16 julio, 2025

Los bolsos de Milagro Sala: El rol de Máximo Kirchner y el “Cuervo” Larroque

Se conocieron nuevos testimonios de una de las víctimas de la líder de Tupac Amaru. El dinero a Máximo Kirchner y Andrés Larroque, las amenazas y las obras que se cobraron pero no se hicieron. ¿Cómo llegaban los bolsos a la Quinta de Olivos?
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La dirigente jujeña Milagro Sala continúa presa desde la pronunciación de su condena en el año 2016. Cayó tras un tendal de denuncias por malversación de fondos, corrupción, abusos y amenazas sobre sus propias agrupaciones y militantes.

En forma exclusiva, el portal REALPOLITIK tuvo acceso a los detalles de una de las declaraciones de los testigos que durante el juicio tuvieron el beneficio de la identidad reservada, pero que ahora lograron quebrar el silencio y trascender a la luz pública. Se trata de Mabel Balconte, quien no dejó detalle librado al azar.

En el relato, se aportan datos significativos sobre el mecanismo de amenazas y corrupción que atravesaba a la Tupac Amaru y la forma en la que estos le rendían cuentas en efectivo y en numerosos bolsos a los dirigentes Máximo Kirchner, Julio De Vido y Andrés “Cuervo” Larroque.

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La denuncia de Balconte fue realizada ante la fiscalía Penal Nro. 7 de Jujuy, en donde la dirigente de la organización social “14 de Febrero”, que dependía directamente de Sala, explicó cómo funcionaba el oscuro entramado por dentro. La organización se dedicaba, al menos en los papeles, a la concreción de obras como viviendas de uno y dos dormitorios, refacciones en escuelas y mejoras en general.

De acuerdo a Balconte, la dirigente Milagro Sala tenía un trato abusivo y amenazante a sus propias dirigentes, para asegurarse que ninguna fuera a renunciar o a llevar adelante una denuncia respecto a lo que sucedía puertas adentro. “Hija de puta, cajeta de mierda”, era la forma habitual de referirse a sus principales subordinadas, de acuerdo a Balconte.

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“La organización llevaba adelante obras en localidades como San Pedro, El Acheral, Rodeito, Villa Monte, El Fuerte, Calilegua, El Palmar, etcétera. Milagro nos amenazaba y nos pedía que facturemos por obras supuestamente ejecutadas en otros barrios, que nosotros no conocíamos y no sabíamos si se habían hecho o no. Después nos presionaban para que hagamos los trámites administrativos en el Instituto de la Vivienda”, afirmó.

De acuerdo al testimonio, los cheques del Instituto de la Vivienda eran retirados y entregados al contador de la propia Sala, llamado Lucio Abregú. De allí, se los trasladaba al Banco Nación de la calle Alvear y Necochea, en Jujuy, para ser cobrados.

“Quienes iban al Banco Nación eran Gladis Díaz, Mirta Aisama, Mirta Guerrero y Patricia Jaldín, quienes lo metían en bolsos, lo cargaban en dos autos y se iban a la casa de Milagro Sala”, aseguró la testigo.

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Balconte era uno de los que iba entonces a la casa de Milagro Sala a contar el dinero. De acuerdo a la testigo, allí estaban Marcia Sagardia y Javier Nieva. “Íbamos a lo de Milagro porque ella tenía la contadora de billetes”, aseguró. “Quien siempre estaba allí controlando la plata era Alejandro ‘Coco’ Garfagnini, quien es el vocero de la Tupac y era el nexo con Máximo Kirchner y Andrés ‘Cuervo’ Larroque”.

En efecto, los bolsos eran llevados desde la casa de Milagro Sala directamente a la Quinta de Olivos. “A veces íbamos en varios autos y, cuando era mucha plata, lo dividíamos en varias valijas y nos íbamos en avión”, asegura Belconte.

“Primero llevábamos la plata a un departamento alquilado por Sala en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Lima 265, frente al ministerio de Desarrollo Social. Ahí contábamos por última vez el dinero y Milagro lo llevaba a la Quinta de Olivos. En la Quinta sólo entraba ella con los bolsos, el resto esperábamos en una confitería de la esquina”, detalló.

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De acuerdo a la declaración, Sala obligaba a algunos de sus dirigentes a prestar la firma para convenios con Julio de Vido. “Nos llevaban a firmar convenios de obras, y de ahí Milagro se reunía con José López, que era quien autorizaba los pagos”, aseguró. Asustada, Balconte relata las amenazas a las que era sometida. “Si decís algo, vas a terminar en el fondo de un dique mirando los pececitos de colores”, relató angustiada.

Vale aclarar que, gracias al cierre del juicio oral y público, en el que finalmente se condenó a Milagro Sala, estos testimonios pueden ser dados a conocer luego de un extenso tiempo de reserva judicial.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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CHACO | La Justicia investiga al presidente de LLA y Director de ANSES por afiliaciones truchas y extorsión

La Fiscalía Federal de Resistencia, dirigida por el Dr. Patricio Sabadini, se prepara para solicitar la detención de Alfredo “Capi” Rodríguez, director regional de ANSES y presidente de La Libertad Avanza en Chaco, tras la feria judicial de agosto. La investigación llevada a cabo revela un esquema de afiliaciones fraudulentas al partido político que habría afectado a personas vulnerables, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidades.

Los datos son contundentes, con más de 17 personas citadas aleatoriamente del padrón partidario, 15 negaron haberse afiliado voluntariamente al partido. La gravedad del caso se incrementa por el perfil de las víctimas: personas de edad avanzada, algunos analfabetos o con enfermedades como Parkinson.

La jueza federal, Zunilda Niremperger, delegó la causa al fiscal Sabadini, quien ha confirmado irregularidades en al menos 13 casos donde las personas no reconocieron sus firmas en las fichas de afiliación. Según trascendió, Rodríguez habría utilizado su acceso a las bases de datos de ANSES para obtener información personal de ciudadanos y afiliarlos al partido sin su consentimiento.

El escándalo ha generado tensiones internas de LLA en Chaco. Un grupo de 300 militantes envió una carta a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, solicitando la pericia del partido debido al manejo “autoritario” de Rodríguez, quien está alineado con los primos Menem, Martín y Eduardo, dentro de la estructura libertaria. Para sostener las afiliaciones, el partido que dio los avales a LLA de Chaco fue el de La Rioja, confirmando esta vinculación.

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En la carta, los militantes sostienen que “las personas que no responden al actual presidente provincial, que no simpatizan con él, no acatan ni avalan su autocracia, se les obstaculiza, ignora o rechaza la aceptación de su afiliación”.

Se lo acusa a Rodríguez principalmente por extorsión, delito tipificado en el artículo 168 del Código Penal , que establece una pena de reclusión o prisión de cinco a diez años, por “impedir la libre decisión de las personas”. La misma, consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio. En este caso, se investiga si Rodríguez exigía porcentajes de sueldos a empleados de ANSES como condición para mantener sus empleos.

La segunda imputación se refiere a falsedad documental agravada por su carácter de funcionario público. Este delito se configura cuando un funcionario público inserta declaraciones falsas en documentos públicos relativos a hechos que tales documentos deben probar. Se caracteriza por aprovechar el carácter auténtico de un documento para insertar declaraciones erróneas. El agravante por ser funcionario aumenta significativamente la pena, dado que vulnera la fe pública que el Estado deposita en sus funcionarios.

Fuentes judiciales indicaron que la medida cautelar realizada se basaría en la gravedad de los hechos conocidos y el riesgo de entorpecimiento en la indagación. Las afiliaciones fraudulentas habrían sido realizadas durante 2023 para cumplir con los requisitos de personería jurídica del partido en la provincia.

La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueben la solicitud, o automáticamente si no se considera dentro de los 15 días hábiles. Crucialmente, la ley establece que no puede haber doble afiliación y que el registro de afiliados debe ser público.

Paralelamente, a comienzos del mes de julio, ANSES presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una red de jubilaciones falsas que operaba a través de un estudio contable en Resistencia. La revisión, dirigida por el juez Ricardo Mianovich, reveló que se utilizaban declaraciones juradas rectificativas falsas para simular relaciones laborales inexistentes.

El mismo Rodríguez confirmó que se detectaron “unas treintena de jubilaciones truchas” y que el estudio involucrado cobraba 3 millones de pesos por los trámites fraudulentos. El análisis contó con el apoyo del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello.

Redacción

info@data24.com.ar

Alperovich cumplirá domiciliaria en el lujoso departamento de Puerto Madero donde comenzaron los abusos a su sobrina

La Justicia otorgó este miércoles el arresto domiciliario a José Jorge Alperovich, exsenador nacional y tres veces gobernador de Tucumán, sentenciado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina segunda —seis con acceso carnal y tres simples en grado de tentativa— ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.  La resolución de Juan María Ramos Padilla llegó después de poco más de un año de detención efectiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El magistrado dispuso que el condenado de 70 años permanezca en uno de sus inmuebles del complejo Zencity de Puerto Madero, escenario de uno de los ataques acreditados en el debate oral. Para garantizar la medida impuso monitoreo electrónico permanente y fijó una caución real de 400 millones de pesos. Además, prohibió cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la denunciante y su entorno, así como referencias públicas que pudieran afectarla.

El lugar fijado es uno de los departamentos del imputado en Puerto Madero, precisamente uno de los lugares donde se cometieron los primeros abusos por los que fue condenado.

– TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 29 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 86.765/2019/TO1

“Debe quedar claro que no voy a conceder el arresto domiciliario solicitado como un privilegio ni por compasión, sino como ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, neutralizando los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurando la protección” de la víctima, sostuvo Ramos Padilla. 

El juez advirtió que “cualquier omisión o intento de evasión —por mínimo que sea— habilitará la revocación inmediata del beneficio y el reingreso al establecimiento penitenciario”.

Entre los fundamentos aparecieron la edad de Alperovich y un agudo dolor de columna que, según informes médicos del Servicio Penitenciario Federal, limitaba su movilidad, junto con hipertensión y un cuadro depresivo diagnosticado en marzo de 2025. Durante su estadía en Ezeiza recibió atención en el Hospital Penitenciario Central y fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Italiano.

La familia ya había intentado morigerar la detención tres meses después de la condena. Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich se ofrecieron entonces como “fiadores”, prometieron acompañar a su padre las 24 horas y entregaron sus pasaportes “para demostrar que no existiría riesgo de fuga”. La Justicia rechazó aquella petición en dos oportunidades, pero ahora el juez consideró que mantener al exmandatario en prisión preventiva sería “arbitrario” frente a las condiciones carcelarias y a su estado de salud, aunque la condena y la inhabilitación perpetua para cargos públicos siguen vigentes.

Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 declararon más de 80 testigos, incluido el exgobernador Juan Manzur. En su sentencia, Ramos Padilla subrayó: “Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado”. El tribunal entendió que Alperovich aprovechó “un contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder” para perpetrar los abusos.

Alperovich negó siempre las acusaciones y las atribuyó a motivaciones “políticas y económicas”. Su entonces pareja, la exganadora de Gran Hermano Marianela Mirra, difundió en mayo último una fotografía del exsenador internado que reavivó críticas a las condiciones de detención. El expediente continúa en trámite de apelación y revisión. Mientras se define la instancia superior, el exgobernador permanecerá bajo arresto domiciliario, controlado electrónicamente y sujeto a supervisión judicial periódica.

Redacción

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