A 15 AÑOS DEL FRAUDE | El día que le robaron el triunfo a Luis Juez en Córdoba
Luis Juez, actual senador de Juntos por el Cambio, encabezará un acto en Hindú para repudiar el fraude electoral del 2007.
10 Years Experiences
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Este viernes 16 de septiembre, a las 18:30 horas, el Frente Cívico realizará un acto en el Hindú Club, por los “15 años del fraude del 2 de setiembre de 2007”, donde el único orador será Luis Juez.
El comunicado de prensa remarca que “la fecha, emblemática para la fuerza política nacida como Partido Nuevo, reunirá a la militancia de la capital y el interior y tendrá, también como un objetivo central, mostrar a las nuevas generaciones cómo se consumó el mayor atropello institucional que la provincia recuerde”.
Además, agrega que “también será el momento de rendir homenaje a las decenas de miles de cordobeses de otros colores partidarios que durante los días posteriores marcharon por las calles de Córdoba haciendo propio el reclamo de ‘Abran las urnas’”.
El comunicado concluye: “nos juntamos para no olvidar y para recordarle al pueblo de Córdoba que, pese a ese intento de silenciarnos y sacarnos de la vida política, hoy estamos de pie, más fuerte que nunca, con más ganas de trabajar por la Córdoba que nos robaron y con más ganas de trabajar por el sueño de nuestros hijos. La esperanza está intacta”.
“16 horas contando votos”
Que pasó el 2 de septiembre de 2007
El 2 de septiembre de 2007, el candidato oficialista Juan Schiaretti derrotó por un escaso margen al opositor Luis Juez, en un escrutinio plagado de dudas. Hubo denuncias de fraude y movilizaciones en los días posteriores que generaron una profunda crisis política.
Los reclamos de la oposición, se trasladaron a las calles durante un mes y medio, y obligaron al nuevo gobernador a impulsar una reforma del sistema electoral cordobés.
(Archivo 2007) Juez se quejó de que el recuento ya supere las 13 horas, y advirtió: “Me robaron”
Aquellos comicios, durante el segundo mandato de José Manuel de la Sota, se realizaron con las tradicionales boletas partidarias e incluían las sumatorias de votos, lo cual complicaba el escrutinio provisorio.
En un contexto repleto de cuestionamientos, una de las primeras medidas que impulsó Juan Schiaretti cuando asumió, fue una reforma electoral. Consciente de su debilidad política, el nuevo mandatario convocó a una comisión consultiva de expertos para que hicieran un diagnóstico y sugirieran medidas para cambiar el sistema electoral, el cual incluyó modificaciones en las campañas y en el financiamiento de estas. Luego de varios meses de trabajo, la comisión de expertos se expidió con un informe con un título sugestivo: “Así no va más”.
En diciembre de 2008, la Legislatura provincial sancionó un nuevo código electoral que tuvo como novedad relevante la boleta única de sufragio, que se aplicó en las elecciones provinciales de 2011.
De ese modo, Córdoba se convirtió en la primera provincia en eliminar las cuestionadas boletas partidarias tras un escándalo que puso a la provincia al borde de la peor crisis política de la historia reciente.
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La exdiputada nacional Soledad Carrizo quedó posicionada como una de las piezas políticas que La Libertad Avanza eligió para ampliar su estructura en Córdoba. Tras haber cuestionado con dureza a Javier Milei en 2025, la dirigente radical fue designada como vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y pasó a desempeñar un rol central en el esquema de construcción territorial que encabezó Gabriel Bornoroni, con la mira puesta en la disputa por la Gobernación de 2027.
La incorporación de Carrizo al organismo nacional fue oficializada por el decreto 212/2026, que confirmó su llegada en representación del Poder Ejecutivo Nacional dentro de un ente que dependió del Ministerio de Capital Humano y que tuvo injerencia directa en la articulación con cooperativas, mutuales y municipios del interior. Su arribo al directorio se esperaba desde diciembre, cuando concluyó su mandato en la Cámara de Diputados.
En términos políticos, el movimiento consolidó un vínculo que ya se venía aceitando entre Carrizo y el armado libertario cordobés. Bornoroni exhibió su acuerdo con la exdiputada radical y le encomendó una tarea específica: salir a buscar intendentes radicales dispuestos a integrarse al espacio opositor que La Libertad Avanza buscó consolidar hacia 2027, cuando Martín Llaryora pusiera en juego su reelección.
De ese modo, se hizo explícito que Carrizo fue la elegida para conducir la llamada pata radical del armado libertario en la provincia. El objetivo fue tender puentes con jefes comunales boina blanca desencantados con la dinámica interna de la UCR o abiertos a cambiar de rumbo político. Esa movida apuntó, además, a disputar uno de los activos más importantes de Rodrigo de Loredo, que hasta ahora fueron los intendentes radicales sobre los que apoyó su propia proyección a gobernador.
El giro político de Carrizo contrastó con sus propias declaraciones de un año antes. Cuando Milei abrió el período de sesiones ordinarias de 2025, la entonces diputada marcó fuertes cuestionamientos al Presidente. “Las promesas mesiánicas no son el camino”, escribió en sus redes sociales al finalizar el discurso presidencial. También sostuvo: “No tuvo eufemismos en promover la intervención en el Poder Judicial. Redujo la obra pública en un mero negociado cuando sabemos que es un motor de la economía real”.
Sin embargo, con el correr de los meses, Carrizo comenzó a acercarse al oficialismo nacional. Ese viraje se produjo desde una construcción política cuya terminal fue Alfredo Cornejo, un dato que también ayudó a explicar su nuevo posicionamiento dentro del radicalismo y su sintonía con el armado libertario. Desde el tramo final de su banca acompañó casi todas las leyes clave del Gobierno y en octubre respaldó la lista libertaria que encabezó Gonzalo Roca, mano derecha de Bornoroni. Ante los suyos, repitió una definición que buscó explicar ese viraje: “Yo no me hice libertaria, pero aporto mi experiencia a un Gobierno que está cambiando al país”.
Ese reposicionamiento quedó confirmado también en una entrevista que Carrizo concedió a Perfil el 21 de febrero de 2026, donde asumió abiertamente su papel como articuladora radical dentro de una alianza encabezada por La Libertad Avanza. “Me animé a “salir del clóset”: soy una radical que no se oculta para decir que quiere una alianza con LLA, con el PRO, con el Frente Cívico y seguramente más actores”, afirmó.
En esa misma entrevista, explicó que su decisión respondió a una construcción política más amplia y confirmó su trabajo conjunto con Bornoroni y otros referentes del oficialismo. “Gabriel (Bornoroni) me invitó y ya estamos trabajando con otras figuras como Laura (Rodríguez Machado) y Patricia Bullrich. Tenemos campañas al hombro con Laura. Me tildaron de traidora, pero cuando me decían que el candidato radical no movía el amperímetro, entendí que esta es una confluencia lógica”, señaló.
Frente a las acusaciones internas por su acercamiento a Milei, Carrizo rechazó haber traicionado al radicalismo. “No me considero traidora. Muchos radicales hicieron sociedades con anterioridad sin preguntarle al partido. Soy una dirigente con más de 20 años en política y nadie puede dudar de mi radicalismo; nunca transé con el peronismo”. Y agregó: “Hay mucha hipocresía de quienes no quieren hablar sobre la mesa de cuestiones lógicas mientras esconden arreglos con el peronismo”.
Carrizo también definió cuál sería su función concreta dentro del nuevo esquema. “Mi rol es ser nexo con las generaciones nuevas y la articuladora entre los dirigentes del radicalismo que se quieran sumar a la mesa provincial de LLA. Gabriel ve esa posibilidad en mí, de explicar qué queremos de cara al futuro”. En paralelo, remarcó que buscó construir un camino propio dentro de la UCR. “Hace mucho decidí tomar un camino propio y abrirme de Confluencia (mestrismo). Sentía que mi ciclo ahí había culminado”.
La apuesta territorial de Carrizo no quedó limitada al plano partidario. Su desembarco en el INAES le dio una plataforma con volumen propio para intervenir en el interior provincial. En Córdoba funcionaron más de 250 cooperativas de servicios públicos distribuidas en distintos municipios, estructuras con peso político y capacidad de gestión local. En muchos casos, sus presidentes tuvieron tanta influencia como los propios intendentes. Allí se concentró una parte central de la estrategia libertaria.
Con ese giro, la exdiputada que en 2025 condenó el “mesianismo” de Milei pasó a ocupar un lugar dentro del Gobierno nacional y a convertirse en una de las armadoras del proyecto libertario en Córdoba, con la tarea de atraer radicales, disputar territorio y fortalecer la candidatura provincial de Bornoroni.
La Legislatura de Chubut sancionó la semana pasada la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con acceso a internet por parte de personas presas en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. El Proyecto de Ley General N° 017/2026, que recibió dictamen previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación, obtuvo un respaldo amplio y sin diferencias partidarias.
SE TERMINARON LOS “CALL CENTERS” DEL DELITOAprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia.Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las “oficinas remotas” del delito manejadas desde una cárcel.Hoy Chubut… https://t.co/ugWokRHCEo
El gobernador Ignacio Torres celebró la sanción con una publicación en su cuenta oficial de X: “Se terminaron los call centers del delito. Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia. Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las ‘oficinas remotas’ del delito manejadas desde una cárcel”. Torres también destacó que “este es un proyecto que se trató sin banderas partidarias, con una premisa común: garantizar la seguridad de los chubutenses”.
Extorsiones por más de $80 millones y víctimas que se suicidaron
La diputada Andrea Aguilera, una de las principales defensoras de la norma, explicó que la ley alcanza a celulares, tablets, laptops, notebooks, consolas de juego y a cualquier equipo que permita acceder a redes sociales, mensajería o internet. La legisladora fundamentó el amplio respaldo con datos concretos: en Chubut se registraron extorsiones que superaron los 80 millones de pesos y hubo casos de personas hostigadas que terminaron suicidándose por la presión sufrida.
La nueva directiva no implica una interrupción absoluta del contacto de los detenidos con el exterior. Aguilera fue enfática al respecto: “No es una ley de prohibición. Es una ley que ordena y es una ley que establece cómo y de qué manera debe regularse la comunicación”. El texto garantiza el derecho a comunicarse con familiares, defensores, y para tratamientos de salud o trayectorias educativas, pero bajo un esquema controlado y sin acceso a dispositivos que permitan navegar por internet.
Las terminales institucionales habilitadas deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz. Quedaron expresamente prohibidos el acceso a internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico, las videollamadas y el intercambio de archivos. Además, las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará un registro de cada comunicación con datos de fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
Qué establece la ley
El texto prohíbe el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. La norma tendrá vigencia en establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia. También alcanzará a quienes estén alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial de jueces o tribunales provinciales.
La ley también faculta a la autoridad de aplicación a instalar sistemas de inhibición o gestión controlada de señal para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, y establece como obligación permanente de las autoridades el control para evitar el ingreso de dispositivos.
UN PASO FIRME CONTRA EL DELITO ORGANIZADOEn Chubut dejamos atrás una práctica que durante años permitió que el delito se siga gestionando desde adentro de los lugares de detención.Con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías,… pic.twitter.com/KgJOEQbY6v
El Ministerio de Seguridad de la provincia contará con 180 días para reglamentar la ley y adaptar cada unidad de detención, tarea que incluye la definición de protocolos, el equipamiento permitido y las modalidades de comunicación legal.
Aguilera reconoció, sin embargo, que la norma tiene un límite: alcanza a cárceles y lugares de detención bajo órbita provincial, pero no modifica la situación en unidades federales, donde también operan casos resonantes de criminalidad organizada. Por eso, el oficialismo apuesta a que la sanción provincial funcione como antecedente político y normativo para otras jurisdicciones. Torres, en ese sentido, instó a extender la iniciativa al resto del país.
La interpelación al ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, terminó este miércoles en un papelón político dentro de la Legislatura chaqueña, cuando diputados de la oposición peronista abandonaron el recinto y dejaron sin quórum la misma sesión especial que habían impulsado para cuestionarlo.
La jornada se desarrolló en medio de gritos, acusaciones, interrupciones y cruces entre legisladores del oficialismo y del peronismo. Dudik se presentó para responder un cuestionario de 70 preguntas vinculado al conflicto por el Fondo Estímulo Productivo (FEP), pero la exposición quedó trunca cuando la propia oposición dejó caer la sesión.
Desde el oficialismo remarcaron que el funcionario asistió en tiempo y forma y que se mostró dispuesto a responder todos los planteos. “Venía respondiendo todo y dio precisiones técnicas sobre cada uno de los puntos planteados, pero la oposición decidió no quedarse para continuar”.
El episodio más tenso se produjo cuando el diputado opositor Santiago Pérez Pons se acercó hasta el lugar donde se encontraba el ministro y le dejó sobre la mesa un cartel con la consigna: “Devuelvan el Fondo Estímulo”. La escena escaló rápidamente cuando el legislador oficialista Iván Gyoker se levantó de su banca, tomó el cartel y lo arrojó al piso, en medio de gritos cruzados dentro del recinto, en una postal del desorden que dominó la sesión.
El clima ya venía cargado desde el inicio de la sesión. Durante su exposición, Dudik buscó explicar el funcionamiento del FEP, su composición y los motivos de la readecuación impulsada por el Ejecutivo. “De ninguna manera estamos en contra del FEP. Es una ley y estamos dispuestos a cumplirla”, sostuvo el ministro, quien incluso utilizó una pizarra para detallar que el adicional se financiaba con el 80% de la recaudación del organismo, proveniente de habilitaciones, multas forestales, permisos e inspecciones.
Según indicó, hasta diciembre el fondo alcanzó cerca de $1.000 millones mensuales y permitió que algunos trabajadores percibieran ingresos totales superiores a $2,5 millones, entre salario y adicional. También explicó que el FEP se distribuyó entre unos 570 empleados y afirmó que, tras advertencias de Hacienda, se detectaron irregularidades en su financiamiento. Señaló que se utilizaban conceptos que no corresponden, como los Fondos de Bosques, que calificó como intangibles, y aportes del convenio de corresponsabilidad gremial que se transfieren a Nación.
Dudik sostuvo que tomó decisiones en base a dictámenes de organismos de contralor del Poder Ejecutivo. “Yo tomé decisiones en base a dictámenes de los organismos de contralor del Poder Ejecutivo, entre ellos la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. Hay un informe contundente de la Contaduría donde me indicaban la necesidad de readecuar los conceptos para calcular el fondo”, afirmó.
El funcionario alcanzó a responder cerca del 30% del cuestionario antes de que la sesión se frustrara. Luego cuestionó con dureza a la oposición por haber impulsado la convocatoria y no sostenerla hasta el final. “Es lamentable que suceda esto. Me parece que lo que buscaron ellos en todo momento es justamente un golpe de efecto que nada tiene que ver con beneficiar a los empleados del Ministerio”.
En la misma línea que “siempre estuve predispuesto a informar porque es una decisión de parte del gobernador; no es solo informar a los diputados, sino al pueblo del Chaco”.
Desde el bloque oficialista apuntaron directamente contra Pérez Pons, a quien responsabilizaron por la fallida convocatoria. “Ni sus propios diputados se quedaron a sostener la interpelación que impulsaron. Es una muestra clara de improvisación y falta de seriedad”. Además, cuestionaron la contradicción del bloque opositor: “Piden informes, reclaman transparencia y después no van a trabajar. Le mienten al vecino de la provincia”.
Cuando la sesión ya se encaminaba al colapso, reapareció la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, que reclamó a la oposición que volviera a ocupar sus bancas para sostener el número. “¿Dónde están los 16? Siéntense los 16 y van a tener quórum conmigo. Ustedes pidieron la interpelación”.
Sin embargo, ante la ausencia de varios legisladores opositores en una Cámara dividida en partes iguales, la interpelación se dio por finalizada en medio del desorden.
La Argentina atraviesa una crisis sanitaria que el poder político prefiere no mirar. Durante 2024, los diagnósticos de sífilis marcaron un récord histórico con más de 36.000 casos reportados, y las proyecciones para 2025 consolidaron un aumento de la tasa de incidencia de hasta el 26% respecto al año anterior. El epicentro de esta explosión es el segmento joven de entre 15 y 29 años, que hoy representa la gran mayoría de los nuevos diagnósticos.
Este fenómeno no es aislado. El 98% de las nuevas infecciones de VIH registradas tienen como causa exclusiva el sexo sin protección, una tendencia que se replica en el incremento de los casos de gonorrea.
El mapa de la urgencia muestra indicadores críticos en provincias como Córdoba, San Luis, Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén, donde los servicios de infectología ya se ven superados por la demanda de tratamientos. La falta de una barrera física se volvió la norma, y el sistema sanitario hoy se limita a contabilizar infectados en lugar de prevenir nuevos contagios.
El factor aborto y la banalización del riesgo
Desde la legalización del aborto en diciembre de 2020, se ha consolidado un fenómeno de relajación en los cuidados preventivos. Para vastos sectores de la juventud, especialmente en contextos de baja instrucción, la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha pasado a funcionar como una red de contenciónque desplazó el histórico temor al embarazo no deseado, eliminando el que solía ser el principal incentivo para el uso del preservativo. El riesgo de una paternidad no planificada se percibe hoy como un problema con “solución gratuita” garantizada por el Estado, lo que deja a las ETS fuera del radar de preocupaciones inmediatas.
Esta banalización se apoya en el mito del aborto como un trámite exprés y meramente químico. Se ha instalado la idea de que la intervención se reduce a la ingesta de una pastilla, ignorando deliberadamente que el proceso conlleva dolores físicos intensos, riesgos médicos de diversa consideración y la necesidad crítica de controles ecográficos post-intervención. A esto se suma el impacto psicológico que el procedimiento suele acarrear, una dimensión frecuentemente omitida en la comunicación pública. Al final de esta cadena, la joven se encuentra desprotegida frente a infecciones crónicas bajo la falsa premisa de que, si algo falla, el sistema lo resolverá con un procedimiento que creen exento de consecuencias.
El ajuste estúpido: gasto ciego y transferencia de deuda
La parálisis en la distribución de insumos preventivos configura un escenario de ineficiencia fiscal difícil de justificar. Mientras en 2018 el Estado nacional distribuía 55,4 millones de preservativos, la cifra se desplomó a menos de 5 millones en 2024, alcanzando una parálisis total en 2025 con registros de apenas 832 unidades para todo el país y presupuesto cero para nuevas compras.
Este ahorro de corto plazo es, en realidad, un gasto futuro exponencial: el sistema público, que hoy “ahorra” en látex, deberá financiar de por vida los tratamientos para el VIH y las complicaciones derivadas de la sífilis, además de absorber los costos de los procedimientos de aborto legal que la falta de prevención dispara.
Esta política golpea directamente a los sectores más vulnerables, que enfrentan una doble barrera: la económica, al no contar con dinero para adquirir protección de forma privada, y la cultural, ante el retiro de las campañas de concientización. Al caer la distribución gratuita, estas poblaciones se ven empujadas a tener relaciones sin protección, recargando automáticamente la demanda sobre los hospitales públicos que ya operan sin insumos básicos. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado renuncia a la prevención, subsidia indirectamente la enfermedad y termina pagando una factura mucho más alta por la atención de patologías que eran evitables con una inversión mínima.
Mario Lugones, ministro de Saludos de la Nación desde 2024.
Cultura del riesgo y desidia oficial
El escenario se agrava por una transformación en las conductas sociales que el Estado ha decidido ignorar. La masificación de las aplicaciones de citas y la aparición de tendencias como el “barebacking“ (sexo sin protección, por elección) han reconfigurado el mapa del riesgo en un contexto de nula comunicación gubernamental. Sin campañas oficiales que contrarresten la desinformación en redes sociales, el uso del preservativo ha pasado de ser un hábito de salud básica a una opción secundaria, percibida por muchos como una barrera innecesaria frente a infecciones que, gracias a los avances médicos, hoy se consideran erróneamente como simples contratiempos menores.
Esta combinación de factores culturales y negligencia administrativa representa un fracaso sistémico en la gestión de la salud pública. Al retirar los insumos básicos y abandonar la educación sanitaria, el Gobierno no sólo desprotege a una generación, sino que hipoteca el futuro del sistema hospitalario nacional. El ahorro ficticio en prevención hoy se traduce en una condena de gastos crónicos y colapso asistencial mañana, demostrando que la ausencia de política sanitaria es, en última instancia, la forma más costosa de administrar la enfermedad.
Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
El Gobierno de Santa Fe detectó, a partir de un trabajo de inteligencia criminal, un presunto plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro. La hipótesis se activó luego del hallazgo de un arsenal con armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a integrantes de la banda “Los Menores”, una organización criminal que en los últimos meses fue parcialmente desarticulada en distintos procedimientos, aunque todavía conserva miembros prófugos, capacidad operativa y ramificaciones en distintos puntos del cordón rosarino.
La advertencia quedó plasmada en un informe y fue confirmada públicamente por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. “Los atentados iban a ser por parte de algunos integrantes de esa banda contra el gobernador y sobre algunos de sus funcionarios”, sostuvo el funcionario. Aunque aclaró que se trabajó sobre una hipótesis y no sobre un hecho consumado, remarcó que el Gobierno decidió activar medidas preventivas específicas en torno al mandatario provincial y al resto de las autoridades potencialmente alcanzadas por la amenaza.
Según el reporte, fechado el 10 de marzo, el grupo criminal analizaba cometer un atentado contra la vida de Pullaro utilizando fusiles de asalto. De acuerdo con la información a la que accedieron medios locales, la motivación de la banda encabezada por Lisandro “Limón” Contreras estaría vinculada al endurecimiento de la política de seguridad impulsada por la gestión santafesina, al refuerzo de los controles penitenciarios, al deterioro de las condiciones de detención para líderes criminales y al avance en la construcción de la nueva unidad carcelaria de alto perfil conocida como “El Infierno”.
– Lisandro “Limón” Contreras
Cococcioni explicó que la amenaza venía siendo seguida desde hacía meses. “La hipótesis y la versión de que se estaba armando o, por lo menos, que había intenciones serias de realizar algún tipo de atentado a las autoridades institucionales de la provincia y centralmente en la persona del gobernador, venía manejándose desde hace algunos meses”, reconoció. En ese marco, detalló que, una vez recibido el informe, se decidió “elevar los niveles de seguridad y situaciones especiales, entre ellas intentar restringir actividades oficiales y lograr que los traslados del gobernador que se puedan hacer por aire se hagan así, y que los que se hagan por tierra tengan otras características”.
Las medidas preventivas no fueron menores. Entre las recomendaciones del Ministerio de Seguridad figuraron la reducción del nivel de exposición pública del gobernador, el refuerzo de controles en actos oficiales, la revisión integral de los esquemas de custodia y la implementación de dispositivos más estrictos de acceso para evitar filtraciones. También trascendió que el automóvil en el que se traslada Pullaro cuenta con medidas de seguridad extremas, en línea con el nuevo protocolo de resguardo dispuesto tras conocerse el contenido del parte de inteligencia.
Dentro de ese rediseño preventivo también se analizó la conveniencia de modificar rutinas, evitar trayectos previsibles y reforzar el monitoreo previo de las actividades públicas del mandatario. La lógica oficial fue clara: aun cuando la hipótesis no hubiera avanzado hacia una fase ejecutiva comprobable, el solo cruce entre indicios, fuentes coincidentes y hallazgo de armamento justificaba un endurecimiento inmediato del esquema de seguridad.
El hallazgo que dio sustento material a la hipótesis ocurrió en una casa quinta ubicada sobre María Teresa al 700, en Roldán. Allí, durante allanamientos realizados luego de meses de tareas de inteligencia, las fuerzas de seguridad encontraron armas de gran calibre ocultas bajo tierra. Según informó el jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), Maximiliano Bertolotti, para dar con el armamento se utilizaron detectores de metales y retroexcavadoras, un dato que da cuenta del grado de ocultamiento y de preparación que presentaba el lugar.
Sobre la profundidad del tambor enterrado circularon dos versiones. Una indicó que estaba a cuatro metros bajo tierra, mientras que otra sostuvo que se encontraba a unos 60 centímetros y que incluso podía tratarse de más de un tambor. Más allá de esa diferencia, el punto central fue que el armamento estaba escondido en condiciones que dificultaban su detección y sugerían una logística previa orientada a conservarlo fuera del alcance de controles ordinarios.
Entre las armas secuestradas aparecieron pistolas 9 milímetros y calibre 40 de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, además de dos fusiles calibre 5.56 y .223 de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. El detalle del arsenal reforzó la sospecha de que no se estaba frente a un acopio casual ni a una tenencia aislada, sino ante una reserva de alto poder de fuego compatible con operaciones criminales de escala.
En otra requisa, realizada en un departamento del barrio 7 de Septiembre, los investigadores incautaron varios teléfonos celulares, más de 10 millones de pesos y 550 dólares. Ese procedimiento permitió sumar otros elementos de contexto sobre el movimiento económico y comunicacional de la organización, además de conectar distintos puntos de interés dentro de la misma pesquisa.
Los procedimientos se realizaron en Roldán e Ybarlucea con intervención de personal de la Ciope y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Como resultado de esos operativos quedaron imputados Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y Lautaro Noriega, de 35. El fiscal Ignacio Hueso los acusó de integrar la asociación ilícita cuyo jefe sería Contreras y de ocuparse de la custodia de las armas de fuego de la banda y de negocios inmobiliarios ilícitos. Luego, la jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva por dos años para ambos.
Según la acusación fiscal ambos formaban parte de una estructura con funciones concretas dentro de la organización: custodiar el armamento y sostener maniobras vinculadas con operaciones inmobiliarias ilícitas. Ese encuadre judicial consolidó la idea de que el grupo mantenía una dinámica delictiva estable, con reparto de tareas y capacidad para resguardar recursos estratégicos.
La investigación que derivó en estos allanamientos se alimentó de información recibida por la Subsecretaría de Inteligencia Criminal a través de tres vías distintas, según trascendió. Un alto funcionario provincial señaló al medio provincial La Capital: “Recibimos los datos y el parte de inteligencia, y trabajamos sobre eso”. Las fuentes que aportaron la ubicación del armamento, su tipo y su posible utilización en un atentado coincidieron, además, con información propia reunida por los organismos de inteligencia santafesinos.
La estructura señalada en el informe se conecta con una trama criminal más amplia. Contreras fue imputado en 2024 por la fiscal Georgina Pairola como jefe de una asociación ilícita. Había sido detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, tras aparecer mencionado en una investigación vinculada al asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central. En esa causa, la fiscal identificó como organizadores de la asociación ilícita al policía Jonatan Garraza, a Fernando “Colo” Cappelletti y al todavía prófugo Ramiro Escalante.
Ese entramado permite entender por qué el hallazgo en Roldán fue leído por las autoridades como algo más que un procedimiento exitoso contra una banda local. El nombre de Contreras ya aparecía asociado a expedientes de fuerte impacto en Rosario y su zona de influencia, con conexiones entre barras, policías, narcomenudeo, homicidios y estructuras criminales que sobreviven aun después de sucesivas detenciones.
Justamente, uno de los imputados en la causa por las armas halladas en Roldán es Rodrigo Cappelletti, hermano del “Colo” Cappelletti. Esa relación familiar fue uno de los datos que reforzaron, para los investigadores, la continuidad de vínculos entre distintos actores mencionados en expedientes previos y la persistencia de una red con capacidad para recomponerse pese al avance judicial.
Uno de los antecedentes de la pesquisa fue el homicidio de Micaela Soledad Gómez, cometido en mayo de 2023, un caso que permitió detectar conexiones entre la banda de Contreras, la organización conocida como La Mafilia —atribuida al recluso Leandro “Gordo” Vilches, condenado en 2018 como integrante de Los Monos— y la estructura de Pablo Nicolás Camino, otro interno de una cárcel federal preso por homicidios y narcotráfico.
Ese punto resulta clave para comprender la dimensión del problema. La investigación no describe, así, un grupo completamente aislado, sino una red con vasos comunicantes con otras organizaciones de peso en el mapa criminal de la provincia.
Un procedimiento conjunto con el municipio de General Pueyrredón terminó con la demolición de más de 170 puestos instalados durante décadas en la Rambla.
Vecinos y referentes sostienen que desde la provincia buscaban “tapar el agua” con clientelismo y que muchas familias continúan con serias dificultades.
Según FADA, la carga tributaria sobre la carne supera por separado al feedlot, al frigorífico y a la carnicería, y también tiene fuerte incidencia en otros alimentos básicos: representa el 24% del precio del pan y el 26% del sachet de leche.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
