Misiones | La Corte Suprema se mete en la polémica de la “aduana paralela”

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, y el ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán, se encuentran en el ojo de la tormenta.
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La Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la percepción de Ingresos Brutos por parte de Misiones que alcanzaba a la cementera Loma Negra. Lo hizo mediante una medida cautelar contra un pago a cuenta de los mismos que se exige para el ingreso de mercadería.

Desde principios de 2008, la provincia estableció puestos de control por los cuales no permite el ingreso de mercaderías provenientes de otra jurisdicción sin que previamente se encuentre acreditado el pago del anticipo en el Impuesto sobre los Ingresos brutos.

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El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, uno de los mayores señalados

Ese esquema fue denominado “Aduana Paralela” y siempre fue un tema de polémica entre sectores empresarios y el Gobierno del Frente Renovador (FR) de la Concordia, que está en el poder desde hace 20 años.

La reciente disputa vino con la empresa Loma Negra que promovió una acción declarativa contra la provincia de Misiones, para que sea declarada la inconstitucionalidad de las resoluciones locales por las que se estableció un régimen de pago a cuenta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

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El ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán, es uno de los implicados

El contribuyente sostiene que la pretensión de la provincia constituye una barrera para la libre circulación de mercaderías en el territorio de la República Argentina, lo que viola la Constitución Nacional.

Loma Negra ejemplifica que cada camión que ingresa a la Tierra Colorada es detenido hasta la exhibición del comprobante de pago del tributo y que, de no ocurrir, se les impide el acceso a la provincia, pudiendo, incluso, secuestrarla.

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Prefectura retuvo productos desde la “aduana paralela” de Misiones

La Corte Suprema admitió la medida cautelar por verificar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y decidió que, hasta tanto haya una sentencia definitiva, la Provincia se abstenga de exigir a Loma Negra el pago a cuenta del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos y de adoptar cualquier estrategia que impida la entrada a Misiones de los productos fabricados y comercializados por la cementera.

Ante la situación, el Gobierno misionero se mostró cauteloso aclarando que la Corte no ha fijado posición sino que se ha declarado competente en el tema y, por la gravedad de los hechos, declaró la cautelar. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, confía en que cuando la Provincia presente todas las pruebas y documentaciones, la Justicia pueda llegar a fallar a favor de Misiones y que el tema no es su competencia.

Ulises Catriel Cuenca

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

Redacción

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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