LA PLATA | Eximieron de prisión a la abogada acusada de gestionar amparos truchos
La Cámara Penal hizo lugar al planteo de la defensa y se cayeron las órdenes de capturas que pesaban sobre la letrada cuya libertad ya no corre riesgo.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata otorgó la eximición de prisión para la abogada NataliaCelinaLipskier, acusada de gestionar amparos truchos que generaron un millonario fraude contra la administración pública de la provincia de Buenos Aires.
El pasado martes 1 de septiembre fueron allanados estudios jurídicos de La Plata y Brandsen tras la denuncia impulsada por el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo bonaerenses para que se investigue, en principio, a una abogada como posible integrante de la asociación ilícita en perjuicio del Estado provincial.
La defensa, a cargo de abogado Marcelo Peña, presentó una eximición de prisión que fue rechazada en el Juzgado de Garantías 1 de La Plata, desde donde avalaron la orden de detención solicitada por la fiscalía. El defensor apeló y la Sala II de la Cámara Penal platense hizo lugar a la medida.
Natalia Celina Lipskier
Con esta resolución, se terminó el estado de profuguez de la abogada, quien podrá regresar a su casa sin peligro de ser detenida, aunque deberá presentarse a declaración indagatoria en los próximos días.
Según se desprende de la documentación judicial, se sospecha que Lipskier fraguaba recursos de amparo a nombre de beneficiarios del programa “Incluir Salud” para cobrar honorarios del Estado bonaerense y se cree que habría actuado en complicidad con empleados infieles de la administración pública.
“Una investigación armada al efecto de tapar el desvío de fondos destinados a medicamentos.. al interponer acciones de amparos una colega sufrió los coletazos de una justicia politizada. Por su buen nombre y honor, la Cámara Apelaciones advirtió la mecánica y falló en nuestro favor”, señaló a través de su cuenta de Instagram, el abogado Marcelo Peña.
Marcelo Peña
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
[cm_ad_changer campaign_id=”6″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.
La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.
La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.
Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.
Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.
De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.
Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.
Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.
La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
En pleno debate por el Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón celebró un listado de rutas y obras para su provincia como un logro del oficialismo. La oposición le marcó en el recinto que leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria.
Otro hecho consumado entierra aún más la imagen de la libertaria y diputada nacional, Lorena Villaverde. Se trata de una nueva demanda en Las Grutas que continúa socavando la imagen de la congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico.
