La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó un amparo judicial para exigirle al Gobierno que dé a conocer información pública sobre la agenda de trabajo y los empleados contratados para la Fabiola Yañez. El primer pedido de acceso a la información pública se hizo hace 8 meses, pero todavía no obtuvo respuesta.
El pedido judicial, que recayó en el juzgado contencioso administrativo Número 6, a cargo de Enrique Lavie Pico, señala que se condene a la Secretaría General de la Presidencia a entregar la información y documentación solicitada. Julio Vitobello, íntimo de Alberto Fernández, es el funcionario apuntado por no cumplir con la ley de acceso a la información pública.
“Hemos agotado todas las instancias, hoy hay un incumplimiento directo por parte del gobierno a la Ley de Acceso a la Información Pública. Acudimos a la justicia porque es importante denunciar la violación de un derecho humano que es fundamental. Más que pedir disculpas la Primera Dama debería garantizar un uso transparente de los fondos del Estado”, declaró Banfi.
La diputada, llega a la instancia judicial luego de que en diciembre del año pasado la Agencia de Acceso a la Información Pública intimara a la Secretaria General a entregar la documentación pública correspondiente, no solo las visitas de Federico Abraham (peluquero) y de Ariel Alonso Zapata (adiestrador de Dylan) a la Quinta de Olivos, sino también el monto facturado y el origen de los fondos de sus honorarios. Se pidió, además, la nómina de empleados de la Primera Dama a julio de 2020.
El pedido llega en pleno cuestionamiento la Agencia de Acceso a la Información Pública. La directora Beatriz de Anchorena, es cuestionada por sectores de la oposición por no contar con las credenciales necesarias y por haber sido designada por su cercanía con el kirchnerismo y por la polémica medida de suspender por 20 días hábiles los plazos para entregar información.
“Hay una política clara que busca impedir el acceso a la información pública. No podemos permitir que la ciudadanía pierda derechos y que la Argentina retroceda en sus políticas de transparencia”, concluyó Banfi.
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