Misiones | La Corte Suprema se mete en la polémica de la “aduana paralela”

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, y el ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán, se encuentran en el ojo de la tormenta.
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La Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la percepción de Ingresos Brutos por parte de Misiones que alcanzaba a la cementera Loma Negra. Lo hizo mediante una medida cautelar contra un pago a cuenta de los mismos que se exige para el ingreso de mercadería.

Desde principios de 2008, la provincia estableció puestos de control por los cuales no permite el ingreso de mercaderías provenientes de otra jurisdicción sin que previamente se encuentre acreditado el pago del anticipo en el Impuesto sobre los Ingresos brutos.

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El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, uno de los mayores señalados

Ese esquema fue denominado “Aduana Paralela” y siempre fue un tema de polémica entre sectores empresarios y el Gobierno del Frente Renovador (FR) de la Concordia, que está en el poder desde hace 20 años.

La reciente disputa vino con la empresa Loma Negra que promovió una acción declarativa contra la provincia de Misiones, para que sea declarada la inconstitucionalidad de las resoluciones locales por las que se estableció un régimen de pago a cuenta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

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El ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán, es uno de los implicados

El contribuyente sostiene que la pretensión de la provincia constituye una barrera para la libre circulación de mercaderías en el territorio de la República Argentina, lo que viola la Constitución Nacional.

Loma Negra ejemplifica que cada camión que ingresa a la Tierra Colorada es detenido hasta la exhibición del comprobante de pago del tributo y que, de no ocurrir, se les impide el acceso a la provincia, pudiendo, incluso, secuestrarla.

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Prefectura retuvo productos desde la “aduana paralela” de Misiones

La Corte Suprema admitió la medida cautelar por verificar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y decidió que, hasta tanto haya una sentencia definitiva, la Provincia se abstenga de exigir a Loma Negra el pago a cuenta del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos y de adoptar cualquier estrategia que impida la entrada a Misiones de los productos fabricados y comercializados por la cementera.

Ante la situación, el Gobierno misionero se mostró cauteloso aclarando que la Corte no ha fijado posición sino que se ha declarado competente en el tema y, por la gravedad de los hechos, declaró la cautelar. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, confía en que cuando la Provincia presente todas las pruebas y documentaciones, la Justicia pueda llegar a fallar a favor de Misiones y que el tema no es su competencia.

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Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

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