Rodríguez Saá alojó a las ASESINAS DE LUCIO “con todos los gastos cubiertos”

Acordó con el mandatario pampeano hospedar en su provincia a las autoras del crimen que indigna al país.
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El gobierno de Alberto Rodríguez Saá reconoció que rige un convenio con La Pampa, comandada por Sergio Ziliotto, que permite brindarle alojamiento a Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez.

El acuerdo “con todos los gastos cubiertos” aleja del epicentro del conflicto a las autoras del crimen que termino con la vida de la criatura de 5 años.

La autopsia al cuerpo de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado en La Pampa, comenzó a las 6.10 del sábado. Apenas el equipo de forenses, comandado por el doctor Juan Carlos Toulouse observó el cuerpo, se sobresaltó. No porque nunca hayan visto el tipo de lesiones que tenía el cadáver del chico sino por la multiplicidad de heridas y el ensañamiento que había padecido, y que saltaba a simple vista. El cuerpo del chiquito presentaba un golpe fuerte producto, probablemente, de una patada, heridas compatibles con quemaduras de cigarrillos y múltiples mordeduras. Algunas lesiones eran antiguas, otras muy recientes.

Fue ingresado al Hospital Evita de Santa Rosa, La Pampa, por su madre Magdalena Espósito Valiente (24) y su novia Abigail Páez (27). Llegó prácticamente sin signos vitales y a los pocos minutos constataron que estaba muerto.

La primera reacción de las mujeres fue decir que habían sido víctimas de un robo. Nadie les creyó. Una hora y media después la policía pampeana allanó el domicilio donde vivían y, luego de ese operativo, la pareja quedó detenida acusada de homicidio simple. En el caso de la madre, la imputación está agravada por el vínculo.

El día que murió Lucio no era la primera vez que las mujeres llevaban al nene al hospital Evita. Todo lo contrario. Según pudo saber Infobae de fuentes médicas, el chico ingresó hace pocos meses con una fractura en su mano. En ese momento, la aparente excusa que ofreció la madre a los pediatras que lo atendieron fue que se había caído de una bicicleta.

Luego, figura otra entrada al mismo centro de salud, esa vez por la fractura de un dedo. Luego, los documentos registran varias entradas más, aunque se desconocen los motivos.

En las últimas horas, el médico forense Juan Carlos Toulouse, que fue quien realizó la autopsia, confirmó que Lucio tenía cicatrices y lesiones de vieja data además de las recientes, y remarcó la brutalidad de la violencia con la que fue asesinado: “No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”.

*Con información de El Puntano


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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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