“La voy a violar para vos”: Los mensajes por los que pidieron la detención de Guazzora
El militante K le ofreció dinero a la madre de una adolescente para poder abusar de ella. Las sumas iban de 50 mil a 100 mil pesos. La Justicia dio a conocer una serie de mensajes que el prófugo envió a la madre víctima.
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Este jueves, una serie de mensajes aportados a la causa por corrupción de menores contra el ex precandidato a diputado provincial por el partido de Guillermo Moreno, Principios y Valores, Ezequiel Guazzora, fueron claves para probar las actitudes del acusado. En los mismos se lee como ofrece una suma de dinero para “violar” a una menor.
El periodista militante, de 40 años, fue denunciado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La organización presentó varias capturas de pantalla de chats que el sospechoso mantuvo con una mujer de 44 años.
Los mensajes enviados desde su cuenta de Instagram oficial, la cual usa para exponer sus entrevistas callejeras y su militancia para con Cristina Kirchner, forman parte del expediente y dan cuenta de la intención del ahora prófugo de pagarle a la madre de la víctima para que tener relaciones sexuales con la menor. En el intercambio de mensajes publicado por el medio Infobae se expone el número de CBU que la implicada intercambia con Guazzora, al mismo que finalmente transfirió una suma de $100.000.
Los mensajes enviados por Guazzora son altamente explícitos y hacen mención a su intención de abusar de la adolescente: “La voy a violar para vos”, le escribió a la madre. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, suma.
Luego el notero callejero, ofreció: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”. Lo que encendió las alarmas de los investigadores es que en el mismo chat hacen mención a otras posibles víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, insiste.
Una de las respuestas de la mujer detenida que se pueden leer en los mensajes filtrados es una recriminación: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. A lo que Guazzora respondió: “Nunca te fallé, ¿ok?”.
Fuente: Periodismo y Punto
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El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, emitió su dictamen sobre el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, donde se la condenó por fraude al Estado en un fraude estimado en 85.000 millones de pesos.En su análisis, Villar rechazó la apelación argumentando que los planteos presentados “no son más que reiteraciones” de argumentos ya revisados y desestimados previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación.
Villar sostuvo en su dictamen que la vía federal intentada “no es apta para crear una tercera instancia”, reforzando la imposibilidad de revertir la condena en esta etapa del proceso. Con esta decisión, respaldó los criterios jurídicos adoptados tanto por el Tribunal Oral Federal como por la Cámara de Casación Penal. En concordancia con el rechazo a los planteos de CFK, también desestimó los recursos presentados por Lázaro Báez y los demás imputados en la causa, quienes insistían en que los procesos licitatorios fueron legales y negaban el perjuicio ocasionado al Estado.
– Mario Villar
El pasado 14 de febrero, la defensa de la exvicepresidente, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando la anulación de la condena. En un documento de aproximadamente 40 páginas, los letrados señalaron supuestas irregularidades en el proceso judicial y cuestionaron la imparcialidad de los jueces, alegando vínculos con el expresidente Mauricio Macri.
Entre los principales argumentos de la defensa, se destaca que la exmandataria no tenía un control directo sobre las obras viales en Santa Cruz, dado que estas fueron aprobadas mediante leyes presupuestarias, licitaciones y supervisadas por organismos descentralizados como Vialidad Nacional. Además, señalaron la incorporación de pruebas que, según ellos, no fueron debidamente exhibidas durante el juicio, y sostuvieron que las adjudicaciones a Lázaro Báez y otros imputados se realizaron dentro del marco legal, sin evidencia de malversación.
Tras el dictamen de Villar, corresponde ahora a la Sala IV de la Cámara de Casación decidir si concede las apelaciones para que los reclamos sean verificados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de rechazo, la defensa de CFK aún podría recurrir con un recurso de queja ante el máximo tribunal. Sin embargo, la Corte ya intervino indirectamente en la causa en junio de 2022, cuando desestimó los recursos presentados alegando que no se dirigían contra una “sentencia definitiva”.
El Ministerio Público Fiscal, en paralelo, también decidió pronunciarse ante la Cámara de Casación con el objetivo de aumentar la pena impuesta a CFK y que se la condene también como “jefa de una asociación ilícita”. Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y SergioMola sostuvieron que el esquema de corrupción en los sobreprecios viales no solo constituía administración fraudulenta, sino que también configuraba una organización destinada a desviar fondos públicos en favor de empresarios vinculados a la “Ruta del dinero K”.
Villar respaldó el pedido y afirmó que la maniobra de desvío de fondos fue ejecutada con “un diseño premeditado desde las más altas esferas del poder político”.
Cabe recordar que el caso se originó a partir de las denuncias del exdirector Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y culminó con el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°2. En diciembre de 2022, el tribunal condenó a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, aunque la sentencia no está firme mientras continúen los recursos legales. La fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, había solicitado una pena de 12 años al considerar que existía un esquema de corrupción sistematizado y estructurado en torno a la concesión de obras viales con sobreprecios.
Una denuncia anónima en Chaco inició la investigación sobre piqueteros de Capitanich que recibían dinero del Estado provincial a través de sus fundaciones y cooperativas.
Las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco, en coordinación con la Policía Federal, desplegaron un amplio operativo que abarcó 23 allanamientos simultáneos en diversas localidades, incluyendo Resistencia, Charata, Cote-Lai y Fuerte Esperanza. Los procedimientos abarcan zonas urbanas y rurales, además de un campo de aproximadamente 1.000 hectáreas en el área rural chaqueña. Se encontraron vehículos de alta gama, relojes de oro, quinchos y otros bienes de lujo que “no corresponden a sus actividades económicas formales”.
Como resultado de estos allanamientos, se logró la detención de cuatro dirigentes piqueteros, entre ellos Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos vinculados a diversas fundaciones sociales con acceso a fondos públicos. El operativo estuvo dirigido por el fiscal Patricio Sabadini, quien inició la investigación en la Fiscalía Federal N° 1.
“En virtud de una denuncia anónima presentada en un sobre de papel madera color marrón debajo de la puerta de acceso a esta Fiscalía Federal, que daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos”, afirmó Sabadini.
Las organizaciones vinculadas a los imputados habrían malversado aproximadamente $220.327.655,94 entre los años 2022 y 2023, fondos provenientes principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) funcionando bajo el entonces titular Mauro Andión, quien se lo conoce por “megacorrupción”, durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich. Según trascendió, $15.000 millones destinados para beneficencia en 2023, fueron mal utilizados o desviados hacia fundaciones privadas sin control adecuado. Más de 400 beneficiarios denunciaron haber sido estafados por dirigentes sociales vinculados al organismo.
Se decomisaron numerosos elementos comprometedores, como armas de fuego de diferentes calibres y municiones, estupefacientes, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, tarjetas de débito vinculadas a planes sociales y sellos de una fundación provincial.
El referente del movimiento La Roca Sólida, Carlos Rolón habría generado sospechas por ostentar bienes incompatibles con su perfil económico, incluyendo una camioneta 4×4 adquirida durante la pandemia. Además, se lo investiga por ofrecer a la venta un galpón que aparentemente habría sido construido con fondos provenientes del IAFEP.
Según el requerimiento fiscal, Torales y su padre José fueron visto por los investigadores yendo “con bolsos cargados a varios domicilios donde realizan operaciones de cambios de divisas de forma ilegal”. Los investigadores determinaron que compraban dólares norteamericanos, para luego con estos dólares ir hasta Paraguay y venderlos por criptomonedas “USDT”. Luego, al regresar, los cambiaban a pesos.
Cáceres, identificado como referente del Movimiento Juan Domingo Perón, figura como monotributista en la categoría “A” (la más baja) ante la AFIP. Paralelamente, ejercía como presidente de las Cooperativas Trabajo Central Progreso Limitada y la Fundación Juan Domingo Perón, y tendría vinculación con la Fundación Rosana Solidaria y Fundación Peronismo Unido.
Durante los años 2021 a 2023, Cáceres mantuvo un empleo formal en la Municipalidad de Resistencia, aunque posteriormente fue sumariado y cesanteado por ausentismo laboral. A pesar de su modesto perfil tributario, se le atribuye la posesión de varios vehículos millonarios, entre ellos una camioneta Dodge Journey SE 2.4 (2011) y una Dodge Ram 1500 5.7 V8 (2013), un Toyota Corolla XEI 1.8 (2016) y un Volkswagen UP de 5 puertas (2015).
Según la investigación, Torales habría llamado la atención de las autoridades por su ostentación patrimonial, evidenciada en numerosos viajes al exterior y la compra de un inmueble que posteriormente habría transferido a su esposa, quien también está imputada en la causa.
Este caso se suma a una serie de indagatorias similares que se han iniciado contra dirigentes de movimientos sociales. En mayo de 2024, el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y cooperativas bajo sospecha de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. El Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para este fin, lo que ha contribuido a visibilizar estas prácticas.
El exdiputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, también fue hallado culpable y recibió una pena de 12 años. Así lo resolvió el Tribunal Penal N°1 de Posadas, en una sentencia que marca un precedente en la lucha contra la explotación sexual infantil.
Durante el juicio, se comprobó que los acusados poseían y compartían un total de 603 archivos digitales con contenido de abuso sexual infantil, además de material vinculado a prácticas zoofílicas. Las pruebas fueron obtenidas a partir de un operativo internacional coordinado por la Child Rescue Coalition y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (IMEC), que alertaron a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) en Argentina.
“Se trata de un caso histórico, no solo por el volumen del material incautado, sino porque afecta directamente a una figura del poder político”, declaró el fiscal Martín Alejandro Rau durante su alegato final. Junto al fiscal Antonio Glinka, solicitaron 15 años de prisión para el exdiputado y 12 para su hermano.
Durante el juicio, Germán Kiczka intentó desvincularse de las acusaciones al afirmar: “Soy totalmente inocente. Nunca descargué ni compartí material ilegal. Esta es una persecución política en mi contra”. En contraparte, las pruebas digitales fueron concluyentes, se hallaron archivos incriminatorios en dos computadoras y un pendrive en su poder, uno de ellos identificado con el nombre Fiat.
Glinka desestimó de lleno la estrategia defensiva: “Nunca hubo persecución política. Hubo una investigación internacional que llegó hasta los Kiczka por rastros concretos. Lo demás es una construcción para intentar eludir la Justicia”.
En tanto, Sebastián Kiczka buscó asumir la responsabilidad total del caso: “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”. Más tarde, justificó su accionar diciendo: “No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet. Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”. Pese a sus declaraciones, los peritos informáticos confirmaron que los dispositivos estaban configurados con perfiles a nombre de Germán Kiczka, y que ambos participaron activamente en la descarga y distribución del material.
El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, también solicitó que se investigue por falso testimonio al diputado Pedro Puerta y al padre de los acusados, Leonardo Kiczka, por posibles declaraciones engañosas ante la Justicia.
Cabe destacar que la mayoría de las audiencias fueron a puertas cerradas, en resguardo de la identidad y la dignidad de las víctimas, cuyas imágenes circulaban en los dispositivos secuestrados.
Germán Kiczka se desempeñaba como diputado provincial por el partido Activar. Luego de que la Legislatura de Misiones le suspendiera los fueros a fines de agosto del año pasado, se dio a la fuga. Fue localizado días después en un camping de la localidad de Loreto, en la provincia de Corrientes. Finalmente, la Cámara legislativa decidió su expulsión, mediante una resolución aprobada por unanimidad.
Las fuerzas policiales detuvieron el jueves 10 de abril en Bahía Blanca a la consejera escolar de La Libertad Avanza, Fiorella Damiani (27), acusada de “falso testimonio agravado”. En 2017, la funcionaria había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra por “abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas”, delito que prevé penas de 6 a 15 años de prisión.
Ambos hombres estuvieron detenidos, pero recuperaron la libertad cuando la fiscal Mariana Lara obtuvo videos que, según la investigación, probaban el consentimiento de la relación.
Tras la presentación de esas grabaciones, la justicia avanzó contra Damiani por presuntas mentiras vertidas en su denuncia. El fiscal Mauricio DelCero confirmó que la imputada “había mentido en al menos tres oportunidades e inculpaba de un delito grave, con penas de 6 años a 15 de prisión, a las dos personas”. Por ese motivo, solicitó la detención de la consejera escolar y explicó que el cargo de “falso testimonio agravado” contempla penas de 1 a 10 años de prisión: “Se trata de un delito particularmente grave”.
Damiani ejerció su cargo en el Consejo Escolar de Bahía Blanca durante todo este tiempo, sin fueros que la protegieran. Medios locales indicaron que el jueves fue indagada por Del Cero, a lo que la acusada respondió que “siempre dijo la verdad” y sostuvo que a los videos “les faltan partes”. El fiscal le preguntó por qué “si ella dijo que había sido inmovilizada por alguna sustancia y sometida sexualmente a la fuerza eso no se observaba en los videos”.
La supuesta falta de resistencia en las imágenes fue decisiva para el sobreseimiento de los dos hombres. Uno de los acusados señaló ante la justicia: “Sabíamos muy bien lo que hacíamos. Se conversó antes, nosotros acostumbrábamos a hacer tríos, inclusive a filmar. Desde ya que no lo hacíamos viral ni nada, era para tenerlo nosotros documentado”.
Además, contó que Damiani “se enojó después con mi amigo y se fue” y que “al irse del departamento se llevó mi teléfono celular pensando que se llevaba las pruebas fílmicas”. Sin embargo, los registros se habían guardado en otra plataforma con autenticación y PIN.
Damiani fue asistida inicialmente por la abogada Fernanda Petersen, pero este viernes cambió su representación al penalista Sebastián Martínez. Mientras el caso avanza en los tribunales de Bahía Blanca, la imputada continúa detenida bajo la acusación de “falso testimonio agravado”.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8 de Comodoro Py, ordenó la restitución del predio ubicado en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana al abogado y empresario pilarense Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La medida obligó al desalojo inmediato del Municipio de Pilar, que utilizaba el lugar como centro de vacunación contra el COVID-19, puesto de testeo y dependencia de Licencias de Conducir.
Corvo Dolcet figuró en una causa en la que también fueron procesados María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo del fallecido líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, así como el exjugador de Boca Juniors e integrante del Consejo de Fútbol del club Xeneize, Mauricio Serna, entre otros acusados. El expediente se inició el 1 de septiembre de 2016, cuando la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recibió un informe de la DEA que señalaba al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos como cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de activos, en presunta conexión con Corvo Dolcet en Argentina.
– El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8 de Comodoro Py
En los Estados Unidos, Piedrahita Ceballos declaró como imputado colaborador y firmó un acuerdo de juicio abreviado con los fiscales Diego Iglesias y Santiago Marquevich. Aceptó una pena de cinco años de prisión y una multa de 165.000.000 de pesos. Este acuerdo confirmó la conexión de Piedrahita Ceballos con el Cartel de Medellín y reforzó las acusaciones contra Corvo Dolcet en la causa de lavado de dinero.
Según el entonces juez federal de Morón Néstor Barral, el predio de Panamericana quedó embargado y declarado de utilidad pública, y se intervino la sociedad “Pilar Bicentenario” (dueña de los terrenos). La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) administró el lugar y se lo cedió al Municipio de Pilar durante la pandemia. Sin embargo, en un fallo anterior, la Corte Suprema de Justicia desestimó los planteos de Corvo Dolcet para recuperar el inmueble.
El abogado denunció que, mientras el terreno permanecía bajo uso municipal, se intentó expropiar de manera fraudulenta. “En 2020 [en plena pandemia de Covid-19] la Justicia le prestó nuestro inmueble al municipio de Pilar para hacer un vacunatorio. Pero la Justicia ignoraba que, a sus espaldas, el exdiputado provincial Jorge D’Onofrio promovió la expropiación del predio. Usando fundamentos manifiestamente falsos, quiso quedarse nuestro negocio y endosarle los costos expropiatorios a los contribuyentes. En 2021 me enteré de la ley fraudulenta y querellé a D’Onofrio”, sostuvo.
Corvo Dolcet también aseguró que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó operaciones de espionaje sobre su psiquiatra, con el fin de desestabilizarlo emocionalmente. Argumentó que estas acciones de inteligencia ilegal buscaban debilitar su capacidad para defenderse en la causa por narcolavado.
Antes de la ocupación municipal, el abogado planeaba un desarrollo inmobiliario de gran magnitud, que contemplaba la construcción de un estacionamiento de cinco pisos con 920 cocheras —denominado “Pilar Parking”— junto a la estación del ferrocarril Belgrano Norte, hoy llamada Cecilia Grierson. El proyecto, que prometía transformar la zona con infraestructura moderna y servicios integrales, incluía barrios cerrados, oficinas, una universidad y un shopping, pero quedó paralizado tras el avance de la investigación judicial y la posterior intervención del predio.
El reciente fallo de Martínez de Giorgi también dispuso “la extracción de testimonios para su sorteo ante la Cámara Federal de Apelaciones del foro para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia judicial por parte del intendente de Pilar [Federico de Achával] en virtud de su negativa a cumplir con la orden dictada por este Tribunal”. Durante el desalojo, efectivos de la Prefectura Naval se encontraron con vacunas, medicamentos y documentación del área de Salud, lo que generó preocupación sobre el manejo de estos insumos.
El proceso judicial atravesó múltiples instancias. En un momento, se había elevado a juicio la causa contra los acusados, pero la elevación fue declarada nula y el expediente pasó de los tribunales de San Martín a los de Comodoro Py, donde recaló en manos de Martínez de Giorgi. La nulidad de la elevación a juicio significó que el caso debió reiniciarse en la nueva instancia, lo que prolongó los tiempos de la investigación. El juez, ahora a cargo, deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con las acusaciones de lavado de dinero y, además, con las actuaciones vinculadas a la presunta desobediencia judicial del intendente de Pilar.
Desde el Municipio, al momento de la publicación, no hicieron declaraciones sobre la resolución de Martínez de Giorgi que ordenó la restitución del predio a Corvo Dolcet. El futuro del proceso permanece bajo la órbita del magistrado, quien continuará investigando la presunta maniobra de narcolavado y las circunstancias que rodearon tanto la ocupación municipal como el desalojo del inmueble.
Iván Tobar, más conocido en el ámbito sindicalista y de la barrabrava de Estudiantes como “El General”, fue detenido cuando se entregó voluntariamente en las oficinas de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, acompañado por su abogado particular. La orden de arresto había sido emitida por el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de una causa por amenazas agravadas en video, donde se ve a un grupo de hinchas usando máscaras y portando armas de guerra, a lo que se suma la coacción contra funcionarios que data del año 2022.
“Vamos a matar al juez, al fiscal, al hijo del juez y al que venga”, afirman en la grabación.
Aunque el delito en primera instancia por el cual se lo acusa es técnicamente excarcelable, el juez determinó su detención junto con la de otros seis allegados al gremialista y luego de 22 allanamientos. Según se conoce, la causa está relacionada con la elaboración y difusión de un metraje donde personas armadas y encapuchadas —similar a los grupos terroristas yihadistas— lanzaban amenazas en defensa de Pablo “Pata” Medina, exsecretario general del gremio Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), con advertencias explícitas de ser “ajusticiados” jueces y políticos.
La detención de Tobar se da en un momento tenso, seguido de incidentes ocurridos días antes en el Hospital San Roque de Gonnet. El martes 25 de marzo trascendió un violento enfrentamiento entre barras de Estudiantes y Gimnasia que dejó al menos cuatro heridos, entre ellos Cristian “El Volador” Camillieri, jefe de la barra de Gimnasia. A pesar de que Tobar ha intentado desligarse de estos hechos, la investigación a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic sostiene la hipótesis de que el ataque habría sido ejecutado por personas vinculadas a un galpón relacionado que fue alquilado en Punta Lara por el propio dirigente. Sin embargo, es crucial señalar que su actual detención no está directamente vinculada con este episodio violento, sino con la recaudación de la causa previa por “amenazas coactivas agravadas”.
“Si mañana van a tomar medidas contra nuestro líder, acá estamos. Estamos con vos, ‘Pata’”, subraya los enmascarados mientras recargan, refiriéndose al grupo de abogados liderado por Alejandro Esmoris en el Tribunal Federal N° 2 de La Plata.
Su actividad criminal en la UOCRA comenzó formalmente en 2016, estableciendo su base de operaciones en Tolosa, donde forjó una significativa “fortaleza gremial”. A partir de este punto estratégico, Tobar ha impulsado sus aspiraciones de controlar la seccional La Plata de la UOCRA, históricamente dominada por “Pata” Medina y actualmente intervenida. Personas cercanas a su entorno, comentan que el dirigente ha desarrollado una extensa red de asistencia social que incluye ollas populares en diversas localidades como La Plata, Berisso y Ensenada. A su vez, el rol de Secretario General de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas sección La Plata, Tobar ha establecido conexiones en el mundo del fútbol. Su agrupación denominada “Los Leales” llegó a liderar la barra de Estudiantes de La Plata tras enfrentamientos con el liderazgo anterior.
“No le tienen miedo solo los barras, toda La Plata le tiene miedo”, declaró una fuente judicial sobre Tobar.
La piedra angular de los procesos judiciales contra Tobar se originan en agosto de 2021, aunque institucionalmente se radicó en 2022, cuando la Justicia Federal debía decidir si el exlíder de la UOCRA, “Pata” Medina, regresaba a prisión o continuaba bajo arresto domiciliario. Medina, que tenía prohibido participar en actividades gremiales, había encabezado un acto de militantes de la construcción, lo que ponía en riesgo su situación procesal.
En ese contexto, Tobar, quien intentaba quedarse con el control del gremio a toda costa, habría urdido un plan para perjudicar a Medina.La estrategia consistió en la filmación de insultos al juez encargado de definir la situación del sindicalista que dificultase su libertad, esto en concordancia con lo que recopiló la fiscalía en el caso.
