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El juez federal Julián Ercolini amplió el procesamiento de Roberto Baratta (mano derecha de Julio de Vido) por la causa de los Cuadernos, causa en la cual está implicada Cristina Kirchner. Ante esta situación, Mariana Zuvic dio su opinión al respecto y aseguró que Cristina “va a ser procesadacomo jefa de la asociación ilícita”.
En declaraciones a LN+, la legisladora Mariana Zuvic remarcó que “la causa de los Cuadernos avanza todos los días para su elevación a juicio, todos los días se incorporan nuevos hechos y pruebas respecto a la obra pública, están todos procesados”.
El día miércoles el fiscal Carlos Stornelli amplió el procesamiento de Baratta por el delito de Cohecho pasivo en 12 hechos en calidad de coautor. También se amplió los procesamientos de los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Claudio Glazman y se sumó la de Claudio Alberto De Lassaleta.
Recordemos que la causa principal en la que esta procesada la vicepresidenta fue elevada a juicio oral y público por el ya fallecido juez Claudio Bonadio en 2019.
Zuvic además cuestionó al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner quien en los últimos días intentó justificar bienes valuados en 2,5 millones de dólares: “Carlos Santiago Kirchner, denunciado por enriquecimiento ilícito, fue clave porque estaba al frente de la subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública, un cargo hecho a medida”.
Siguiendo con la nota y luego de manifestarse en lo acontecido con el primo de Néstor Kirchner, aprovechó para decir que “Las causas están avanzando, sino no existiría esta embestida contra la Corte Suprema. El plan de impunidad está truncado. En tiempos históricos no van a poder concretarlo, pudieron suspender momentáneamente Hotesur y Los Sauces, pero hay herramientas para que se vuelva a reactivar”.
Sobre el final, Zuvic explicó que “hay conexidad entre todas las causas, que tiene que ver con el lavado de dinero”. “El origen fue la obra pública e indefectiblemente vamos a Hotesur y Los Sauces por donde lavaron el dinero ya que fue la estructura de servicio y hotelería que prestaban para lavar dinero” y denunció: “Tuvimos que enfrentarnos a situaciones bastante duras en nuestra vida personal, familiar y política persecuciones en manos de la actual vicepresidenta de la nación”.
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El pasado martes diez de septiembre, autoridades de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de CABA, a cargo de la Dra. Mariela Paola De Mincis, escucharon la acusación de una mujer de 35 años identificada por sus iniciales, M.C.A., quien denunció por abuso sexual a David Adrián Martínez, conocido popularmente como “El Dipy”.
– Primer página de la declaración testimonial
DATA24.COM.AR accedió a la declaración testimonial de M.C.A. El documento de 12 páginas detalla tres situaciones de abuso que habrían ocurrido entre marzo y mayo de este año por parte del cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza hacia una militante del espacio que goza de relativa popularidad en sus redes sociales.
Allí, la ‘influencer’exhibe fotos junto a figuras claves del oficialismo libertario y alfiles clave del entorno del presidente Javier Milei, como lo son la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el escritor Agustín Laje y los comunicadores Mariano Pérez y “Franfijap” (apodo de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol), a quienes llama “amigos”. Incluso compartió espacios de streamings libertarios con personalidades ya olvidadas por el movimiento, como es el caso de Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, el responsable del TikTok de Milei.
¿QUÉ DICE LA DENUNCIA?
La mujer relata que conoció personalmente a El Dipy el 25 de octubre del año pasado. El cantante llegó a ella a través de las redes sociales, conectados por la militancia para La Libertad Avanza, y la invitó a un bar de la calle Ayacucho, en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde tocaba como DJ.
La denunciante señala que Martínez aprovechó su situación de vulnerabilidad económica para ejercer control sobre ella. Según el testimonio, el cantante le prometió un cargo en el Estado bajo la órbita del gobierno de Javier Milei, indicando que “la ayudaría” una vez que este asumiera. Sin embargo, esta promesa nunca se materializó y, según relata, se utilizó como una herramienta de presión para que accediera a los encuentros.
A lo largo de su testimonio, la mujer describe cómo el acusado utilizaba amenazas y su supuesta influencia para intimidarla. En varias ocasiones, Martínez habría mencionado tener armas en su casa y afirmó que podía lastimarla si contaba lo sucedido.
En relación con aquella noche en el bar de San Martín, la mujer dio a entender queEl Dipy habría puesto alguna droga en unos tragos que le ofreció. Así lo relata la presunta víctima: “Él estaba en el VIP con amigos y al acercarme me invitó a tomar tragos de Fernet. No tomé mucho. En un momento, me preguntó si quería tomar pastillas y le dije que no. Se puso muy insistente, pero no accedí. Sin perjuicio de no haber consumido tanto alcohol, me empecé a sentir mareada y le dije al aludido que me iba a mi casa. No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele causar ese efecto de mareo el Fernet”.
Terminada esa noche, ambos se dirigieron a la casa de Dipy, situada en Villa del Parque y tuvieron relaciones sexuales. “Creo que el acto fue consentido, pero como no recuerdo lo que sucedió en detalle, por lo tanto no lo puedo asegurar, como dije estaba muy mareada. En ese preciso momento no me quedé con una mala sensación de lo que pasó, porque hasta entonces, él me trataba bien”, aclara la denunciante.
Luego de ese encuentro, el cantante y la ‘influencier’ libertaria siguieron en contacto a través de WhatsApp y establecieron una suerte de vínculo: “Todavía me trataba bien y me sentía cómoda cuando nos veíamos”, señaló la víctima.
La situación cambió drásticamente un mes después, cuando la denunciante comenzó a percibir “aspectos de su actitud que me parecieron violentos, precisamente, a partir del día que Milei ganó las elecciones”, el 19 de noviembre de 2023. Ese día, la mujer celebraba junto a sus compañeros la victoria del libertario sobre el kirchnerista Sergio Massa en el búnker de La Libertad Avanza, ubicado en el Hotel Libertador.
En la declaración relata que, esa noche de júbilo, El Dipy comenzó a llamarla por celular “con mucha insistencia, a pesar de que no lo atendía. Después, me empezaron a llegar mensajes de él preguntándome por qué no le respondía y me decía que me fuera del bunker para encontrarnos. No respondí porque quería seguir festejando con mis amigos”.
El primero de los hechos que se relata en la declaración testimonial habría ocurrido 117 días después de aquellos festejos, el 15 de marzo de 2024. Según consta en el documento judicial, el cantante citó a la víctima en su departamento de Villa del Parque con la excusa de discutir novedades sobre un puesto de trabajo que le había prometido. Ella detalla que se encontraban tomando mates en los sillones del living “hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar”. Tras el presunto abuso, El Dipy contrató un vehículo de alquiler desde su propio teléfono y le entregó dinero en efectivo para que pague el viaje hasta su casa.
“Al llegar a mi departamento me bañe del asco que me dio la situación. No acudí a ningún centro médico por temor a quedar expuesta públicamente por lo ocurrido y en ese entonces no sabía si podía denunciar lo que me estaba ocurriendo”, relató la mujer tras el primer episodio.
El segundo hecho se dio el 17 de abril de 2024, nuevamente en el departamento del acusado. Presionada por su situación económica y con la esperanza de concretar el trabajo prometido, accedió a la cita. En el lugar, Martínez repitió el patrón: la inmovilizó, ignoró sus negativas y la sometió sexualmente. “Le dije que estaba conociendo a alguien para evitar la situación, pero, lejos de eso, él me contestó que estaba de novio con una chica de Córdoba y que no le importaba. Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales, la penetración fue vaginal y no uso preservativo, a pesar de que se lo pedí (…) Fue todo muy denigrante y me sentí muy angustiada”.
El último episodio tuvo lugar el 16 de mayo de 2024. En esta ocasión, Martínez la forzó a practicarle sexo oral tras insistir, nuevamente, en la promesa de un empleo en el Estado. Así lo desarrolla la víctima: “Fui a su casa, empezamos a charlar en el living, en los sillones, como siempre, y otra vez se tiró encima mío. Le pedí que no lo hiciera, porque tenía puesto un ovulo en mi zona genital. Entonces, me respondió ‘bueno, pero me la podés chupar igual‘ y me forzó a practicarle sexo oral. Se bajó los pantalones y la ropa interior, sacó su miembro y me lo acercó a la cara. A la vez, él me sacó la remera y el corpiño. Después, me tomó de la cabeza y me obligó a practicarle sexo oral. Mientras lo hacía, me repetía ‘dónde querés que te acabe’ y lo hizo ensuciándome el pecho”.
La mujer no pudo precisar los horarios exactos en los que habrían ocurrido los delitos; sin embargo, recordó que “fueron durante el día, ya que era común que él llegara de sus giras y me enviara mensajes aduciendo que tenía novedades del trabajo o que había hablado con alguna persona influyente del gobierno sobre el tema, para que me sintiera obligada a verlo, bajo la amenaza de que si no lo hacía no me daría el puesto”.
Además, afirma tener —utilizando un término aún más contundente, “resguardo”— todos los mensajes intercambiados con El Dipy. En ese sentido, la denunciante ofreció su dispositivo para que se realicen los peritajes correspondientes, así como cualquier otra información requerida por las autoridades judiciales.
AMENAZAS Y “AMIGOS NARCOS”
Un detalle sobre la “relación” entre la denunciante y David Adrián Martínez es que se tornó inquietante desde sus primeros encuentros, según consta en la declaración testimonial a la que accedió este medio. La víctima describió cómo el cantante comenzó a sembrar el temor en ella al presentarle a personas de dudosa reputación y al jactarse de su poder e influencia.
En su declaración, la mujer narró un episodio alarmante ocurrido la primera vez que Martínez la invitó al bar de San Martín (Provincia de Buenos Aires) en octubre de 2023. Aquella noche, además de ofrecerle drogas, “me presentó a un narco. Cuando esta persona se retiró del local, Martínez me aclaró que su conocido era narco”, relató. La situación, lejos de ser casual, dejó a la denunciante con una sensación de inseguridad. “Le respondí que no me presentara a ese tipo de gente. Me dio mucha inseguridad conocerlo, ya que me parecía gente peligrosa”, añadió.
El temor de la víctima se profundizó a medida que Martínez mostraba conductas cada vez más intimidatorias. La denunciante afirmó que el acusado solía alardear de poseer armas y utilizar amenazas para obtener lo que quería. “Me amenazaba diciéndome que, si le contaba a alguien sobre el trabajo que me ofrecía, me iba a matar”, explicó. Además, agregó que Dipy reiteraba frases como “no hay nada más peligroso que un negro con poder” y que “estaba enfierrado“, en referencia a las armas que aseguraba tener en su domicilio. Aunque nunca le mostró un arma, estas palabras lograron infundir un profundo miedo.
Martínez también relataba episodios en los que, según sus propias palabras, utilizó la intimidación para alcanzar sus objetivos. “Me contaba anécdotas sobre ocasiones en las que amenazaba gente para obtener cosas que quería. Me empecé a sentir muy insegura”, detalló M.C.A en su testimonio.
Con el paso de los meses, esta sensación de inseguridad se tornó insoportable y fue clave para que la denunciante decidiera romper el silencio y presentar la denuncia: “Siento miedo, incomodidad y vergüenza por las situaciones que atravesé. Me da mucho miedo que me pueda suceder algo malo porque Martínez es una persona muy violenta en su trato y por lo que me contó, es su modalidad amenazar a los demás para conseguir cosas. El me decía que si llegaba a contar algo de lo que sucedía me mataba. Lo repetía siempre (…) Realmente siento mucho temor y necesito una custodia que esté conmigo todo el tiempo, no únicamente en mi domicilio, porque —por trabajo— viajo constantemente de provincia a capital en la actualidad y temo que me suceda algo en cuanto el imputado conozca lo denunciado”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la destitución de Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien había investigado al exgobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión por corrupción. En una decisión unánime, el máximo tribunal consideró que el proceso que culminó con la exoneración de la fiscal en 2022 estuvo plagado de irregularidades que vulneraron el debido proceso y la garantía de defensa.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, determinó la nulidad de todas las actuaciones desde que se conformó el jurado que destituyó a Goyeneche. Según la Corte, hubo graves defectos en la integración del Jurado de Enjuiciamiento y en la designación del acusador, lo que afectó la imparcialidad del procedimiento. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también fue cuestionado por no abordar de manera adecuada los planteos sobre la falta de objetividad en el caso.
Cecilia Goyeneche, quien era procuradora adjunta de Entre Ríos, se destacó por investigar casos de corrupción de alto impacto, incluido el entramado de desvío de fondos públicos conocido como el caso de los “Contratos de la Legislatura”. Sin embargo, en 2021 fue acusada de “mal desempeño” por no haberse excusado en una causa donde mantenía vínculos personales con uno de los imputados. Tras un proceso calificado como “venganza política” por la propia fiscal, fue destituida en mayo de 2022.
En ese momento, Goyeneche denunció públicamente la falta de garantías en el proceso y la motivación política detrás de su destitución. “Lo que hicieron da asco”, expresó entonces, señalando que su remoción buscaba desactivar investigaciones futuras sobre corrupción en la provincia.
El fallo de la Corte no implica una evaluación sobre los hechos que originaron el juicio político, pero sí establece que las irregularidades procesales descalificaron todo lo actuado. Ricardo Lorenzetti, en un fundamento adicional, enfatizó la importancia de que las sentencias sean claras y fundadas para garantizar la legitimidad del Poder Judicial. “Los jueces y juezas no solo deben dar resultados, sino argumentos que constituyan una guía para que la sociedad comprenda los principios del Estado de Derecho”, escribió.
La resolución ordena que la causa regrese a Entre Ríos para un nuevo pronunciamiento, aunque las irregularidades detectadas podrían dificultar una eventual ratificación del proceso. Goyeneche, en tanto, recupera su lugar en un caso que marca un precedente en la defensa de los principios constitucionales frente a la arbitrariedad institucional.
El senador nacional Edgardo Kueider, representante de la provincia de Entre Ríos y miembro del bloque Unidad Federal, fue detenido hoy miércoles en Paraguay cuando intentaba ingresar a ese país con más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. La retención ocurrió durante un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad —que conecta Paraguay con Brasil— según confirmó Oscar Orué, jefe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay.
“Se abrió el vehículo y se encontraron paquetes que contenían dólares no declarados. Se informó al fiscal interviniente y el dinero fue incautado. También se retuvo el auto del senador”, explicó Orué en declaraciones a la radio paraguaya AM780. Según el funcionario, Kueider no colaboró en el procedimiento ni justificó el origen del dinero.
El incidente generó una fuerte conmoción en el Senado. Aliado estratégico del oficialismo, Kueider fue una figura clave en votaciones recientes, como la aprobación de la Ley Bases, que consolidó apoyo legislativo para el gobierno de Javier Milei.
Desde el kirchnerismo, que “ya había roto relaciones” con el legislador tras su distanciamiento del bloque oficialista en 2022, la reacción fue contundente. El senador Oscar Parrilli sugirió un pedido de desafuero para que sea investigado “como cualquier otro ciudadano”. Por su parte, el interbloque Las Provincias Unidas, al que pertenece Kueider, emitió un comunicado en el que manifestó su disposición a que “la Justicia esclarezca los hechos”.
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel, optó por la cautela, esperando mayores precisiones. Sin embargo, legisladores opositores se mostraron críticos. “Es tremendo que un senador esté involucrado en esto”, expresó un dirigente de Unión por la Patria.
ACUSACIONES PREVIAS Y VÍNCULOS POLÉMICOS
El nombre de Kueider ya estaba bajo escrutinio antes de su detención. En su provincia enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre las pruebas en su contra se encuentran inversiones inmobiliarias a nombre de terceros, incluidos departamentos de lujo registrados a nombre de su secretaria y de una empresa vinculada al senador.
A nivel federal, la jueza Sandra Arroyo Salgado también investiga su patrimonio, que, según su última declaración jurada de 2021, ascendía a 5 millones de pesos. Sin embargo, Kueider no presentó actualizaciones desde entonces, incumpliendo la normativa que exige declaraciones patrimoniales anuales.
SU RELACIÓN CON EL OFICIALISMO DE MILEI
Kueider jugó un rol estratégico en el Senado al acercarse al actual gobierno a través del asesor presidencial Santiago Caputo. Este vínculo lo consolidó como un aliado clave en votaciones esenciales y le valió propuestas como liderar la Comisión de Asuntos Constitucionales y, eventualmente, ocupar la embajada argentina en Uruguay.
La detención en Paraguay podría derrumbar estas aspiraciones y agravar su situación judicial. Según fuentes judiciales, el origen del dinero incautado podría estar relacionado con presuntas coimas. En Entre Ríos, hay versiones indican que Kueider habría recibido 500 mil dólares para votar a favor de la Ley Bases.
El caso Kueider reavivó el debate sobre la transparencia y la ética. Con 17 asesores en el Senado y una carrera política que comenzó de la mano de el actual diputado Bordet, el escándalo amenaza con sepultar su trayectoria. “Este episodio demuestra el deterioro ético en la política”, señaló un dirigente opositor.
El senador deberá declarar en las próximas horas ante la fiscalía de Ciudad del Este, donde se determinará si será imputado formalmente. Mientras tanto, su futuro político y judicial pende de un hilo.
Un escándalo con olor a arroz, yerba y corrupción sacude nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, liderado por Federico Masso. Todo comenzó cuando en un allanamiento por una denuncia de violencia de género dejó al descubierto algo más que pruebas del esta denuncia inicial: pilas de mercadería destinada a programas sociales, cuidadosamente almacenadas en un domicilio que no parecía, digamos, un comedor comunitario.
El escenario del descubrimiento fue el Barrio 2500 Viviendas, en Manantial Sur. Allí, la policía encontró no solo al acusado de violencia de género, JALC, sino también fardos de alimentos con el inconfundible sello de “Prohibida su venta”. Lo que debía alimentar a las familias más necesitadas de Tucumán aparentemente estaba tomando otro rumbo, y no precisamente solidario.
Entre los productos incautados había arroz, fideos, puré de tomate, leche en polvo y yerba, todo prolijamente etiquetado como parte de la asistencia social. Además, cuadernos con sospechosas anotaciones apuntaban a una posible comercialización ilegal de los alimentos en negocios locales.
Federico Masso, el ministro de Desarrollo Social, salió rápidamente a ofrecer explicaciones. Según él, la mercadería había sido entregada legalmente a una organización social con personería jurídica, y no al detenido en cuestión. “El detenido no tiene relación con la orden de entrega. Lo que debemos investigar es cómo y por qué esta mercadería fue encontrada fuera de su destino”, declaró, con un tono que oscilaba entre la indignación y el desconcierto.
Sin embargo, este no es el primer incidente que salpica a la gestión de Masso. A principios de año, ya se había denunciado la venta de productos de planes sociales en mercados negros. Al parecer, la fiscalización de la que tanto presume el ministro no está siendo suficiente para evitar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables terminen como moneda de cambio en redes de corrupción.
Masso aseguró que “el sistema no falló” y que la mercadería fue retirada por el padre del detenido, quien dirige la organización social beneficiaria. Según él, todo está documentado con remitos y declaraciones juradas. Incluso enfatizó su compromiso con la transparencia y prometió colaborar con la fiscalía. “No vamos a permitir que un gramo de arroz que destinamos a miles de tucumanos sea utilizado inescrupulosamente”, sentenció.
Pero las palabras del ministro no logran disipar las dudas. Si el sistema funciona tan perfectamente como afirma… ¿Cómo es posible que alimentos etiquetados como “Prohibida su venta” terminen en una vivienda particular? ¿Cuántas veces más veremos estas “excepciones” que ponen en evidencia un patrón alarmante?
La causa, que empezó como una investigación por violencia de género, ahora suma un capítulo económico y político. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos está detrás de las pistas para esclarecer el desvío de los alimentos y su posible venta ilegal.
Mientras tanto, Masso intenta calmar las aguas reuniéndose con el gobernador y prometiendo investigar “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, su gestión está bajo la lupa, y cada nuevo escándalo debilita la confianza en la transparencia que tanto pregona.
La Universidad kirchnerista Madres dePlaza de Mayo, que en 2023 recibió subsidios por $4500 millones y que tuvo 0 graduados en ese período, utilizaba un edificio ubicado en Rivadavia al 2700, cedido por el Estado Nacional para uso exclusivo de la universidad. La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento al inmueble en el que se encontró, entre otras irregularidades, un boliche clandestino.
“El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos. Sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, alumnos, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche” explicó Adorni mientras mostraba las fotografías que daban fe de lo que allí se encontraba.
“Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos. Este es el motivo por el cual el Ministerio de Justicia presentó la denuncia penal correspondiente” agregó el vocero presidencial.
Lejos de conformarse con un boliche clandestino, Adorni continuó detallando lo que se encontró en el procedimiento policial: “En el tercer piso, que era en donde se hacían fiestas, además vivía una familia en el lugar. En los dos primeros pisos funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), vinculado a uno de los famosos ex piqueteros -porque ya no cortan más la calle-, en donde se encontraron banners con las frases ‘Vamos a volver’, junto a una imagen de la expresidente condenada, Cristina Kirchner”.
“Además funcionaba la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, la cual funcionaba durante agobiantes y estresantes tres horas diarias, de 15:30 a 18:30, y también la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina. Vaya a saber Dios qué función desempeñaba en un edificio de estas características” cuestionó el funcionario.
– El artículo de la resolución que explicita la sesión a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo
Por su parte, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el edificio será recuperado para posteriormente ser vendido. “El Ministerio de Justicia de la Nación informa que ha presentado una denuncia penal, donde solicitó un allanamiento urgente que está en curso, tras descubrir el uso clandestino e irregular de un inmueble cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos en un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro.”
“Durante la inspección realizada por esta cartera, se constató que en el lugar operaba un establecimiento bailable clandestino con una barra que servía bebidas alcohólicas, pero eso no es todo: el espacio también se utilizaba para actividades políticas partidarias y otras prácticas ilegales, demostrando un absoluto desprecio por los fines para los cuales el Ministerio concedió este inmueble.”
“Como si esto fuera poco, en el año 2023, el Ministerio de Justicia destinó el equivalente a $4500 millones de pesos de hoy a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sin que se recibiera un solo alumno. Este inmueble, lejos de ser un instituto educativo, se convirtió en un centro de juerga y adoctrinamiento político financiado por el dinero de los argentinos.”
“Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por la casta. El inmueble será recuperado para su posterior venta, y los responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, sentenció el comunicado.
En medio del revuelo por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que ocupen un lugar en la Corte Suprema y la posibilidad de que sean nombrados por decreto, en el máximo tribunal reflotaron antecedentes y dan señales no estar de acuerdo con la idea de que el Ejecutivo proceda de dicha manera o al menos no sin que sus opiniones sean consultadas.
Desde el Gobierno descreen que la Corte no les tome juramento a los nuevos jueces si estos son nombrados por decreto presidencial, y si llegara a ser así, amenazan con que será el Ejecutivo mismo el que lo haga. En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.
Por el momento, el juez Ariel Lijo cuenta con 9 firmas en su pliego. Una de las mismas es de la senadora Lucía Corpacci, quien accedió a hacerlo por indicación de su jefa política Cristina Kirchner. El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. El pliego de Lijo está demorado porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno, no accediendo así al reclamo del kirchnerismo de acordar por Lijo y, en vez de García-Mansilla, proponer a una mujer. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrarlos en aras de, en 2025, contar con una Corte Suprema con 5 jueces.
En el actual escenario, desde la Corte Suprema sacaron del cajón antecedentes: el más cercano al presente es la vez que el ex presidente Mauricio Macri nominó a los jueces Hernán Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros del máximo tribunal. Fue el fruto de un acuerdo entre el entonces mandatario, los jueces de la Corte y la oposición. Con base en esas designaciones, las máximas autoridades del Poder Judicial quieren intervenir con un diálogo con el Gobierno, como sucedió con Macri.
Los gestos de la Corte Suprema para tomar parte en el procedimiento para designar nuevos miembros se inscribe en el marco de una relación ambivalente con el Gobierno, con ministros de buena relación como Ricardo Lorenzetti, y otros como Hernán Rosatti, que no tiene el visto bueno de Javier Milei y su entorno.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos maten? Estamos hartos. En lugar de preocuparse por lo que decimos y mandar al caradura de @M_Saredi a mentir con estadísticas que no le importan a nadie, hagan algo de una vez, @FerEspinozaOK, @Kicillofok. Hace 40 años que gobiernan… https://t.co/vSkAo96VJG
