15 julio, 2025

Suspendieron a la abogada del vicegobernador de Santa Cruz, denunciado por abuso

Las abogadas de Eugenio Quiroga, obstruyeron a la Justicia queriendo ser las representantes del denunciado y la denunciante.
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“Suspensión por 15 días de la matricula de las Dras. Pamela Pérez y Paula Ayala”, quienes son integrantes del estudio que defiende a Eugenio Quiroga en el expediente penal que contiene la denuncia contra el vicegobernador por presunto abuso. Así obra el dictamen firmado por los cuatro miembros del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz en relación al expediente 1581/21 al que tuvo acceso el medio OPI Santa Cruz.

CRONOLOGÍA: Probable caso de abuso hacia uno de sus hijos

El 17 de abril del 2021, a través OPI, se tomó conocimiento de la licencia por 45 días solicitada por el vicegobernador Eugenio Quiroga ante una denuncia de abuso en su contra.

En menos de 48 horas se dio a conocer una resolución de la Jueza González de Caleta Olivia, que colocaba un bozal judicial a los medios de comunicación, a las víctimas y familiares prohibiendo manifestarse públicamente del caso.

En pocas horas se conoció de manera extraoficial que la denuncia contra Eugenio Quiroga, Vicegobernador, había sido realizada por allegados a la familia sobre un probable caso de abuso del mismo hacia uno de sus hijos.

Como es costumbre en Santa Cruz, rápidamente el poder político, secundado con medios de comunicación militantes y una justicia cerrada herméticamente, dejaron de hablar del tema.

La licencia del Vicegobernador le fue comunicada al mismo el viernes a las 19 horas por parte de allegados a la gobernadora, ya que el titular de la Legislatura había estado esa misma tarde del viernes en actos políticos en la ciudad de Caleta Olivia acompañado de la Presidenta del Consejo de Educación, la Profesora Cecilia Velásquez.

La “licencia” forzosa rápidamente emitida por Alicia Kirchner hacia su compañero de fórmula, fue un baldazo de agua fría para el propio Quiroga quien tuvo que aceptar las órdenes de la casa de calle Alcorta en la capital provincial.

Pamela Pérez, representante legal del Vicegobernador

La Dra. Pamela Pérez, una de las abogadas suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia, es una militante del Frente de Todos, quien de la mano del ascenso de Eugenio Quiroga a la vicegobernación, pasó a ser asesora, un cargo político, en la Legislatura provincial, denominada “Cámara del Pueblo” de Santa Cruz.

La abogada es militante del denominado “Ateneo Feminista” y responsable en nombre del Vicegobernador de dictar capacitaciones de la Ley Micaela hacia funcionarios provinciales y municipales. Esto lo hace doblemente grave, teniendo en cuenta el caso donde involucra a menores, al poder y a una abogada dedicada a impartir capacitaciones, sin que haya recibido una sanción por parte del Ministerio Público.

La Abogada militante, fue protagonista principal en las denuncias en contra del Concejal Cristian Bazán de la ciudad de Caleta Olivia, por supuesta violencia de género contra su pareja. Un hecho que si bien llevó al edil a estar separado casi 6 meses de su cargo sin goce de haberes, tuvo que ser reestablecido en su cargo luego que la justicia dictaminó que no existía una sola prueba sobre las acusaciones que se realizaban en contra de Bazán.

La misma letrada fue criticada en diferentes medios y redes sociales por no tratar con la misma vara los temas de violencia de género cuando los involucrados son de “el partido al que pertenece”, como si lo hicieron con el concejal Bazán.

Para dar un par de ejemplos más podemos mencionar el silencio sobre el caso de Macarena Barrionuevo, quien denunció al comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga. El silencio sobre la acusación por abuso del contador de la ciudad del Gorosito Claudio Pagano y recientemente la denuncia pública y en la justicia, contra el Presidente del Partido Peronista de Caleta Olivia, Juan Carlos Gómez, por su violencia hacia trabajadoras municipales.

En resumen, la abogada militante es criticada por ejercer su feminismo solo cuando los protagonistas no pertenecen a su sector político.

La gravedad del dictamen

La Resolución emitida por los miembros del Tribunal Superior de Justicia deja en claro la “jugada” de la Dra. Pérez y su socia la Dra. Ayala, en su intento por ser representantes del acusado y de la denunciante, respectivamente, algo incompatible no solo en lo moral y ético, sino normado en el Artículo 18 de la Ley 1600.

No se puede ser juez y parte, más allá del alto nivel de impunidad del que las letradas creen ser beneficiarias por su cercanía al poder político santacruceño.

En síntesis, las abogadas de Eugenio Quiroga, obstruyeron la justicia queriendo ser las representantes del denunciado y la denunciante.

Ahora, ante este panorama legal, con el papelón de las abogadas de Eugenio Quiroga, la grave situación generada no pasa inadvertida, ya que Pamela Pérez Ovalle es funcionaria provincial y además dicta capacitaciones citando una ley que respeta solo a veces y de manera selectiva.

¿Está la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner en pleno conocimiento de tan desprolijo desempeño legal y de cómo se profana al aparato judicial en beneficio de un compañero político? ¿Acaso se avanzará en responder a la urgente necesidad de un Colegio Profesional de Abogados para, no sólo salvaguardar la profesión y a quienes la ejercen en respeto de la Ley, sino también a los miles de vecinos que acuden a los servicios letrados?

*Fuente: Agencia OPI Santa Cruz

Redacción

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Alperovich cumplirá domiciliaria en el lujoso departamento de Puerto Madero donde comenzaron los abusos a su sobrina

La Justicia otorgó este miércoles el arresto domiciliario a José Jorge Alperovich, exsenador nacional y tres veces gobernador de Tucumán, sentenciado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina segunda —seis con acceso carnal y tres simples en grado de tentativa— ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.  La resolución de Juan María Ramos Padilla llegó después de poco más de un año de detención efectiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El magistrado dispuso que el condenado de 70 años permanezca en uno de sus inmuebles del complejo Zencity de Puerto Madero, escenario de uno de los ataques acreditados en el debate oral. Para garantizar la medida impuso monitoreo electrónico permanente y fijó una caución real de 400 millones de pesos. Además, prohibió cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la denunciante y su entorno, así como referencias públicas que pudieran afectarla.

El lugar fijado es uno de los departamentos del imputado en Puerto Madero, precisamente uno de los lugares donde se cometieron los primeros abusos por los que fue condenado.

– TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 29 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 86.765/2019/TO1

“Debe quedar claro que no voy a conceder el arresto domiciliario solicitado como un privilegio ni por compasión, sino como ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, neutralizando los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurando la protección” de la víctima, sostuvo Ramos Padilla. 

El juez advirtió que “cualquier omisión o intento de evasión —por mínimo que sea— habilitará la revocación inmediata del beneficio y el reingreso al establecimiento penitenciario”.

Entre los fundamentos aparecieron la edad de Alperovich y un agudo dolor de columna que, según informes médicos del Servicio Penitenciario Federal, limitaba su movilidad, junto con hipertensión y un cuadro depresivo diagnosticado en marzo de 2025. Durante su estadía en Ezeiza recibió atención en el Hospital Penitenciario Central y fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Italiano.

La familia ya había intentado morigerar la detención tres meses después de la condena. Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich se ofrecieron entonces como “fiadores”, prometieron acompañar a su padre las 24 horas y entregaron sus pasaportes “para demostrar que no existiría riesgo de fuga”. La Justicia rechazó aquella petición en dos oportunidades, pero ahora el juez consideró que mantener al exmandatario en prisión preventiva sería “arbitrario” frente a las condiciones carcelarias y a su estado de salud, aunque la condena y la inhabilitación perpetua para cargos públicos siguen vigentes.

Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 declararon más de 80 testigos, incluido el exgobernador Juan Manzur. En su sentencia, Ramos Padilla subrayó: “Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado”. El tribunal entendió que Alperovich aprovechó “un contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder” para perpetrar los abusos.

Alperovich negó siempre las acusaciones y las atribuyó a motivaciones “políticas y económicas”. Su entonces pareja, la exganadora de Gran Hermano Marianela Mirra, difundió en mayo último una fotografía del exsenador internado que reavivó críticas a las condiciones de detención. El expediente continúa en trámite de apelación y revisión. Mientras se define la instancia superior, el exgobernador permanecerá bajo arresto domiciliario, controlado electrónicamente y sujeto a supervisión judicial periódica.

Redacción

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CHACO | La Justicia investiga al presidente de LLA y Director de ANSES por afiliaciones truchas y extorsión

La Fiscalía Federal de Resistencia, dirigida por el Dr. Patricio Sabadini, se prepara para solicitar la detención de Alfredo “Capi” Rodríguez, director regional de ANSES y presidente de La Libertad Avanza en Chaco, tras la feria judicial de agosto. La investigación llevada a cabo revela un esquema de afiliaciones fraudulentas al partido político que habría afectado a personas vulnerables, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidades.

Los datos son contundentes, con más de 17 personas citadas aleatoriamente del padrón partidario, 15 negaron haberse afiliado voluntariamente al partido. La gravedad del caso se incrementa por el perfil de las víctimas: personas de edad avanzada, algunos analfabetos o con enfermedades como Parkinson.

La jueza federal, Zunilda Niremperger, delegó la causa al fiscal Sabadini, quien ha confirmado irregularidades en al menos 13 casos donde las personas no reconocieron sus firmas en las fichas de afiliación. Según trascendió, Rodríguez habría utilizado su acceso a las bases de datos de ANSES para obtener información personal de ciudadanos y afiliarlos al partido sin su consentimiento.

El escándalo ha generado tensiones internas de LLA en Chaco. Un grupo de 300 militantes envió una carta a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, solicitando la pericia del partido debido al manejo “autoritario” de Rodríguez, quien está alineado con los primos Menem, Martín y Eduardo, dentro de la estructura libertaria. Para sostener las afiliaciones, el partido que dio los avales a LLA de Chaco fue el de La Rioja, confirmando esta vinculación.

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En la carta, los militantes sostienen que “las personas que no responden al actual presidente provincial, que no simpatizan con él, no acatan ni avalan su autocracia, se les obstaculiza, ignora o rechaza la aceptación de su afiliación”.

Se lo acusa a Rodríguez principalmente por extorsión, delito tipificado en el artículo 168 del Código Penal , que establece una pena de reclusión o prisión de cinco a diez años, por “impedir la libre decisión de las personas”. La misma, consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio. En este caso, se investiga si Rodríguez exigía porcentajes de sueldos a empleados de ANSES como condición para mantener sus empleos.

La segunda imputación se refiere a falsedad documental agravada por su carácter de funcionario público. Este delito se configura cuando un funcionario público inserta declaraciones falsas en documentos públicos relativos a hechos que tales documentos deben probar. Se caracteriza por aprovechar el carácter auténtico de un documento para insertar declaraciones erróneas. El agravante por ser funcionario aumenta significativamente la pena, dado que vulnera la fe pública que el Estado deposita en sus funcionarios.

Fuentes judiciales indicaron que la medida cautelar realizada se basaría en la gravedad de los hechos conocidos y el riesgo de entorpecimiento en la indagación. Las afiliaciones fraudulentas habrían sido realizadas durante 2023 para cumplir con los requisitos de personería jurídica del partido en la provincia.

La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueben la solicitud, o automáticamente si no se considera dentro de los 15 días hábiles. Crucialmente, la ley establece que no puede haber doble afiliación y que el registro de afiliados debe ser público.

Paralelamente, a comienzos del mes de julio, ANSES presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una red de jubilaciones falsas que operaba a través de un estudio contable en Resistencia. La revisión, dirigida por el juez Ricardo Mianovich, reveló que se utilizaban declaraciones juradas rectificativas falsas para simular relaciones laborales inexistentes.

El mismo Rodríguez confirmó que se detectaron “unas treintena de jubilaciones truchas” y que el estudio involucrado cobraba 3 millones de pesos por los trámites fraudulentos. El análisis contó con el apoyo del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello.

Redacción

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