Suspendieron a la abogada del vicegobernador de Santa Cruz, denunciado por abuso

Las abogadas de Eugenio Quiroga, obstruyeron a la Justicia queriendo ser las representantes del denunciado y la denunciante.
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“Suspensión por 15 días de la matricula de las Dras. Pamela Pérez y Paula Ayala”, quienes son integrantes del estudio que defiende a Eugenio Quiroga en el expediente penal que contiene la denuncia contra el vicegobernador por presunto abuso. Así obra el dictamen firmado por los cuatro miembros del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz en relación al expediente 1581/21 al que tuvo acceso el medio OPI Santa Cruz.

CRONOLOGÍA: Probable caso de abuso hacia uno de sus hijos

El 17 de abril del 2021, a través OPI, se tomó conocimiento de la licencia por 45 días solicitada por el vicegobernador Eugenio Quiroga ante una denuncia de abuso en su contra.

En menos de 48 horas se dio a conocer una resolución de la Jueza González de Caleta Olivia, que colocaba un bozal judicial a los medios de comunicación, a las víctimas y familiares prohibiendo manifestarse públicamente del caso.

En pocas horas se conoció de manera extraoficial que la denuncia contra Eugenio Quiroga, Vicegobernador, había sido realizada por allegados a la familia sobre un probable caso de abuso del mismo hacia uno de sus hijos.

Como es costumbre en Santa Cruz, rápidamente el poder político, secundado con medios de comunicación militantes y una justicia cerrada herméticamente, dejaron de hablar del tema.

La licencia del Vicegobernador le fue comunicada al mismo el viernes a las 19 horas por parte de allegados a la gobernadora, ya que el titular de la Legislatura había estado esa misma tarde del viernes en actos políticos en la ciudad de Caleta Olivia acompañado de la Presidenta del Consejo de Educación, la Profesora Cecilia Velásquez.

La “licencia” forzosa rápidamente emitida por Alicia Kirchner hacia su compañero de fórmula, fue un baldazo de agua fría para el propio Quiroga quien tuvo que aceptar las órdenes de la casa de calle Alcorta en la capital provincial.

Pamela Pérez, representante legal del Vicegobernador

La Dra. Pamela Pérez, una de las abogadas suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia, es una militante del Frente de Todos, quien de la mano del ascenso de Eugenio Quiroga a la vicegobernación, pasó a ser asesora, un cargo político, en la Legislatura provincial, denominada “Cámara del Pueblo” de Santa Cruz.

La abogada es militante del denominado “Ateneo Feminista” y responsable en nombre del Vicegobernador de dictar capacitaciones de la Ley Micaela hacia funcionarios provinciales y municipales. Esto lo hace doblemente grave, teniendo en cuenta el caso donde involucra a menores, al poder y a una abogada dedicada a impartir capacitaciones, sin que haya recibido una sanción por parte del Ministerio Público.

La Abogada militante, fue protagonista principal en las denuncias en contra del Concejal Cristian Bazán de la ciudad de Caleta Olivia, por supuesta violencia de género contra su pareja. Un hecho que si bien llevó al edil a estar separado casi 6 meses de su cargo sin goce de haberes, tuvo que ser reestablecido en su cargo luego que la justicia dictaminó que no existía una sola prueba sobre las acusaciones que se realizaban en contra de Bazán.

La misma letrada fue criticada en diferentes medios y redes sociales por no tratar con la misma vara los temas de violencia de género cuando los involucrados son de “el partido al que pertenece”, como si lo hicieron con el concejal Bazán.

Para dar un par de ejemplos más podemos mencionar el silencio sobre el caso de Macarena Barrionuevo, quien denunció al comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga. El silencio sobre la acusación por abuso del contador de la ciudad del Gorosito Claudio Pagano y recientemente la denuncia pública y en la justicia, contra el Presidente del Partido Peronista de Caleta Olivia, Juan Carlos Gómez, por su violencia hacia trabajadoras municipales.

En resumen, la abogada militante es criticada por ejercer su feminismo solo cuando los protagonistas no pertenecen a su sector político.

La gravedad del dictamen

La Resolución emitida por los miembros del Tribunal Superior de Justicia deja en claro la “jugada” de la Dra. Pérez y su socia la Dra. Ayala, en su intento por ser representantes del acusado y de la denunciante, respectivamente, algo incompatible no solo en lo moral y ético, sino normado en el Artículo 18 de la Ley 1600.

No se puede ser juez y parte, más allá del alto nivel de impunidad del que las letradas creen ser beneficiarias por su cercanía al poder político santacruceño.

En síntesis, las abogadas de Eugenio Quiroga, obstruyeron la justicia queriendo ser las representantes del denunciado y la denunciante.

Ahora, ante este panorama legal, con el papelón de las abogadas de Eugenio Quiroga, la grave situación generada no pasa inadvertida, ya que Pamela Pérez Ovalle es funcionaria provincial y además dicta capacitaciones citando una ley que respeta solo a veces y de manera selectiva.

¿Está la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner en pleno conocimiento de tan desprolijo desempeño legal y de cómo se profana al aparato judicial en beneficio de un compañero político? ¿Acaso se avanzará en responder a la urgente necesidad de un Colegio Profesional de Abogados para, no sólo salvaguardar la profesión y a quienes la ejercen en respeto de la Ley, sino también a los miles de vecinos que acuden a los servicios letrados?

*Fuente: Agencia OPI Santa Cruz

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Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

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