El “off” de Alberto, la amenaza hot de CFK, y la operación de prensa que desnudó la interna de JxC

El presidente no teme la eventual embestida K: ha instruido a los suyos a responder de la misma manera. Les jura que Cristina y La Cámpora tienen más para perder que él.
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10 Years Experiences

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*Por Christian Sanz – Análisis semanal de TDP

En el año 1997, el ex marino Alfredo Astiz tuvo una conversación de alto impacto con Gabriela Cerruti, donde reivindicó la actividad ilegal de la dictadura militar y llegó decir una frase brutal: “Estoy capacitado para matar a un periodista”.

La hoy portavoz presidencial lo publicó como si se hubiera tratado de una entrevista, pero al leer en detalle lo que hablaron uno y otro —y cómo lo hablaron— era claro que se trató de una charla off the record. Esto es, con el compromiso de no ser publicada.

Lo ocurrido impulsó un debate que no cierra aún hasta el día de hoy dentro del periodismo. Por muchos motivos, pero principalmente uno: Cerruti insiste con que se trató de un “reportaje”, acordado para ser publicado entre ambas partes.

Más allá de esa discusión puntual, está claro que los “off the record” jamás deben publicarse. Es una norma “no escrita” del periodismo, que se enmarca en una cuestión siempre espinosa: los delicados vínculos entre el hombre de prensa y las fuentes de información.

Lo antedicho viene a cuento de lo sucedido con Alberto Fernández esta misma semana, cuando le “regaló” un off the récord al siempre polémico Roberto Navarro. “Seré el que termine con 20 años de kirchnerismo”, le dijo.

Y Navarro, cual Cerruti, lo publicó en formato de entrevista. Cometiendo el peor de los pecados que puede cometer un periodista: violar el pacto que implica una charla privada.

Ante la furia del kirchnerismo de paladar negro, Alberto negó haber dicho aquella frase. No obstante, jamás desmintió haber hablado con Navarro. Más aún: el portal que comanda este último —El Destape— jamás eliminó la presunta entrevista ni tampoco negó lo publicado.

En ese contexto, Cristina Kirchner decidió responderle a Alberto en pleno homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado: “En off se dicen barbaridades que después se niegan”, sostuvo.

Y volvió a repetir una frase que ya había pronunciado en el pasado: que ella sí está en condiciones de mostrar las conversaciones que guarda en su teléfono celular.

De más está decir que ello es falso: en el año 2011 un grupo de espías de la Agencia Federal de Inteligencia (exSIDE) hackeó su aparato y descubrió mensajes indecorosos entre la hoy vicepresidenta y su entonces segundo, Amado Boudou.

En aquellos días, Alberto Fernández sabía ser un acérrimo crítico de la gestión de Cristina y les regalaba a los medios críticos del kirchnerismo —principalmente al grupo Clarín— revelaciones de diversa índole sobre presuntos casos de corrupción del matrimonio K.

Exactamente igual a lo que ocurre en estas horas: pocos saben que el hoy jefe de Estado sabe ofrendar diversos off the récord a cronistas del mismo holding. Son postales de la ruptura definitiva que se vive dentro de la alianza del Frente de Todos, que, dicho sea de paso, llegó tarde y mal.

Los gobernadores peronistas, con Juan Manzur a la cabeza, le facturan a Alberto no haber cortado el “cordón umbilical” mucho antes con Cristina. Creen que podrían haber torcido el destino de la historia, barriendo a La Cámpora y el kirchnerismo del gobierno y logrando el acompañamiento de gran parte de la sociedad. Ahora ya es tarde, el daño ya está hecho. Y Alberto va camino a ser solo un mal recuerdo.

Entretanto, Cristina insiste con el cuento de la “proscripción”, que no creen siquiera aquellos que lo repiten como loros. ¿Qué le evitaría ser candidata acaso? Ella y sus acólitos saben que la condena que pesa sobre su cabeza debe quedar firme para dejarla fuera de carrera. Y pasarán no menos de 4 o 5 años antes de que ello suceda.

De hecho, en estas horas miles de militantes se han reunido en Avellaneda para intentar convencer a Cristina de que se presente a las próximas elecciones. Toda una demostración de la contradicción de marras: ¿La vicepresidenta está proscripta o solo no quiere competir?

Los mismos que buscan convencerla de que se suba al ring electoral, persisten en tratar de persuadir a Alberto de que se baje de su intentona reeleccionista. Por ahora, lo hacen de manera “amable”. Pero ya le han hecho saber que habrá “carpetazos” de diversa índole si no desiste de aquella aventura. Juan Manuel Olmos, su jefe de Asesores, se lo ha comunicado esta misma semana.

El presidente no teme la eventual embestida K: ha instruido a los suyos a responder de la misma manera. Les jura que Cristina y La Cámpora tienen más para perder que él. “Ellos manejan el 70% del presupuesto, manejan todos los negocios y llenaron de ñoquis el Estado, yo solo tengo la foto en Olivos”, les dice a sus íntimos.

Ello es relativamente cierto: un dossier que reposa en el escritorio de la vicepresidenta posee varias docenas de capturas de chats de Whatsapp que comprometen a Alberto. Allí, queda de manifiesto cómo el mandatario conversa durante la madrugada con puntuales féminas, algunas de ellas presuntamente menores de edad.

¡ESCÁNDALO! | Los chats sexuales de Alberto con una empleada pública prometiéndole trabajo

El tenor de esas conversaciones son escandalosas. Con propuestas indecentes de diversa índole. Una de las apuntadas es una tal Laly Belén, hoy empleada de un organismo estatal de la provincia de Buenos Aires, a quien Alberto le habría hecho insinuaciones de elevado tenor sexual.

Basta recordar aquel tuit del año 2021 de Jorge Rial, siempre a pedido de Cristina: "Pito duro. Así define @cfkargentina en la intimidad a un importante (tísimo) político de este gobierno. Le molesta su devoción por las mujeres. Ni en los momentos más difíciles deja de tirar tiros x WhastApp”.

CONVENTILLO | Rial ventiló que Cristina apoda “PITO DURO” a… ¿Alberto?

En otro orden de cosas, sorprendió esta semana la feroz operación de prensa que involucró a Horacio Rodríguez Larreta y uno de sus delfines, el mendocino Omar De Marchi. Fue en el contexto de la interna del espacio Cambia Mendoza, que parece a punto de estallar en mil pedazos.

Básicamente por los amagues del propio De Marchi de competir por fuera de la interna de Juntos por el Cambio en la provincia. Grandes, medianos y pequeños medios publicaron que el alcalde porteño le había soltado la mano a De Marchi y lo habría obligado a competir por dentro de Cambia Mendoza, como pretende Alfredo Cornejo.

Pero todo se trató de una vergonzosa “opereta” que dejó en ridículo a una veintena de medios de comunicación. Fue motorizada por el radicalismo mendocino, que teme que el otrora intendente de Luján de Cuyo se decida a presentarse por fuera de la interna. Ello le daría enormes chances de quedarse con la gobernación de Mendoza. Un botín demasiado suculento como para dejarlo escapar.

Podría parecer un tema muy menor y hasta “local”, pero no lo es. Detrás subyace la pelea más importante que libra Juntos por el Cambio en estas horas a nivel nacional: Larreta versus Patricia Bullrich. Ni más ni menos.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas

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Dinero venezolano para la campaña de CFK: a 19 años del ingreso de las valijas de Antonini Wilson

El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.

Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.

Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.

Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.

Manotazos de ahogado

No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.

Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.

El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.

El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se  comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.

Todos los hombres de Chávez

Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto“el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.

— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)

Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.

La ruta del dinero

Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.

Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:

Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país

(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.

b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.

c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.

*Por Christian Sanz – Tribuna de Periodistas

La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

Informe-de-la-5ta-reunion-de-la-comision-especial-Ad-hoc

El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

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