Rodríguez Saá alojó a las ASESINAS DE LUCIO “con todos los gastos cubiertos”

Acordó con el mandatario pampeano hospedar en su provincia a las autoras del crimen que indigna al país.
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El gobierno de Alberto Rodríguez Saá reconoció que rige un convenio con La Pampa, comandada por Sergio Ziliotto, que permite brindarle alojamiento a Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez.

El acuerdo “con todos los gastos cubiertos” aleja del epicentro del conflicto a las autoras del crimen que termino con la vida de la criatura de 5 años.

La autopsia al cuerpo de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado en La Pampa, comenzó a las 6.10 del sábado. Apenas el equipo de forenses, comandado por el doctor Juan Carlos Toulouse observó el cuerpo, se sobresaltó. No porque nunca hayan visto el tipo de lesiones que tenía el cadáver del chico sino por la multiplicidad de heridas y el ensañamiento que había padecido, y que saltaba a simple vista. El cuerpo del chiquito presentaba un golpe fuerte producto, probablemente, de una patada, heridas compatibles con quemaduras de cigarrillos y múltiples mordeduras. Algunas lesiones eran antiguas, otras muy recientes.

Fue ingresado al Hospital Evita de Santa Rosa, La Pampa, por su madre Magdalena Espósito Valiente (24) y su novia Abigail Páez (27). Llegó prácticamente sin signos vitales y a los pocos minutos constataron que estaba muerto.

La primera reacción de las mujeres fue decir que habían sido víctimas de un robo. Nadie les creyó. Una hora y media después la policía pampeana allanó el domicilio donde vivían y, luego de ese operativo, la pareja quedó detenida acusada de homicidio simple. En el caso de la madre, la imputación está agravada por el vínculo.

El día que murió Lucio no era la primera vez que las mujeres llevaban al nene al hospital Evita. Todo lo contrario. Según pudo saber Infobae de fuentes médicas, el chico ingresó hace pocos meses con una fractura en su mano. En ese momento, la aparente excusa que ofreció la madre a los pediatras que lo atendieron fue que se había caído de una bicicleta.

Luego, figura otra entrada al mismo centro de salud, esa vez por la fractura de un dedo. Luego, los documentos registran varias entradas más, aunque se desconocen los motivos.

En las últimas horas, el médico forense Juan Carlos Toulouse, que fue quien realizó la autopsia, confirmó que Lucio tenía cicatrices y lesiones de vieja data además de las recientes, y remarcó la brutalidad de la violencia con la que fue asesinado: “No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”.

*Con información de El Puntano


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Cayó preso el jefe antidrogas de la Policía Federal en Córdoba por robar en los procedimientos

La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.

A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.

La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.

El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).

Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.

Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.

Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.

El costado político que complica a Monteoliva

El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.

El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.

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