01 octubre, 2025

Un conocido de Sabag Montiel declaró ante la Justicia: “Tenemos re claro que lo hizo por guita”

Un joven que convivió con Fernando Sabag Montiel fue llamado a declarar tras una extraña publicación en sus redes sociales y afirmó "lo hizo por plata".
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Un nuevo testigo se sumó a la causa del intento de asesinato contra la Vicepresidente, este reforzó su declaración y abonó la hipótesis de que el integrante de la “Banda de los Copitos” podría haber atacado a Cristina Fernández de Kirchner a cambio de una remuneración económica. Si bien el joven no parece conocer al supuesto “financista” del intento de homicidio, la Justicia no descartó su teoría.

Apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño”, comentó el testigo, de apellido Español, que compartió vivienda con Sabag Montiel hace 4 años.

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La declaración de Español fue requerida porque el 2 de septiembre, un día después del intento de asesinato contra la vicemandataria, escribió en su cuenta de Facebook: “Los que conocimos bien al vago (en referencia a Montiel) tenemos re claro que lo hizo por guita le gustaba la plata cómoda, que le lleguen las cosas y de arriba sin moverse lo mínimo por conseguirlas”.

Estos dichos plasmados en la red social debieron afirmarse legal y formalmente ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes están llevando al frente la investigación del atentado fallido contra la expresidente. En ese sentido, fue este viernes que Español fue citado a declarar y reconfirmó su hipótesis.

Fernando Sabag Montiel

Yo sigo pensando igual, yo siempre sostuve que fue por plata, de todas las versiones que circularon. Que le puede haber picado un bichito de justicia social es raro de ‘Nando’, que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor. Para mí fue por plata es indiscutible, lo sostengo“, expresó.

Tras estos dichos la fiscalía le preguntó si en alguna oportunidad Sabag Montiel le había confesado que estaría dispuesto a asesinar a cambio de plata o para recuperar algo que le hubieran robado, a lo que respondió: “En cualquiera de las dos sí. Si era alguien que le debía no le importara recibir menos dinero con tal de darle su merecido a esta persona. Respecto del ofrecimiento si lo hiciera, eso fue lo primero que se me cruzó por la cabeza, no que quería ser un héroe ni nada”.

El 1 de septiembre Cristina Fernández de Kirchner sufrió, a manos de Sabag Montiel, un intento de asesinato en las afueras de su residencia

La fiscalía también le preguntó al testigo si consideraba que Sabag Montiel es una persona “influenciable o manipulable”, a lo que contestó: “Sólo por dinero, sino él era el manipulador, ya que los tenía a todos bajo el ala de su guarida“.

“La gente que podía manipular eran las que podían tener una necesidad, como mi amigo de Moreno que necesitaba un lugar en capital, entonces Fernando… Él tenia muy poca gente y de hecho él iba cambiando sus grupos de amigos por etapas porque tenía conflictos. Yo fui el primero en irse, ya que no tenía necesidad y a mi amigo Sebastián se le hizo más difícil”, recordó en referencia al tiempo que convivieron juntos.

Otra de las preguntas que era importante para la causa era si, el acusado y portador del arma que pretendía acabar con la vida de la Vicemandataria, se sentía representado por alguna ideología política, a ello el testigo aseveró: “No, la verdad que no. Por eso vuelvo a decir que apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño”.

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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