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El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue a la Justicia con una demanda civil contra la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, a quien le reclama 3 millones de pesos y derecho a réplica por haberlo comparado con el líder del nazismo durante una entrevista radial realizada en julio del 2022. En aquella oportunidad, la ex diputada dijo que “como presidente puede ser Adolf Hitler“.
Es la tercera demanda de este tipo que presenta el diputado nacional. Lo hizo también contra 5 periodistas por “un rally difamatorio”, de acuerdo a los términos de esas presentaciones, ya que habían rechazado en sus respectivos programas declaraciones en las que el economista aseguraba que los libertarios eran “superiores moralmente, estéticamente” a la izquierda.
El candidato a Presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.
Una de esas demandas está en el Juzgado Civil 33, donde pide un millón de pesos a los periodistas Fabián Doman, Débora Plager y Martín Candalaft. Además demandaba a Paulo Vilouta, con quien finalmente acordó. En tanto, en el Juzgado 103, está radicada la presentación contra el periodista Pablo Duggan, con quien también hubo un acuerdo días atrás, aún no plasmado ante la Justicia.
Ahora, Milei apuntó contra la dirigente aliada a Juntos por el Cambio, que en reiteradas ocasiones salió al cruzarlo públicamente. El candidato consideró que en una entrevista de julio del 2022 en Radio Mitre, Carrió “ha afectado” su “honor”, motivo por el que decidió impulsar la demanda por daños y perjuicios que tramita desde la semana pasada en el Juzgado Civil 22 de la ciudad de Buenos Aires.
La conductora de la Coalición Cívica ARI y precandidata presidencial, Elisa “Lilita” Carrió.
En la entrevista en cuestión, Carrió manifestó respecto a Milei que: “El problema es que cuando la sociedad entra en ira se enferma, cuando se enferma vota enfermos. Entonces tengamos cuidado porque puede saber de economía, pero puesto a presidente esto puede ser Hitler y lo digo en serio. Peor todavía porque no tiene equilibrio emocional”.
La demanda contra Elisa Carrió recayó en el Juzgado Civil 22, subrogado por el juez Ignacio Rebaudi Basavilbaso, quien ya tomó intervención. Según publicó el sitio Perfil, que accedió al expediente, el miércoles pasado firmó una resolución de 3 carillas en las que dejó constancias del inicio de la demanda y trasladó a las partes para que comparezcan en el término de 15 días hábiles.
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En medio de los incidentes del pasado miércoles dentro y fuera del Congreso, una grave denuncia realizada en el recinto pasó desapercibida. Sobre la última hora de sesión, el diputado de Unión por la Patria y exintendente de General Roca (Río Negro), Martín Soria, expuso una causa que su comprovinciana Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, enfrenta en Estados Unidos por tenencia de drogas.
El diputado kirchnerista se dirigió al presidente de la Cámara, Martín Menem, para mostrarle una “resolución” del estado de Florida y leyó: “Tráfico de cocaína: de 400 gramos a 150 kilogramos. Perfil de la delincuente, María Lorena Villaverde. Fecha de nacimiento, febrero del año 1974. Detalles del caso e identificación: 58-58-2002-CF, categoría delito penal, julio de 2002, código de infracción, artículo 893” y la descripción del delito era “tráfico de cocaína”.
Cuando Soria comenzó a hacer uso de la palabra, la diputada oficialista abandonó rápidamente el recinto y no faltaron las chicanas por parte del bloque K: “¡Se va la droga!”, gritó uno de los legisladores.
– La diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde ingresó al recinto con un busto de Javier Milei en brazos
Hace un mes, el 12 de febrero, el propio Soria utilizó una frase similar para confrontar a Villaverde por interrumpir su discurso: “Yo te dejé hablar, falopa”. En aquella ocasión, el diputado también usó su cuestión de privilegio para confrontar a la libertaria, argumentó que “el ex marido de Lorena Villaverde está detenido por causas de narcotráfico”.
Tras las acusaciones, la legisladora rionegrina dijo que llevará a Soria a la Justicia y lo desafió a realizar juntos un análisis de drogas. “No tuve ningún exmarido detenido. Es todo una mentira. En todo caso, uno no elige de quién se enamora, pero sí también elige de quién se separa. Si fuese cierto serían cuestiones que no atienden a mi persona”.
“Con gusto me ofrezco y lo invito (al diputado Soria) a ir juntos para hacernos los análisis ejemplificadores y reveladores para corroborar bien quién es el verdadero falopa”, declaró Villaverde en febrero a CNN Radio Roca.
Previo a la denuncia del pasado miércoles, Villaverde se dirigió al “clan Soria” en referencia al diputado y a su hermana, María EmiliaSoria, actual intendente de General Roca a quienes cuestionó por el abandono de las obras de la ruta Nacional 22. La obra se encuentra paralizada hace unos 20 años. Mientras, un informe realizado el año pasado por el Departamento de Tránsito de la Policía de Río Negro reveló que esa ruta encabeza el listado de tramos más peligrosos.
A inicios de este mes, La Libertad Avanza de General Roca publicó un comunicado repudiando las declaraciones de la intendente de la localidad. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la hermana del diputado Soria criticó a Vialidad Nacional por la paralización. Desde el partido libertario local sostienen que “la familia Soria se opuso a la traza elevada de la Ruta 22 y San Juan, donde tenían en carpeta un negocio inmobiliario”.
Lo curioso es que sobre Villaverde —figura central en el esquema político de Karina Milei— también pesan acusaciones de estafas por fraude en un proyecto inmobiliario en LasGrutas, bellísima ciudad costera próxima a San Antonio Oeste, localidad en donde nació la diputada.
Hace poco menos de un año, la diputada nacional fue denunciada por manejos oscuros en el Club Las Grutas. En la zona de ingreso a la reconocida localidad turística, Villaverde, impulsó un proyecto inmobiliario conocido como Tajamar, que se promocionó como una oportunidad accesible para adquirir terrenos y construir viviendas.
Sin embargo, los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste revelan que el sector está clasificado como zona rural y no cuenta con la habilitación necesaria para edificar. A pesar de esto, Villaverde vendió terrenos con la promesa de escriturarlos en un plazo de 10 meses, prorrogable por 6 meses más. Cuando estos plazos vencieron y las obras no se concretaron, comenzaron a llegar las primeras denuncias por daños y perjuicios.
A mediados del año 2022, algunos compradores enviaron cartas documento exigiendo la regularización de sus lotes y la entrega formal de escrituras. Sin respuestas favorables, las demandas civiles se multiplicaron. Los damnificados acusaron a la diputada libertaria de no haber aclarado que el municipio nunca había aprobado el uso residencial en esa parcela. Por su parte, el abogado querellante LucasCerro, sostuvo que Villaverde “actuó con dolo” al comercializar un emprendimiento que no cumplía con los requisitos legales para transformarse en un barrio habitacional.
– El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la diputada Villaverde y el armador de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja
La presión judicial obligó a Villaverde a cerrar acuerdos extrajudiciales millonarios. En mayo de 2024, desembolsó diez millones de pesos para frenar una de las demandas, mientras que en noviembre del mismo año acordó otros doce millones para poner fin a otro litigio relacionado con el mismo desarrollo. Aunque estos arreglos evitaron la prolongación de las causas en los tribunales, dejaron en el aire la situación de otros denunciantes, que siguen esperando soluciones a sus reclamos por los plazos incumplidos y la imposibilidad de construir en sus terrenos.
Paralelamente, sobre Villaverde recayó otra controversia en la misma localidad. Cuando presidió el Club Social, Deportivo y Recreativo Las Grutas, lanzó una rifa —denominada “Sorteo Millonario”— con el objetivo de obtener fondos para la institución.
– Antes de ser electa diputada, Villaverde ganó popularidad en la presidencia del Club Las Grutas
La iniciativa, lanzada en octubre de 2021, ofrecía como premio principal un terreno perteneciente al patrimonio del club, valorado en decenas de millones de pesos. La fecha de sorteo —anunciada inicialmente para la Pascua de 2022— se pospuso hasta Navidad de ese mismo año. En el momento de la extracción de los números, el premio mayor quedó vacante porque supuestamente no se vendió el cupón ganador.
La nueva comisión normalizadora del club denunció que la rifa había carecido de autorización de Lotería de Río Negro, el organismo encargado de regular este tipo de eventos en la provincia. Además, reveló la existencia de irregularidades en los libros contables, como la falta de balances y el uso de cuentas bancarias o billeteras virtuales personales para recibir pagos vinculados tanto a la rifa como a las cuotas sociales de la institución.
Ante esta situación, la comisión acudió a la Justicia con una denuncia de “estafa por defraudación”, al advertir que el sorteo implicaba la desafectación de un bien que pertenecía al patrimonio del club y, por lo tanto, requería la aprobación formal de una asamblea de socios.
La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo de Gustavo Arbués, avanzó en la investigación y formalizó la imputación contra Villaverde y varios integrantes de su antigua comisión directiva. La medida quedó respaldada por el juez de Garantías, Favio Corvalán, quien otorgó un plazo de cuatro meses para profundizar las pesquisas. Entre otros elementos, se solicitó un peritaje contable para revisar la documentación que nunca fue presentada en forma completa durante la gestión de la diputada.
Villaverde se defendió públicamente de ambas acusaciones, alegando que en el caso del loteo Tajamar su intención siempre fue la recalificación de las tierras y que la pandemia de COVID-19 demoró trámites administrativos, imposibilitando la habilitación municipal en los plazos establecidos. Con respecto a la rifa, asegura que no existió mala fe, sino desconocimiento de las normativas de Lotería de Río Negro.
El partido Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta, emitió un comunicado de en el que anunció su decisión de no unirse a alianzas con otras fuerzas. Explicó que prefería diferenciarse de “los partidos tradicionales añosos, que son responsables, por acción u omisión, de que la ciudad esté sucia, insegura, con alto desempleo y mala atención de la salud”.Sostuvo que su principal interés es “beneficiar directamente a los porteños, no a los partidos”.
La fuerza confirmó que competiría en las elecciones porteñas del 18 de mayo de 2025 bajo el sello Remedios para CABA (RPC) y presentó diez “remedios” enfocados, entre otros puntos, en recuperar la cultura del trabajo, fortalecer la seguridad, salir de la especulación financiera y bajar impuestos para impulsar al sector privado. El comunicado tiene las firmas de Mariana Funes (presidenta del Congreso Partidario) y Marcelo Peretta (candidato a legislador).
Desde el partido explicaron que el 19 de marzo vencían las inscripciones para conformar frentes electorales entre los cerca de 80 partidos habilitados en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, las fuerzas que deseaban unirse debían presentarse para ser publicadas luego en un listado oficial. Aclararon que, al no buscar alianzas, Movimiento Plural aparecería más adelante, ya que el plazo para anotar candidatos individuales se extendería hasta el 29 de marzo. Señalaron, además, que mucha gente se había afiliado y que quisieron brindar certeza sobre su participación y el sello bajo el cual se presentarían.
El costo de los medicamentos constituyó el eje central de la campaña. Según la información divulgada, varios laboratorios controlaron gran parte de la producción, lo cual elevó los precios de los remedios, particularmente para los jubilados con bonos desactualizados. El gobierno nacional anunció un plan para abaratarlos mediante la producción local de drogas de alto impacto, aunque Peretta aseguró: “el gobierno miente, lo anunciado representa un mercado mínimo de la canasta de medicamentos”. También afirmó que “hay que apuntar a los productos masivos que son los que consumen la mayoría de los pacientes” y criticó la burocratización del sistema gratuito de PAMI.
Con todo, Peretta prometió presentar proyectos concretos en la Legislatura para enfrentar el aumento de los medicamentos. Así, el Movimiento Plural dejó asentado que se presentaría en las urnas de manera independiente el 18 de mayo bajo una nueva estructura y con propuestas dirigidas a marcar distancia de los partidos tradicionales.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos continúa el debate para modificar la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia. El objetivo principal de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, es perfeccionar el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores, otorgando mayor eficiencia y estabilidad a los cargos judiciales.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, profundizó este miércoles el análisis del articulado propuesto: “Hay avances importantes, aunque hay artículos en los que no hay consenso y hay que seguir debatiendo. Pero creo que es importante poder conversar, plantear cada uno su punto de vista e intentar que el Consejo de la Magistratura y que la selección de los jueces funcionen en la provincia. Necesitamos una modificación de esta ley y necesitamos hacerla bien, para que no se tenga que cambiar dentro de dos años”.
La legisladora destacó que la comisión ha escuchado a especialistas y a integrantes del Consejo de la Magistratura, al tiempo que se ha reservado espacio para que los diputados discutan internamente. Asimismo, resaltó la urgencia de agilizar los procedimientos de selección de magistrados, ya que “hay que darle mayor celeridad. Hay más de 90 cargos que no son efectivos. Cuando quienes ejercen de jueces, fiscales o defensores han pasado por el Consejo de la Magistratura y tienen la estabilidad que otorga este sistema institucional, sus decisiones tienen esa independencia que establece la Constitución nacional y provincial”.
Walter Klix, dirigente vinculado al PRO y exreferente de Boca Juniors, además de su rol como director nacional de Precursores Químicos y actualmente cumpliendo rol en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, brindó una entrevista en la doceava transmisión de Perdón por la vehemencia (Canal EY!). En diálogo con Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, analizó la situación del club y expuso su visión sobre la gestión en materia de seguridad y administración legal del actual presidente, Juan Román Riquelme.
“Boca está agrietado, igual que está el país”, denunció Klix, a lo que agregó: “Riquelme no solamente le puso valor, sino que a medida que se iban aceptando las exigencias económicas para su acompañamiento, las iba incrementando.”
Supo señalar que Riquelme negoció su respaldo a la fórmula oficialista en 2019 con Sergio Massa, quien era candidato a diputado nacional y tras tener detrás de sí la anterior gobernanza de Mauricio Macri —la era de oro para muchos—, decidió concretar una serie de exigencias económicas cada vez mayores que “no eran poquita cosa”, cerrando un trato en que “tenía todo acordado” para su apoyo y que imposibilita su “renuncia voluntaria”.
“Si hoy ya es difícil conseguir entradas para ver un Boca – Defensa y Justicia, imaginate lo que es para un Boca – River: simplemente no hay. Sin embargo, (el expresidente de Independiente, devenido en comunicador, Andrés) Ducatenzeiler logró ingresar al estadio. Me gustaría saber con qué entrada lo hizo, cuando hay 250.000 socios aún esperando su oportunidad. Mientras tanto, Riquelme elige beneficiar a sus amigos, a las empresas de turismo y a su propio bolsillo”, puntualizó Klix, a modo de ejemplificar el favoritismo en las entradas.
Asimismo, remarcó la fuerte injerencia política en la estructura dirigencial del club de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “la Cámpora puso la mitad de la comisión directiva de Boca”, lo que habría permitido que “15 personas que integraron” la agrupación ultra K tomasen su control. “Hoy el kirchnerismo maneja Boca”, sentenció.
Las acusaciones también alcanzaron a la administración de los abonos y entradas, ya que “deberían ir a los socios adherentes pero se venden a empresas de turismo”.
“La barra de Boca está comprada. Si alguien intenta protestar contra Riquelme en la cancha, aparecen matones armados”, expuso Klix, culpabilizando de permitir esto a la barra brava de Boca, añadiendo: “Ven que ha tomado el club y no hacen absolutamente nada.”
En cuanto a la situación deportiva y financiera del club, las cifras son contundentes. Boca Juniors enfrenta potenciales multas por responsabilidad institucional en los delitos imputados a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano de Riquelme, quien cumple un rol informal como operador clave dentro de la estructura futbolera. Abogados especializados estiman sanciones entre $500 millones y $1,000 millones si se prueba que el club toleró prácticas irregulares.
“El director de socios hace el juego que Román y el hermano le piden. En este caso, juntar abonos que se caen para vendérselos a los turistas”, aseguró Klix, sumando: “Boca tiene entre todas sus categorías más de 300.000 socios y tiene un estadio para 55.000. O sea, tiene capacidad para un sexto de sus socios”.
El 29 de octubre de 2024, la Justicia porteña allanó el estadio en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios y reventa ilegal de entradas. Cristian, fue imputado por asociación ilícita y defraudación. Tras revisarse su vivienda en Pilar, las pesquisas sugirieron la existencia de una red que manipulaba el sistema de membresías para beneficiar “el séquito que acompaña”, afectando el acceso de socios comunes.
“Hay un poder en la venta de entradas, en el marketing, en la visita a la bombonera, obviamente en apalancarse políticamente”, subrayó Kilx.
Este caso tiene antecedentes en investigaciones de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEEM) ya había detectado patrones irregulares en la distribución de entradas. La fiscal Celsa Ramírez, quien lleva ambos expedientes, enfrentó declaraciones públicas de Riquelme, declarando que solo por investigar, “tiene un problema con los hinchas de Boca”.
“(Riquelme) es un tipo extremadamente egocéntrico. Llegó a Boca con un séquito de delincuentes que se ampararon en un amor al club que no tienen. Ni siquiera es hincha de Boca, vino solo a hacer negocios”, recalcó Klix.
En un posteo en su cuenta oficial de X, luego de una entrevista de más de una hora con LN+ el pasado domingo con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a dirigir fuertes críticas contra el Grupo Clarín, al que calificó de “la gran estafa argentina”. Según el jefe de Estado, el conglomerado mediático solo lo ha hostigado con “mentiras”.
Milei recordó hechos sucedidos en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Clarín, “al borde de la quiebra”, participó en una reunión en Banfield junto a Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otros actores políticos. En esta, “se acordó devaluar 300%” y “la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, medida que habría impedido a los bancos ejecutar la deuda millonaria del Grupo, ascendiente a 3.000 millones de dólares, al declarar inembargables sus acciones porque “al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables”.
“De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros”, aseguró Milei, subrayando que nunca se sabrá “a cambio de qué” se tomaron esas decisiones.
En febrero de 2025, Clarín anunció planes para fusionar sus operaciones de telecomunicaciones, lo que según el Gobierno le daría control sobre el 70% del servicio de internet residencial, 65% de las líneas móviles y el 80% del cable operado.
Milei respondió movilizando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), acusando a Clarín de buscar un “monopolio abusivo”. La ironía histórica —criticar intervencionismos mientras se movilizan organismos reguladores— expuso la naturaleza reactiva de la política estatal.
El origen clave se remonta a la pesificación asimétrica —la conversión forzosa— en la crisis económica de 2001, como medida que convirtió depósitos en dólares a pesos con una tasa desfavorable, donde se le acusa a Clarín de haber respaldado esta política durante los gobiernos kirchneristas, argumentando que el grupo recibió la Ley de Medios de 2009 como “premio de consuelo” para evitar su bancarrota en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Según la narrativa oficial, Clarín habría sido cómplice de un “robo” de USD$30.000 millones a los ahorristas.
Clarín, por su parte, ha rechazado categóricamente tales acusaciones. En un comunicado emitido el 2 de marzo de 2025, la empresa detalló que el 95% de su deuda en 2001 estaba denominada en dólares y bajo jurisdicción extranjera, lo que multiplicó su pasivo cuatro veces tras la devaluación. La firma sostuvo haber reestructurado sus obligaciones mediante acuerdos privados con acreedores internacionales, sin recurrir a rescates estatales.
EL COMUNICADO DEL GRUPO
– “Como se explicó varias veces, el Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país y bajo legislación extranjera. Por ello, lejos estuvo de impulsar o beneficiarse de cualquier pesificación o licuación de deuda“
“Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, enfatizó al finalizar su tweet. Además, Milei culpó al Grupo Clarín de orquestar una “operación periodística” para desacreditar a su gobierno mediante “periodistas ensobrados” en el caso de $LIBRA y los nombramientos por decreto de jueces para la Corte Suprema, afirmando que todo se debió a que una comunicadora está “muy caliente” con el gobierno, en lo que Clarín contrapone que gobierna únicamente por medio de “fake news emotivas”.
“Esto lo impulsó una periodista de Clarín, que me la tiene jurada porque está intentando quedarse con el monopolio de las comunicaciones, y ya avisé que va a intervenir el Enacom”, expuso en la nota con LN+.
La cobertura del incidente —que incluyó videos de seguridad revelados por Infobae y testimonios detallados— fue tildada como parte de una estrategia para darle atención “a una cosa tan marginal” y usando, irónicamente (?), frases del kirchnerismo como “Clarín miente”.
La provincia de Formosa enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la denuncia presentada por la diputada provincial Gabriela Neme contra el gobernador, Gildo Insfrán, por la compra de camionetas de alta gama.
“No es como dice, que los denunciadores tenemos ideas de que ellos roban nomás. Él, su familia, sus amigos y sus privilegiados, les roban al pueblo de Formosa”, expresó en su video, a modo de reclamó.
Tras el fallo de la Corte Suprema en diciembre, que restringió las aspiraciones de reelección de Insfrán, y en medio de investigaciones previas por irregularidades en el manejo de fondos públicos en Formosa, nuevos documentos expuestos revelan un mayor fraude. Las pruebas indicarían un patrón de desviación de recursos estatales destinados a áreas esenciales como salud y seguridad, que habrían sido utilizados para la adquisición de bienes de uso personal por parte del mandatario.
La investigación impulsada por la funcionaria Gabriela Neme apunta a dos operaciones: la compra de una Toyota Land Cruiser 300, modelo 2022, y otra unidad idéntica adquirida en 2023. Según la documentación presentada, ambas transacciones, con un valor estimado de 300 millones de pesos cada una, habrían sido financiadas mediante transferencias provenientes del Fondo Fiduciario Provincial para Salud, Seguridad y Tecnología, algo que contravendría la Ley Provincial 1180 que regula el uso de fondos fiduciarios, según la legisladora.
El fondo investigado disponía de 3.800 millones de pesos al momento de las compras. Registros bancarios revelan transferencias sucesivas que redujeron el saldo en 600 millones de pesos durante el período en que se adquirieron los vehículos. La legisladora denuncia que estas operaciones se realizaron sin licitación pública y mediante contratación directa con concesionarias automotrices vinculadas a funcionarios provinciales.
“Tendrán que rendir cuentas, Gildo Insfrán y cada uno de sus cómplices por el mayor robo de la historia de Formosa, el mayor robo de la historia de Argentina”, agregó en su posteo en Instagram.
Este hecho forma parte de la investigación “Ruta del Dinero G”, impulsada por Neme y presentada en Comodoro Py, que reúne pruebas sobre presuntas malversaciones a través de empresas fantasma creadas para adjudicarse obras públicas que nunca se concretaron. Según la acusación, el esquema incluiría sobreprecios, facturación de servicios inexistentes y triangulación de pagos mediante cuentas offshore.
Organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradamente las precarias condiciones del “recrudecimiento” del sistema sanitario formoseño. Neme también hizo otras denuncias como el “envío de fondos al Partido Justicialista por más de 1.660 millones, en 5 órdenes de pago en concepto de haberes” el pasado 7 de febrero, quedando radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
Cabe recordar que en 2010, durante las negociaciones para refinanciar una deuda de 312 millones de pesos que Formosa mantenía con la Nación, la provincia contrató servicios de consultoría de The Old Fund por 7.6 millones de pesos, conectando a Insfrán con el entramado del entonces vicepresidente Amado Boudou, quien habría utilizado testaferros para controlar la empresa a través de la sociedad The Old Fund en la “Causa Ciccone”, donde se rastrearon transferencias desde el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) hacia la firma panameña North Automotive Inc., cuyos directivos incluían familiares de altos cargos provinciales.
Siendo este uno de los escándalos más emblemáticos de la Argentina contemporánea y cuyo epicentro se situó en las operaciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este mecanismo permitió emitir bonos por 312.9 millones de pesos para saldar obligaciones con el Estado nacional, proceso donde The Old Fund actuó como supuesta consultora, hasta que en noviembre de 2021 se dictó el fallo absolutorio, afirmando que “no existía vinculación entre los decretos de Insfrán y la contratación de The Old Fund”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
