Suspendieron a la abogada del vicegobernador de Santa Cruz, denunciado por abuso

Las abogadas de Eugenio Quiroga, obstruyeron a la Justicia queriendo ser las representantes del denunciado y la denunciante.
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“Suspensión por 15 días de la matricula de las Dras. Pamela Pérez y Paula Ayala”, quienes son integrantes del estudio que defiende a Eugenio Quiroga en el expediente penal que contiene la denuncia contra el vicegobernador por presunto abuso. Así obra el dictamen firmado por los cuatro miembros del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz en relación al expediente 1581/21 al que tuvo acceso el medio OPI Santa Cruz.

CRONOLOGÍA: Probable caso de abuso hacia uno de sus hijos

El 17 de abril del 2021, a través OPI, se tomó conocimiento de la licencia por 45 días solicitada por el vicegobernador Eugenio Quiroga ante una denuncia de abuso en su contra.

En menos de 48 horas se dio a conocer una resolución de la Jueza González de Caleta Olivia, que colocaba un bozal judicial a los medios de comunicación, a las víctimas y familiares prohibiendo manifestarse públicamente del caso.

En pocas horas se conoció de manera extraoficial que la denuncia contra Eugenio Quiroga, Vicegobernador, había sido realizada por allegados a la familia sobre un probable caso de abuso del mismo hacia uno de sus hijos.

Como es costumbre en Santa Cruz, rápidamente el poder político, secundado con medios de comunicación militantes y una justicia cerrada herméticamente, dejaron de hablar del tema.

La licencia del Vicegobernador le fue comunicada al mismo el viernes a las 19 horas por parte de allegados a la gobernadora, ya que el titular de la Legislatura había estado esa misma tarde del viernes en actos políticos en la ciudad de Caleta Olivia acompañado de la Presidenta del Consejo de Educación, la Profesora Cecilia Velásquez.

La “licencia” forzosa rápidamente emitida por Alicia Kirchner hacia su compañero de fórmula, fue un baldazo de agua fría para el propio Quiroga quien tuvo que aceptar las órdenes de la casa de calle Alcorta en la capital provincial.

Pamela Pérez, representante legal del Vicegobernador

La Dra. Pamela Pérez, una de las abogadas suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia, es una militante del Frente de Todos, quien de la mano del ascenso de Eugenio Quiroga a la vicegobernación, pasó a ser asesora, un cargo político, en la Legislatura provincial, denominada “Cámara del Pueblo” de Santa Cruz.

La abogada es militante del denominado “Ateneo Feminista” y responsable en nombre del Vicegobernador de dictar capacitaciones de la Ley Micaela hacia funcionarios provinciales y municipales. Esto lo hace doblemente grave, teniendo en cuenta el caso donde involucra a menores, al poder y a una abogada dedicada a impartir capacitaciones, sin que haya recibido una sanción por parte del Ministerio Público.

La Abogada militante, fue protagonista principal en las denuncias en contra del Concejal Cristian Bazán de la ciudad de Caleta Olivia, por supuesta violencia de género contra su pareja. Un hecho que si bien llevó al edil a estar separado casi 6 meses de su cargo sin goce de haberes, tuvo que ser reestablecido en su cargo luego que la justicia dictaminó que no existía una sola prueba sobre las acusaciones que se realizaban en contra de Bazán.

La misma letrada fue criticada en diferentes medios y redes sociales por no tratar con la misma vara los temas de violencia de género cuando los involucrados son de “el partido al que pertenece”, como si lo hicieron con el concejal Bazán.

Para dar un par de ejemplos más podemos mencionar el silencio sobre el caso de Macarena Barrionuevo, quien denunció al comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga. El silencio sobre la acusación por abuso del contador de la ciudad del Gorosito Claudio Pagano y recientemente la denuncia pública y en la justicia, contra el Presidente del Partido Peronista de Caleta Olivia, Juan Carlos Gómez, por su violencia hacia trabajadoras municipales.

En resumen, la abogada militante es criticada por ejercer su feminismo solo cuando los protagonistas no pertenecen a su sector político.

La gravedad del dictamen

La Resolución emitida por los miembros del Tribunal Superior de Justicia deja en claro la “jugada” de la Dra. Pérez y su socia la Dra. Ayala, en su intento por ser representantes del acusado y de la denunciante, respectivamente, algo incompatible no solo en lo moral y ético, sino normado en el Artículo 18 de la Ley 1600.

No se puede ser juez y parte, más allá del alto nivel de impunidad del que las letradas creen ser beneficiarias por su cercanía al poder político santacruceño.

En síntesis, las abogadas de Eugenio Quiroga, obstruyeron la justicia queriendo ser las representantes del denunciado y la denunciante.

Ahora, ante este panorama legal, con el papelón de las abogadas de Eugenio Quiroga, la grave situación generada no pasa inadvertida, ya que Pamela Pérez Ovalle es funcionaria provincial y además dicta capacitaciones citando una ley que respeta solo a veces y de manera selectiva.

¿Está la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner en pleno conocimiento de tan desprolijo desempeño legal y de cómo se profana al aparato judicial en beneficio de un compañero político? ¿Acaso se avanzará en responder a la urgente necesidad de un Colegio Profesional de Abogados para, no sólo salvaguardar la profesión y a quienes la ejercen en respeto de la Ley, sino también a los miles de vecinos que acuden a los servicios letrados?

*Fuente: Agencia OPI Santa Cruz

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IMPUNIDAD | Concejal peronista denunciado golpear a su ex pareja, fue sobreseído ILEGALMENTE

En el 2018, la expareja del concejal tucumano, Romina Dip, denunció a Bruno Romano por “violencia de género”, una simplificación de la carátula para no decir que el funcionario oficialista agredió sexualmente y golpeó a quien era su pareja.

Librándose de la presión por las amenazas, Romina Dip contó en diálogo con DATA24 que “la gota que derramó el vaso” fue cuando la golpeó con su hija en brazos: “Igual me daba miedo, porque me amenazaba con que me iba a denunciar para que me internen en un psiquiatra y me saquen a mi hija. Después terminó haciendo esa denuncia, pero los estudios médicos revelaron lo contrario y no avanzó”, explicó.

Juan Manzur, Bruno Romano y Osvaldo Jaldo

“Después de que denuncié los hechos, desde el espacio (FdT) nunca le exigieron que se tome licencia, nada. Hay mucha impunidad y protección con él”, agregó Dip.

Tras lidiar con el sobreseimiento de su agresor, Dip también denuncia que durante estos cinco años ha tenido varios altercados que, según ella, serían represalias de su ex pareja por la denuncia que ejecutó. “Me han robado en mi negocio, me ha golpeado gente en la calle y también me escracharon muchas veces en redes”, confesó.

Romina Dip, denunciante.
Romina Dip, denunciante

“PASÉ DE SER VÍCTIMA A VICTIMARIA”

La causa dio un giro de 180° cuando Romano denunció a Dip por amenazas, según Romina estas presentaciones se realizaron sin pruebas, pero aún así avanzó. “De tener una perimetral que me protegiera de él, él pasó a tener una perimetral para protegerse de mí. Pasé de ser víctima a ser victimaria“, comentó.

EL CONCEJAL DE MANZUR

Romano consiguió plasmar su nombre en la lista del Frente de Todos del 2019, con el apoyo del actual gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, con quienes se ha mostrado en eventos oficiales y reuniones informales.

“Cuando yo radiqué la denuncia, Bruno Romano no era concejal, me indignó saber que se postuló sabiendo que estaba procesado. Yo fui a la junta electoral a poner esto en conocimiento, porque tampoco me pasaba los alimentos para mi hija. Allí en la junta deciden bajarlo porque certifican que, aunque no estaba en el padrón de padres deudores, yo tenía todos los papeles para demostrarlo. Pero él presentó un amparo electoral y se permitió que se presente en las elecciones, salió electo y no pudo asumir hasta no resolver la situación. Y de buenas a primeras los jueces le han dicho que podía asumir y todo quedó en la nada“, había expresado a otro medio el año pasado la denunciante.

Ahora, Romano pretende quedarse con la Intendencia, pero para ello deberá desligarse de las graves denuncias de su ex pareja. Dip explica que el sobreseimiento del que se jacta el concejal no es legal. Se trata de una maniobra judicial para continuar garantizando su impunidad y así poder presentarse como precandidato en las elecciones que se aproximan.

“El sobreseimiento no está firme, aún quedan dos instancias de apelación”, informó el representante legal de Dip. Después de más de 4 años de ejecutarse una grave denuncia en contra de su agresor, la víctima teme que su “lucha quede impune”.

¿Cuántos presos K fueron liberados durante el gobierno de Alberto?

Cesar Milani, Jorge Castillo, Gerardo Ferreyra, Fernando Esteche, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Santiago Carlos Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Caballo Suárez, Atanasio Pérez Osuna, Oscar Thomas, Juan Pablo “Pata” Medina, Luis D’Elía, Amado Boudou, Jorge Chueco, Lázaro Báez, José Núñez Carmona, Martín Báez, José López, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

22 personalidades ligadas a la corrupción K, que se encontraban cumpliendo sus respectivas condenas, fueron liberadas durante el gobierno del Frente de Todos, de Alberto y Cristina Fernández. Muchos salieron durante la cuarentena, ya que “no había lugar en las cárceles”.

El próximo sábado, Ricardo Jaime, condenado en seis ocasiones, saldrá de prisión y continuará con arresto domiciliario.

“No tienen perdón de Dios” | Perpetua para cuatro de los policías involucrados en el asesinato de Luis Espinoza

El caso de Luis Armando Espinoza, asesinado por la policía el 15 de mayo de 2020 en Tucumán, es quizás el más recordado de todos los crímenes fatales cometidos por el Estado en el marco de la cuarentena. Tan triste como cierto es que el suceso no hace más que engordar la lista episodios totalitarios similares del delirante período, colmado por la violencia institucional, en tiempos de cumplimiento estricto del infame “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.

El día en que presidente Alberto Fernández anunció el aislamiento

El trabajador rural desapareció en el marco de un procedimiento policial que custodiaba el cumplimiento de las medidas que impuso el Frente de Todos (con el apoyo de todo el arco político) para “combatir” la pandemia del COVID-19. Según cuenta el CELS, esa fatídica mañana, durante el operativo de las fuerzas represivas del Estado, Luis y su hermano Juan cabalgaban por un camino vecinal cercano a Rodeo Grande, oyeron disparos y seguidamente aceleraron el paso. La yegua que montaba Juan se asustó y salió al galope. Luis se acercó para ver a su hermano y el oficial auxiliar, José Alberto Morales, le disparó por la espalda. Cuando Juan se despertó, recuperado del golpe en la cabeza por la caída, Luis ya no estaba. Su cuerpo apareció ocho días después, a 120 kilómetros del lugar de los hechos, en un precipicio de Catamarca.

“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo”: El relato de una familia destruida

La frase pertenece a doña Gladys, la mamá de Luis, luego de que el juicio llegara a su fin. “Esperamos la sentencia, que cumplan en la cárcel todos los que le hicieron lo que le hicieron a mi hijo. No en la casa. En la cárcel. ¿Por qué esperaron ocho días para decir lo que le hicieron a él?”, argumentó antes de que falle el tribunal.

“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo. Se terminó la vida de él y se terminó la vida de todos nosotros”, dijo también, antes de la sentencia.

El juicio y las condenas: La cara de los asesinos

Durante la tarde de hoy, luego de dos años y medio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a 9 de los 11 imputados. Fiscalía y querella probaron que se trató de una desaparición forzada seguida de muerte, efectuada por miembros de la comisaría de la localidad de Monteagudo. Los acusados y sus declaraciones durante el juicio:

José Alberto Morales: Oficial auxiliar de la Policía. Prisión perpetua. La bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de su arma reglamentaria. “Siempre me voy a arrepentir y no tengo palabras para la madre (de Espinoza), pido disculpas”.

Rubén Héctor Montenegro: Subcomisario. Prisión perpetua. “Quiero pedirle disculpas a la familia Espinoza, a las familias de mis antiguos empleados policiales y a la mía. Yo no debería estar acá, yo no debería haber documentado y no lo hice. Nadie ha ido a matar a ese hijo de la señora, ha sido una desgracia”.

Gerardo Esteban González Rojas: Agente. Prisión perpetua. “Llevo privado de la libertad más de dos años, me perdí el crecimiento de mi hijo. Yo no me considero un asesino”.

Claudio Alfredo Zelaya: Cabo. Prisión perpetua. “Yo di el dato preciso de donde estaba el cuerpo. Si yo no hablaba, no estaríamos siendo juzgados”.

Miryam Rosalba González: Cabo. 12 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser partícipe secundaria. “Antes que nada, mi solidaridad a la familia. Como mamá entiendo lo que se siente perder a un hijo. Pido disculpas porque si no he hablado en su momento fue porque estuve amenazada por el subcomisario Montenegro”.

Víctor Manuel Salinas: Sargento. 7 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravado por su función de policía. “Quiero solidarizarme con Gladys, la mamá de Luis. Y pedir perdón, estoy arrepentido”.

Carlos Lisandro Romano: Agente. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Llegué a encerrarme en un cuarto de la comisaría para no tocar el cuerpo de Espinoza. Yo estuve sentado acá por la cobardía de Morales, que mató a Espinoza por la espalda y no se hizo cargo”.

José María Paz: Cabo. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “No tengo nada para decir, solo que se haga justicia”.

René Eduardo Ardiles: Sargento. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Pido disculpas a toda la familia Espinoza. Agrego que la policía tiene un alto nivel de instrucción y que provengo de una familia de policías”.

Héctor Villavicencio (vigía comunal) y Álvaro Gonzalo González (civil): Absueltos por el beneficio de la duda.

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