La Plata | Solicitan crear una unidad fiscal especial para el ciberdelito: “La mayoría de las denuncias culminan impunes”
"Este tipo de instrumentación virtual o informático debe ser un llamado de atención para quienes velan por nuestra seguridad", argumentó el abogado Marcelo Peña.
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Ante la creciente problemática de maniobras fraudulentas y engañosas a través de redes sociales u otros mecanismos que hacen al denominado “ciber delito”, se solicitó a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires la creación de una unidad especial de fiscales que investiguen ese clase de maniobras ilícitas.
El reclamo fue hecho al Procurador Julio ComteGrand por el abogado platense y Director del Instituto de Criminalidad Económica del Colegio de Abogados de La Plata, Marcelo Peña, quien entre otros argumentos consideró que “la mayoría de las denuncias culminan impunes y archivadas, advirtiendo como letrado particular que los investigadores de la policía, pese a su esfuerzo, se encuentran limitados en infraestructura y medios técnicos para socorrer el presente flagelo”.
Peña indicó que “este tipo de instrumentación virtual o informático debe ser un llamado de atención para quienes velan por nuestra seguridad. Las personas de tercera edad se encuentran desprotegidos y perjudicadas por créditos y préstamos jamás requeridos, trabajadores con suplantación de identidad en sus Whatsapp y afectación de sus datos confidenciales que a la postre las entidades financieras no responden y sólo dan vueltas burocráticas“.
En el pedido a la Procuración se indica que debe impulsarse la creación de una unidad de investigación “que responda como merece la ciudadanía dentro de nuestro Departamento Judicial La Plata. La mayoría de las denuncias culminan impunes y archivadas, advirtiendo como letrado particular que los investigadores de la policía, pese a su esfuerzo se encuentran limitados en infraestructura y medios técnicos para socorrer el presente flagelo”, señaló el letrado.
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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires volvió a detener a un adolescente de 16 años, esta vez tras robar un celular y una cadena de oro a dos mujeres en el barrio porteño de Recoleta. Se trata de la detención número 72 del joven en los últimos tres años, un claro ejemplo del fenómeno de la “puerta giratoria” que afecta al sistema penal cuando se trata de menores. En promedio, delinquió una vez cada quince días durante los últimos tres años.
El adolescente fue arrestado el pasado martes por personal de la Comisaría Vecinal 3A, luego de que las víctimas alertaran a las autoridades. Según el informe del Ministerio de Seguridad, el primer asalto ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Coronel Díaz, mientras que el segundo tuvo lugar en Avenida Córdoba al 2600. Tras ser aprehendido, el menor fue trasladado al Instituto Inchausti por orden del Juzgado de Menores N°5, a cargo del juez Gonzalo Matías Oliver de Tezanos. Los agentes recuperaron los bienes robados, y el caso reabrió la discusión sobre la necesidad de modificar la legislación penal juvenil.
El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, reaccionó enérgicamente tras esta nueva detención. En su cuenta de Twitter expresó: “71 veces detenido. Entra y sale. Una vez cada 15 días. La Policía de la Ciudad hace muy bien su trabajo, pero así no se puede seguir”.
Wolff, al igual que el jefe de gobierno Jorge Macri, insiste en la urgencia de discutir un nuevo régimen penal juvenil, que permita castigar a los adolescentes reincidentes en delitos graves.
El menor acumula detenciones desde los 13 años y fue arrestado en diversas comunas de CABA, mayormente por robos y hurtos. Según datos del Ministerio de Seguridad, en los últimos ocho días la policía detuvo a 78 menores involucrados en hechos delictivos. Wolff destacó la eficiencia del trabajo policial, pero subrayó que sin una reforma legislativa, estos jóvenes seguirán siendo liberados tras cada detención.
Entrevistado por Radio La Red, el titular de la cartera explicó que la frecuencia con la que el joven es arrestado —una vez cada 15 días en promedio— evidencia la necesidad de modificar la ley para reducir la edad de imputabilidad. También señaló que muchos de estos menores provienen de familias disfuncionales, algunas de las cuales los educan para delinquir. En talsentido, planteó la posibilidad de retirar la “patria potestad” a quienes utilizan a sus hijos para actividades delictivas.
El 90% de los delincuentes viene del conurbano de Kicillof y la FURIA de la izquierda por la detención del delincuente
Además, el ministro dio otro dato alarmante: “Cerca del 90% de los delincuentes vienen del conurbano, de un conurbano que está con una enorme problemática también de control de este tipo de cosas”.
El arresto de este joven generó controversias políticas cuando la legisladora porteña de ultraizquierda, Alejandrina Barry, cuestionó el accionar policial. En redes sociales, Barry criticó duramente la detención de un “niño”, vinculándola a la campaña del gobierno porteño para bajar la edad de punibilidad. “Terrible. La policía de la ciudad detiene a un NIÑO en Corrientes y Esmeralda. La campaña constante de Wolff y Jorge Macri para bajar la edad de punibilidad de los adolescentes propicia esta brutal violencia contra nuestros pibes”, tipeó la burócrata.
En respuesta, Wolff defendió a la Policía de la Ciudad, argumentando que los oficiales actuaron conforme a los protocolos establecidos, y cuestionó la postura de Barry. “Felicito a nuestra policía que cumplió con su deber. El detenido lo fue en ocasión de tentativa de robo a un automovilista junto a dos cómplices. Intentó fugarse dos veces, razón por la cual fue esposado“, explicó el ministro, quien también lamentó que Barry compartiera públicamente el rostro del menor, lo que está prohibido por ley.
El accionar de los efectivos desató la ira del progresismo de las redes. Barry se apoyó en el tuit de Wolff y contestó: “Mostramos el accionar de su policía porque nos preocupa la integridad del niño, más cuando usted felicita que 3 policías actúen con esa violencia contra un chico asustado y llorando. A él y a todos los niños hay que garantizarles sus derechos, no llevarlos a la cárcel”.
Al enojo de la legisladora del Frente de Izquierda se le sumaron las declaraciones de, por ejemplo, Claudia Cesaroni, una abogada tuitera reconocida en esa red social por su férrea defensa a delincuentes: “Un niño, a lo sumo un adolescente. 13 años tiene este nene. Debería estar en su casa, en un club, en lo de un amigo. Pero estas basuras lo quieren meter preso, para reeducarlo”.
“Una escena que jamás de los jamases verían en Cuba”, remató.
El ministro de Justicia, Mariano CuneoLibarona, visitó Mendoza para reunirse con sus pares y funcionarios judiciales de la provincia cuyana. En ese marco, tocó diversos temas: la cuestión de género, el nuevo Código Penal, y la eliminación de intermediarios en compras y ventas del Estado.
En cuanto a la situación de la provincia, el ministro afirmó que “ha aumentado el contrabando y la explotación laboral. Son temas que nos ocuparemos en conjunto con la ministra Mercedes Rus y, por supuesto, el gobernador, con el objetivo de reducirlos”. Su tarea, bajo la conducción del ministerio, es la de “proporcionar las herramientas fundamentales del sistema acusatorio para que esos excelentes jueces y fiscales que tienen en esta provincia avancen en la lucha contra el delito, de modo que quienes cometan infracciones sean castigados, se termine con la impunidad y la gente pueda vivir en paz, armonía y seguridad.”
Haciendo un balance de la gestión en estos 10 meses de gobierno, el ministro destacó algunas acciones llevadas a cabo por el ministerio, tales como la implementación del nuevo código procesal en medio país, las leyes sobre el régimen penal juvenil, los juicios por jurados y la ley de juicio en ausencia. Además, se encuentran trabajando en el código penal y en la oralidad civil y comercial. En el ámbito de Derechos Humanos, se ha cambiado la política criminal y se establecieron “importantes batallas culturales”.
Respecto al plan motosierra del presidente, Cuneo Libarona resaltó que “nosotros hemos reducido el personal necesario, eliminando a muchos que no trabajaban y hemos reestructurado el ministerio. No es cierto lo que se informa sobre una reducción del 17%; en mis cuentas, la reducción alcanza el 22%. Hemos reorganizado distintas áreas y distribuido el personal de manera más eficiente. Ministros anteriores contaban con 16 asesores; yo, en cambio, tengo solo 4. Nos hemos reducido y entre los cuatro nos dividimos las tareas para cumplir con el trabajo, lo que implica un esfuerzo tremendo.”
Parte de la agenda del presidente Javier Milei en materia de justicia incluye la disminución de la edad de imputabilidad a 14 años, aumentar las penas a los delincuentes para quitar incentivos al delito: “Vamos a reprimir al delincuente y a castigarlo. Un chico de 14 años en 1980 no es el mismo chico de 14 años de hoy. Esto incluye el estudio del cerebro, que muestra su capacidad de comprensión de la criminalidad del acto y cómo dirige sus acciones. Actúa con dolo, sabe lo que hace y comete un delito. Esto es un cambio decisivo que sostiene el presidente Milei.” Y respecto al nuevo código penal, aclara “El código nuevo es bastante más duro que protege a la familia, núcleo central de nuestra vida y la sociedad, y que castiga mucho más los delitos, incluyendo nuevos delitos, ciberdelitos y muchos agravantes. En política criminal, establezco los delitos graves contra los mayores y contra los menores y las personas vulnerables. Mujer y hombre tienen igualdad.”
Siguiendo con los cambios en el código penal, las falsas denuncias por violencia de género serán consideradas un delito de gravedad. “La denuncia mentirosa en materia de género va a ser un agravante. Y si esa denuncia de género produjo perjuicios en las relaciones intrafamiliares, por ejemplo, que el padre no pudo contactar a sus hijos menores y se rompió la familia con una denuncia mentirosa, será otro agravante más. ¿Sabés qué pena tenía? Hasta dos, tres años de prisión. Le fuiste a mentir al juez. Es gravísimo. Gastaste recursos durante tres, cuatro años. Puesto en un ejemplo sencillo: una persona va y denuncia un caso de género. Pero después le encuentran en el celular un montón de mensajes que demuestran que fue un acto voluntario. Una persona dice: “no, me violaron”, y luego aparecen cámaras en la calle que muestran que entraron a besarse con los dos tipos. O sea, es una falsedad. Y esa falsedad destroza vidas. Ustedes tienen en la provincia, muchísimas personas presas por violencia de género. Y eso destroza familias. He visto gente que se ha suicidado, he visto gente que no sale a la calle porque lo denunciaron, y he visto familias destruidas por falsas denuncias de género. De la misma manera que hay que aplicar el máximo rigor en los casos reales de género. Una violación es algo inaceptable. Y creo algunas figuras nuevas en materia de violación que tomo de España y he estudiado que les va a gustar.”
Para finalizar, en referencia al aumento de las penas, Cuneo Libarona realiza una distinción importante en cuanto a la gravedad del delito: “No es lo mismo un hurto que un robo. En el robo lo divido. No es lo mismo el delito de robo con fuerza en las cosas, por ejemplo rompí un vidrio, o con violencia a la persona. Le pegué una trompada y lo dejé en el piso. En el código actual tiene la misma pena. Yo las divido. Entonces, indudablemente, nosotros lo que queremos es que con la pena se haga justicia. La pena es un instrumento de justicia y no hay nada mejor que la pena.”
Este miércoles, el dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López fue detenido en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, Chaco, acusado de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. La orden de detención fue emitida por el juez federal Ricardo Mianovich, tras un requerimiento impulsado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien lleva adelante la investigación. La captura de López se realizó alrededor de las 12:30 horas, con la participación de la Gendarmería Nacional y la Policía provincial.
“Tito” López, líder del “Movimiento de Trabajadores Desocupados – 17 de Julio”, enfrenta cargos relacionados con el lavado de activos, agravado por la presunta participación de una estructura organizada que involucra a miembros de su familia. Entre los detenidos también figuran su esposa, Librada Beatriz Romero, y sus hijos Daniel Alberto, DanielOrlando, y Walter Ramón López. Este último se encontraría en Chile, según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que motivó la emisión de una orden de captura internacional.
La investigación contra López y su entorno comenzó tras la detección de un patrimonio que no se correspondía con su perfil económico: En febrero de este año, el piquetero reconoció públicamente que su capital ascendía a 1.600 millones de pesos, una cifra que llamó la atención de las autoridades judiciales. López declaró en medios locales: “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares”.
Las primeras pruebas que sustentan la investigación surgen de una denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal del Chaco, la cual daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de dinero. A partir de estas pruebas, Sabadini solicitó una orden de instrucción judicial, que permitió al juez Mianovich avanzar en el proceso penal.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la usurpación de tierras en la región de El Impenetrable, una zona de alto valor agrícola en el Chaco. Estas tierras, pertenecientes a la empresa Timbó S.A.G.A.F.I. —propiedad del empresario Atilio Gibertoni— fueron ocupadas por López y su grupo.Según el fiscal, esta usurpación generó ganancias ilícitas que luego fueron blanqueadas.
El dirigente piquetero justificó en su momento la ocupación alegando que tenía papeles que acreditaban la compra del terreno a un tercero, aunque admitió que fue víctima de una estafa. “De las 33.000 hectáreas, yo tengo solo un cuadrado de 1.600 donde viven cinco familias”, aseguró López, quien insistió en que su lucha era por recuperar las inversiones que realizó en infraestructura.
El gobernador de la provincia, Leandro Zdero había denunciado públicamente a López en el año 2022 por la ocupación ilegal de esas tierras. En esa oportunidad, el entonces diputado señaló que la Justicia falló a favor de los propietarios de mencionada empresa y ordenó el desalojo de los ocupantes.
La detención de “Tito” López se concretó mientras él se encontraba en la Plaza 25 de Mayo dando entrevistas a medios locales. Al momento de su captura, el dirigente social aseguró que su encarcelamiento tiene motivos políticos y negó las acusaciones en su contra: “Esto es político. Me van a tener preso seis o siete meses, después saldré libre de culpa y cargo, y quién me va a pagar eso”, afirmó López.
Tras ser detenido, fue trasladado a la sección de Medicina Legal para una revisión médica y posteriormente alojado en el Escuadrón N° 51 de Gendarmería Nacional.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La investigación contra López y su familia está en pleno desarrollo. Sabadini señaló que las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a la existencia de una organización delictiva que manejaba importantes sumas de dinero de origen ilícito, con un flujo de movimientos transfronterizos, según datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se investiga el fraude a la administración pública, ya que López habría aprovechado la cesión de tierras por parte del Estado para realizar maniobras irregulares.
Uno de los puntos clave en la causa es la posible existencia de más delitos precedentes que habrían permitido el posterior lavado de activos. El fiscal Sabadini no descarta la participación de otros actores, aunque hasta ahora no se han emitido más órdenes de captura.
El proceso judicial contra López y su entorno continuará en los próximos meses, con nuevas audiencias y la incorporación de pruebas. Entretanto, la Justicia Federal avanza en la consolidación de la causa, que generó un fuerte impacto en la provincia del Chaco, debido al perfil público de López y su vinculación con movimientos sociales.
La orden de captura internacional contra Walter Ramón López, que habría salido hacia Chile el 29 de agosto, sigue vigente, a pesar de que su padre niega la salida del país.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…