“Nadie te va a creer si me denuncias” | Procesaron a funcionario K por ABUSO SEXUAL que era protegido por el Gobierno

Se trata de Jorge Soloaga, presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco. El funcionario era PROTEGIDO Y APOYADO por el Gobierno de Santa Cruz.
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Se trata del Presidente de la Sociedad de Fomento de la localidad de santacruceña de Cañadón Seco, Jorge “El Negro” Soloaga, del Frente para la Victoria. La denuncia fue realizada el 9 de marzo del año 2020 por una mujer de 27 años, el aberrante hecho ocurrió en 2017.

LA DENUNCIA Y LAS PREUBAS

En el documento judicial se señala que durante julio de 2017, en oportunidad de haber pedido una audiencia con el funcionario para solicitar un terreno fiscal, Soloaga le indicó a la mujer que lo viera a las 19:00 hs en su oficina.

La mujer expresa textualmente en su denuncia que “cuando le comento que hacía rato que estaba presentado mis papeles y quería saber qué estaba pasando, a lo que él me contestó que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y me toco las manos“.

“Yo le puse un alto, me paré y me retiro de la oficina, pero él me siguió y en eso me toca. Después de eso, me mandó mensajes pidiendo que no le contara nada a mi papá ya que tienen una relación de amistad. Me escribió un par de veces más, pero luego yo cambié el número”, agregó la víctima.

“No dejo de pensar en tuis labios y tu hermoso cuerpo”
La denuncia judicial
“Nadie te va a creer si me denuncias. Creí que te gustaban mis halagos”

“Siento que él se burló del dolor de mi familia (fueron despedidas sin ningún tipo de justificación) por lo que estábamos pasando en relación a la enfermedad de mi hermano, porque se apareció en la clínica donde estaba internado mi hermano como si nada hubiera pasado”, dice en otro tramo de la denuncia, señalando que le costó mucho procesar lo ocurrido y a raíz de que Soloaga la intimidó y amenazó y acosó por redes sociales, dejó pasar el tiempo antes de decidirse a denunciarlo.

“Nadie me iba a creer si yo realizaba una denuncia en su contra, que en su momento (en el 2017) si denunciaba en la policía de Cañadón Seco no me iba a tomar la denuncia”, dijo la mujer.

Durante la tarde de ayer, Jorge Soloaga, quedó procesado por el delito de abuso sexual simple (art. 19, primer párrafo y 45 del C.P). La decisión adoptada por el juez de instrucción de Caleta Olivia, Gabriel Nolasco Contreras Agüero, trabó embargo por $250 mil. “Entiendo que los dichos de la víctima son veraces, creíbles y convergen en todo el cuadro probatorio aquí recolectado”, fundamentó el magistrado. Asimismo, se tuvieron en cuenta las pericias realizadas a la víctima, fundamentalmente aquella llevada adelante por el equipo imparcial del Poder Judicial, que estableció el impacto que los hechos denunciados por la víctima, tuvieron sobre ella. Sin embargo (y dicho sea de paso: lamentablemente) el delincuente sexual permanecerá en libertad, dado que se trata de un delito excarcelable.

LA VÍCTIMA “HOY VENDE LOCRO PARA PAGAR UN ABOGADO” Y EN CAÑADÓN SECO LA TRATAN DE “GOLPISTA”

En diálogo con Tiempo FM, Barrionuevo expresó que realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Caleta Olivia y que fue cajoneada. “Cuando me reuní pasaron cosas horribles, abusó sexualmente de mí, es el mejor amigo de mi padre, pensé que podría tener algún tipo de ayuda y la verdad que no”, detalló.

“Estoy desempleada hace dos años, con una persecución tremenda en Cañadón Seco, me tratan de golpista, piensan que estoy haciendo esto por política y la verdad no es así”, y añadió: “Yo estoy pidiendo justicia por algo que me pasó, no es chiste, no es broma y no es nada de lo que dicen”.

Además, la víctima se reunió este mes de mayo con la diputada nacional Roxana Reyes, quien a través de su cuenta de Facebook, comentó cómo fue la charla. Tras la denuncia “fue despedida de su trabajo donde tenía 7 años de antigüedad y también despidieron a su mamá de la Comisión de Fomento”.

En tal sentido, la diputada señaló que la joven “no recibió apoyo psicólogo ni legal de la Subsecretaría de las Mujeres ni del Gobierno de Santa Cruz” además de que “hoy hace locreadas para juntar fondos para costear su abogado y el perito de parte sabiendo que lucha contra el poder feudal en una provincia donde todo se tapa”.

EL APOYO POLÍTICO AL ABUSADOR SEXUAL, JORGE SOLOAGA

Noviembre de 2020 protagonizó un hecho tan indignante como inexplicable: una caravana MULTITUDINARIA apoyó al burócrata denunciado por abuso sexual. La caravana “de más de dos centenares de vehículos” fue organizada por el sindicato de petroleros de Santa Cruz, el Partido Justicialista de la provincia en zona norte y el kirchnerismo bajo el lema “En defensa y apoyo del compañero Soloaga”.

Joven posa junto al funcionario procesado a las afueras de su domicilio tras la multitudinaria caravana

Ocurre que, tres días luego de la denuncia, Soloaga pidió licencia por “prescripción médica” por tiempo indeterminado. Habría presentado un documento en donde “consta está padeciendo una enfermedad oncológica”.

El pedido de licencia de Soloaga

La caravana fue liderada por Miguel Troncoso, presidente de Concejo Deliberante de Caleta Olivia; Pavel Gordillo, candidato a intendente de Caleta Olivia por Claudio Vidal (Secretario General de Petroleros Privados) y Pablo Carrizo, otro delegado de Petroleros.

La organización de esa marcha contó con todo el apoyo político del PJ y FPV de la provincia, el municipio de Caleta Olivia, el sindicato de Petroleros Privados y los medios de comunicación de zona norte, donde Soloaga tiene fuertes vínculos. La difusión de las imágenes, fueron cuidadosamente tomadas desde un dron para mostrar la extensa fila de vehículos, en su mayoría de la familia petrolera, con el fin de impactar a la opinión pública y darle un contexto “de apoyo irrestricto al compañero”.

Desde el dron, así apoyó el Gobierno de Santa Cruz a Jorge Soloaga

Este hecho deja en un IRREMEDIABLE (e incluso tragicómico) offside a gran parte de los medios provinciales, como por ejemplo Voces y Apuntes, La Gaceta Truncandense, Santa Cruz Uno, La Prensa de Santa Cruz, entre otros, los cuales básicamente se consagraron como panfletos al servicio de la casta política de la forma más aberrante: defendiendo a ultranza a una abusador sexual, ahora procesado.

Incluso, frente a la aberrante situación, el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, usó el sello de la Municipalidad para enviar un mensaje público institucional, donde dice expresamente: “El intendente Fernando Cotillo, repudia enérgicamente las pintadas discriminatorias aparecidas en Cañadón Seco. Se solidariza con Jorge Soloaga, presidente de la Comisión de Fomento y la comunidad toda, en defensa de las instituciones y cualquier maniobra intimidatoria que atente contra la vida democrática de los pueblos”.

Así apoyó el intendente Fernando Cotillo al abusador sexual

Fuentes de Caleta Olivia consultadas por el medio OPI Santa Cruz señalaron que el intendente no refiere ciertamente una defensa irrestricta del Comisionado de Fomento, por cuanto teme que tras lo sucedido con Jorge Soloaga, aparezcan otras que lo hundan aún más en el fango y se termine de transformar en “un imán de desgracia para los compañeros”, explicaron desde el entorno, refiriéndose a que la mala prensa de las causas, podrían salpicar a quienes lo defienden a capa y espada, como el PJ, Cotillo y Claudio Vidal.

“Voy a exponer lo que me corresponde para demostrar por mi inocencia y aclaro que recién ahora voy a tomar conocimiento formal de los alcances de la acusación porque solo conozco lo que se publicó en medios periodísticos y en ese marco ya hice un rechazo categórico”, puntualizó en su declaración, realizada el pasado 11 de junio.

A su llegada al edificio de tribunales, era aguardado por algo más de doscientas personas referentes del PJ y de la comuna de Cañadón Seco, afiliados al Sindicato Petrolero Santa Cruz y de otros gremios adheridos a la CGT Regional, quienes mostraron pancartas con frases de apoyo.

“Tengo la tranquilidad absoluta que siempre he tenido un comportamiento ejemplar y voy a aplicar mi ejercicio de defensa que me confiere la Ley”, reiteró.

Además de su presidencia comunal en Cañadón Seco, desde hace casi 20 años es Secretario General del SUPE, nucleando a los “ypefianos”, Soloaga es accionista de YPF. Con Soloaga trabaja Juan Quiroga, el hermano del vicegobernador Eugenio Quiroga. En Caleta Olivia arrecian las críticas sobre este hombre que se las ingenió para ser reelecto sistemáticamente “se cree un patrón de estancia – dijo una alta fuente de la justicia en Caleta a citado portal– hay varios casos como estos, pero fueron silenciados por la propia gente. Hay al menos dos chicas que no se animan a denunciarlo” y a continuación otra fuente política lo describió como “soberbio, se cree Perón, tiene un discurso viejo, gastado y Cañadón es su zona de confort. Quiere ser gobernador, pero no le da ni para ser secretario. Éste se quedó en el 45 y como todo el que se perpetúa por años en el cargo, se cree el dueño de todo, incluyendo de la gente de Cañadón Seco”, concluyó la fuente.

“Me encuentro con semejante manifestación de la gente de mi pueblo, por muchas cosas que están sucediendo, con actitudes que no tienen nada que ver con la realidad, que tienen mas vinculación con la infamia, con actitud muy baja de gente que no entiende que la política es abrir los brazos no es cerrarlos”, dijo el político procesado tras la caravana que el Poder organizó en su apoyo, y agregó que la gente “no se va olvidar de la noche a la mañana por más infamia, por más mentiras, por más operaciones mediáticas o políticas, la gente no se olvida”.

A fines de mayo de este año, el consejo local del PJ y funcionarias de la Comisión de Fomento hicieron público su respaldo a Jorge Soloaga: la CGT de Zona Norte, la Agrupación Petrolera Santacruceña, el Consejo Partidario Local del PJ de Cañadón Seco, el Grupo Peronista Santacruceño, las trabajadoras del Comisionado de Fomento de dicha localidad expresaron su repudio a la “actitud golpista, contrario al Estado de Derecho y a la división de poderes” que mostró la diputada nacional Roxana Reyes.

“Se deben garantizar los derechos de todas las partes, no de una sola. Si se violenta la ley, si se atenta contra las garantías constitucionales, si se busca ensuciar una causa poniendo el peso de la parcialidad sobre una de las partes del expediente, eso es injusticia y va en contra de la búsqueda de verdad. No existe democracia ni República si así sucediera”, señaló un comunicado (quizás el más “moderado” de todos) oficial de la Agrupación Petrolera Santacruceña.

Por otro lado, el consejo directivo de la CGT Zona Norte, manifestó que “diputados provinciales de nuestra provincia intentaron condicionar a la justicia cuando pidieron tratar en la cámara de diputados la destitución del compañero presidente comunal de Cañadón Seco, Jorge Soloaga”.

Por su parte, el Grupo Peronista Santacruceño manifestó insólitamente que “el radicalismo santacruceño busca un nuevo lawfare mediatizando y presionando al poder judicial con un proyecto sin fundamento legal. Los jueces hablan por medio de sus sentencias, no por medio de proyecto legislativos infundados que buscan posicionar figuras políticas de sectores que han sumido al país en una profunda crisis”.

Estas maniobras buscan “intervenir en la vida democrática de nuestro Pueblo”, se dijo desde el Consejo Partidario Local del PJ de Cañadón Seco.

Sin embargo, la declaración “más” indignante la propinó el Comisionado de Fomento de Cañadón Seco: “Nosotras compañeras mujeres funcionarias de la comisión de fomento de Cañadón Seco nos unimos al decir que el Sr Presidente ha sido siempre una persona ejemplar en el trato hacia el género femenino, siempre empoderando al género con una conducta intachable y muy respetuosa. Hablar de los fueros y politizar el tema de la denuncia es de una hipocresía irritante”.

Aproximadamente hace dos semanas, la oposición en Santa Cruz pidió el apartamiento del funcionario pero el bloque del Frente de Todos se opuso argumentando que no había una decisión justicia. “No hay ningún indicio todavía que nos pueda llevar a sacarlo de ese lugar”, alegó la diputada Laura Hindie.

*Fuentes: OPI Santa Cruz, Winfo, Nuevo Día, Tiempo Sur, Ahora Calafate, El Patagónico y TiempoSur


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¿Cuántos presos K fueron liberados durante el gobierno de Alberto?

Cesar Milani, Jorge Castillo, Gerardo Ferreyra, Fernando Esteche, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Santiago Carlos Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Caballo Suárez, Atanasio Pérez Osuna, Oscar Thomas, Juan Pablo “Pata” Medina, Luis D’Elía, Amado Boudou, Jorge Chueco, Lázaro Báez, José Núñez Carmona, Martín Báez, José López, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

22 personalidades ligadas a la corrupción K, que se encontraban cumpliendo sus respectivas condenas, fueron liberadas durante el gobierno del Frente de Todos, de Alberto y Cristina Fernández. Muchos salieron durante la cuarentena, ya que “no había lugar en las cárceles”.

El próximo sábado, Ricardo Jaime, condenado en seis ocasiones, saldrá de prisión y continuará con arresto domiciliario.

“No tienen perdón de Dios” | Perpetua para cuatro de los policías involucrados en el asesinato de Luis Espinoza

El caso de Luis Armando Espinoza, asesinado por la policía el 15 de mayo de 2020 en Tucumán, es quizás el más recordado de todos los crímenes fatales cometidos por el Estado en el marco de la cuarentena. Tan triste como cierto es que el suceso no hace más que engordar la lista episodios totalitarios similares del delirante período, colmado por la violencia institucional, en tiempos de cumplimiento estricto del infame “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.

El día en que presidente Alberto Fernández anunció el aislamiento

El trabajador rural desapareció en el marco de un procedimiento policial que custodiaba el cumplimiento de las medidas que impuso el Frente de Todos (con el apoyo de todo el arco político) para “combatir” la pandemia del COVID-19. Según cuenta el CELS, esa fatídica mañana, durante el operativo de las fuerzas represivas del Estado, Luis y su hermano Juan cabalgaban por un camino vecinal cercano a Rodeo Grande, oyeron disparos y seguidamente aceleraron el paso. La yegua que montaba Juan se asustó y salió al galope. Luis se acercó para ver a su hermano y el oficial auxiliar, José Alberto Morales, le disparó por la espalda. Cuando Juan se despertó, recuperado del golpe en la cabeza por la caída, Luis ya no estaba. Su cuerpo apareció ocho días después, a 120 kilómetros del lugar de los hechos, en un precipicio de Catamarca.

“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo”: El relato de una familia destruida

La frase pertenece a doña Gladys, la mamá de Luis, luego de que el juicio llegara a su fin. “Esperamos la sentencia, que cumplan en la cárcel todos los que le hicieron lo que le hicieron a mi hijo. No en la casa. En la cárcel. ¿Por qué esperaron ocho días para decir lo que le hicieron a él?”, argumentó antes de que falle el tribunal.

“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo. Se terminó la vida de él y se terminó la vida de todos nosotros”, dijo también, antes de la sentencia.

El juicio y las condenas: La cara de los asesinos

Durante la tarde de hoy, luego de dos años y medio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a 9 de los 11 imputados. Fiscalía y querella probaron que se trató de una desaparición forzada seguida de muerte, efectuada por miembros de la comisaría de la localidad de Monteagudo. Los acusados y sus declaraciones durante el juicio:

José Alberto Morales: Oficial auxiliar de la Policía. Prisión perpetua. La bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de su arma reglamentaria. “Siempre me voy a arrepentir y no tengo palabras para la madre (de Espinoza), pido disculpas”.

Rubén Héctor Montenegro: Subcomisario. Prisión perpetua. “Quiero pedirle disculpas a la familia Espinoza, a las familias de mis antiguos empleados policiales y a la mía. Yo no debería estar acá, yo no debería haber documentado y no lo hice. Nadie ha ido a matar a ese hijo de la señora, ha sido una desgracia”.

Gerardo Esteban González Rojas: Agente. Prisión perpetua. “Llevo privado de la libertad más de dos años, me perdí el crecimiento de mi hijo. Yo no me considero un asesino”.

Claudio Alfredo Zelaya: Cabo. Prisión perpetua. “Yo di el dato preciso de donde estaba el cuerpo. Si yo no hablaba, no estaríamos siendo juzgados”.

Miryam Rosalba González: Cabo. 12 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser partícipe secundaria. “Antes que nada, mi solidaridad a la familia. Como mamá entiendo lo que se siente perder a un hijo. Pido disculpas porque si no he hablado en su momento fue porque estuve amenazada por el subcomisario Montenegro”.

Víctor Manuel Salinas: Sargento. 7 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravado por su función de policía. “Quiero solidarizarme con Gladys, la mamá de Luis. Y pedir perdón, estoy arrepentido”.

Carlos Lisandro Romano: Agente. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Llegué a encerrarme en un cuarto de la comisaría para no tocar el cuerpo de Espinoza. Yo estuve sentado acá por la cobardía de Morales, que mató a Espinoza por la espalda y no se hizo cargo”.

José María Paz: Cabo. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “No tengo nada para decir, solo que se haga justicia”.

René Eduardo Ardiles: Sargento. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Pido disculpas a toda la familia Espinoza. Agrego que la policía tiene un alto nivel de instrucción y que provengo de una familia de policías”.

Héctor Villavicencio (vigía comunal) y Álvaro Gonzalo González (civil): Absueltos por el beneficio de la duda.

IMPUNIDAD | Concejal peronista denunciado golpear a su ex pareja, fue sobreseído ILEGALMENTE

En el 2018, la expareja del concejal tucumano, Romina Dip, denunció a Bruno Romano por “violencia de género”, una simplificación de la carátula para no decir que el funcionario oficialista agredió sexualmente y golpeó a quien era su pareja.

Librándose de la presión por las amenazas, Romina Dip contó en diálogo con DATA24 que “la gota que derramó el vaso” fue cuando la golpeó con su hija en brazos: “Igual me daba miedo, porque me amenazaba con que me iba a denunciar para que me internen en un psiquiatra y me saquen a mi hija. Después terminó haciendo esa denuncia, pero los estudios médicos revelaron lo contrario y no avanzó”, explicó.

Juan Manzur, Bruno Romano y Osvaldo Jaldo

“Después de que denuncié los hechos, desde el espacio (FdT) nunca le exigieron que se tome licencia, nada. Hay mucha impunidad y protección con él”, agregó Dip.

Tras lidiar con el sobreseimiento de su agresor, Dip también denuncia que durante estos cinco años ha tenido varios altercados que, según ella, serían represalias de su ex pareja por la denuncia que ejecutó. “Me han robado en mi negocio, me ha golpeado gente en la calle y también me escracharon muchas veces en redes”, confesó.

Romina Dip, denunciante.
Romina Dip, denunciante

“PASÉ DE SER VÍCTIMA A VICTIMARIA”

La causa dio un giro de 180° cuando Romano denunció a Dip por amenazas, según Romina estas presentaciones se realizaron sin pruebas, pero aún así avanzó. “De tener una perimetral que me protegiera de él, él pasó a tener una perimetral para protegerse de mí. Pasé de ser víctima a ser victimaria“, comentó.

EL CONCEJAL DE MANZUR

Romano consiguió plasmar su nombre en la lista del Frente de Todos del 2019, con el apoyo del actual gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, con quienes se ha mostrado en eventos oficiales y reuniones informales.

“Cuando yo radiqué la denuncia, Bruno Romano no era concejal, me indignó saber que se postuló sabiendo que estaba procesado. Yo fui a la junta electoral a poner esto en conocimiento, porque tampoco me pasaba los alimentos para mi hija. Allí en la junta deciden bajarlo porque certifican que, aunque no estaba en el padrón de padres deudores, yo tenía todos los papeles para demostrarlo. Pero él presentó un amparo electoral y se permitió que se presente en las elecciones, salió electo y no pudo asumir hasta no resolver la situación. Y de buenas a primeras los jueces le han dicho que podía asumir y todo quedó en la nada“, había expresado a otro medio el año pasado la denunciante.

Ahora, Romano pretende quedarse con la Intendencia, pero para ello deberá desligarse de las graves denuncias de su ex pareja. Dip explica que el sobreseimiento del que se jacta el concejal no es legal. Se trata de una maniobra judicial para continuar garantizando su impunidad y así poder presentarse como precandidato en las elecciones que se aproximan.

“El sobreseimiento no está firme, aún quedan dos instancias de apelación”, informó el representante legal de Dip. Después de más de 4 años de ejecutarse una grave denuncia en contra de su agresor, la víctima teme que su “lucha quede impune”.

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