“No tenemos las manos manchadas de sangre”: Los padres de César Sena quieren desligarse del asesinato de Cecilia

Marcela Acuña, madre de César Sena, envió una carta a la fiscalía intentando desligarse del caso. También exculpó a su esposo, Emerenciano. "Siento que fallé al cubrir al César", dicta una de las líneas.
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Marcela Acuña, una de las principales detenidas por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años posiblemente calcinada en un campo en la ciudad chaqueña de Resistencia, difundió al menos 2 nuevas cartas y en una de las mismas escribió que ni ella ni su esposo, Emerenciano Sena, tienen “las manos manchadas de sangre”. Mientras que en la otra volvió a apuntar de manera directa contra su propio hijo, César Sena, al asegurar que lo encubrió en el hecho.

De ese modo, intenta desligar de responsabilidades a su pareja. En ningún momento aclara qué pasó con Cecilia ni tampoco dónde está el cuerpo de la víctima. En tanto, el Equipo Fiscal Especial dispuso la apertura de los sobres de los hisopados sobre los vehículos de los detenidos César Sena, pareja de la víctima, y de su asistente Gustavo Obregón, con el objetivo de determinar si las manchas halladas dentro de los mismos son restos de sangre humana y, luego, si pertenece a Cecilia.

Marcela Acuña
César Sena (medio), junto a sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

En una carta dirigida a la comunidad, Acuña escribió: “Bajo ningún concepto, dado todo punto de vista, ni Emerenciano ni yo tenemos las manos manchadas con sangre, no hay antecedentes, ni historias que puedan justificar semejante barbaridad”. Anteriormente, Acuña escribió otra carta, fechada el 14 de julio y publicada por el portal del Diario Norte, que está dirigida directamente a su esposo, en la que le dice que siente que lo defraudó por “cubrir a César”.

La estrategia de la mujer parece buscar desligar a su esposo del asesinato de Cecilia. Por eso, escribe: “Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor. Sabés, me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí“, expresó la mujer.

Cecilia
César Sena junto a su padre Emerenciano Sena.

“Siento que te fallé por cubrir a César, y no puedo vivir con eso”, le confiesa Acuña a su esposo. Y agrega en otro tramo: “Ojala pronto llegue tu libertad. Yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí. Te oculté para no involucrarte y salió todo mal, y mucha gente inocente está presa, empezando por vos“.

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 de la mañana del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, Emerenciano y Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Cecilia Strzyzowski
La víctima Cecilia Strzyzowski.

Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña. Su cuerpo fue luego trasladado por Obregón y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.

Finalmente, sus restos fueron esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Cecilia
Emerenciano Sena junto al gobernador chaqueño Jorge Capitanich.

Además de los 3 integrantes del denominado Clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena), y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la chanchería, propiedad de los principales acusados del asesinato).

Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas”, mientras que a los restantes acusados por el “encubrimiento agravado” del hecho.

Ulises Catriel Cuenca

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

Redacción

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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