Una pelea dentro del Partido Socialista deja sin hogar a más de 60 familias

Se trata de un edificio en el barrio de Saavedra construido en un terreno que se encuentra en litigio
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Más de 60 familias que reclaman que se levante una medida cautelar para que la empresa constructora Zentrum Developers (ubicado en Crisólogo Larralde 2491, bajo el nombre de CM Emprendimientos) finalice la obra, aunque esto representará que los propietarios inviertan más dinero para que la obra acabe. La disputa entre dos corrientes de un partido político que dura años representa más deudas para los dueños de los departamentos.

En 2014 CM comenzó la obra y las ventas en pozo después de adquirir el terreno a la Sociedad Anónima Editora La Vanguardia, que en ese momento se presentaba como la propietaria del inmueble. La operación se realizó con toda la documentación legal que establece este tipo de transacción, escribano mediante. Pero ya con la obra atrasada y sin cumplir los plazos estimados de entrega, el PS (Partido Socialista) se presentó ante la Justicia para reclamar la titularidad de la propiedad por saberse dueña de este. Los propietarios de los departamentos de uno, dos y tres ambientes, que pagaron desde 120.000 hasta 340.000 dólares, se enteraron del conflicto años después; incluso algunos compraron la vivienda cuando ya estaba abierta la causa judicial. El edificio se encuentra completado en un 70% con los trabajos de yesería, ventanas y carpintería hasta el octavo piso de los 15 totales.

El PS envió un recurso de queja a la Cámara Electoral que no le dio curso por una cuestión de competencia, y el partido recurrió entonces a la Corte Suprema solicitándole que se expida sobre la titularidad del inmueble en conflicto. Por el momento, la discusión se da en el Juzgado Civil 101 de la ciudad de Buenos Aires, donde se convocó a las partes interesadas.

Conjuntamente el edificio en Saavedra, hay otro inmueble con el mismo futuro incierto, ubicada en Avenida Rivadavia 2150, donde funcionó la Casa del Pueblo Socialista, edificada en 1927 y devastada por un incendio en 1953. El Partido Socialista reconoce que el terreno de Crisólogo Larralde estaba a nombre de La Vanguardia, pero únicamente porque cuando se creó el partido esa fue la solución que se encontró para administrar las propiedades que se adquirían con los aportes de sus afiliados.


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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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