La justicia ya puso fecha para el juicio oral a los seis detenidos por la violación grupal en Palermo 

A finales del mes de agosto los seis acusados enfrentarán el debate tras haber sido imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.
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Luego de los sucesos ocurridos el 28 de febrero de 2022 en Palermo, Capital Federal, después de nueve meses de espera la justicia estableció que el siguiente lunes 28 de agosto arrancará el veredicto contra los seis acusados por abuso sexual en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, en donde se prevé al menos cinco jornadas de audiencia. 

Ángel Pascual Ramos, Lautaro Ciongo Pasotti, Franco Jesús Lykan, Steven Alexis Cuzzoni, Ignacio Retondo, Thomás Fabián Domínguez se encuentran actualmente en prisión preventiva, luego de haber sido señalados como abusadores sexuales de una joven entre las calles Serrano y Coronel Niceto Vega hace más de un año.

(Imagen de Infobae)

El fiscal Eduardo Rosende junto al juez Marcos Fernández plantearon que previo a lo ocurrido “hubo un acuerdo de voluntades y roles cuyo fin era turnarse para mantener relaciones sexuales con la víctima”. Además, sostuvo que “tenía como objetivo alejarla de la víctima del amigo con el que estaba, para llevarla hasta el Volkswagen Gol de color blanco de uno de ellos para así abusar sexualmente”

Desde la fiscalía prevén una pena de entre 8 a 20 años de cárcel por “abuso sexual agravado”. A su vez, por “lesiones leves” serían de uno hasta doce meses de prisión. Dentro del juicio estará aproximadamente 30 testigos y se desarrollará a puertas cerradas.

Por su lado, el tribunal alegó que “en una situación de extrema vulnerabilidad al haberse aprovechado de su estado previo marcó el posible entorpecimiento de la investigación, en razón de que se le atribuye haber amedrentado a los testigos, por lo que no se podría descartar una eventual intimidación a quien sería la damnificada”. 

Redacción

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

Redacción

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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