13 mayo, 2025

Un ex combatiente denunció a Vizzotti por no darle la segunda dosis de la vacuna Sinopharm

La denuncia fue formulada por un hombre de 59 años que combatió en la guerra de 1982 y fue vacunado con la primera dosis...
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*Por: Néstor Espósito

Un ex combatiente de Malvinas denunció penalmente a la ministra de Salud, Carla Vizotti, por presunta “desobediencia a una orden judicial”, un fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó suministrarle la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus por su condición de paciente de riesgo, ya que está sometido a un tratamiento contra el cáncer.

La denuncia fue formulada por Felipe Gelo, un hombre de 59 años que combatió en la guerra de 1982 y fue vacunado con la primera dosis de la vacuna de Sinopharm, pero el complemento de la inmunización lleva más de un mes de retraso.

Gelo padece cáncer de base de lengua y atraviesa actualmente una etapa del tratamiento sobre la base de radio y quimioterapia.

Melo, a través de su abogado, Jorge Monastersky, inició una acción de amparo con pedido de medida cautelar ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo número seis, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, quien el 27 de abril pasado dispuso “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Ministerio de Salud de la Nación –y, por su intermedio, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires– a que, en el plazo de tres días provean lo conducente y arbitren los medios necesarios a fin de analizar y brindar una adecuada respuesta a la solicitud”.

El fallo ordenaba “que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM, teniendo en cuenta los antecedentes clínicos acreditados en autos, la enfermedad que padece y el tratamiento médico al que debe someterse, debiendo –en caso de corresponder– considerar al demandante dentro de los grupos de riesgo en la población objetivo priorizada a vacunar”.

El fallo nunca se cumplió.

“Entiendo que la ministra, al ejecutar el acto que le es endilgado, tenía pleno conocimiento de los elementos que hacen al tipo objetivo, ya que sabía que mediante su acción produciría el resultado que le estaba expresamente prohibido por orden judicial vigente y, precisamente, ésta era la finalidad que gobernaba su voluntad”, sostiene la denuncia.

“Todo ello, robustece y afirma la conclusión de que la denunciada actuó con una indudable intención de desobedecer la manda judicial vigente”, añade.

La causa recayó en el juzgado federal número 12, a cargo interinamente del juez federal Sebastián Casanello.

El artículo 239 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


Redacción

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Condenaron al exdiputado Germán Kiczka a 14 años de prisión por tenencia y distribución de pedofilia

El exdiputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, también fue hallado culpable y recibió una pena de 12 años. Así lo resolvió el Tribunal Penal N°1 de Posadas, en una sentencia que marca un precedente en la lucha contra la explotación sexual infantil.

Durante el juicio, se comprobó que los acusados poseían y compartían un total de 603 archivos digitales con contenido de abuso sexual infantil, además de material vinculado a prácticas zoofílicas. Las pruebas fueron obtenidas a partir de un operativo internacional coordinado por la Child Rescue Coalition y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (IMEC), que alertaron a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) en Argentina.

“Se trata de un caso histórico, no solo por el volumen del material incautado, sino porque afecta directamente a una figura del poder político”, declaró el fiscal Martín Alejandro Rau durante su alegato final. Junto al fiscal Antonio Glinka, solicitaron 15 años de prisión para el exdiputado y 12 para su hermano.

Durante el juicio, Germán Kiczka intentó desvincularse de las acusaciones al afirmar: “Soy totalmente inocente. Nunca descargué ni compartí material ilegal. Esta es una persecución política en mi contra”. En contraparte, las pruebas digitales fueron concluyentes, se hallaron archivos incriminatorios en dos computadoras y un pendrive en su poder, uno de ellos identificado con el nombre Fiat.

Glinka desestimó de lleno la estrategia defensiva: Nunca hubo persecución política. Hubo una investigación internacional que llegó hasta los Kiczka por rastros concretos. Lo demás es una construcción para intentar eludir la Justicia”.

En tanto, Sebastián Kiczka buscó asumir la responsabilidad total del caso: “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”. Más tarde, justificó su accionar diciendo: No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet. Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”. Pese a sus declaraciones, los peritos informáticos confirmaron que los dispositivos estaban configurados con perfiles a nombre de Germán Kiczka, y que ambos participaron activamente en la descarga y distribución del material.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, también solicitó que se investigue por falso testimonio al diputado Pedro Puerta y al padre de los acusados, Leonardo Kiczka, por posibles declaraciones engañosas ante la Justicia.

Cabe destacar que la mayoría de las audiencias fueron a puertas cerradas, en resguardo de la identidad y la dignidad de las víctimas, cuyas imágenes circulaban en los dispositivos secuestrados.

Germán Kiczka se desempeñaba como diputado provincial por el partido Activar. Luego de que la Legislatura de Misiones le suspendiera los fueros a fines de agosto del año pasado, se dio a la fuga. Fue localizado días después en un camping de la localidad de Loreto, en la provincia de Corrientes. Finalmente, la Cámara legislativa decidió su expulsión, mediante una resolución aprobada por unanimidad.

Redacción

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Detuvieron a la consejera escolar de LLA de Bahía Blanca por falso testimonio en una denuncia de abuso sexual

Las fuerzas policiales detuvieron el jueves 10 de abril en Bahía Blanca a la consejera escolar de La Libertad Avanza, Fiorella Damiani (27), acusada de “falso testimonio agravado”. En 2017, la funcionaria había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra por “abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas”, delito que prevé penas de 6 a 15 años de prisión. 

Ambos hombres estuvieron detenidos, pero recuperaron la libertad cuando la fiscal Mariana Lara obtuvo videos que, según la investigación, probaban el consentimiento de la relación.

Tras la presentación de esas grabaciones, la justicia avanzó contra Damiani por presuntas mentiras vertidas en su denuncia. El fiscal Mauricio Del Cero confirmó que la imputada “había mentido en al menos tres oportunidades e inculpaba de un delito grave, con penas de 6 años a 15 de prisión, a las dos personas”. Por ese motivo, solicitó la detención de la consejera escolar y explicó que el cargo de “falso testimonio agravado” contempla penas de 1 a 10 años de prisión: “Se trata de un delito particularmente grave”.

Damiani ejerció su cargo en el Consejo Escolar de Bahía Blanca durante todo este tiempo, sin fueros que la protegieran. Medios locales indicaron que el jueves fue indagada por Del Cero, a lo que la acusada respondió que “siempre dijo la verdad” y sostuvo que a los videos “les faltan partes”. El fiscal le preguntó por qué “si ella dijo que había sido inmovilizada por alguna sustancia y sometida sexualmente a la fuerza eso no se observaba en los videos”.

La supuesta falta de resistencia en las imágenes fue decisiva para el sobreseimiento de los dos hombres. Uno de los acusados señaló ante la justicia: “Sabíamos muy bien lo que hacíamos. Se conversó antes, nosotros acostumbrábamos a hacer tríos, inclusive a filmar. Desde ya que no lo hacíamos viral ni nada, era para tenerlo nosotros documentado”. 

Además, contó que Damiani “se enojó después con mi amigo y se fue” y que “al irse del departamento se llevó mi teléfono celular pensando que se llevaba las pruebas fílmicas”. Sin embargo, los registros se habían guardado en otra plataforma con autenticación y PIN.

Damiani fue asistida inicialmente por la abogada Fernanda Petersen, pero este viernes cambió su representación al penalista Sebastián Martínez. Mientras el caso avanza en los tribunales de Bahía Blanca, la imputada continúa detenida bajo la acusación de “falso testimonio agravado”.

Redacción

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