Ni por mujer, ni por negra, ni por coya… ¡POR CHORRA! | Confirmaron 13 años de prisión a Milagro Sala

Los jueces del máximo tribunal rechazaron un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente social jujeña.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala y, de esa manera, dejó firme la condena a 13 años de prisión que le dictó en 2019 el Tribunal Oral Criminal 3 de la provincia norteña en el caso conocido como “Pibes Villeros”.

“Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias. Requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas”, sentenció el tribunal.

La dirigente social kirchnerista jujeña Milagro Sala.
La dirigente social kirchnerista jujeña Milagro Sala

A lo que siguió: “En consonancia con esa premisa fundamental es que se ha resuelto, reiteradamente, que los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no constituya una derivación razonada del derecho vigente, aplicado a las circunstancias de la causa”.

“En ese marco, el recurso extraordinario federal intentado es inadmisible y, por ello, ha sido bien denegado por el a quo”, argumentó el tribunal en la sentencia. Sala tiene varios procesos penales. El más grave es el de los llamados “Pibes Villeros”, donde fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita.

Los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El Tribunal Oral concluyó que Sala conformó y lideró una asociación ilícita entre los años 2013 y 2015. Los delitos atribuidos a dicha organización fueron las extorsiones a varias personas y defraudaciones en relación con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, respecto de los pagos en ejecución de catorce convenios firmados entre el IVUJ y diferentes cooperativas de trabajo y, finalmente, en relación con un convenio de la misma naturaleza suscripto entre una cooperativa y el municipio de la ciudad de Palpalá.

El tribunal resaltó que esta organización criminal logró un altísimo acatamiento de las directivas de Sala en razón de que sus “miembros conformaron las ficticias cooperativas” y también porque ella y los demás integrantes de ésta “cimentaron la obediencia de otros cooperativistas con la ilustración de los males que se les infligiría a los insubordinados”.

El presidente Alberto Fernández visitó y dio apoyo a la dirigente kirchnerista Milagro Sala.
El presidente Alberto Fernández visitó y dio apoyo a la dirigente kirchnerista Milagro Sala

Ya que “se impuso así una suerte de temor y obediencia a raja tablas de las órdenes que recibían, cooperativista y miembros de distintas organizaciones sociales, pues quienes se resistían o confrontaban con alguno de los miembros de la asociación ilícita habían sido lesionados, extorsionados, amenazados y privados de la obtención de obras, bolsones de comidas, capacitaciones”.

También se tuvo por probada la responsabilidad de Sala como coautora por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Entre otras circunstancias, se determinó que la asociación ilícita logró la entrega de altas sumas de dinero por parte de dependencias a través de un conjunto de cooperativas que respondían a su voluntad, para luego desviar esos fondos de la finalidad para la que estaban destinados: la construcción de viviendas y mejoras habitacionales.

El inicio del juicio contra la dirigente Milagro Sala.
El inicio del juicio contra la dirigente Milagro Sala

Se comprobó además la utilización de una sola cuenta bancaria correspondiente a la cooperativa “Pibes Villeros” para reunir los fondos ilícitamente recaudados. Ese ente, que nunca ejecutó una obra, tenía igual domicilio legal que la sede de la Tupac Amaru y su acta constitutiva fue secuestrada de la casa de Sala.

El caso llegó a la Corte después que en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy rechazara un pedido de Milagro Sala y ratificó el fallo que había sido dictado por el TOC 3. Antes, el caso había sido revisado por la Cámara de Casación de Jujuy y también confirmado.

Extracto de los clientes de la cooperativa "Pibes Villeros".
Extracto de los clientes de la cooperativa “Pibes Villeros”

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia remitió a fines de diciembre del 2020 las actuaciones a la Corte Suprema. Es que la defensa de Sala asegura que fue sometida a varios procesos de criminalización como consecuencia de su activismo político, que se violaron sus garantías constitucionales y que la condena en su contra había sido arbitraria.

En febrero de este año, Eduardo Casal, a cargo interinamente de la Procuración General de la Nación y en carácter de fiscal ante el máximo tribunal, se había pronunciado por la desestimación de la queja presentada por Sala ante el Alto Tribunal. Ahora, la Corte rechazó el recurso por una razón central: los pronunciamientos de los tribunales provinciales que deciden acerca de los recursos locales no son susceptibles de revisión, a menos que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia sea manifiestamente arbitraria.

La organización Tupac Amaru.
La organización Tupac Amaru

La Corte consideró que la defensa de Sala no logró mostrar eso último en modo alguno porque, en esencia, su recurso carece de una mínima fundamentación. En particular, respecto del agravio por el que se aduce la vulneración del principio de publicidad del juicio, la misma señaló que antes del inicio del debate el tribunal de juicio había fijado determinadas pautas relativas a la concurrencia del público y de la prensa, a la reproducción audiovisual de las audiencias por parte de los medios de comunicación y al modo de asegurar su registro.

Ulises Catriel Cuenca

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Condenaron a 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a intendente K, por robar planes sociales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó, la semana pasada, al intendente en funciones de la ciudad Correntina, Diego Martín Caram, a 7 años y 6 meses de prisión por haberse quedado con dinero de los planes sociales.

Caram obsequiando un poncho mercedeño a Cristina Fernández durante una reunión de dirigentes del Frente de Todos en el Instituto Patria, julio de 2019

La investigación inició en 2019 cuando el exintendente, Víctor Cemborain, acercó a un juzgado una fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.

LA CONDENA

El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran. Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real son los montos punitivos del juicio en el que Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado.

Además, el tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.

Junto al intendente, fue condenado el contador, Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por otra parte, Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal, deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Redacción

info@data24.com.ar

Procesaron por abuso sexual a Fernando Espinoza, el intendente ultra K de La Matanza

Este lunes la jueza María Galletti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, procesó por abuso sexual simple a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien fue denunciado hace dos años en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal por su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. La magistrada también dispuso un embargo por la suma de $1,5 millones, sin afectar su libertad por el momento.

Rakauskas denunció también haber sufrió varios aprietes e intentos de asesinato. Incluso afirmó que Claudio Letini, por entonces jefe de Gabinete de Espinoza, le habría ofrecido firmar un papel para declinar de la denuncia a cambio de una designación laboral.

La causa contiene dos hechos: uno por el abuso, y el otro por desobedecer la orden de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima, que se sostiene hasta la actualidad con el la firma de Galletti.

El intendente es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de la denunciante.

Redacción

info@data24.com.ar

Grabois y Fernández Sagasti imputados por malversación de fondos para viviendas

El pasado viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al piquetero Juan Grabois, a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a la militante Ramona Fernanda Miño y a Jorge Tanus, titular del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos se conocieron tras una auditoría solicitada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se centra en posibles irregularidades en los Fondos de Integración Socio Urbana (FISU). Los montos del desfalco implican fondos para la construcción de viviendas sociales por 1 millón de dólares, entregados entre 2020 y 2023, que se habrían utilizado para campañas políticas, viajes y demás gastos que no se rindieron. Según la auditoría del gobierno de Milei, se presupuestaron 6.517 viviendas pero se finalizaron apenas 400.

También se investiga el crecimiento desproporcional de empleados del FISU, cifra que pasó de 60 a 600 trabajadores, de los cuales estaban todos afiliados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partido fundado por Grabois.

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″, indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos.

Según el documento oficial la administración de los fondos que integran ese fideicomiso se encontraría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Redacción

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Con un contundente discurso, El Presto destrozó a Bahl en pleno juicio

Este lunes, Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, cruzó en los Tribunales de Paraná, en Entre Ríos, al exintendente y exvicegobernador de esa provincia, Adán Humberto Bahl. El burócrata denunció al periodista por una declaración que éste realizó durante una emisión en vivo en el año 2020.

El discurso de El Presto

A la declaración del burócrata siguió la de El Presto. En la declaración, de poco menos de 20 minutos, el periodista cargó contra algunos ítems mencionados por Bahl: “El intendente dijo que nunca persiguió a nadie, haciendo referencia a los periodistas. Me pregunto a quién podría perseguir en la ciudad de Paraná si casi la totalidad del periodismo responde, directa o indirectamente, a la pauta oficial”.

Luego, volvió a citar otra de las frases de Bahl. A Prestofelippo le sorprendió que Bahl haya tratado a los empleados municipales de “animales arriados” donde “los sindicalistas dan órdenes y ellos responden”. Finalmente, antes de leer su discurso, contó que, en medio de pequeño encontronazo con su abogado, el exintendente Adán Bahl lo insultó en medio del juicio.

Frases destacadas de su discurso:

– Aquí se están utilizando los mecanismos de la golpeada Justicia entrerriana para llevar adelante un circo político/mediático.

– (Lo que dijo) Fue un exabrupto porque en ese momento, pleno confinamiento, Adán Bahl estaba echando descarada y arbitrariamente, a cientos de trabajadores municipales que cobraban —como ahora— míseros sueldos. Muchos en condiciones laborales deplorables… Ahí no existían ni “compañeros”, ni “justicia social”, ni todos esos slogan que estos populistas utilizan para llegar al poder.

– Este Señor me trae aquí y desea que la Justicia me condene, porque nosotros, en el año 2019, a través de una larga y cuidada investigación, descubrimos que, el por entonces candidato a intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, tenía un hijo extramatrimonial que había abandonado, un hijo al que no dió su apellido ni cuota alimentaria, un hijo que dejó tirado peor que un perro. Y ese era el mismo Señor que quería hacerse cargo de los paranaenses y cuidar a los paranaenses, no tuvo ni el valor ni la hombría para cuidar, como mínimo de manera económica, a su propio hijo. Es por eso que este hombre me aborrece.

Yo no soy ejemplo de nada ni de nadie. Soy un hombre vehemente, que se equivoca mucho. Pero yo no le robo a los entrerrianos, yo no uso al Estado para perseguir gente, ni meter familiares sin talento ni estudios.

Redacción

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Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.

Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

Redacción

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El Min. de Justicia detectó 100 expedientes truchos que cobraron indemnizaciones de víctimas de la dictadura

En base a declaraciones realizadas Mariano Cúneo Libarona, trascendió que hay 22.500 expedientes en revisión y se analizan “el respaldo documental, la veracidad y legalidad” de la documentación que se presentó en cada caso para cobrar las reparaciones.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones y en total, según reveló el Ministro, la cifra reconocida por el kirchnerismo superó los $14.000 millones. Hasta el momento se detectaron 100 expedientes irregulares y pagos duplicados.

La Justicia investiga una supuesta asociación ilícita, que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones y por este motivo, la Jueza María Eugenia Capuchetti ya ordenó notificar de procesamiento firme y embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, que representa a varios de los solicitantes.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80 millones

Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.

Cúneo Libarona dio el ejemplo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas. En el fraude al Estado, estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

Redacción

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