31 mayo, 2025

“No tienen perdón de Dios” | Perpetua para cuatro de los policías involucrados en el asesinato de Luis Espinoza

Luis Espinoza fue brutalmente asesinado por la policía durante la cuarentena. 9 de los 11 involucrados fueron condenados.
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El caso de Luis Armando Espinoza, asesinado por la policía el 15 de mayo de 2020 en Tucumán, es quizás el más recordado de todos los crímenes fatales cometidos por el Estado en el marco de la cuarentena. Tan triste como cierto es que el suceso no hace más que engordar la lista episodios totalitarios similares del delirante período, colmado por la violencia institucional, en tiempos de cumplimiento estricto del infame “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.

El día en que presidente Alberto Fernández anunció el aislamiento

El trabajador rural desapareció en el marco de un procedimiento policial que custodiaba el cumplimiento de las medidas que impuso el Frente de Todos (con el apoyo de todo el arco político) para “combatir” la pandemia del COVID-19. Según cuenta el CELS, esa fatídica mañana, durante el operativo de las fuerzas represivas del Estado, Luis y su hermano Juan cabalgaban por un camino vecinal cercano a Rodeo Grande, oyeron disparos y seguidamente aceleraron el paso. La yegua que montaba Juan se asustó y salió al galope. Luis se acercó para ver a su hermano y el oficial auxiliar, José Alberto Morales, le disparó por la espalda. Cuando Juan se despertó, recuperado del golpe en la cabeza por la caída, Luis ya no estaba. Su cuerpo apareció ocho días después, a 120 kilómetros del lugar de los hechos, en un precipicio de Catamarca.

“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo”: El relato de una familia destruida

La frase pertenece a doña Gladys, la mamá de Luis, luego de que el juicio llegara a su fin. “Esperamos la sentencia, que cumplan en la cárcel todos los que le hicieron lo que le hicieron a mi hijo. No en la casa. En la cárcel. ¿Por qué esperaron ocho días para decir lo que le hicieron a él?”, argumentó antes de que falle el tribunal.

“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo. Se terminó la vida de él y se terminó la vida de todos nosotros”, dijo también, antes de la sentencia.

El juicio y las condenas: La cara de los asesinos

Durante la tarde de hoy, luego de dos años y medio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a 9 de los 11 imputados. Fiscalía y querella probaron que se trató de una desaparición forzada seguida de muerte, efectuada por miembros de la comisaría de la localidad de Monteagudo. Los acusados y sus declaraciones durante el juicio:

José Alberto Morales: Oficial auxiliar de la Policía. Prisión perpetua. La bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de su arma reglamentaria. “Siempre me voy a arrepentir y no tengo palabras para la madre (de Espinoza), pido disculpas”.

Rubén Héctor Montenegro: Subcomisario. Prisión perpetua. “Quiero pedirle disculpas a la familia Espinoza, a las familias de mis antiguos empleados policiales y a la mía. Yo no debería estar acá, yo no debería haber documentado y no lo hice. Nadie ha ido a matar a ese hijo de la señora, ha sido una desgracia”.

Gerardo Esteban González Rojas: Agente. Prisión perpetua. “Llevo privado de la libertad más de dos años, me perdí el crecimiento de mi hijo. Yo no me considero un asesino”.

Claudio Alfredo Zelaya: Cabo. Prisión perpetua. “Yo di el dato preciso de donde estaba el cuerpo. Si yo no hablaba, no estaríamos siendo juzgados”.

Miryam Rosalba González: Cabo. 12 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser partícipe secundaria. “Antes que nada, mi solidaridad a la familia. Como mamá entiendo lo que se siente perder a un hijo. Pido disculpas porque si no he hablado en su momento fue porque estuve amenazada por el subcomisario Montenegro”.

Víctor Manuel Salinas: Sargento. 7 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravado por su función de policía. “Quiero solidarizarme con Gladys, la mamá de Luis. Y pedir perdón, estoy arrepentido”.

Carlos Lisandro Romano: Agente. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Llegué a encerrarme en un cuarto de la comisaría para no tocar el cuerpo de Espinoza. Yo estuve sentado acá por la cobardía de Morales, que mató a Espinoza por la espalda y no se hizo cargo”.

José María Paz: Cabo. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “No tengo nada para decir, solo que se haga justicia”.

René Eduardo Ardiles: Sargento. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Pido disculpas a toda la familia Espinoza. Agrego que la policía tiene un alto nivel de instrucción y que provengo de una familia de policías”.

Héctor Villavicencio (vigía comunal) y Álvaro Gonzalo González (civil): Absueltos por el beneficio de la duda.

Rafael Garduño

Jefe de Redacción rgarduno@data24.com.ar

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Denunciaron por violencia de género y acoso laboral a un jefe regional de IOMA

La diputada provincial Natalia Dziakowski denunció que empleadas de las delegaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en General Lavalle y Dolores sufrieron violencia de género, acoso laboral y traslados arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Manuel Casanova. Las afectadas presentaron recursos de amparo y denuncias administrativas, pero no obtuvieron contestación del organismo que conduce Homero Giles ni del Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak.

“Las trabajadoras de IOMA en General Lavalle y Dolores han denunciado acoso laboral, violencia de género y desplazamientos arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Casanova”, remarcó Dziakowski. La legisladora exigió que el gobernador Axel Kicillof intervenga de inmediato: “Exigimos medidas urgentes para proteger a las trabajadoras y sancionar a los responsables. La violencia institucional no puede ser tolerada”.

Referentes de la delegación señalaron que desde la apertura de ambas sedes, en 2001, no se registraron episodios semejantes hasta la designación de Casanova. En poco más de un año se acumularon al menos tres denuncias formales por acoso, hostigamiento, amenazas y violencia de género, lo que despertó alarma dentro del organismo. “Es preocupante que estas situaciones se repitan en varias regiones, evidenciando una red de abusos y complicidades institucionales”, advirtió la diputada.

Casanova, además de su cargo en el IOMA, es concejal de Unión por la Patria en Dolores, militante de La Cámpora y mantiene vínculos políticos con el intendente Juan Pablo García. Llegó a la jefatura regional tras ser removido de la oficina local de la ANSES y afirmó haber trabajado en el área de Minoridad provincial. Amparado en la Ley 10.430, conserva la reserva de su puesto en la administración pública.

– El polémico Víctor Casanova y el intendente Juan Pablo García

Mientras tanto, la crisis del IOMA sumó cuestionamientos legislativos. El senador PRO Marcelo Leguizamón pidió explicaciones sobre la atención en salud mental; su par Ariel Bordaisco impulsó en Change.org una campaña por la autarquía financiera de la obra social. El diputado Diego Rovello reclamó que Homero Giles regrese a la Legislatura para detallar la situación económica del instituto, y el jefe de bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, solicitó discutir la crítica realidad del IOMA durante el tratamiento del Presupuesto 2025.

Hasta la fecha, ni el IOMA ni el Ministerio de Salud dictaron medidas frente a las denuncias, y algunas trabajadoras avanzaron con acciones judiciales para visibilizar los hechos.

Redacción

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La Justicia de Misiones habilitó el voto de fuerzas de seguridad en las elecciones provinciales

El Superior Tribunal de Justicia provincial habilitó a miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, cuyo número representa el 1,6% del padrón electoral, a votar en las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. La medida revoca una disposición previa del Tribunal Electoral que, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial, había excluido a estos efectivos del padrón electoral .

La exclusión inicial generó controversia, ya que el mencionado artículo establece que “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”. Sin embargo, el procurador provincial, Carlos Jorge Giménez, a solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un dictamen en el que señaló que dicha prohibición contraviene la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan el derecho al sufragio.

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La presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a los ministros de la Corte, respaldó la incorporación de los efectivos al padrón electoral, bajo el argumento de que la restricción era “desproporcionada” y violaba principios constitucionales fundamentales .

Desde La Libertad Avanza, su candidato Diego Hartfield celebró la decisión, destacó el trabajo realizado por su equipo al presentar un amparo contra la exclusión: “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA”, expresó en sus redes sociales .

Con la inclusión de los efectivos de seguridad en el padrón, se espera una participación más amplia en los comicios del 8 de junio, donde se renovarán 20 bancas de la Legislatura unicameral y se elegirán representantes en concejos deliberantes de 11 localidades.

El Tribunal Electoral de Misiones deberá ahora ajustar los padrones y garantizar la logística necesaria para que los nuevos votantes puedan ejercer su derecho sin inconvenientes. Se prevé una capacitación adicional para las autoridades de mesa y una coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado.

Redacción

info@data24.com.ar

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