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Cada vez son más los argentinos que deciden dejar el país en búsqueda de un futuro mejor. España es el destino más elegido entre aquellas personas que toman la dura decisión de dejar sus tierras y a sus seres queridos.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) español, en 2021, los argentinos que emigraron a España fueron 32.933, superando ampliamente al 2020, donde se habían sido 19.857.
Cada vez son mas los argentinos que deciden dejar el país
En relación al resto de los países sudamericanos, Argentina es el país después de Colombia, cuya gente decide emigrar a alguna de las comunidades autónomas españolas. Sólo Colombia la supera, con 42.667 ciudadanos que decidieron partir a tierras españolas. No obstante, la inmigración de ese país descendió un 24% respecto de 2020.
“Los argentinos y argentinas que llegan aquí se sienten rápidamente en su sitio y a gusto. Y es una acogida sincera porque los queremos con nosotros”, remarcó el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alberto Varela y agregó: “Valoramos lo que aportan a nuestro día a día cultural y social. No podemos ignorar que los índices de natalidad en Galicia hacen que nuestra población no se renueve lo necesario y la llegada de inmigrantes, especialmente tan queridos como los de nacionalidad argentina, es muy positiva”.
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La consultora política Federico González y Asociados publicó los resultados de una encuesta realizada sobre 1.500 casos efectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muestra un escenario electoral marcado por el liderazgo del radical kirchnerista Leandro Santoro en varias categorías, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se consolida como la coalición más votada, aunque pierde apoyo en su flanco más derechista.
En la intención de voto para Senador Nacional por CABA, Leandro Santoro, representante del Movimiento Nacional Alfonsinista dentro de Unión por la Patria (UxP), se posiciona como el candidato más votado, con un 24,5% de las preferencias. La Libertad Avanza, sumando a sus tres principales candidatos (Manuel Adorni, Karina Milei y Martín Menem), acumula un 29,5%, lo que la ubica como la coalición con mayor intención de voto.
Por su parte, el oficialismo de Propuesta Republicana (PRO) aparece fragmentado, sumando un 16,1% entre sus diferentes postulantes. La izquierda, encabezada por Miriam Bregman, alcanza un 6,5%, mientras que un 14% de los votantes se inclina por otras opciones.
En la categoría de Diputados Nacionales, Santoro amplía su ventaja con un 26,1%, el liderazgo de UxP acumula un 32,6% de intención de voto en total. Ramiro Marra, libertario recientemente expulsado de La Libertad Avanza, se posiciona en segundo lugar con un 13,5%, seguido por Manuel Adorni (8,9%). El PRO vuelve a mostrar debilidad, sumando solo un 10,5% en total, mientras que la izquierda mantiene un 3,7%.
Para la Legislatura Porteña, Santoro vuelve a liderar con un 24,1%, mientras que Ramiro Marra se consolida en segundo lugar con un 18,1%. En tercer puesto, Ofelia Fernández (Argentina Humana) obtiene un 7,1%, superando a Fernán Quirós (6,1%) y Waldo Wolff (4,9%), ambos del PRO.
La sorpresa de Peretta y la fragmentación de LLA
El farmacéutico Marcelo Peretta, del Movimiento Plural (liberalismo nacionalista), sorprende con un 4,9% de intención de voto, captando parte del electorado liberal tras la salida de Marra y Diana Mondino de LLA, y de la pelea del gobierno con Victoria Villarruel. La izquierda suma un 6,4%, mientras que la categoría “otros” representa un 11,2% del electorado.
La expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza, anunciada por el partido debido a su “voto a favor del aumento de impuestos en la Ciudad”, generó un vacío en el espacio libertario que parece estar siendo ocupado por figuras como Peretta. Marra, fundador de LLA, fue expulsado por “no seguir los lineamientos del partido”.
El informe también destaca la debilidad del PRO, que atraviesa una crisis interna reflejada en su fragmentación electoral. Con la salida de Patricia Bullrich y el casi confirmado pase de Soledad Acuña a LLA, el espacio político que gobernó CABA durante las últimas dos décadas aparece dividido y sin un liderazgo claro.
La encuesta también reveló las principales preocupaciones de los ciudadanos de CABA. El sistema de salud y los hospitales encabezan la lista, con un 71,9% de los encuestados expresando una preocupación “muchísimo” o “bastante”. Le siguen el costo de los medicamentos (65,6%), la pobreza y la marginalidad (64,1%), la corrupción política (59,4%) y la educación (54,7%).
Los resultados globales de la encuesta muestran que Unión por la Patria, con Santoro como principal referente, mantiene una fuerte presencia en CABA, mientras que La Libertad Avanza sigue siendo la coalición más votada, aunque su fragmentación y peleas internas le hacen perder el voto de derecha más nacionalista y antiglobalista.
La irrupción de Marcelo Peretta como una figura emergente en el escenario porteño, junto con la posible incorporación de Ramiro Marra a un nuevo espacio político, configuran un panorama electoral mucho más abierto, variado y competitivo para las elecciones de 2025.
*Con información de encuesta realizada por Federico González y Asociados entre el 23 y el 29 de enero de 2025, con un margen de error de +/- 2,58% y un nivel de confianza del 95,5%.
Efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad formoseña de Las Lomitas organizaron el último sábado una venta de pollos para paliar la “falta de provisión de insumos” que, según denunciaron, dificultó su labor cotidiana. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28 y tuvo como fin recaudar fondos destinados a la compra de artículos de limpieza, pintura, arreglo de oficinas y combustible para los vehículos de la fuerza.
“GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS”, se tituló el comunicado difundido por los agentes, donde explicaron: “Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros”. Los organizadores afirmaron que sus salarios fueron “fuertemente golpeados por la inflación” y que, en muchos casos, no superaron los 780.000 pesos.
La situación salarial de los gendarmes incluyó un aumento del 5% en el primer trimestre, otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pero lo consideraron insuficiente.“La situación es insostenible”, remarcaron los efectivos, quienes también advirtieron que Patricia Bullrich no envió los elementos suficientes para combatir el delito en la región y que “muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos”.
A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon una protesta por los bajos salarios, la imposibilidad de cubrir gastos básicos y la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. “La situación es insostenible. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones”, señalaron los gendarmes. Además, exigieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires.
Los familiares informaron que la protesta se realizaría el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza, aunque aún no indicaron si las medidas de fuerza continuarían tras el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Según los organizadores, su reclamo por una mejora en las condiciones laborales y salariales seguirá vigente hasta recibir respuestas concretas de las autoridades competentes.
La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
El expiloto de automovilismo y exdiputado bonaerense, Marcos Di Palma, expresó su frustración respecto a la distribución de las donaciones recolectadas con su “camión solidario”. En diálogo con TN, confesó que no sabe “a quién carajo darles las cosas” debido a la falta de confianza en las vías institucionales.
“Siendo alguien que viene de la política, no sé a quién carajo darles las cosas porque no sé si van a llegar”, remarcó Di Palma, evidenciando su incertidumbre sobre el destino final de la ayuda.
El exdiputado reconoció las dificultades para decidir cómo canalizar la asistencia. “No sé si ir a un club, no sé si pararme en la esquina o ir a un barrio… Ahora, en este momento, no lo sé, pero mañana sí lo sabré”, afirmó.
Explicó que recurrirá a conocidos en Bahía Blanca que no tienen vínculo con la política, ya que, según su experiencia, las posturas partidarias pueden influir en la percepción sobre la gestión de la ayuda.
“Si tenés un amigo kirchnerista, te dice ‘lleváselo al intendente que es el mejor del mundo’, y si tenés otro macrista, te dice ‘no se lo lleves que es el más hijo de puta del mundo’”, sostuvo el exdeportista.
En los días posteriores al devastador temporal que azotó Bahía Blanca, han surgido múltiples denuncias relacionadas con el manejo y destino de las donaciones para los damnificados. La tragedia, que dejó el saldo de 16 personas fallecidas, cientos de calles anegadas y miles de familias destrozadas, ha generado una ola de solidaridad en toda la Argentina, pero también ha puesto de manifiesto diversos problemas en la gestión y distribución de la ayuda recibida.
Un conjunto de denuncias, que apuntan directamente a la gestión municipal kirchnerista de Bahía Blanca, recopilan testimonios recogidos por medios de comunicación donde se sugieren un manejo presuntamente discrecional o politizado de las recaudaciones recibidas.
Uno de los testimonios más impactantes proviene de una mujer mayor que fue entrevistada en una nota de TN, donde habló públicamente que las autoridades municipales habrían negado la entrega de colchones a su nieto por no estar “afiliado a la municipalidad”. Según su relato, cuando los funcionarios preguntaron a su nieto si estaba afiliado a la estructura municipal y este respondió negativamente, le habrían negado la ayuda con un explícito “no le podemos dejar los colchones”.
Otro testimonio significativo proviene de un rescatista voluntario, quien dijo que sufrieron retrasos de hasta dos horas en la entrega de donaciones porque debían esperar a que una delegada municipal se tomara fotografías con los cargamentos antes de autorizar su distribución. El voluntario mostró con indignación que durante ese tiempo perdido “podríamos haber rescatado a gente que terminó muriendo.
La salud mental y su abordaje preventivo fueron el eje de un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, GustavoHein, y autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La reunión se realizó este miércoles en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Oro Verde, con el objetivo de profundizar la colaboración en iniciativas que promuevan soluciones concretas para las problemáticas de salud mental en la provincia.
Hein fue recibido por el decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Campana, mientras que la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich, participó de manera remota. El motivo central de la visita fue conocer el trabajo que la Facultad realiza en materia de prevención de problemáticas de salud mental y coordinar tareas conjuntas que afiancen la relación entre la Legislatura provincial y la casa de estudios.
“LA UNIVERIDAD ES UN MOTOR Y TIENE UN EFECTO DISPARADOR”
Esta actividad dio continuidad a una jornada celebrada el viernes anterior en la misma institución educativa, durante la cual se presentó el proyecto “Salud mental comunitaria: tecnología para la organización de redes de cuidados en la zona oeste de la ciudad de Paraná (Entre Ríos)”.
La iniciativa es llevada adelante por el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas de la Facultad, en conjunto con la fundación Presencia Presente del barrio Anacleto Medina. En aquel encuentro participaron los diputados Jorge Maier, Juan Rossi y Carolina Streitenberger, además del director general de Salud Mental de la Provincia, Gabriel Fernández Martínez, y otras autoridades.
En relación con la relevancia de esta cooperación entre la Cámara de Diputados y la UNER, Hein destacó: “Tenemos la premisa de hacer un trabajo de territorio e intentamos concretarla en hechos. Tenemos una gran oportunidad de dar los primeros pasos en lo que nos compete desde la Presidencia junto a la universidad”.
El presidente de la Cámara baja también subrayó el valor de aunar esfuerzos: “Creemos que, por lo menos, se deben encauzar principios de soluciones con respecto a algunas problemáticas que estamos teniendo en la provincia. La universidad es un motor que nos va a dar una oportunidad a la Legislatura para poder entablar un trabajo en conjunto”.
Por su parte, el decano Campana remarcó que el proyecto en curso “se ha articulado con diferentes organizaciones que trabajan en el territorio, con la idea de abordar las múltiples facetas de los problemas de salud mental, que vienen asociados a factores como el consumo problemático y otros que se vienen dando en la sociedad”. Además, reflexionó: “Como cualquier cuestión que pasa en la comunidad, finalmente termina impactando en el medio ambiente universitario, así que también por eso nos preocupa mucho abordar la problemática de salud mental, tener un fuerte involucramiento y ser parte de la solución”.
La diputada Streitenberger, presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, valoró que el objetivo general del proyecto es “fortalecer el acompañamiento a personas con padecimientos de salud mental, en busca de garantizar sus derechos, basados en una asistencia integral de la salud”. Acerca de los avances tecnológicos en la propuesta, añadió: “Nos mostraron el avance de un trabajo que quieren realizar a través de un sistema a desarrollar con un software y una aplicación móvil, que va a permitir mantener la comunicación entre la persona afectada, sus familiares y sus acompañantes terapéuticos para abordar la situación del paciente en general y de manera coordinada”.
El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, declaró en situación de crisis a dos obras sociales, debido a su grave situación financiera y operativa. La medida afecta a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y a la Obra Social de los Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 174/2025 y 175/2025, establece un plazo de 15 días para que las instituciones presenten un plan de contingencia que permita regularizar su situación y hasta un plazo máximo de 30 días para interponer un recurso de consideración.
La decisión de declarar a ambas obras sociales en crisis responde a diversas irregularidades que afectan tanto su solvencia económica como la calidad de los servicios que brindan a sus afiliados. Según la normativa vigente, las entidades superaron el límite de 65 puntos en el índice de criticidad establecido por el Decreto N° 1400/01. Entre los principales problemas que llevaron a la intervención se destacan:
Irregularidades contables: Las obras sociales presentaron estados financieros con deficiencias que impiden su correcta evaluación y supervisión.
Presupuestos deficitarios: Los planes financieros de ambas entidades no eran adecuados ni sostenibles, lo que generó un desajuste económico.
Deficiencias en la atención: Los afiliados denunciaron falencias en la cobertura y la calidad de los servicios médicos, lo que agrava la crisis.
Dependencia de subsidios: Ambas obras sociales recurrieron a subsidios externos para sostener su funcionamiento, lo que refleja una profunda inestabilidad financiera.
Ante este panorama, el gobierno decidió actuar para evitar que los afiliados se vean perjudicados y para garantizar la continuidad de la cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un plazo de 15 días para que las obras sociales presenten un Plan de Contingencia, que debe incluir una serie de medidas específicas para solucionar las irregularidades detectadas. Este plan debe abordar tanto los problemas financieros como las deficiencias en la atención sanitaria. El gobierno señaló que las entidades deberán trabajar con metas a trimestre vencido, es decir, deberán presentar avances periódicos que garanticen la efectividad de las correcciones.
Además, se conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis para supervisar el cumplimiento del plan de contingencia. Dicho comité evaluará la situación de las obras sociales y podrá aplicar nuevas medidas si las soluciones propuestas no resultan efectivas.
Las obras sociales afectadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo o judicial si consideran que la resolución es inapropiada. Esta posibilidad de apelación permite que las entidades puedan intentar revertir la situación por vías legales si consideran que se vulneraron sus derechos.
La medida busca proteger a los afiliados, asegurando que continúen recibiendo la cobertura médica a la que tienen derecho. En este sentido, el gobierno subraya la importancia de que las obras sociales mejoren su gestión y su estabilidad financiera para evitar mayores perjuicios. “El objetivo es garantizar que las personas sigan teniendo acceso a la atención médica que necesitan”, expresaron desde la Superintendencia.
La intervención del Estado en las obras sociales tiene también una clara intención de evitar que la crisis se profundice y se repita en otras entidades. Al establecer plazos claros y un mecanismo de seguimiento riguroso, el gobierno intenta devolver la confianza a los afiliados y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
Los afiliados de ambas obras sociales se mostraron preocupados por la situación, ya que la crisis financiera de las entidades podría afectar directamente su acceso a servicios médicos. Muchos temen que la medida provoque mayores restricciones o demoras en la atención. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá interrupciones en la cobertura sanitaria.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
