresa se va, decimos que lo hace “porque no quiere pagar”, cuando bien sabemos que no es la primera ni será la última compañía en retirarse y dejar sin oportunidades de crecimiento a la ciudad.
Mientras tanto, nosotros los vecinos, el ciudadano de a pie, seguimos pagando los platos rotos. Nuestras vidas, en lugar de simplificarse, se complican cada vez más. Porque esta fuga no sólo representa una derrota simbólica, sino una pérdida concreta de dinamismo económico. Son menos consumos en los negocios de la zona, menos contratos con proveedores locales, menos circulación. El Estado provincial no sólo no produce, sino que destruye lo que los privados generan, en una actitud que solo puede explicarse por malicia, negligencia o una combinación letal de ambas. Y después lloran por los recortes de Nación… Respóndanme entonces, por qué no les está pasando lo mismo al resto de las provincias. Eso pensé, sin palabras.
No hay nada más kirchnerista que un peronismo que se disfraza de “cordobesismo productivo” mientras exprime hasta al último laburante con un posnet. Llaryora y Passerini son la continuación del fracaso disfrazada de moderación, los herederos de un aparato que vive del esfuerzo ajeno y encima se victimiza cuando le reclaman resultados.
En paralelo, muchos se preguntan: “¿por qué no hay laburo?”. ¿Cómo va a haber, si cada intento de crear valor es automáticamente castigado? ¿Cómo va a haber si a toda iniciativa privada se la mira con sospecha, como si fuera un acto delictivo? ¿Cómo va a haber, si el único mérito que se premia en Córdoba es el de militar para el partido de turno, y la mayor ambición a la que se puede aspirar es ser un munipa?
Cuando votamos peronismo, no importa si viene con tonadita simpática y moderada o con gritos de barricada, siempre termina igual: más impuestos, menos libertad, menos futuro. La salida de Mercado Libre es apenas un botón de muestra de lo que pasa cuando el Estado se convierte en enemigo del ciudadano productivo. Y lo que viene será peor, si no frenamos esta maquinaria infernal de saqueo institucionalizado camuflado en “justicia social” y “redistribución de la riqueza”. Porque las empresas pueden mudarse. Vos y yo no.
Uber, DiDi y Cabify defendieron esta semana ante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Córdoba la necesidad de una ordenanza “sin barreras que vuelvan inviable el modelo”. Las compañías coincidieron en objetar el artículo 9.º del despacho oficialista, que fijó un cupo máximo de 4.000 vehículos.
Pedro Martino, responsable de Asuntos Públicos de Uber para el Cono Sur, recordó que la plataforma registró “más de 20.000 socios conductores activos por mes” y advirtió que “con el cupo, el 80 % quedaría afuera”.Antonio Canale, de DiDi, calculó que la medida excluiría “entre 7.000 y 13.000 conductores”, lo que restringiría la oferta especialmente en los barrios alejados.
Uber también cuestionó la exigencia de licencia profesional y la presentación de antecedentes penales provinciales previstas en el artículo 5.º; propuso aceptar constancias de trámite para no demorar entre dos y seis meses el inicio de la actividad. En el plano técnico, rechazó el límite de 10 años de antigüedad de los vehículos —que, según calculó, excluiría a más de la mitad de los conductores actuales— y sugirió extenderlo a 14,3 años, en línea con el promedio nacional del parque automotor. La empresa solicitó, además, eliminar la exigencia de una capacidad mínima de baúl por considerarla “difícil de verificar”.
Martino remarcó que el modelo de plataformas funciona sobre tres tasas clave —entrada, salida y reingreso de conductores— y sostuvo que un cupo fijo “distorsionaría esa dinámica y afectaría la eficiencia del servicio”.
Desde Cabify, Ignacio Escuti avaló la regulación “pero sin barreras”. María Eva Juncos, de She Taxi, defendió el cupo como “herramienta de ordenamiento” y subrayó que “las apps no reemplazan al transporte masivo; son un complemento”. Entre los conductores, José Bini alertó que con la limitación “faltará oferta y se encarecerá el servicio”, mientras Romina Lescano pidió evitar un “monopolio de empresas multinacionales” y sugirió que la Universidad Nacional de Córdoba definiera técnicamente el número de licencias.
El concejal Javier Fabre (UCR) advirtió que crear un cupo generaría “un recurso escaso que se vuelve negociable” y señaló “el gran riesgo constitucional” de limitar la actividad privada. Su par Jessica Rovetto Yapur (Córdoba en Libertad) calificó de “inaplicable y perjudicial” cualquier tope de vehículos y denunció el ingreso “hostil e intimidatorio” de referentes del taxi al recinto.
Afuera, la protesta de taxistas y remiseros comenzó a las 8 y bloqueó por completo la avenida Costanera y el Puente Alvear con bengalas amarillas y verdes —prohibidas por la normativa municipal—. Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, advirtió: “No estamos dispuestos a perder nuestra fuente de trabajo. Vamos a defender la actividad hasta las últimas consecuencias”.
El presidente de la comisión, Marcos Vázquez (Hacemos Unidos por Córdoba), consideró que el intercambio “es un avance” para evitar que la norma sea “inaplicable o inconstitucional”. “La información que hoy trajeron todas las plataformas y los trabajadores nos sirvió para construir una mejor regulación”, sostuvo. No obstante, la comisión aún no fijó la fecha para enviar el proyecto al recinto.
Uber concluyó que el cupo provocaría “menores oportunidades económicas, menos disponibilidad de viajes y mayores valores y tiempos de espera”, mientras que los sindicatos tradicionales convocaron a “21 días de lucha hasta el final” bajo el lema “Por el honor, la lealtad y el orgullo de ser taxistas y remiseros”. El debate continuará en las próximas sesiones.
Luis Caputo llegó pasadas las 11.30 al predio de la 137 Exposición Rural acompañado por el titular de ARCA, Juan Pazo; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y otros funcionarios. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), lo recibió en la entrada y más tarde encabezó una reunión de algo más de treinta minutos con los dirigentes de la Mesa de Enlace: Pino (SRA), Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (FAA) y Lucas Magnano (Coninagro).
Al término del encuentro, el ministro definió la conversación como “Excelente” y reiteró: “Siempre dijimos que queremos sacar las retenciones que tanto daño han hecho al campo”. Señaló además que “el campo responde y nosotros tratamos de mostrarle que también les respondemos”. Frente a la expectativa por anuncios sobre derechos de exportación, insistió: “No quiero spoilear nada porque el Presidente va a hacer los anuncios”, en referencia al discurso que Javier Milei pronunciará el sábado al mediodía durante la apertura oficial de la muestra.
Caputo sostuvo que la relación con los productores “nunca estuvo mal” y subrayó la relevancia del intercambio institucional: “Cuando tenés mucho diálogo con un sector, las cosas funcionan más, porque hay buena comunicación de ambos lados”. No obstante, recordó las limitaciones macroeconómicas: “Por supuesto que tenemos limitaciones, que son las presupuestarias; el ancla fiscal es lo más importante en este Gobierno”.
El funcionario defendió las señales previas enviadas al agro, como la reducción transitoria de retenciones a la carne aplicada entre enero y junio pasado, y aseguró que “Cada señal que podamos dar ratifica el rumbo que prometimos: terminar con las retenciones. El campo reacciona en consecuencia”. Afirmó que la nueva rebaja, que incluirá a la carne vacuna y a otros productos, “tendrá carácter permanente”.
En materia cambiaria y financiera, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que “el dólar está muy, muy tranquilo” y enfatizó: “Hoy tenés un Banco Central mejor capitalizado que nunca; es la primera vez que Argentina tiene activos que sobre respaldan el nivel de pasivos”. Sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional subrayó: “La relación es en diez puntos. Estamos terminando las negociaciones; están saliendo excelente para el país” y descartó advertencias por el nivel de reservas.
Los dirigentes rurales valoraron el espacio de diálogo, aunque aguardaron definiciones concretas. Castagnani expresó: “Esperemos que el sábado pueda haber algún anuncio”. Magnano reiteró el reclamo de “una quita definitiva de las retenciones que se compensará con una mejor producción”. Sarnari describió la cita como “protocolar” y destacó: “Nos transmitió que el Presidente se fue con toda nuestra agenda en mano”.
Tras la reunión, Caputo recorrió el stand del Ministerio de Economía y compartió un almuerzo en el restaurante Central con Pino, el viceministro José Luis Daza, el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el presidente del BCRA Santiago Bausili, Iraeta y Pazo, mientras la Mesa de Enlace almorzó con la Coviar.
En el cierre de la jornada, el ministro resumió la expectativa general: “Es una obsesión nuestra, es una obsesión del Presidente terminar con las retenciones y que el campo pueda tener todo el potencial que se merece”.
El barrio Pedro Molina IV en Guaymallén, provincia de Mendoza, atraviesa una situación de inseguridad “extrema y constante” que ha llevado a los habitantes a organizarse por cuenta propia para protegerse ante la falta de respuesta por parte de la policía y del municipio. Los residentes han creado una especie de “guardia urbana vecinal” informal, donde no solo denuncian sino que también intervienen directamente.
“Somos un grupo fijo de vecinos pero cuando pasa algo, salimos muchos más. No tenemos otra opción, la situación está desbordada”, subrayaron los vecinos. “Si esperamos a que venga la policía, ya se escaparon. Eso que a cinco cuadras hay una comisaría, pero no actúan rápido”, agregaron.
– Fuente: Mendoza Post
La situación cobró visibilidad nacional a través de un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas golpeando a un presunto ladrón que había intentado arrebatarle el celular a una niña de 12 años. El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando la menor logró filmar al agresor antes de que este escapara.
Según el relato del periodista Julián Chabert de Radio Post, quien estuvo en el lugar, la víctima rápidamente activó el sistema de comunicación vecinal a través de un grupo de WhatsApp barrial para “salir a buscarlo”. Los vecinos lograron ubicar al delincuente y lo sometieron antes de que llegara la policía.
“Los vecinos se organizan solos, están cansados de esperar. Hacen la denuncia, pero también intervienen por su cuenta”, afirmó Chabert.
La Comisaría 31, que debería brindar seguridad al distrito Pedro Molina y Belgrano, enfrenta serias limitaciones desde hace más de un año,teniendo un solo móvil policial funcional para toda la zona, un edificio administrativo que está parcialmente demolido y requiere reconstrucción completa, falta de recursos y personal suficiente para atender la demanda de delitos.
El gobierno mendocino ha licitado la demolición y construcción de una nueva Comisaría 31 desde mediados de julio de 2025, con un presupuesto de $915.299.924, pero la obra aún no ha comenzado. En 2024, Mendoza registró 32.357 robos, una tasa de 1.564 robos cada 100.000 habitantes, ubicándose como la tercera provincia más afectada del país, superada solo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.
Otro factor que agrava la situación es la presencia creciente de adictos en la zona. Los vecinos utilizan el término “piperos” para referirse a quienes “fuman cocaína y parecen zombies”. Según los testimonios recogidos por Chabert, “cada vez hay más y nadie hace nada”, con muchos de los delincuentes siendo conocidos cercanos, lo que complica aún más la convivencia y eleva la tensión en el barrio.
– Fuente: Mendoza Post
Desde el Ministerio de Seguridad provincial indicaron que la Comisaría 31 está operativa pero reconocieron que no tiene detenidos ni fiscalía donde los móviles paran y siguen funcionando. Los vecinos denuncian que no hay reclamos formales atendidos por el municipio sobre el cierre de baldíos que se convierten en refugio de delincuentes, mejoras en la iluminación pública y de cámaras de seguridad que no funcionan correctamente.
El problema no se limita al barrio Pedro Molina IV. Otros sectores de Guaymallén como San José también han experimentado situaciones similares, donde vecinos y hasta una concejal se han organizado para enfrentar la creciente inseguridad en “tierra de nadie”.
UNICEF confirmó que la pobreza monetaria infantil descendió 14 puntos porcentuales en solo seis meses —del 67% al 52.7% entre el primer y el segundo semestre de 2024— lo que permitió que unos 1.7 millones de chicos y chicas dejaran de ser pobres. El organismo proyecta 47.8% para el primer semestre de 2025, nivel similar previo a la pandemia.
Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, advirtió que sin los programas de asistencia directa —como la Asignación Universal por Hijo y otros apoyos estatales— la tasa de indigencia infantil se hubiera elevado en 10 puntos porcentuales. De acuerdo con sus estimaciones, este respaldo económico evitó que más de un millón de niñas y niños cayeran por debajo de la línea de indigencia durante el último año.
Tras tocar fondo en marzo de 2024, los salarios registrados comenzaron a ganarle a la inflación, ya que entre febrero de 2024 y febrero de 2025 el poder de compra subió 18%, y el índice salarial de INDEC trepó 74% interanual a abril de 2025.
La desinflación rápida —IPC mensual de 1.6% en junio de 2025, acumulado anual de 15.1%— robusteció ese rebote. El equilibrio fiscal alcanzado en 2024 y la fuerte baja de la inflación facilitaron la recomposición salarial y el crédito al consumo. El PIB volvió a crecer en 2025 (proyección +5.5%) luego de la recesión 2023-2024. UNICEF estima que sin estas transferencias la indigencia infantil habría sido 10 p.p. más alta durante el segundo semestre de 2024.
Si la inflación anual se mantiene en torno al 30% y los salarios crecen por encima, UNICEF prevé una nueva caída de la pobreza infantil hacia 45% a fin de 2025, siempre que las transferencias no pierdan poder adquisitivo. Uno de los principales riesgos es la desaceleración económica global, subejecución presupuestaria en salud y educación (-21% y -35% reales en el primer cuatrimestre de 2025, respectivamente).
La brusca baja de la pobreza infantil en 2024 combina la recuperación del poder de compra familiar con la red de protección de la AUH y otros programas. El desafío para 2025-2026 es transformar ese alivio coyuntural en progreso sostenible, atacando las desigualdades de la privación no monetarias que todavía condenan a cuatro de cada diez niños argentinos a vivir por debajo de la línea de pobreza.
“Analizar las características y evolución de estas privaciones no monetarias permite informar las estrategias de política pública destinadas a mejorar el bienestar de niñas y niños en el país”, subrayó al respecto Ramirez Mesec.
UNICEF combina los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC con una canasta básica actualizada y sus propias proyecciones demográficas. Pero no muestra del todo el promedio nacional que esconde factores muy marcados de pobreza infantil en los primeros dos semestres de 2024.
Por ejemplo, los hogares cuyo jefe familiar no completó mínimamente la primaria (80.9%), barrios populares o asentamientos construidos donde estos menores habitan (72.3%), la brecha salarial en hogares monoparentales encabezados por mujeres (60%) y hogares con empleo informal (70%).
La empresa siderúrgica Acindar, propiedad del grupo internacional ArcelorMittal, paralizó entre el 26 de julio y el 4 de agosto el 80% de la producción en su planta de Villa Constitución (Santa Fe) suspendiendo temporalmente a casi 600 trabajadores, quienes recibirán el 75% de sus salarios durante ese período.
Esta decisión afectó principalmente al sector de acería, con 200 empleados; al Tren Laminador 1, que tiene alrededor de 60 trabajadores; y al área de Reducción Directa, con 40 operarios.
Desde la empresa justificaron la paralización señalando la caída del consumo interno y el fuerte aumento en la importación de acero desde China. Según informaron, en 2024 Acindar operó a apenas el 50% de su capacidad instalada, con una producción anual de solo 600.000 toneladas frente a las 1,2 millones de toneladas alcanzadas en 2023.
“Esto responde a la caída de la producción y las ventas. La empresa aplica suspensiones a compañeros y esperamos que esto cambie, porque se vienen tiempos difíciles y pronto pueden llegar los despidos”, expresó Pablo González Piparra, secretario general de la UOM local.
Por su parte, la diputada Florencia Carignano respaldó la posición de los trabajadores a través de redes sociales, señalando que Acindar tiene un excedente mensual de entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero, operando con solo un horno. Carignano denunció además la caída del consumo y señaló responsabilidad política en la situación.
Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar de la UOM local, destacó que la empresa argumentó el cierre temporal en la “caída de la producción producto de la falta de obra pública y del ingreso de acero chino”. Además, indicó que Acindar produjo en su mejor momento 1,2 millones de toneladas anuales, pero actualmente produce alrededor de 580.000 toneladas.
No es la primera vez que Acindar toma una medida de este tipo. Desde comienzos del año la empresa tiene vigente un acuerdo de suspensiones, con pago del 75% del salario, complementado por retiros voluntarios. En febrero de este año ya había aplicado suspensiones similares acordadas con la UOM, tras una caída en ventas de entre 35% y 40%. Otras empresas del sector, como AcerBrag y Ferroglobe Argentina, también adoptaron medidas parecidas durante este año debido a la crisis económica y caída en la demanda de acero.
ArcelorMittal evalúa extender estas suspensiones a sus otras cuatro plantas ubicadas en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que, por ahora, el parate alcanza solo a la planta santafesina y que la medida dependerá de la evolución del mercado interno y externo, adaptándose “a las necesidades operativas de la empresa”.
De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo cayó un 8,6% en junio respecto de mayo, evidenciando la gravedad del contexto actual del sector siderúrgico nacional.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
Sorprende que algunos no terminen de entender la herida generada por la cuarentena. Aquello mostró nítidamente a la política y los medios olvidando diferencias y dándose un abrazo corporativo protector mientras la gente sufría a sus suerte. A partir de entonces “consenso” fue… pic.twitter.com/Mt3eTxqD3V