26 julio, 2024

¿OTRO CHOCOBAR? | La Justicia condenó a un policía que le disparó a un delincuente que estaba drogado y amenazando con un arma de juguete

La "Justicia" condenó a un policía de la Federal por perseguir a un delincuente y dispararle. El prófugo lo apuntó con una pistola que resultó ser falsa.
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Otro fallo engrosa los anales jurídicos de la sección “zaffaronista” de los Tribunales. El caso, “similar” al sufrido por Luis Chocobar, inquieta a la Policía Federal: con estos argumentos planteados sobre la mesa, los uniformados dudan sobre su accionar, ya que tratar de intervenir en una situación peligrosa, podrían ser desprotegidos por la Justicia.

El Cabo Primero de la Policía Federal (Seccional Sexta), Juan Pablo Robles, durante la madrugada del día 13 de marzo del 2016, se encontraba patrullando las calles del barrio porteño de Monserrat, sin saber que su vida cambiaría para siempre, por el simple hecho de cumplir su deber.

Robles observó que un individuo se alejó nerviosamente del grupo de personas con la que charlaba cuando se percató de la presencia del patrullero de mencionada fuerza policial. Los individuos habían sido denunciados por disturbios. En este marco, decidió seguir al sujeto, luego, le pidió que se detenga. Sin embargo, el masculino empezó a correr para después darse vuelta, sacando desde sus ropas, un arma de fuego con la que apuntó a Robles. Para repeler la acción, el Cabo efectuó un disparo con su arma reglamentaria desde el vehículo. El proyectil rozó la cabeza del sujeto en cuestión, por lo que afortunadamente, no perdió la vida.

La condena de Robles, emitida por el TOC 18

Durante el proceso judicial, quien recibió el disparo mintió sobre sus antecedentes. Dijo que no había tenido problemas con la Justicia, más adelante se comprobó que sí había incurrido en delitos y, durante los allanamientos, descubrieron más copias de armas falsas. Lo lógico es concluir que el efectivo policial jamás hubiese podido diferenciar a la réplica de un arma original durante la madrugado y en ese contexto.

Pistola Beretta falsa (imagen ilustrativa). En los allanamientos se secuestró también una Glock 9 x 19, también falsa

Por lo sucedido, el Tribunal Oral en lo Criminal 18 de CABA condenó al policía en octubre de 2018, aunque actualmente se encuentra preventivamente sobreseído, cumpliendo funciones en la Policía Federal.

Fuentes judiciales de la causa explicaron a Data24.com.ar que uno de los grandes problemas que atravesó Robles es la pésima defensa que tomó el caso: “Fue pésimo el accionar del primer abogado con el que trató. Por ejemplo, ese letrado explicó en un momento que si esto hubiese pasado en una finca abandonada o en una casa privada, lo hubiesen absuelto. Y no tenía nada que ver, ocurrió en la vía pública. Es una indefensión. Robles termina condenado más que nada por una mala defensa. Básicamente pasó otro caso, y se rechazó lo que mandó por cuestiones formales”.

La defensa actual de Robles le consultó cuánto le había pagado a ése abogado por su trabajo. “Nos dijo algo así como $20 mil, una cifra irrisoria. Es como si yo te digo que, no sé, que compres un auto con ese mismo monto. No existe”.

Segmento del fallo judicial

Sobre el caso en cuestión, argumentaron que no existe una defensa legítima de Robles, sino un estado de necesidad. “La Justicia critica que Robles haya seguido al individuo sospechoso. Y la realidad es que él lo sigue desde el patrullero porque cuando lo vio empezó a correr”. Los magistrados argumentan además que rompió el protocolo con razones, como mínimo, polémicas.

Básicamente, el argumento es que nada hubiese pasado si Robles hubiese cumplido el protocolo. ¿Es parte del protocolo dejarse disparar y no perseguir a un delincuente?

Los jueces que condenaron al policía: Domingo Luis Altieri y Lucas Augusto Cassina

Redacción

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VACUNATORIO VIP | Procesaron a Ginés González García por peculado y abuso de autoridad con embargo millonario

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.

El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.

Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.

A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.

María Eugenia Capuchetti

Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo Ariel Guille, secretario privado del Ministro, Alberto Alejandro Maceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.

Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.

Redacción

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Cúneo Libarona busca bajar la edad de imputabilidad: “En 1980 el joven de 13 años no era el mismo de hoy”

A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.

El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.

“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.

¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA

El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.

Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.

Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.

Redacción

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Denuncian a Larreta y Moyano por multimillonario contrato con el sistema de grúas y acarreo de CABA

Damián Vera, abogado con reconocida trayectoria, formalizó una denuncia ante la Justicia que acusa a Rodríguez Larreta y a Pablo Moyano de una serie de delitos graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, entre otros. Según la denuncia, en diciembre de 2023, el entonces Jefe de gobierno porteño firmó un contrato por 360 millones de dólares para el sistema de grúas y acarreo, favoreciendo a empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros. Este acto fue ejecutado al final de su mandato, tras una derrota en su candidatura presidencial y sin poder imponer a su sucesor en la Ciudad.

El actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, canceló esta adjudicación debido a la carga financiera que implicaba para la ciudad y los beneficios indebidos que otorgaba al sindicato. Como respuesta, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, organizó una protesta los días 22 y 23 de julio de 2024, dejando basura en las calles de CABA. El conflicto se intensificó cuando un camión recolector arrojó residuos en la vía pública, exacerbando el problema de la recolección de basura en la ciudad. “La relación histórica entre los líderes de Camioneros y varios gobiernos municipales muestra un patrón de negociaciones tensas pero fructíferas para sus intereses”, concluye el documento.

¿Qué irregularidades consideró Vera?

El documento judicial al que tuvo acceso DATA24.COM.AR incluye una serie de acusaciones específicas. Se alega que Rodríguez Larreta permitió irregularidades en la adjudicación del sistema de acarreo de vehículos, incluyendo firmas de documentos por funcionarios que ya no estaban en funciones. Además, el gremio de camioneros habría ejercido presiones para evitar la privatización de los servicios de recolección de basura, utilizando tácticas coercitivas para influir en decisiones gubernamentales.

Empresas como UTE Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio, presuntamente vinculadas al sindicato, habrían sido favorecidas en la licitación, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Las acciones del sindicato afectaron directamente a los ciudadanos de Buenos Aires, utilizando el desorden como herramienta de negociación. El incendio de un camión recolector y la dispersión de basura en las calles apuntan a una posible intención de intimidar y causar daño a la propiedad pública.

Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22, que se refiere al servicio de grúas para el acarreo de vehículos en la ciudad. Se han preseleccionado tres ofertas en cada una de las zonas, y se ha adjudicado un monto total de $57.169.446.266,96.

La denuncia sostiene que los hechos configuran múltiples delitos según el Código Penal. Entre estos se incluyen el abuso de autoridad, que implica la utilización de la posición de poder para beneficiar al sindicato; el tráfico de influencias, con presiones ejercidas para adjudicar contratos y realizar pagos indebidos; el cohecho, con la posible recepción de beneficios económicos a cambio de favores políticos; y la coacción, con amenazas para afectar servicios esenciales. Además, se señala la extorsión, la obtención de beneficios mediante amenazas o violencia; el daño intencional a la propiedad, con el incendio del camión recolector; la administración fraudulenta, con gestión indebida de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con la función pública, con decisiones en beneficio de intereses privados; y la malversación de fondos públicos, con el uso indebido de recursos públicos.

LA DENUNCIA DEL ABOGADO VERA

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Redacción

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CERCA DEL JUICIO FINAL | Confirmaron el procesamiento de Espinoza por abuso sexual

Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.

Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.

La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.

El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.

Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.

En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.


Redacción

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La Bancaria llevará a la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría

Este lunes, el gobierno reglamentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 652 que los trabajadores de la cuarta categoría volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias. La medida generó una rápida reacción del gremio bancario, liderado por Sergio Palazzo, quien presentó una demanda judicial.

Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, afirmó en una entrevista radial que el impuesto es “confiscatorio” y representa una “rebaja salarial encubierta”. Según sus cálculos, la medida afectará al 95% de los empleados bancarios, quienes verán cómo hasta el 16% de sus salarios es absorbido por el tributo, superando el 20% permitido para retenciones legales y no legales.

Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria

En su intervención, Palazzo ejemplificó la situación diciendo: “Imagínese una persona que, como tantas otras en Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria. Si su salario neto es de 1.200.000 pesos y debe pagar una cuota de 300.000 o 400.000 pesos, pagará impuestos sobre 800.000 pesos, lo que es menos de la canasta básica para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”.

El decreto establece que los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2.200.000 para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Además, las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente a partir de 2025, en los meses de enero y julio, por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El líder de La Bancaria recordó que la denuncia estaba preparada desde la semana pasada, a la espera de la ratificación de los números sobre el piso para no pagar. “Estamos pidiendo la legitimación, es decir, que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de los trabajadores”, subrayó.

Palazzo concluyó resaltando la disposición del gremio para defender los derechos de sus afiliados ante lo que consideran una medida injusta y perjudicial para los trabajadores bancarios.

Redacción

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Capitanich y Aníbal en el banquillo de acusados | Arranca el juicio por corrupción en Fútbol Para Todos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”. Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.

En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.

Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.

El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.

Redacción

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