La Policía Bonaerense deberá devolverles a narcos dos autos de alta gama que son utilizados como patrulleros

Así lo dictaminó la Justicia tras considerar que los rodados no formaron parte del delito.
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La información fue publicada hoy por Infobae. El Gobierno de Buenos Aires deberá devolver un par de patrulleros que tuvieron ese fin cuando en 2019 la justicia secuestró los vehículos de alta gama de una red de narcotráfico.

El TOF 1 de La Plata concluyó que los rodados no formaron parte del delito, por lo que deberán ser devueltos a sus dueños.

La historia comienza en 2017 cuando Jaime Rosado y Hugo Alberto Rivas fueron detenidos en varios allanamientos en la provincia de Buenos Aires en los que se secuestraron más de 40 kilos de cocaína.

La investigación judicial concluyó que los acusados cobraron parte de la venta de droga con autos de alta gama. Dos de ellos fueron secuestrados, un Mercedes Benz C200 Kompresor y un Peugeot RCZ, y decomisados.

Los dos vehículos fueron entregados a la Policía de la provincia de Buenos Aires que los convirtió en patrulleros, lo que fue presentado en un acto que encabezó el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

La causa siguió, llegó a juicio oral y la semana pasada los dos imputados fueron condenados por tenencia de drogas con fines de comercialización. Recibieron penas de cinco años y seis meses y de cinco años de prisión.

Pero los jueces del Tribunal Oral Federal 1 no avalaron la solicitud de decomiso definitivo de los dos autos de alta gama que pidió durante su alegato el fiscal federal Hernán Schapiro.

Los magistrados, según los fundamentos de su decisión, explicaron que “los automóviles no fueron instrumento de la tenencia” de la droga que comercializaban. También descartaron tras las audiencias del juicio oral que “que los bienes cuyo comiso se requiere hayan sido el producto del comportamiento acreditado”.

*Con información de Infobae


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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