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El integrante del grupo de cumbia villera “Malafama”, HernánCortés, fue repudiado en redes sociales tras que se viralizara un video en el cual se puede ver como éste tiene su mano puesta por debajo de la remara de una menor que estaba sentada sobre su falda.
El líder de la banda mantenía una cena con instagramer María Palacios, más conocida en el ámbito como “La Chabona”. En el meeting, se podía ver sobre la mesa cigarrillos de marihuana.
No sólo que #MalaFamaEnfermo sino que se estaban fumando el faso con la chiquita esa enfrente pic.twitter.com/RautpdVmzq
El hashtag #MalaFamaEnfermo se volvió tendencia rápidamente en Twitter. “El video es muy claro, tiene la mano por debajo de la remera de la nena y no le está tocando la axila precisamente, sino su pecho. La cara de incomodidad de esa criatura lo dice todo”, “¿Qué tan enfermo tenés que estar manosear así a una nena Hernán Luis Coronel, mejor conocido como ‘Mala Fama’?”, “Degenerado, enfermo mental”, fueron algunos de los comentarios que podían leerse en la red social. Además, hubo quienes cuestionaron a María Palacios por no intervenir.
No se olviden tampoco de este sorete que lo defendió y la chabona que se dedicó a borrar los comentarios, TODOS COMPLICES #MalaFamaEnfermo pic.twitter.com/DpE7ylJlVh
Hoy, Coronle declaró en Crónica TV que: “No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar”.
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La Universidad kirchnerista Madres dePlaza de Mayo, que en 2023 recibió subsidios por $4500 millones y que tuvo 0 graduados en ese período, utilizaba un edificio ubicado en Rivadavia al 2700, cedido por el Estado Nacional para uso exclusivo de la universidad. La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento al inmueble en el que se encontró, entre otras irregularidades, un boliche clandestino.
“El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos. Sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, alumnos, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche” explicó Adorni mientras mostraba las fotografías que daban fe de lo que allí se encontraba.
“Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos. Este es el motivo por el cual el Ministerio de Justicia presentó la denuncia penal correspondiente” agregó el vocero presidencial.
Lejos de conformarse con un boliche clandestino, Adorni continuó detallando lo que se encontró en el procedimiento policial: “En el tercer piso, que era en donde se hacían fiestas, además vivía una familia en el lugar. En los dos primeros pisos funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), vinculado a uno de los famosos ex piqueteros -porque ya no cortan más la calle-, en donde se encontraron banners con las frases ‘Vamos a volver’, junto a una imagen de la expresidente condenada, Cristina Kirchner”.
“Además funcionaba la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, la cual funcionaba durante agobiantes y estresantes tres horas diarias, de 15:30 a 18:30, y también la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina. Vaya a saber Dios qué función desempeñaba en un edificio de estas características” cuestionó el funcionario.
– El artículo de la resolución que explicita la sesión a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo
Por su parte, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el edificio será recuperado para posteriormente ser vendido. “El Ministerio de Justicia de la Nación informa que ha presentado una denuncia penal, donde solicitó un allanamiento urgente que está en curso, tras descubrir el uso clandestino e irregular de un inmueble cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos en un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro.”
“Durante la inspección realizada por esta cartera, se constató que en el lugar operaba un establecimiento bailable clandestino con una barra que servía bebidas alcohólicas, pero eso no es todo: el espacio también se utilizaba para actividades políticas partidarias y otras prácticas ilegales, demostrando un absoluto desprecio por los fines para los cuales el Ministerio concedió este inmueble.”
“Como si esto fuera poco, en el año 2023, el Ministerio de Justicia destinó el equivalente a $4500 millones de pesos de hoy a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sin que se recibiera un solo alumno. Este inmueble, lejos de ser un instituto educativo, se convirtió en un centro de juerga y adoctrinamiento político financiado por el dinero de los argentinos.”
“Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por la casta. El inmueble será recuperado para su posterior venta, y los responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, sentenció el comunicado.
El exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial Pedro Báez será trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná tras la decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Báez fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio por corrupción que también implicó al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
La resolución del Tribunal —integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón— se produjo con una votación dividida. Mientras Castagno abogó por la prisión domiciliaria, Vergara y Garzón coincidieron en enviar a Báez a la cárcel. La medida fue ejecutada inmediatamente, y el exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en calle Jozamí al penal ubicado en la intersección de las calles Marcos Sastre y Ruperto Pérez, en Paraná.
La Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, argumentó que Báez, al igual que Urribarri y Aguilera, cuenta con recursos económicos que facilitarían una posible fuga. Este argumento fue respaldado por el juez Garzón, quien citó criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de los delitos y el riesgo de evasión.
El equipo defensor de Báez, integrado por José Velázquez e Ignacio Díaz, solicitó que, de considerarse una medida coercitiva, esta fuera la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Además, ofrecieron que la caución de 20 millones de pesos ya abonada se mantuviera como garantía. Sin embargo, el Tribunal rechazó estas solicitudes y dispuso la prisión preventiva en el penal.
La decisión del Tribunal se enmarca en una serie de medidas adoptadas recientemente contra funcionarios del urribarrismo. El pasado martes, Urribarri y Aguilera fueron detenidos y trasladados a la misma cárcel. La Cámara de Casación Penal de Paraná había ordenado previamente la detención inmediata de ambos, un antecedente que pesó en la resolución de Báez.
Este no es el primer intento de encarcelamiento para el exministro. En ocasiones anteriores, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva argumentando riesgo de fuga, especialmente después de que su abogado defensor no notificara la continuidad de apelaciones contra la sentencia.
Con esta medida, el exministro, quien ocupó un rol clave en el gobierno de Urribarri entre 2007 y 2015, se suma a la lista de altos funcionarios condenados y encarcelados por corrupción en Entre Ríos. A la espera de que se resuelvan sus apelaciones en instancias superiores, Báez comenzará a cumplir su condena en un contexto de creciente presión judicial sobre los actos de corrupción del pasado gobierno provincial.
El Superior Tribunal de Justicia será la última instancia en determinar si Báez, Urribarri y Aguilera continúan en prisión o acceden a la prisión domiciliaria, una decisión que podría redefinir el desenlace de este resonante caso de corrupción.
Otro curro más salpica al gobierno de Axel Kicillof, vinculado nuevamente al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su banda comandada por Claudia Pombo (presidenta del Concejo Deliberante de Pilar e íntima del intendente Federico Achaval), Mario Quattrochi (juez de faltas bonaerense de La Plata y San Isidro), Pablo Sanguinetti (director provincial del ministerio), y Lourdes Giménez (subsecretaria Legal y Técnica y, a la par, armadora de la estructura criminal de la banda), y Laura Angeletti (funcionaria de Transporte e integrante de la comisión de preadjudicación de las VTV).
Ahora se vieron involucrados en un entramado que relaciona una “empresa” sin experiencia en el rubro, encargada de prestar un supuesto servicio a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, a cambio de un importante porcentaje que abonan los conductores bonaerenses a la hora de realizar el trámite de verificación técnica vehicular.
La maniobra denunciada derivó en la causa caratulada como “FSM 23688/2024 D’Onofrio Jorge Alberto y otro S/ Infracción ART. 303″, la cual recayó en el juzgado Federal de Campana – secretaría Penal Nro. 2, a cargo del juez Adrián González Charvay, el cual en primera instancia se declaró incompetente para investigar, por un presunto pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval, a fin de proteger a su colega pilarense, Claudia Pombo.
Finalmente, la cuestión fue resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual revocó la decisión del Juez Charvay, y le ordenó que investigue a los funcionarios denunciados por lavado de activos.
HECHOS
El 15 de mayo de 2023, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (CUIT 30-70798737-1) realizó una “oferta irrevocable para la implementación de innovaciones tecnológicas para la gestión de servicio de VTV” a las empresas de VTV:
1.- VTV Norte SA (CUIT 30-68520007-0);
2.- SGS Argentina SA (CUIT 30-54711042-7);
3.- Applus Iteuve Argentina SA (CUIT 30-68520014-3);
4.- VTV Noroeste SA (CUIT 30-68492348-6);
Esta “oferta irrevocable”, atento a que se realizó de manera previa a la licitación del servicio de VTV que realizara el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires el 15 de junio del 2023, se encontraba misteriosamente supeditada a que dichas empresas resultaren finalmente adjudicadas de dicho servicio.
La mencionada oferta, se convertiría en caso de efectivizarse tal condición -según cita textual- en un “acuerdo estratégico permitiendo un esquema de colaboración mutua que habilite a las concesionarias (empresas de VTV) dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el ministerio de Transporte tendiente a implementar innovaciones tecnológicas en el sistema de VTV”.
En concreto, el ministerio de Transporte realizó supuestos requerimientos tecnológicos (vaya a saber a quién, cuándo y cómo), de los cuales tomó conocimiento la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, por ende se anticipó a ofrecer brindar “esa solución” a las empresas de VTV, a quienes evidentemente les tenía mucha fe de que resultarían adjudicatarias de un futuro llamado a licitación realizado por la cartera ministerial de Jorge D’Onofrio.
La empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, es presidida por Sebastián Desio, y su vicepresidente resulta ser Diego Fornesi.
Sebastián Desio, en el medio. A su izquierda, Tomás Uthurriague (director de Sistemas de Transporte). A su derecha, Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, dependiente también del ministerio de Transporte, y miembro reconocido del club platense de Rubgy San Luis.
Sebastián Desio, a quien se puede observar en la foto en un acto de campaña del ministro Jorge D’Onofrio, resultar ser entonces el presidente de la empresa que, sin ningún tipo de licitación ni antecedentes en el rubro, percibe el 8,5 por ciento + IVA, del 70 por ciento del producido de las empresas de VTV adjudicadas de la provincia que conduce Axel Kicillof, conforme la cláusula séptima del convenio: “La proveedora tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado a través de los medios de pago habilitados, en el marco de los contratos de concesión, incluidas las prórrogas, adendas y/o enmiendas correspondientes, que a cada una de las empresas concesionarias le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTC neta de IVA”.
Uno puede preguntarse: ¿Qué garantía tenían las empresas, las cuales cederían un importante porcentaje del cobro de VTV, de que se cumpla con la promesa de adjudicación? Sucede que todo estaba expresamente supeditado a que el ministerio de Transporte emita el acto administrativo de aprobación de dicho acuerdo.
La “propuesta tecnológica” de la empresa de Sebastián Desio, vaya sorpresa, fue posteriormente aprobada por parte de ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de esta forma consumada la asociación ilícita para el desvío de los fondos que representan un 8,5 por ciento más IVA de cada pago que los contribuyentes bonaerenses realicen a cada una de las empresas de VTV concesionadas.
Ello explica por qué el ministro Jorge D’Onofrio junto a Axel Kicillof, decidieron aumentar, en un plazo de diez meses, un 296,7 por ciento los valores de la VTV en el territorio bonaerense. El 4 de abril del 2024, el valor de la tarifa básica fue de 15.997 pesos, y por la resolución dictada en septiembre de este año, el costo de verificación fijado para febrero del 2025 será de 63.463 pesos, es decir, casi el triple de lo fijado para abril del año en curso.
Para cuantificar la importante caja que queda en manos de Axel Kicillof y su ministro de transporte, veamos que, según datos oficiales, cada año se realizan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más de 3.1 millones de verificaciones. Y casi una décima parte de lo recaudado queda en manos de la empresa fantasma cuyos socios son los amigos de transporte.
Ahora bien, ahondando un poco más acerca de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, su vicepresidente resulta ser, Diego Ernesto Fornisi, presidente del querido club San Luis, íntimo amigo de Mario Quattrochi, socio histórico del club, al cual concurren sus dos hijos Francisco e Ignacio Quattrochi.
El denunciado e investigado por la justicia Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires tanto del departamento La Plata como el de San Isidro, participó también de la evaluación de las ofertas de las luego adjudicadas empresas de VTV. En la imagen a la que tuvo acceso el medio Real Politik, se los ve a Mario Quattrochi junto a Sebastián Desio y uno de los empresarios de la VTV, en pleno proceso de adjudicación. Resulta más que extraña la relación que puede tener un juez de Faltas provincial con la adjudicación de un servicio de verificación técnica vehicular.
Mario Quattrochi a la derecha de la foto, y a su izquierda, Claudia Pombo, mano derecha de Jorge Donofrio y presidente del Concejo Deliberante de Pilar, cuyo intendente es Federico Achaval.
Recordemos que Mario Quattrochi tiene un intenso vínculo con Claudia Pombo, compañera de muchos viajes a la localidad de Málaga, España. Ambos constituyeron, Mario Quattrochi y Claudia Pombo, al menos tres empresas en Málaga, denominadas “Cattleya Blue”, “Almus Blue” y “Balin Europa SL”, las cuales se encuentran actualmente investigadas por la Justicia de nuestro país. Ello implica el motivo por el cual, de acuerdo al informe de Migraciones requerido por la Justicia, ambos cuentan con catorce salidas del país, tanto Claudia Pombo como Mario Quattrochi, en su mayoría a España.
A la izquierda de la imagen, Mario Quattrochi, y su derecha, Claudia Pombo, en el lujoso bar que comparten en Málaga “Tardeo Soho”.
Claudia Pombo, con un exclusivo champagne “Lamborghini” en el bar Tardeo Soho.
Volviendo al entramado de las VTV, los socios de los funcionarios de transporte, Sebastián Desio y Diego Fornisi, titulares de la empresa en cuestión, se aseguraron de quedar atados en una importante suma, durante todo el período de la concesión de las empresas VTV, en caso de que éstas resultaren finalmente adjudicatarias.
En caso de resultar adjudicatarias las empresas de VTV mencionadas, según la cláusula séptima “Contraprestación económica – Retribución de la proveedora”, la visionaria sociedad de Sebastián Desio, cita textual, “tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado que a cada empresa le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTV neto de IVA”.
Finalmente, vaya sorpresa, las cuatro empresas que recibieron la “oferta irrevocable para soluciones tecnológicas”, resultaron adjudicatarias de once zonas, de un total de dieciséis licitadas. Es decir, ganaron el 70 por ciento del total licitado. Ello surge de la resolución dictada por el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 4 de enero de 2024, N° RESO-2024-2-GDEBA-MTRAGP, en el marco del expediente EX2023-03711402-GDEBA-DSTECMTRAGP.
EMPRESAS EXTRANJERAS PARA DESVÍO DE FONDOS:
Capítulo aparte merece el entramado de expresas extranjeras que impunemente han constituido los funcionarios de la cartera ministerial de Transporte.
Tal como se ha denunciado en el expediente judicial, se han utilizado al menos tres empresas en el Reino de España, concretamente de Málaga, constituidas a partir del desvío de fondos de las maniobras identificadas, para concretar el lavado de dinero de los fondos recaudados en Argentina mediante las operaciones denunciadas.
Luego de que un funcionario público de La Plata fuera denunciado por el supuesto abuso sexual a sus dos hijos, el abogado Marcelo Peña logró que se archive la causa por “FALSEDAD” y ahora buscará ir contra la mujer y el abogado que la asesoró por llevarse a los hijos a vivir a Brasil.
Según contó Peña en diálogo con medio local El Editor Platense, “este tema es una problemática que viene desde hace tiempo”, y detalló que su representado “hace más de un año que no puede ver a sus hijos por la interposición de denuncias falsas”, y ahora “esta señora, que es la madre de los nenes, se los terminó llevando ilegalmente a Brasil”.
“Nosotros hicimos la denuncia penal, primero una averiguación de paradero, porque nos enteramos por un mail, un mensaje que manda la mamá al colegio de que ellos ya querían radicarlos en Brasil y querían haber comunicado el cese de las actividades escolares y que los niños iban a continuar su desarrollo el año que viene en Brasil”, agregó.
En ese aspecto detalló que “entonces esto puso alerta en el padre, no los encontró por ningún lado, y ahí continuamos con la denuncia penal de sustracción de menores porque con la doctora Cecilia Corfield logramos identificar el uso de WhatsApp desde Brasil”.
De esta forma, para finalizar, Peña señaló: “En esto, es lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es justamente un proyecto de ley para ampliar las penas o los delitos de falsa denuncia y contexto de género, porque justamente yo voy a la protección de la verdadera víctima”.
“Pero hay que empezar, justamente, a ser persuasivos con quienes asesoran con el fin y el norte de buscar una mentira, una falsedad de los hechos. Esto tiene que dejar de ser un juego”, sentenció
El senador nacional Edgardo Kueider, representante de la provincia de Entre Ríos y miembro del bloque Unidad Federal, fue detenido hoy miércoles en Paraguay cuando intentaba ingresar a ese país con más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. La retención ocurrió durante un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad —que conecta Paraguay con Brasil— según confirmó Oscar Orué, jefe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay.
“Se abrió el vehículo y se encontraron paquetes que contenían dólares no declarados. Se informó al fiscal interviniente y el dinero fue incautado. También se retuvo el auto del senador”, explicó Orué en declaraciones a la radio paraguaya AM780. Según el funcionario, Kueider no colaboró en el procedimiento ni justificó el origen del dinero.
El incidente generó una fuerte conmoción en el Senado. Aliado estratégico del oficialismo, Kueider fue una figura clave en votaciones recientes, como la aprobación de la Ley Bases, que consolidó apoyo legislativo para el gobierno de Javier Milei.
Desde el kirchnerismo, que “ya había roto relaciones” con el legislador tras su distanciamiento del bloque oficialista en 2022, la reacción fue contundente. El senador Oscar Parrilli sugirió un pedido de desafuero para que sea investigado “como cualquier otro ciudadano”. Por su parte, el interbloque Las Provincias Unidas, al que pertenece Kueider, emitió un comunicado en el que manifestó su disposición a que “la Justicia esclarezca los hechos”.
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel, optó por la cautela, esperando mayores precisiones. Sin embargo, legisladores opositores se mostraron críticos. “Es tremendo que un senador esté involucrado en esto”, expresó un dirigente de Unión por la Patria.
ACUSACIONES PREVIAS Y VÍNCULOS POLÉMICOS
El nombre de Kueider ya estaba bajo escrutinio antes de su detención. En su provincia enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre las pruebas en su contra se encuentran inversiones inmobiliarias a nombre de terceros, incluidos departamentos de lujo registrados a nombre de su secretaria y de una empresa vinculada al senador.
A nivel federal, la jueza Sandra Arroyo Salgado también investiga su patrimonio, que, según su última declaración jurada de 2021, ascendía a 5 millones de pesos. Sin embargo, Kueider no presentó actualizaciones desde entonces, incumpliendo la normativa que exige declaraciones patrimoniales anuales.
SU RELACIÓN CON EL OFICIALISMO DE MILEI
Kueider jugó un rol estratégico en el Senado al acercarse al actual gobierno a través del asesor presidencial Santiago Caputo. Este vínculo lo consolidó como un aliado clave en votaciones esenciales y le valió propuestas como liderar la Comisión de Asuntos Constitucionales y, eventualmente, ocupar la embajada argentina en Uruguay.
La detención en Paraguay podría derrumbar estas aspiraciones y agravar su situación judicial. Según fuentes judiciales, el origen del dinero incautado podría estar relacionado con presuntas coimas. En Entre Ríos, hay versiones indican que Kueider habría recibido 500 mil dólares para votar a favor de la Ley Bases.
El caso Kueider reavivó el debate sobre la transparencia y la ética. Con 17 asesores en el Senado y una carrera política que comenzó de la mano de el actual diputado Bordet, el escándalo amenaza con sepultar su trayectoria. “Este episodio demuestra el deterioro ético en la política”, señaló un dirigente opositor.
El senador deberá declarar en las próximas horas ante la fiscalía de Ciudad del Este, donde se determinará si será imputado formalmente. Mientras tanto, su futuro político y judicial pende de un hilo.
El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, MaríaSoledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.
Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.
Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.
Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.
LAS AGRESIONES DENUNCIADAS
La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.
El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.
Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja
La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.
En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY
