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Lazaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de dinero en lo que se conoció mediáticamente como la Ruta del dinero K. Así lo resolvió este mediodía el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti– tras dos años y medio de juicio.
El empresario recibió esta condena en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
El dueño de Austral Construcciones tenía un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, mientras que su defensa había reclamado la absolución y por considerar al caso como un “circo judicial”.
Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y siguió las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.
El juicio comenzó en octubre de 2018 y se preveía una duración de ocho meses pero la pandemia de coronavirus atrasó el proceso ya que no hubo audiencias entre fines de marzo y junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.
En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, Báez aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.
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La Cámara de Diputados de Entre Ríos continúa el debate para modificar la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia. El objetivo principal de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, es perfeccionar el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores, otorgando mayor eficiencia y estabilidad a los cargos judiciales.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, profundizó este miércoles el análisis del articulado propuesto: “Hay avances importantes, aunque hay artículos en los que no hay consenso y hay que seguir debatiendo. Pero creo que es importante poder conversar, plantear cada uno su punto de vista e intentar que el Consejo de la Magistratura y que la selección de los jueces funcionen en la provincia. Necesitamos una modificación de esta ley y necesitamos hacerla bien, para que no se tenga que cambiar dentro de dos años”.
La legisladora destacó que la comisión ha escuchado a especialistas y a integrantes del Consejo de la Magistratura, al tiempo que se ha reservado espacio para que los diputados discutan internamente. Asimismo, resaltó la urgencia de agilizar los procedimientos de selección de magistrados, ya que “hay que darle mayor celeridad. Hay más de 90 cargos que no son efectivos. Cuando quienes ejercen de jueces, fiscales o defensores han pasado por el Consejo de la Magistratura y tienen la estabilidad que otorga este sistema institucional, sus decisiones tienen esa independencia que establece la Constitución nacional y provincial”.
En medio de los incidentes del pasado miércoles dentro y fuera del Congreso, una grave denuncia realizada en el recinto pasó desapercibida. Sobre la última hora de sesión, el diputado de Unión por la Patria y exintendente de General Roca (Río Negro), Martín Soria, expuso una causa que su comprovinciana Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, enfrenta en Estados Unidos por tenencia de drogas.
El diputado kirchnerista se dirigió al presidente de la Cámara, Martín Menem, para mostrarle una “resolución” del estado de Florida y leyó: “Tráfico de cocaína: de 400 gramos a 150 kilogramos. Perfil de la delincuente, María Lorena Villaverde. Fecha de nacimiento, febrero del año 1974. Detalles del caso e identificación: 58-58-2002-CF, categoría delito penal, julio de 2002, código de infracción, artículo 893” y la descripción del delito era “tráfico de cocaína”.
Cuando Soria comenzó a hacer uso de la palabra, la diputada oficialista abandonó rápidamente el recinto y no faltaron las chicanas por parte del bloque K: “¡Se va la droga!”, gritó uno de los legisladores.
– La diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde ingresó al recinto con un busto de Javier Milei en brazos
Hace un mes, el 12 de febrero, el propio Soria utilizó una frase similar para confrontar a Villaverde por interrumpir su discurso: “Yo te dejé hablar, falopa”. En aquella ocasión, el diputado también usó su cuestión de privilegio para confrontar a la libertaria, argumentó que “el ex marido de Lorena Villaverde está detenido por causas de narcotráfico”.
Tras las acusaciones, la legisladora rionegrina dijo que llevará a Soria a la Justicia y lo desafió a realizar juntos un análisis de drogas. “No tuve ningún exmarido detenido. Es todo una mentira. En todo caso, uno no elige de quién se enamora, pero sí también elige de quién se separa. Si fuese cierto serían cuestiones que no atienden a mi persona”.
“Con gusto me ofrezco y lo invito (al diputado Soria) a ir juntos para hacernos los análisis ejemplificadores y reveladores para corroborar bien quién es el verdadero falopa”, declaró Villaverde en febrero a CNN Radio Roca.
Previo a la denuncia del pasado miércoles, Villaverde se dirigió al “clan Soria” en referencia al diputado y a su hermana, María EmiliaSoria, actual intendente de General Roca a quienes cuestionó por el abandono de las obras de la ruta Nacional 22. La obra se encuentra paralizada hace unos 20 años. Mientras, un informe realizado el año pasado por el Departamento de Tránsito de la Policía de Río Negro reveló que esa ruta encabeza el listado de tramos más peligrosos.
A inicios de este mes, La Libertad Avanza de General Roca publicó un comunicado repudiando las declaraciones de la intendente de la localidad. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la hermana del diputado Soria criticó a Vialidad Nacional por la paralización. Desde el partido libertario local sostienen que “la familia Soria se opuso a la traza elevada de la Ruta 22 y San Juan, donde tenían en carpeta un negocio inmobiliario”.
Lo curioso es que sobre Villaverde —figura central en el esquema político de Karina Milei— también pesan acusaciones de estafas por fraude en un proyecto inmobiliario en LasGrutas, bellísima ciudad costera próxima a San Antonio Oeste, localidad en donde nació la diputada.
Hace poco menos de un año, la diputada nacional fue denunciada por manejos oscuros en el Club Las Grutas. En la zona de ingreso a la reconocida localidad turística, Villaverde, impulsó un proyecto inmobiliario conocido como Tajamar, que se promocionó como una oportunidad accesible para adquirir terrenos y construir viviendas.
Sin embargo, los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste revelan que el sector está clasificado como zona rural y no cuenta con la habilitación necesaria para edificar. A pesar de esto, Villaverde vendió terrenos con la promesa de escriturarlos en un plazo de 10 meses, prorrogable por 6 meses más. Cuando estos plazos vencieron y las obras no se concretaron, comenzaron a llegar las primeras denuncias por daños y perjuicios.
A mediados del año 2022, algunos compradores enviaron cartas documento exigiendo la regularización de sus lotes y la entrega formal de escrituras. Sin respuestas favorables, las demandas civiles se multiplicaron. Los damnificados acusaron a la diputada libertaria de no haber aclarado que el municipio nunca había aprobado el uso residencial en esa parcela. Por su parte, el abogado querellante LucasCerro, sostuvo que Villaverde “actuó con dolo” al comercializar un emprendimiento que no cumplía con los requisitos legales para transformarse en un barrio habitacional.
– El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la diputada Villaverde y el armador de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja
La presión judicial obligó a Villaverde a cerrar acuerdos extrajudiciales millonarios. En mayo de 2024, desembolsó diez millones de pesos para frenar una de las demandas, mientras que en noviembre del mismo año acordó otros doce millones para poner fin a otro litigio relacionado con el mismo desarrollo. Aunque estos arreglos evitaron la prolongación de las causas en los tribunales, dejaron en el aire la situación de otros denunciantes, que siguen esperando soluciones a sus reclamos por los plazos incumplidos y la imposibilidad de construir en sus terrenos.
Paralelamente, sobre Villaverde recayó otra controversia en la misma localidad. Cuando presidió el Club Social, Deportivo y Recreativo Las Grutas, lanzó una rifa —denominada “Sorteo Millonario”— con el objetivo de obtener fondos para la institución.
– Antes de ser electa diputada, Villaverde ganó popularidad en la presidencia del Club Las Grutas
La iniciativa, lanzada en octubre de 2021, ofrecía como premio principal un terreno perteneciente al patrimonio del club, valorado en decenas de millones de pesos. La fecha de sorteo —anunciada inicialmente para la Pascua de 2022— se pospuso hasta Navidad de ese mismo año. En el momento de la extracción de los números, el premio mayor quedó vacante porque supuestamente no se vendió el cupón ganador.
La nueva comisión normalizadora del club denunció que la rifa había carecido de autorización de Lotería de Río Negro, el organismo encargado de regular este tipo de eventos en la provincia. Además, reveló la existencia de irregularidades en los libros contables, como la falta de balances y el uso de cuentas bancarias o billeteras virtuales personales para recibir pagos vinculados tanto a la rifa como a las cuotas sociales de la institución.
Ante esta situación, la comisión acudió a la Justicia con una denuncia de “estafa por defraudación”, al advertir que el sorteo implicaba la desafectación de un bien que pertenecía al patrimonio del club y, por lo tanto, requería la aprobación formal de una asamblea de socios.
La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo de Gustavo Arbués, avanzó en la investigación y formalizó la imputación contra Villaverde y varios integrantes de su antigua comisión directiva. La medida quedó respaldada por el juez de Garantías, Favio Corvalán, quien otorgó un plazo de cuatro meses para profundizar las pesquisas. Entre otros elementos, se solicitó un peritaje contable para revisar la documentación que nunca fue presentada en forma completa durante la gestión de la diputada.
Villaverde se defendió públicamente de ambas acusaciones, alegando que en el caso del loteo Tajamar su intención siempre fue la recalificación de las tierras y que la pandemia de COVID-19 demoró trámites administrativos, imposibilitando la habilitación municipal en los plazos establecidos. Con respecto a la rifa, asegura que no existió mala fe, sino desconocimiento de las normativas de Lotería de Río Negro.
La provincia de Formosa enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la denuncia presentada por la diputada provincial Gabriela Neme contra el gobernador, Gildo Insfrán, por la compra de camionetas de alta gama.
“No es como dice, que los denunciadores tenemos ideas de que ellos roban nomás. Él, su familia, sus amigos y sus privilegiados, les roban al pueblo de Formosa”, expresó en su video, a modo de reclamó.
Tras el fallo de la Corte Suprema en diciembre, que restringió las aspiraciones de reelección de Insfrán, y en medio de investigaciones previas por irregularidades en el manejo de fondos públicos en Formosa, nuevos documentos expuestos revelan un mayor fraude. Las pruebas indicarían un patrón de desviación de recursos estatales destinados a áreas esenciales como salud y seguridad, que habrían sido utilizados para la adquisición de bienes de uso personal por parte del mandatario.
La investigación impulsada por la funcionaria Gabriela Neme apunta a dos operaciones: la compra de una Toyota Land Cruiser 300, modelo 2022, y otra unidad idéntica adquirida en 2023. Según la documentación presentada, ambas transacciones, con un valor estimado de 300 millones de pesos cada una, habrían sido financiadas mediante transferencias provenientes del Fondo Fiduciario Provincial para Salud, Seguridad y Tecnología, algo que contravendría la Ley Provincial 1180 que regula el uso de fondos fiduciarios, según la legisladora.
El fondo investigado disponía de 3.800 millones de pesos al momento de las compras. Registros bancarios revelan transferencias sucesivas que redujeron el saldo en 600 millones de pesos durante el período en que se adquirieron los vehículos. La legisladora denuncia que estas operaciones se realizaron sin licitación pública y mediante contratación directa con concesionarias automotrices vinculadas a funcionarios provinciales.
“Tendrán que rendir cuentas, Gildo Insfrán y cada uno de sus cómplices por el mayor robo de la historia de Formosa, el mayor robo de la historia de Argentina”, agregó en su posteo en Instagram.
Este hecho forma parte de la investigación “Ruta del Dinero G”, impulsada por Neme y presentada en Comodoro Py, que reúne pruebas sobre presuntas malversaciones a través de empresas fantasma creadas para adjudicarse obras públicas que nunca se concretaron. Según la acusación, el esquema incluiría sobreprecios, facturación de servicios inexistentes y triangulación de pagos mediante cuentas offshore.
Organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradamente las precarias condiciones del “recrudecimiento” del sistema sanitario formoseño. Neme también hizo otras denuncias como el “envío de fondos al Partido Justicialista por más de 1.660 millones, en 5 órdenes de pago en concepto de haberes” el pasado 7 de febrero, quedando radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
Cabe recordar que en 2010, durante las negociaciones para refinanciar una deuda de 312 millones de pesos que Formosa mantenía con la Nación, la provincia contrató servicios de consultoría de The Old Fund por 7.6 millones de pesos, conectando a Insfrán con el entramado del entonces vicepresidente Amado Boudou, quien habría utilizado testaferros para controlar la empresa a través de la sociedad The Old Fund en la “Causa Ciccone”, donde se rastrearon transferencias desde el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) hacia la firma panameña North Automotive Inc., cuyos directivos incluían familiares de altos cargos provinciales.
Siendo este uno de los escándalos más emblemáticos de la Argentina contemporánea y cuyo epicentro se situó en las operaciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este mecanismo permitió emitir bonos por 312.9 millones de pesos para saldar obligaciones con el Estado nacional, proceso donde The Old Fund actuó como supuesta consultora, hasta que en noviembre de 2021 se dictó el fallo absolutorio, afirmando que “no existía vinculación entre los decretos de Insfrán y la contratación de The Old Fund”.
La Policía Bonaerense detuvo a Joseph Charly Ponce Sarzuri, de 31 años y nacionalidad boliviana, acusado de ofrecer terrenos en un presunto emprendimiento inmobiliario por un valor total de USD 30 millones.
El predio de 300 hectáreas se encontraba en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional Nº 3, en la intersección de Anastacia Girardot y Areco, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la DDI de La Matanza, Ponce Sarzuri prometía la futura construcción de un barrio denominado “Simón Bolívar”.
La investigación comenzó tras denuncias recibidas el jueves pasado, cuando la Municipalidad de La Matanza detectó la supuesta venta ilegal de lotes. El imputado publicitaba los terrenos, valuados en 3.000 dólares cada uno por 300 metros cuadrados, a través de TikTok, donde se observaban videos con gazebos, globos y referencias a un trámite ante escribanía. Al menos 45 personas llegaron al predio en un micro escolar provisto por los vendedores, con puntos de partida en Plaza Flores, Villa Celina y la zona del Bingo de Ciudadela.
Personal encubierto de la DDI de La Matanza se hizo pasar por interesado y observó cómo se montaba una mesa con planos detallando la distribución de los lotes, presenciando además la venta de uno de ellos. Toda la maniobra quedó documentada desde un dron que sobrevoló la zona. Acto seguido, la fuerza policial desplegó el operativo y procedió a la aprehensión de Ponce Sarzuri, en una causa caratulada como tentativa de estafa (IPP 05-00-0011519-25) bajo la órbita de la UFI N°8 de la fiscal Alejandra Núñez.
Las autoridades secuestraron documentación vinculada con la comercialización de los terrenos y el micro escolar marca Agrale MT 12.0 LE dominio IVF181 utilizado para el traslado. También se tomaron testimoniales al conductor del ómnibus, al cuidador del predio y a los presuntos compradores. Hasta el momento, no se estableció con exactitud el monto real abonado por las víctimas, aunque la oferta general se valuó en USD 30 millones.
En febrero del año pasado, Ponce Sarzuri conformó la firma “Las Américas de Simón Bolívar” junto a dos compatriotas, registrada supuestamente para el rubro inmobiliario. Además, existe otra sociedad denominada “Simón Bolivar Group”, con CUIL y sede en el Bajo Flores, constituida en noviembre último por dos comerciantes bolivianos.
El nombre de al menos uno de ellos, o el de esta empresa, no figuraba en la documentación incautada. El imputado, domiciliado en Aldo Bonzi (Provincia de Buenos Aires) quedó a disposición de la Justicia para aclarar su participación en la maniobra y determinar el alcance total de la estafa.
El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, emitió su dictamen sobre el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, donde se la condenó por fraude al Estado en un fraude estimado en 85.000 millones de pesos.En su análisis, Villar rechazó la apelación argumentando que los planteos presentados “no son más que reiteraciones” de argumentos ya revisados y desestimados previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación.
Villar sostuvo en su dictamen que la vía federal intentada “no es apta para crear una tercera instancia”, reforzando la imposibilidad de revertir la condena en esta etapa del proceso. Con esta decisión, respaldó los criterios jurídicos adoptados tanto por el Tribunal Oral Federal como por la Cámara de Casación Penal. En concordancia con el rechazo a los planteos de CFK, también desestimó los recursos presentados por Lázaro Báez y los demás imputados en la causa, quienes insistían en que los procesos licitatorios fueron legales y negaban el perjuicio ocasionado al Estado.
– Mario Villar
El pasado 14 de febrero, la defensa de la exvicepresidente, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando la anulación de la condena. En un documento de aproximadamente 40 páginas, los letrados señalaron supuestas irregularidades en el proceso judicial y cuestionaron la imparcialidad de los jueces, alegando vínculos con el expresidente Mauricio Macri.
Entre los principales argumentos de la defensa, se destaca que la exmandataria no tenía un control directo sobre las obras viales en Santa Cruz, dado que estas fueron aprobadas mediante leyes presupuestarias, licitaciones y supervisadas por organismos descentralizados como Vialidad Nacional. Además, señalaron la incorporación de pruebas que, según ellos, no fueron debidamente exhibidas durante el juicio, y sostuvieron que las adjudicaciones a Lázaro Báez y otros imputados se realizaron dentro del marco legal, sin evidencia de malversación.
Tras el dictamen de Villar, corresponde ahora a la Sala IV de la Cámara de Casación decidir si concede las apelaciones para que los reclamos sean verificados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de rechazo, la defensa de CFK aún podría recurrir con un recurso de queja ante el máximo tribunal. Sin embargo, la Corte ya intervino indirectamente en la causa en junio de 2022, cuando desestimó los recursos presentados alegando que no se dirigían contra una “sentencia definitiva”.
El Ministerio Público Fiscal, en paralelo, también decidió pronunciarse ante la Cámara de Casación con el objetivo de aumentar la pena impuesta a CFK y que se la condene también como “jefa de una asociación ilícita”. Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y SergioMola sostuvieron que el esquema de corrupción en los sobreprecios viales no solo constituía administración fraudulenta, sino que también configuraba una organización destinada a desviar fondos públicos en favor de empresarios vinculados a la “Ruta del dinero K”.
Villar respaldó el pedido y afirmó que la maniobra de desvío de fondos fue ejecutada con “un diseño premeditado desde las más altas esferas del poder político”.
Cabe recordar que el caso se originó a partir de las denuncias del exdirector Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y culminó con el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°2. En diciembre de 2022, el tribunal condenó a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, aunque la sentencia no está firme mientras continúen los recursos legales. La fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, había solicitado una pena de 12 años al considerar que existía un esquema de corrupción sistematizado y estructurado en torno a la concesión de obras viales con sobreprecios.
Los acusados, Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jésica Bonnefoi, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana, están imputados por diversos hechos relacionados con la ocupación ilegal de tierras en la zona, en particular, de terrenos que forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y otras propiedades privadas.
Las audiencias comienzan hoy, continuarán mañana y el 27 de febrero. Se retomarán en abril, cuyas fechas establecidas son el 10, 12 y 13, 20 y 31 de ese mes, según las previsiones iniciales y si no se desiste de testigos.
La causa que se sigue contra los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu tiene como eje hechos ocurridos entre 2018 y 2022, es decir, posteriores a los incidentes de la irrupción inicial en 2017. En esa época, la comunidad había comenzado a ocupar terrenos de Parques Nacionales y propiedades privadas, lo que derivó en la intervención del Estado y el desalojo de tierras en 2022.
Entre los múltiples cargos por usurpación se encuentran la ocupación del exhotel de Mascardi, en el predio de Parques Nacionales y la toma de la estancia Los Radales, perteneciente a una empresa privada.
Además, algunos de los imputados son señalados por un ataque armado contra un tráiler de la Gendarmería Nacional en la misma zona, hecho que ocurrió durante un operativo de seguridad en la región.
El juicio se desarrolla bajo la supervisión del juez federal, Alejandro Silva, quien ya había presidido el juicio por la muerte del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. La causa cuenta con la presencia de los fiscales, quienes llevarán adelante las imputaciones, mientras que los acusados son defendidos por un grupo de abogados encabezados por Gustavo Franquet. Este último, que también estuvo al frente de la defensa de la comunidad mapuche en el juicio por la muerte de Nahuel, tendrá un papel central en este proceso judicial.
– El predio Los Radales había sido atacado por la comunidad mapuche en 2022
La comunidad Lafken Winkul Mapu ha rechazado la acusación y sostiene que las tierras en disputa les pertenecen históricamente. En un comunicado público, los mapuches reafirmaron su reclamo territorial y argumentaron que las tierras de Villa Mascardi son parte de su ancestral “Wallmapu”, el territorio originario que ocuparon sus ancestros antes de la llegada de los colonos y la posterior creación de los parques nacionales. Además, afirman que el Estado argentino “no ha cumplido con los acuerdos” y que las tomas de tierras “responden a un derecho histórico y legítimo del pueblo mapuche”.
Los incidentes de violencia, las tomas de tierras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han convertido en una constante en esta zona, y la judicialización de estos casos ha sido uno de los ejes principales de la gestión de la actual administración.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
