La Plata | Solicitan crear una unidad fiscal especial para el ciberdelito: “La mayoría de las denuncias culminan impunes”

"Este tipo de instrumentación virtual o informático debe ser un llamado de atención para quienes velan por nuestra seguridad", argumentó el abogado Marcelo Peña.
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Ante la creciente problemática de maniobras fraudulentas y engañosas a través de redes sociales u otros mecanismos que hacen al denominado “ciber delito”, se solicitó a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires la creación de una unidad especial de fiscales que investiguen ese clase de maniobras ilícitas.

El reclamo fue hecho al Procurador Julio Comte Grand por el abogado platense y Director del Instituto de Criminalidad Económica del Colegio de Abogados de La Plata, Marcelo Peña, quien entre otros argumentos consideró que “la mayoría de las denuncias culminan impunes y archivadas, advirtiendo como letrado particular que los investigadores de la policía, pese a su esfuerzo, se encuentran limitados en infraestructura y medios técnicos para socorrer el presente flagelo”.

Marcelo Peña

Peña indicó que “este tipo de instrumentación virtual o informático debe ser un llamado de atención para quienes velan por nuestra seguridad. Las personas de tercera edad se encuentran desprotegidos y perjudicadas por créditos y préstamos jamás requeridos, trabajadores con suplantación de identidad en sus Whatsapp y afectación de sus datos
confidenciales que a la postre las entidades financieras no responden y sólo dan vueltas burocráticas
“.

En el pedido a la Procuración se indica que debe impulsarse la creación de una unidad de investigación “que responda como merece la ciudadanía dentro de nuestro Departamento Judicial La Plata. La mayoría de las denuncias culminan impunes y archivadas, advirtiendo como letrado particular que los investigadores de la policía, pese a su esfuerzo se encuentran limitados en infraestructura y medios técnicos para socorrer el presente flagelo”, señaló el letrado.


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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