13 septiembre, 2025

La pesadilla de la mujer que denunció por violación a Fernando Espinoza: “Tienen gente acá asustándome”

Melody Rakauskas trabajó durante menos de un año como asesora del intendente K de La Matanza. Poco tiempo después, lo denunció por haberla maniatado y romperle la camisa, mientras le exigía silencio. Desde entonces, sufre llamados e intimidaciones.
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La ex Miss Argentina, Melody Rakauskas, comenzó a trabajar para el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en abril del año 2021. Por entonces, se encontraba en pareja con Oscar Cilia, un influyente empresario de Bariloche cercano al jefe comunal bonaerense. Cilia fue imputado y luego sobreseído en la causa del plan Qunita, por irregularidades en la selección y adquisición de materiales.

Fue el propio Cilia quien “movió los hilos” y logró que, en tiempo récord y en una maniobra bastante llamativa, el propio Espinoza le tomara la entrevista laboral. Según lo recuerda Melody, “directamente me preguntó cuándo quería empezar y cuánto quería cobrar. Eso me llamó la atención y me hizo preguntarme quién era realmente mi pareja”.

Fernando Espinoza fue denunciado por v1ol4cion hace más de un año Casu… | TikTok

1.4K Likes, 65 Comments. TikTok video from REALPOLITIK (@realpolitikok): “Fernando Espinoza fue denunciado por v1ol4cion hace más de un año Casualmente se comenzaron a difundir imágenes hot de la ex Miss Argentina. Mientras la denunciante permanece fuera del país por temor a que la “desaparezcan o la maten”.

Pocos días después, comenzó a recibir mensualmente 150 mil pesos en negro como asesora de Fernando Espinoza. Con el correr de las semanas, el intendente decidió registrarla, pero con otro nombre, con la excusa de que no quería que nadie sepa que había contratado a una ex Miss Argentina.

Fue entonces cuando Espinoza le prepuso reunirse a solas, fuera del ámbito laboral. “Se autoinvitó a mi domicilio a cenar”, aseguró Melody. Fueron, en total, tres reuniones. En la última, el intendente de La Matanza le rompió la camisa, la maniató, la tiró sobre la cama, mientras le repetía: “Quedate tranquila, quedate tranquila”.

Tras algunos días de retraso atravesados por el miedo y la duda, Melody hizo la denuncia policial. Le otorgaron un botón antipánico y los agentes de Justicia le comunicaron oficialmente a Espinoza que tenía una restricción para no poder acercarse a ella. Hoy por hoy, el intendente no habla del tema, pero admite que “la causa existe”.

AMENAZAS E INTENTOS DE HACKEO

Durante las últimas jornadas, Melody denunció ante REALPOLITIK que situaciones extrañas comenzaron a sucederse unas a otras en un espiral de pesadillas, incluso refugiada en el exterior.

“Tienen gente que está acá asustándome. Hoy empezaron, me robaron la placa del auto. Me mandaron mensajes con números de acá, hostigándome. Están buscando el auto que yo manejaba, un auto que me habían prestado”, detalló a es temedio. Y añadió: “Me están tratando de pinchar mi celular con un montón de spam y de correos de diferentes números y un enlace. Es muy obvio todo”.

La denunciante de Fernando Espinoza, Melody Rakauskas
La denunciante de Fernando Espinoza, Melody Rakauskas

En ese marco, la denunciante explicó: “Recién me contó el dueño del auto que mientras que manejaba el vehículo que me prestó, lo siguió una camioneta a todo lo que da y cuando este amigo mío bajó la ventana la camioneta se fue, porque me buscan a mí, no a él”.

Según entiende Melody Rakauskas, “es raro que en un año y medio hayan intentado archivar mi denuncia tantas veces y más extraño es que otro fiscal haya descubierto que mi denuncia y las pruebas que presenté eran más que evidentes para no archivar el caso”.

Fernando Espinoza y la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz
Fernando Espinoza y la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz

“Mi ex pareja Gustavo Cilia me había advertido que si yo no aceptaba su propuesta, el dinero, un auto, lo que sea con tal de que retire la denuncia, incluida una licitación de 1.500.000 de dólares, a Fernando Espinoza lo iban a mexicanear mal de la Fiscalía”, agregó.

El desamparo de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof es total. Es que las ministras de las Mujeres Ayelén Mazzina (nación) y Estela Díaz (bonaerense) se han llamado a un extraño silencio, dando a entender que al poder de turno no le preocupa la integridad de una mujer que se animó a enfrentar a uno de los funcionarios más importantes del país.

*Fuente: REALPOLITIK

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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