Capitanich denunció “crisis sanitaria” en Chaco con fotos de su propia gestión
El exgobernador chaqueño usó imágenes de su gestión para atacar al actual gobierno. La maniobra le estalló en plena campaña.
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Jorge Capitanich, exgobernador chaqueño y actual candidato a diputado provincial por el peronismo, denunció recientemente que en la provincia del Chaco existía un “colapso sanitario”. Para respaldar su denuncia, difundió fotografías en medios a fines que mostraban situaciones críticas en el Hospital Perrando, una de las principales instituciones sanitarias de la región. A su vez, rápidamente se descubrió que estas eran de hace 7 años atrás.
“Es un caradura, después de gobernar 16 años y destruir la provincia”, afirmó el actual gobernador, Leandro Zdero, quien salió al cruce con duras críticas.
Las imágenes utilizadas por Capitanich para ilustrar la supuesta crisis fueron tomadas en mayo de 2018 por el Diario Norte, durante el gobierno de Domingo Peppo, quien también pertenece a su mismo espacio político. Irónicamente, muchos de los destinatarios de su mensaje, incluyendo al doctor Daniel Pascual, reconocido dirigente peronista que durante el último gobierno de Capitanich se desempeñó como director del mismo hospital Perrando, compartieron estas imágenes sin verificar su fecha de origen.
Pese a las críticas, el equipo de prensa de Capitanich, que compartió las fotos en un comunicado de su coalición, el Frente Chaco Merece Más (FCHMM), no aclaró que se trataba de material de archivo ni precisó si hubo o no una intención deliberada de desinformar al electorado. Sin embargo, esta controversia se desarrolla en un momento político particularmente sensible para la provincia del Chaco. El próximo domingo 11 de mayo de 2025 se celebrarán elecciones provinciales donde se elegirán 16 bancas de diputados provinciales.
– El exgobernador y candidato utilizó fotos del año 2018 para denunciar una “crisis sanitaria”
Zdero, quien asumió el gobierno provincial tras la gestión de Capitanich, ha denunciado repetidamente la “dramática herencia” económica y administrativa dejada por su predecesor. Según declaraciones del Ministro de Economía de Chaco, Alejandro Abraam, la administración de Capitanich dejó compromisos por 116.000 millones de pesos con una disponibilidad real de apenas 1.300 millones en caja, definiéndolo como “un maestro del dibujo”.
“Sigue mintiendo como lo ha hecho todo este tiempo”, subrayó, agregando: “A la provincia hoy le faltan 40 mil millones, y si le sumamos los 30 mil millones de las cuentas de otros sectores del Estado, ese faltante alcanza a los 70 mil millones”.
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El intendente Mauricio Davico abrió, el pasado jueves 13, un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Gualeguaychú con un discurso atravesado por la reducción de tasas y la baja de la carga impositiva como principal marca de su gestión. En una intervención en la que también repasó obras, servicios y anuncios para 2026, el jefe comunal eligió colocar en primer plano el alivio al contribuyente, la administración austera de los recursos y la ejecución de inversiones con fondos municipales.
Desde el inicio buscó fijar ese encuadre. “Cuentas ordenadas, con inversión y con la menor carga impositiva posible para los contribuyentes”. Más adelante reforzó esa idea con otra definición de tono político: “Con total franqueza y seguridad puedo decirles que hoy tenemos un municipio económicamente ordenado. Sin excusas nos hemos adaptado a los nuevos tiempos austeros del gobierno provincial y nacional”.
El núcleo más fuerte del discurso pasó por la cuestión tributaria. Davico recordó que desde el inicio de su mandato el municipio eliminó cerca del 70% de las tasas existentes y sostuvo que esa orientación continuará durante este año. En ese marco, remarcó la reducción de la tasa sobre el consumo de energía eléctrica: “Esto implica que, en total, todos los contribuyentes van a ahorrar 2.000 millones de pesos”.
El intendente también anunció que en los próximos meses se implementará la boleta digital para las tasas municipales. “Este es el camino de la modernización y la digitalización del Estado”. Según explicó, esta medida generará un ahorro superior a los 100 millones de pesos anuales. Ese dinero será destinado específicamente a mejorar las calles.
También proyectó ese eje hacia lo que viene. “Seguiremos trabajando con esfuerzo para poder eliminar más tasas y bajar alícuotas que descompriman el bolsillo de los contribuyentes”.
En línea con la política austera que el gobierno nacional puso en agenda, el discurso intentó responder una objeción evidente frente a cualquier reducción de tasas: cómo sostener el funcionamiento del Estado mientras se aliviana la carga tributaria. “¿Cómo logramos eliminar tasas y a la vez adquirir equipamientos y hacer obras? Muy sencillo, cuidando la plata de los impuestos de los gualeguaychuenses”, señaló.
A partir de allí, el jefe comunal asoció la baja impositiva con una política de control del gasto y orden administrativo. Dijo que durante su gestión no se amplió la planta de personal municipal y destacó la implementación de controles biométricos para reducir ausentismo y mejorar la prestación de servicios. También aseguró que durante 2025 los salarios municipales superaron la inflación anual.
“No tenemos margen para descuidar los recursos del Estado. No estamos para obras sin sentido. Nuestro criterio es simple, enfocarnos en lo esencial”. Sobre esa base repasó distintas acciones en servicios públicos e infraestructura, entre ellas trabajos sobre el sistema de agua, obras cloacales, recambio de luminarias, modernización de la planta de asfalto y compra de maquinaria. “Son obras que muchas veces no se ven pero que mejoran la vida de los vecinos porque el voto de la gente nos puso acá para resolver problemas”.
Dentro del repaso de obras y equipamiento, Davico sostuvo que la inversión enmaquinaria superó los 2.187 millones de pesos y remarcó que fue realizada íntegramente con recursos municipales.
Otro pasaje con contenido político surgió al referirse a la reactivación de la obra hospitalaria, que atribuyó al compromiso del gobernador Rogelio Frigerio. En ese tramo, el jefe comunal apuntó contra una forma de hacer política asociada a anuncios prematuros y dejó una frase que recibió calurosos aplausos: “No va a haber inauguraciones por cadena nacional o para la foto o para la tribuna”.
El intendente también mencionó el avance hacia el dragado del río, el recupero de fondos de Salto Grande para obras en la ciudad y nuevos proyectos de infraestructura urbana.
La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escándalo condenuncias por agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada durante el acto encabezado por el intendente Walter Cortés.
Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto político y social por el futuro del CerroCatedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA(Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parámetros urbanísticos en esa zona.
El intendente Cortés inició su discurso con un extenso informe de gestión centrado en obras y en temas de la agenda local, entre ellos la definición de parámetros para el cerro Catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta Orgánica prevista para este año.
Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.
También un integrante de Residentes Unidos Bariloche llevó a la Justicia las agresiones que sufrió en el acto de apertura. Este vecino explicó que al ingresar al recinto varias personas lo rodearon y lo increparon. “Estábamos acá adentro, reclamando pacíficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entré me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mí, a lo que me contestan que sí, que me cuide, que después nos ibas a cruzar”.
Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.
La denuncia penal del vecino agredido quedó asentada en la Subcomisaría 55 de Playa Serena. Según la certificación de actuaciones judiciales labrada con fecha 2 de marzo de 2026, el denunciante declaró que “siendo las 11:10 aproximadamente me hice presente en el gimnasio municipal n° 5 acompañado con un grupo, desde que entré a la asamblea gente allegada al intendente Walter Cortés me rodearon y comenzaron a increparme invitándome a salir fuera y amenazándome con que ya nos íbamos a cruzar”.
De acuerdo con esa denuncia, el hombre identificado como autor del golpe inicial fue César Milton Catrigual Guerrero. Desde el 31 de marzo de 2025 ocupó el cargo de colaborador directo del intendente Walter Cortés, en virtud de la Resolución Municipal N° 00000686-I-2025, firmada el 16 de abril de 2025. Esa resolución, dictada en el marco de la Ordenanza N° 3439-CM-2023 que aprobó la estructura política de la gestión, estableció una remuneración equivalente a dos salarios básicos de la categoría 19 más zona fría, vigentes hasta que “el Sr. Intendente disponga lo contrario”.
Medios locales también recordaron que, antes de su incorporación al Ejecutivo municipal, Catrigual Guerrero fue desvinculado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) tras acumular años de inasistencias injustificadas.
La concejal opositora Julieta Wallace afirmó que presenció una de las agresiones y apuntó contra el entorno de Cortés. “Fui testigo cómo el chofer de Cortés le pegó una piña a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral“.
La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y de su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.
“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.
La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay.
– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año
Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.
Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.
También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.
Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.
El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.
– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río
El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosada “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.
“Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser.
En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“.
No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.
Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.
Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
El Senado de Santa Fe aprobó la media sanción de un proyecto de ley que buscó prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa, presentada por el senador por Rosario Ciro Seisas, incorporó esta práctica al Código de Convivencia y habilitó, por primera vez, la intervención directa de la policía y de los municipios ante casos de cuidado, guarda o lavado de vehículos sin autorización.
La propuesta modificó la Ley 10.703 mediante la incorporación de los artículos 66 bis, ter y quater, para que la actividad pasara a ser considerada una contravención a nivel provincial. El proyecto había sido presentado en mayo de 2025. Tras la aprobación en la Cámara alta, la iniciativa debió pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
Durante el debate, que se extendió por una semana, el Senado introdujo cambios al texto original y participaron al menos tres ministros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto contó con el aval del gobierno provincial y sumó aportes del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, con participación de la diputada Ximena García y del legislador Walter Ghione.
Uno de los principales cambios dispuso que la aplicación concreta de la futura norma quedara delegada en cada municipio, que deberá definir su implementación a través de una ordenanza propia. La futura ley le otorgó a la policía atribuciones para actuar, pero estableció que serán los gobiernos locales quienes tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante la Justicia contravencional. Según el texto aprobado, los municipios podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial correspondiente, para hacer cesar la actividad mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público donde se desarrollara.
En el caso de Rosario, será el Concejo Municipal el encargado de dictar una reglamentación local donde se establezcan específicamente atribuciones y alcances en el territorio. Ese esquema surgió tras los planteos de senadores de departamentos con menor densidad poblacional, que sostuvieron que la problemática era propia de los grandes aglomerados urbanos y que, por eso, su resolución debía definirse en cada territorio. Ese criterio descomprimió las críticas que llegaron desde comunas más pequeñas de la provincia.
La iniciativa estableció la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como también del lavado, guarda, cuidado o limpieza de vehículos sin autorización de la autoridad competente. El texto señaló que incurrirá en contravención quien, sin autorización oficial y cuando exista prohibición local vigente, “ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no”.
Entre las sanciones previstas figuraron el trabajo comunitario de 2 a 10 días, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención y el arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia. También se mencionaron multas de 10 a 50 unidades fijas y arrestos de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia. Además, el proyecto contempló restricciones de concurrencia a determinados lugares y endureció las penas cuando existiera organización previa.
La sanción se elevará al doble en sus mínimos y máximos cuando la conducta se ejerza con violencia o amenazas hacia personas o bienes; se concrete en zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas autorizadas; o en las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior. También se endurecerán las penas cuando se constate aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad u otras circunstancias que coloquen a la víctima en una situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio.
El texto también agravó las sanciones si la actividad prohibida se desarrolla entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o de edificios públicos. A su vez, incorporó un capítulo específico para quienes sean organizadores, coordinadores o responsables de la actividad: en esos casos, la escala de arresto podrá elevarse hasta el cuádruple de su mínimo y máximo, sin perjuicio de la responsabilidad individual de los autores materiales.
“No es una solución mágica, ni lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero era una deuda histórica de la política con la sociedad. Esta ley permite iniciar el debate y empezar a buscar una solución a un tema que hace décadas se viene escondiendo bajo la alfombra”, aseguró Seisas.
El senador por Rosario también destacó el alcance institucional de la norma: “Con esta ley estamos creando una herramienta en la que la actividad pasa a ser una contravención provincial y donde cada municipio tendrá la potestad de frenar la actividad en su localidad; esto es clave para enfrentar el problema de otra manera. Se plantea un trabajo conjunto entre organismos de control municipal y fuerzas de seguridad, donde los gobiernos locales tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante un eventual proceso contravencional en la justicia, siempre acompañados por las fuerzas policiales. Solo en Rosario, en 2025, hubo 1245 reclamos y 16 llamadas diarias al 911 denunciando situaciones de extorsión. En el caso de nuestra ciudad, la idea es inicialmente actuar en las zonas donde se concentran la mayoría de estas denuncias”.
Sobre el tratamiento legislativo, agregó: “Espero que los diputados actúen y sea ley. Esto no es un proyecto personal ni de nombres: es un proyecto de la gente que se cansó de ser rehén de la extorsión. Lo venimos discutiendo desde el año pasado y lo trabajamos de forma conjunta con la Cámara baja, donde sumamos herramientas como la incorporación al Código de convivencia provincial a través de la diputada Ximena García y el abordaje de consumos problemáticos impulsado por Walter Ghione. Es una ley que sirve para que las ciudades tengan una herramienta más”.
Seisas también cuestionó la falta de respuestas políticas de años anteriores. “Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Toleró la violencia. Naturalizó el desorden. Permitió que el miedo quedara del lado de las víctimas y no del lado de quienes cometen los abusos. Hoy esa misma política está asumiendo una discusión incómoda, pero necesaria”, sostuvo.
En Rosario, la discusión sobre los trapitos se apoyó además en cifras oficiales relevadas por la Secretaría de Control y Convivencia. De acuerdo con esos datos, durante 2025 se registraron 1.245 reclamos en los seis distritos a través de la línea 147, Munibot o la página del Ejecutivo; fueron identificados 754 cuidacoches, se labraron 9.090 actas y hubo 202 cuidacoches demorados, de los cuales 156 correspondieron a eventos masivos. El informe también indicó que los llamados al 911 por cuidacoches crecieron 15 por ciento entre el año pasado y lo que iba de 2026.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
La Cámara alta provincial avanzó con un proyecto que incorpora la actividad al Código de Convivencia y habilita sanciones, arrestos e intervención policial.
La destrucción del empleo formal golpea con fuerza a los sectores más intensivos en mano de obra. La sobreoferta de choferes y repartidores empuja a la baja la rentabilidad por viaje o pedido.
En la apertura de sesiones, el intendente entrerriano aseguró que los recortes de alícuotas implicarán un alivio de $2.000 millones para los contribuyentes y sostuvo que la implementación de la boleta digital liberará más de $100 millones anuales, que serán destinados a mejorar calles.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
