Procesaron por evadir impuestos al hijo del diputado ultra K, Leopoldo Moreau

El doble procesamiento por evasión impositiva "agravada" lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.
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El doble procesamiento por evasión impositiva “agravada” lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.

El juez en lo penal económico, Juan Galván Greenway, procesó a Leopoldo Raúl Moreau, hijo del diputado ultra K, en dos casos de evasión impositiva agravada relacionados con facturas falsas, embargándolo, junto con otros imputados, por más de $60 millones.

En diciembre, estas medidas se aplicaron inicialmente a la causa contra la empresa Delfino Magnus S.R.L. Moreau fue procesado como partícipe en la evasión de impuestos a las Ganancias y el IVA durante el periodo 2015. Él y otros 7 implicados enfrentan un embargo conjunto de $34 millones cada uno.

Simultáneamente, en el caso de Etertín S.A., Moreau fue procesado por colaborar en la evasión de impuestos a las ganancias, bienes personales y el IVA durante el año 2016. Nuevamente, también sin prisión preventiva, se estableció un embargo colectivo de $26.500.000 para los acusados.

“Todas las transferencias que fueron realizadas el mismo día en que se acreditaron en la cuenta de PLANETA MARKETING S.A.”, los pagos efectuados por F.G. MEDIOS S.A., consignó. Planeta Marketing es una firma sin actividad económica real y usada para emitir facturas falsas.

En su declaración indagatoria, Moreau señaló que no conocía el motivo de su convocatoria; que no conocía a ninguna de las personas o empresas mencionadas; que no entiende por qué esta causa se inició en el año 2017, y él tiene una quiebra desde fines del año 2016, principios del año 2017, que es personal, no de una sociedad, con un síndico, “puesto por un juez, que lleva toda la información bancaria, y de facturas, y de todo; que no fue una convocatoria, fue a la quiebra directamente”.

Luego, manifestó que necesitaba conocer las pruebas que obraban en su contra para saber cómo fue el procedimiento, para saber la procedencia de esos fondos, porque debido a que su actividad comercial incurría en ventas de gran cantidad de vinos, y bebidas, ya sea a empresas, supermercados, catering, donde se les abonaban vía transferencias, cheques, de distintas empresas, y cuentas. Su quiebra la tramitó en el Juzgado Comercial N° 27 —Secretaría N° 54, expediente N° 29.064/2016, de la jueza Villarroel—.

Una vez que fue consultado por el tribunal para que explique cuál era la actividad comercial respondió que “consistía en dos partes: por un lado, la empresa L&J AGROPECUARIA S.R.L. donde se dedicaba al alquiler, siembra y comercialización de los granos”.

Después, la segunda actividad “era una vinoteca, donde por su otra actividad no estaba todo el tiempo, se dedicaba a la comercialización de bebidas a supermercados, catering, restaurants y particulares”. Luego, puntualizó que “la actividad agropecuaria fue desde el 2013 a fines del 2015, y la vinoteca desde el año 2014 hasta la quiebra a fines del 2016, principios del 2017 y que de la contabilidad no se encargaba personalmente, sino que se encargaban las personas que manejaban la vinoteca, y después también a un contador” para cada actividad. El juez consideró a varios implicados como partícipes necesarios, sin confirmar una asociación ilícita. Respecto a la quiebra, el magistrado indicó que la transferencia de fondos se realizó en 2016, antes de la quiebra en 2017.

En 2017, la AFIP presentó una denuncia relacionada con evasión de impuestos, involucrando al hijo de Leopoldo Moreau en un caso que empleaba facturas falsas a través de empresas fantasma. El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, desestimó la información en su momento.

El juez aclaró que, según el resumen del Banco Galicia S.A., la transferencia de dinero a Moreau se realizó en 2016, antes de su quiebra en 2017. La suma total fue de aproximadamente 5 millones de pesos cuando el dólar tenía un valor de 1,40 pesos.

Dada la gravedad del caso, los acusados podrían enfrentar penas de 3 a 9 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación en la maniobra, según fuentes judiciales.

Redacción

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

Redacción

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