27 julio, 2024

“Nadie te va a creer si me denuncias” | Procesaron a funcionario K por ABUSO SEXUAL que era protegido por el Gobierno

Se trata de Jorge Soloaga, presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco. El funcionario era PROTEGIDO Y APOYADO por el Gobierno de Santa Cruz.
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Se trata del Presidente de la Sociedad de Fomento de la localidad de santacruceña de Cañadón Seco, Jorge “El Negro” Soloaga, del Frente para la Victoria. La denuncia fue realizada el 9 de marzo del año 2020 por una mujer de 27 años, el aberrante hecho ocurrió en 2017.

LA DENUNCIA Y LAS PREUBAS

En el documento judicial se señala que durante julio de 2017, en oportunidad de haber pedido una audiencia con el funcionario para solicitar un terreno fiscal, Soloaga le indicó a la mujer que lo viera a las 19:00 hs en su oficina.

La mujer expresa textualmente en su denuncia que “cuando le comento que hacía rato que estaba presentado mis papeles y quería saber qué estaba pasando, a lo que él me contestó que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y me toco las manos“.

“Yo le puse un alto, me paré y me retiro de la oficina, pero él me siguió y en eso me toca. Después de eso, me mandó mensajes pidiendo que no le contara nada a mi papá ya que tienen una relación de amistad. Me escribió un par de veces más, pero luego yo cambié el número”, agregó la víctima.

“No dejo de pensar en tuis labios y tu hermoso cuerpo”
La denuncia judicial
“Nadie te va a creer si me denuncias. Creí que te gustaban mis halagos”

“Siento que él se burló del dolor de mi familia (fueron despedidas sin ningún tipo de justificación) por lo que estábamos pasando en relación a la enfermedad de mi hermano, porque se apareció en la clínica donde estaba internado mi hermano como si nada hubiera pasado”, dice en otro tramo de la denuncia, señalando que le costó mucho procesar lo ocurrido y a raíz de que Soloaga la intimidó y amenazó y acosó por redes sociales, dejó pasar el tiempo antes de decidirse a denunciarlo.

“Nadie me iba a creer si yo realizaba una denuncia en su contra, que en su momento (en el 2017) si denunciaba en la policía de Cañadón Seco no me iba a tomar la denuncia”, dijo la mujer.

Durante la tarde de ayer, Jorge Soloaga, quedó procesado por el delito de abuso sexual simple (art. 19, primer párrafo y 45 del C.P). La decisión adoptada por el juez de instrucción de Caleta Olivia, Gabriel Nolasco Contreras Agüero, trabó embargo por $250 mil. “Entiendo que los dichos de la víctima son veraces, creíbles y convergen en todo el cuadro probatorio aquí recolectado”, fundamentó el magistrado. Asimismo, se tuvieron en cuenta las pericias realizadas a la víctima, fundamentalmente aquella llevada adelante por el equipo imparcial del Poder Judicial, que estableció el impacto que los hechos denunciados por la víctima, tuvieron sobre ella. Sin embargo (y dicho sea de paso: lamentablemente) el delincuente sexual permanecerá en libertad, dado que se trata de un delito excarcelable.

LA VÍCTIMA “HOY VENDE LOCRO PARA PAGAR UN ABOGADO” Y EN CAÑADÓN SECO LA TRATAN DE “GOLPISTA”

En diálogo con Tiempo FM, Barrionuevo expresó que realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Caleta Olivia y que fue cajoneada. “Cuando me reuní pasaron cosas horribles, abusó sexualmente de mí, es el mejor amigo de mi padre, pensé que podría tener algún tipo de ayuda y la verdad que no”, detalló.

“Estoy desempleada hace dos años, con una persecución tremenda en Cañadón Seco, me tratan de golpista, piensan que estoy haciendo esto por política y la verdad no es así”, y añadió: “Yo estoy pidiendo justicia por algo que me pasó, no es chiste, no es broma y no es nada de lo que dicen”.

Además, la víctima se reunió este mes de mayo con la diputada nacional Roxana Reyes, quien a través de su cuenta de Facebook, comentó cómo fue la charla. Tras la denuncia “fue despedida de su trabajo donde tenía 7 años de antigüedad y también despidieron a su mamá de la Comisión de Fomento”.

En tal sentido, la diputada señaló que la joven “no recibió apoyo psicólogo ni legal de la Subsecretaría de las Mujeres ni del Gobierno de Santa Cruz” además de que “hoy hace locreadas para juntar fondos para costear su abogado y el perito de parte sabiendo que lucha contra el poder feudal en una provincia donde todo se tapa”.

EL APOYO POLÍTICO AL ABUSADOR SEXUAL, JORGE SOLOAGA

Noviembre de 2020 protagonizó un hecho tan indignante como inexplicable: una caravana MULTITUDINARIA apoyó al burócrata denunciado por abuso sexual. La caravana “de más de dos centenares de vehículos” fue organizada por el sindicato de petroleros de Santa Cruz, el Partido Justicialista de la provincia en zona norte y el kirchnerismo bajo el lema “En defensa y apoyo del compañero Soloaga”.

Joven posa junto al funcionario procesado a las afueras de su domicilio tras la multitudinaria caravana

Ocurre que, tres días luego de la denuncia, Soloaga pidió licencia por “prescripción médica” por tiempo indeterminado. Habría presentado un documento en donde “consta está padeciendo una enfermedad oncológica”.

El pedido de licencia de Soloaga

La caravana fue liderada por Miguel Troncoso, presidente de Concejo Deliberante de Caleta Olivia; Pavel Gordillo, candidato a intendente de Caleta Olivia por Claudio Vidal (Secretario General de Petroleros Privados) y Pablo Carrizo, otro delegado de Petroleros.

La organización de esa marcha contó con todo el apoyo político del PJ y FPV de la provincia, el municipio de Caleta Olivia, el sindicato de Petroleros Privados y los medios de comunicación de zona norte, donde Soloaga tiene fuertes vínculos. La difusión de las imágenes, fueron cuidadosamente tomadas desde un dron para mostrar la extensa fila de vehículos, en su mayoría de la familia petrolera, con el fin de impactar a la opinión pública y darle un contexto “de apoyo irrestricto al compañero”.

Desde el dron, así apoyó el Gobierno de Santa Cruz a Jorge Soloaga

Este hecho deja en un IRREMEDIABLE (e incluso tragicómico) offside a gran parte de los medios provinciales, como por ejemplo Voces y Apuntes, La Gaceta Truncandense, Santa Cruz Uno, La Prensa de Santa Cruz, entre otros, los cuales básicamente se consagraron como panfletos al servicio de la casta política de la forma más aberrante: defendiendo a ultranza a una abusador sexual, ahora procesado.

Incluso, frente a la aberrante situación, el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, usó el sello de la Municipalidad para enviar un mensaje público institucional, donde dice expresamente: “El intendente Fernando Cotillo, repudia enérgicamente las pintadas discriminatorias aparecidas en Cañadón Seco. Se solidariza con Jorge Soloaga, presidente de la Comisión de Fomento y la comunidad toda, en defensa de las instituciones y cualquier maniobra intimidatoria que atente contra la vida democrática de los pueblos”.

Así apoyó el intendente Fernando Cotillo al abusador sexual

Fuentes de Caleta Olivia consultadas por el medio OPI Santa Cruz señalaron que el intendente no refiere ciertamente una defensa irrestricta del Comisionado de Fomento, por cuanto teme que tras lo sucedido con Jorge Soloaga, aparezcan otras que lo hundan aún más en el fango y se termine de transformar en “un imán de desgracia para los compañeros”, explicaron desde el entorno, refiriéndose a que la mala prensa de las causas, podrían salpicar a quienes lo defienden a capa y espada, como el PJ, Cotillo y Claudio Vidal.

“Voy a exponer lo que me corresponde para demostrar por mi inocencia y aclaro que recién ahora voy a tomar conocimiento formal de los alcances de la acusación porque solo conozco lo que se publicó en medios periodísticos y en ese marco ya hice un rechazo categórico”, puntualizó en su declaración, realizada el pasado 11 de junio.

A su llegada al edificio de tribunales, era aguardado por algo más de doscientas personas referentes del PJ y de la comuna de Cañadón Seco, afiliados al Sindicato Petrolero Santa Cruz y de otros gremios adheridos a la CGT Regional, quienes mostraron pancartas con frases de apoyo.

“Tengo la tranquilidad absoluta que siempre he tenido un comportamiento ejemplar y voy a aplicar mi ejercicio de defensa que me confiere la Ley”, reiteró.

Además de su presidencia comunal en Cañadón Seco, desde hace casi 20 años es Secretario General del SUPE, nucleando a los “ypefianos”, Soloaga es accionista de YPF. Con Soloaga trabaja Juan Quiroga, el hermano del vicegobernador Eugenio Quiroga. En Caleta Olivia arrecian las críticas sobre este hombre que se las ingenió para ser reelecto sistemáticamente “se cree un patrón de estancia – dijo una alta fuente de la justicia en Caleta a citado portal– hay varios casos como estos, pero fueron silenciados por la propia gente. Hay al menos dos chicas que no se animan a denunciarlo” y a continuación otra fuente política lo describió como “soberbio, se cree Perón, tiene un discurso viejo, gastado y Cañadón es su zona de confort. Quiere ser gobernador, pero no le da ni para ser secretario. Éste se quedó en el 45 y como todo el que se perpetúa por años en el cargo, se cree el dueño de todo, incluyendo de la gente de Cañadón Seco”, concluyó la fuente.

“Me encuentro con semejante manifestación de la gente de mi pueblo, por muchas cosas que están sucediendo, con actitudes que no tienen nada que ver con la realidad, que tienen mas vinculación con la infamia, con actitud muy baja de gente que no entiende que la política es abrir los brazos no es cerrarlos”, dijo el político procesado tras la caravana que el Poder organizó en su apoyo, y agregó que la gente “no se va olvidar de la noche a la mañana por más infamia, por más mentiras, por más operaciones mediáticas o políticas, la gente no se olvida”.

A fines de mayo de este año, el consejo local del PJ y funcionarias de la Comisión de Fomento hicieron público su respaldo a Jorge Soloaga: la CGT de Zona Norte, la Agrupación Petrolera Santacruceña, el Consejo Partidario Local del PJ de Cañadón Seco, el Grupo Peronista Santacruceño, las trabajadoras del Comisionado de Fomento de dicha localidad expresaron su repudio a la “actitud golpista, contrario al Estado de Derecho y a la división de poderes” que mostró la diputada nacional Roxana Reyes.

“Se deben garantizar los derechos de todas las partes, no de una sola. Si se violenta la ley, si se atenta contra las garantías constitucionales, si se busca ensuciar una causa poniendo el peso de la parcialidad sobre una de las partes del expediente, eso es injusticia y va en contra de la búsqueda de verdad. No existe democracia ni República si así sucediera”, señaló un comunicado (quizás el más “moderado” de todos) oficial de la Agrupación Petrolera Santacruceña.

Por otro lado, el consejo directivo de la CGT Zona Norte, manifestó que “diputados provinciales de nuestra provincia intentaron condicionar a la justicia cuando pidieron tratar en la cámara de diputados la destitución del compañero presidente comunal de Cañadón Seco, Jorge Soloaga”.

Por su parte, el Grupo Peronista Santacruceño manifestó insólitamente que “el radicalismo santacruceño busca un nuevo lawfare mediatizando y presionando al poder judicial con un proyecto sin fundamento legal. Los jueces hablan por medio de sus sentencias, no por medio de proyecto legislativos infundados que buscan posicionar figuras políticas de sectores que han sumido al país en una profunda crisis”.

Estas maniobras buscan “intervenir en la vida democrática de nuestro Pueblo”, se dijo desde el Consejo Partidario Local del PJ de Cañadón Seco.

Sin embargo, la declaración “más” indignante la propinó el Comisionado de Fomento de Cañadón Seco: “Nosotras compañeras mujeres funcionarias de la comisión de fomento de Cañadón Seco nos unimos al decir que el Sr Presidente ha sido siempre una persona ejemplar en el trato hacia el género femenino, siempre empoderando al género con una conducta intachable y muy respetuosa. Hablar de los fueros y politizar el tema de la denuncia es de una hipocresía irritante”.

Aproximadamente hace dos semanas, la oposición en Santa Cruz pidió el apartamiento del funcionario pero el bloque del Frente de Todos se opuso argumentando que no había una decisión justicia. “No hay ningún indicio todavía que nos pueda llevar a sacarlo de ese lugar”, alegó la diputada Laura Hindie.

*Fuentes: OPI Santa Cruz, Winfo, Nuevo Día, Tiempo Sur, Ahora Calafate, El Patagónico y TiempoSur


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Rafael Garduño

Jefe de Redacción rgarduno@data24.com.ar

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VACUNATORIO VIP | Procesaron a Ginés González García por peculado y abuso de autoridad con embargo millonario

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.

El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.

Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.

A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.

María Eugenia Capuchetti

Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo Ariel Guille, secretario privado del Ministro, Alberto Alejandro Maceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.

Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.

Redacción

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Juez federal ordena el cierre de tabacalera en Rosario, deja a 261 familias sin sustento y es denunciado por prevaricato

La comunidad de Rosario se encuentra en estado de conmoción tras la resolución del juez federal, Gastón Salmain, que ordenó el cierre de la fábrica de tabacos Bronway Technology SA, dejando a 261 trabajadores sin empleo directo y afectando a más de 1.200 familias de manera indirecta. La PYME —que produce los cigarrillos Dolchester y Pier— había sido objeto de una denuncia en 2021 por la multinacional Massalin Particulares, conocida por marcas como Marlboro y Philip Morris.

Salmain, quien asumió su cargo en Rosario en junio, revivió la denuncia de Massalin y emitió un fallo que no solo favorece a la multinacional, sino que además instruye a la AFIP a no otorgar a Bronway las estampillas necesarias para la comercialización de sus cigarrillos, una medida que forzó el cierre de la planta sin esperar el pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario.

Darío Ippolito, presidente del directorio de Bronway Technology SA, denunció penalmente a Salmain por el delito de prevaricato ante el juzgado penal federal N° 4. “Este juez llegó a Rosario con la instrucción de cerrar nuestra fábrica. Creemos en la Justicia, quiero a este país y por eso voy a seguir. Voy a ir a declarar a cuanto juzgado me convoquen para que se llegue a la verdad, ya que tengo todas las reuniones documentadas”, declaró Ippolito.

La situación de Bronway se agrava al considerar que la planta, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, había suspendido a 172 trabajadores en meses anteriores debido a la imposibilidad de comercializar sus productos por la falta de estampillas. La Cámara de Empresas Tabacaleras apuntó a la AFIP y a la Justicia Federal, sugiriendo que la decisión fue influenciada por intereses de la competencia, particularmente la empresa Sarandí.

Rodrigo Piaggio, del departamento de Ventas de Bronway, expresó la desesperación de los empleados: “Nos juntaron a todos y nos explicaron que la situación no da para más. Estamos muy preocupados. Son muchas familias, es terrible quedarse sin trabajo en esta época. No entendemos por qué en todas las provincias las tabacaleras funcionan con medidas cautelares para poder trabajar. Sólo en Rosario no nos dejan. Por favor pedimos una respuesta de la Justicia y de la AFIP para poder seguir trabajando”.

El nombre de Salmain no es nuevo en el ámbito judicial. Anteriormente, su candidatura a un puesto similar en Concordia fue objetada por irregularidades en sus exámenes y actividades vinculadas a reajustes jubilatorios. Además, Salmain trabajó en el estudio jurídico Servini y Asociados, vinculado a la jueza de Comodoro Py, Maria Servini de Cubría, lo que genera suspicacias sobre posibles influencias en sus decisiones.

Mientras tanto, diversas organizaciones gremiales han comenzado a realizar acciones para visibilizar la crisis laboral y en apoyo a los empleados de Bronway. Desde la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), se denunció que los abogados de la AFIP acusaron falsamente a Bronway de abuso de medidas cautelares, argumento utilizado para revocar la inscripción de la empresa en el registro de tabacaleras.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de Bronway y sus empleados. Mientras tanto, Ippolito y otros afectados por la decisión de Salmain continúan buscando vías legales y de protesta para revertir el fallo. “Este jueves ingresamos a la Cámara Federal de Apelaciones un escrito donde le recordamos a los magistrados que lo sucedido ya había sido avisado. Rogamos que los jueces de un tribunal superior, que sabemos honrados, salven las fuentes de trabajo y coloquen las cosas en su lugar“, concluyó Ippolito.

Redacción

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Fiscalía pide cuatro años de prisión para Guillermo Moreno por manipular el INDEC: “Bajaba los índices a martillazos”

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.

Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.

La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”

La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.

Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)

El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.

Las anteriores condenas a Moreno

Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que el INDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.

Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

Felisa Miceli, exministra de Economía

El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.

Redacción

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Cúneo Libarona busca bajar la edad de imputabilidad: “En 1980 el joven de 13 años no era el mismo de hoy”

A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.

El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.

“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.

¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA

El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.

Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.

Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.

Redacción

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La Bancaria llevará a la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría

Este lunes, el gobierno reglamentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 652 que los trabajadores de la cuarta categoría volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias. La medida generó una rápida reacción del gremio bancario, liderado por Sergio Palazzo, quien presentó una demanda judicial.

Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, afirmó en una entrevista radial que el impuesto es “confiscatorio” y representa una “rebaja salarial encubierta”. Según sus cálculos, la medida afectará al 95% de los empleados bancarios, quienes verán cómo hasta el 16% de sus salarios es absorbido por el tributo, superando el 20% permitido para retenciones legales y no legales.

Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria

En su intervención, Palazzo ejemplificó la situación diciendo: “Imagínese una persona que, como tantas otras en Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria. Si su salario neto es de 1.200.000 pesos y debe pagar una cuota de 300.000 o 400.000 pesos, pagará impuestos sobre 800.000 pesos, lo que es menos de la canasta básica para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”.

El decreto establece que los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2.200.000 para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Además, las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente a partir de 2025, en los meses de enero y julio, por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El líder de La Bancaria recordó que la denuncia estaba preparada desde la semana pasada, a la espera de la ratificación de los números sobre el piso para no pagar. “Estamos pidiendo la legitimación, es decir, que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de los trabajadores”, subrayó.

Palazzo concluyó resaltando la disposición del gremio para defender los derechos de sus afiliados ante lo que consideran una medida injusta y perjudicial para los trabajadores bancarios.

Redacción

info@data24.com.ar

Denuncian a Larreta y Moyano por multimillonario contrato con el sistema de grúas y acarreo de CABA

Damián Vera, abogado con reconocida trayectoria, formalizó una denuncia ante la Justicia que acusa a Rodríguez Larreta y a Pablo Moyano de una serie de delitos graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, entre otros. Según la denuncia, en diciembre de 2023, el entonces Jefe de gobierno porteño firmó un contrato por 360 millones de dólares para el sistema de grúas y acarreo, favoreciendo a empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros. Este acto fue ejecutado al final de su mandato, tras una derrota en su candidatura presidencial y sin poder imponer a su sucesor en la Ciudad.

El actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, canceló esta adjudicación debido a la carga financiera que implicaba para la ciudad y los beneficios indebidos que otorgaba al sindicato. Como respuesta, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, organizó una protesta los días 22 y 23 de julio de 2024, dejando basura en las calles de CABA. El conflicto se intensificó cuando un camión recolector arrojó residuos en la vía pública, exacerbando el problema de la recolección de basura en la ciudad. “La relación histórica entre los líderes de Camioneros y varios gobiernos municipales muestra un patrón de negociaciones tensas pero fructíferas para sus intereses”, concluye el documento.

¿Qué irregularidades consideró Vera?

El documento judicial al que tuvo acceso DATA24.COM.AR incluye una serie de acusaciones específicas. Se alega que Rodríguez Larreta permitió irregularidades en la adjudicación del sistema de acarreo de vehículos, incluyendo firmas de documentos por funcionarios que ya no estaban en funciones. Además, el gremio de camioneros habría ejercido presiones para evitar la privatización de los servicios de recolección de basura, utilizando tácticas coercitivas para influir en decisiones gubernamentales.

Empresas como UTE Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio, presuntamente vinculadas al sindicato, habrían sido favorecidas en la licitación, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Las acciones del sindicato afectaron directamente a los ciudadanos de Buenos Aires, utilizando el desorden como herramienta de negociación. El incendio de un camión recolector y la dispersión de basura en las calles apuntan a una posible intención de intimidar y causar daño a la propiedad pública.

Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22, que se refiere al servicio de grúas para el acarreo de vehículos en la ciudad. Se han preseleccionado tres ofertas en cada una de las zonas, y se ha adjudicado un monto total de $57.169.446.266,96.

La denuncia sostiene que los hechos configuran múltiples delitos según el Código Penal. Entre estos se incluyen el abuso de autoridad, que implica la utilización de la posición de poder para beneficiar al sindicato; el tráfico de influencias, con presiones ejercidas para adjudicar contratos y realizar pagos indebidos; el cohecho, con la posible recepción de beneficios económicos a cambio de favores políticos; y la coacción, con amenazas para afectar servicios esenciales. Además, se señala la extorsión, la obtención de beneficios mediante amenazas o violencia; el daño intencional a la propiedad, con el incendio del camión recolector; la administración fraudulenta, con gestión indebida de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con la función pública, con decisiones en beneficio de intereses privados; y la malversación de fondos públicos, con el uso indebido de recursos públicos.

LA DENUNCIA DEL ABOGADO VERA

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