La Justicia SALVÓ a la jueza responsable del asesinato de Lucio Dupuy

El STJ de La Pampa rechazó la posibilidad de que la jueza responsable del asesinato de Lucio Dupuy reciba un sumario administrativo.
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La casta judicial pampeana salvó del sumario administrativo a la jueza de familia de General Pico, ANA CLARA PÉREZ BALLESTER, quien autorizó a la madre del pequeño Lucio a llevarlo a vivir con ella, luego de estar dos años ausente. Semanas más tarde, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Pérez lo asesinaron y cometieron sobre la criatura las peores atrocidades.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa emitió ayer un fallo dividido. Ahora, bloquea la posibilidad de que PÉREZ BALLESTER sea investigada por su accionar al concluir y convalidar el acuerdo de partes por el cual la tía de Lucio le devolvió la tenencia a la madre. Quien recomendó hacer un sumario fue el instructor de la investigación interna para determinar si había existido una denuncia previa por hechos de violencia intrafamiliar.

“Mientras que en el expediente sobre la tutela se ordenó la realización de prueba de testigos y de un informe socio ambiental, hechos razonables que permitieron conocer el hogar en el que viviría el niño Lucio, a la hora de resolver dejar sin efecto la designación de la tutela no dispuso las mismas medidas probatorias a pesar que estaba homologando un convenio privado no celebrado ni ratificado en presencia de ningún órgano judicial. Así se homologó el acuerdo sobre el cuidado personal del niño sin que previamente hubiera existido un informe socio ambiental u otra diligencia de prueba tendiente a garantizar el bienestar del niño, desatendiendo, en opinión de esta Instrucción, la perspectiva de infancia. Es por ello por lo que resultaría viable la formación de un sumario disciplinario para comprobar la existencia o inexistencia de faltas u omisiones en el desempeño del cargo”, sentenció el instructor.

Pérez Ballester gozó del apoyo de gran parte del arco judicial de la provincia. En diciembre de 2021, el Colegio de Magistrados la defendió alegando que “En ambos expedientes (el que otorga la tutela de la madre y el que homologa el acuerdo de partes) se siguió el procedimiento de ley, se dio intervención a la Asesoría y se resolvió de conformidad a lo solicitado por las partes y al derecho aplicable”. Incluso, desde la institución se arriesgaron a decir que “en la causa no existían, no fueron denunciados ni se presentaron indicios que alertaran situaciones de violencia que ameritaran adoptar otra decisión”.

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LA JUEZA PÉREZ BALLESTER LE SENTENCIÓ LA MUERTE A MI NIETO”

En diálogo con los medios, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, fue tajante con la decisión del Superior Tribunal de Justicia. Para él, el fallo es “una verdadera vergüenza. Pero bueno, la sociedad ya sabe que entre ellos (por la casta judicial) se iban a cubrir”.

“Para mi es responsable el que lo defiende como el que actuó. Ana Clara Pérez Ballester le sentenció la muerte a mi nieto”, agregó. La Justicia “tiene que ponerse, una vez en la vida, del lado de la sociedad y dejar de ser un círculo tan cerrado. En el caso de Lucio no trabajaron como debieron trabajar. Están defendiendo algo indefendible”.

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Cayó preso el jefe antidrogas de la Policía Federal en Córdoba por robar en los procedimientos

La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.

A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.

La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.

El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).

Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.

Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.

Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.

El costado político que complica a Monteoliva

El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.

El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.

Raúl Padró defendió al juez federal Alfredo López: “Es un hombre impoluto”

Raúl Padró, legislador mandato cumplido, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM sobre el proceso de enjuiciamiento al juez federal Alfredo López. Durante la entrevista, cuestionó a quienes impulsan la acusación, rechazó las denuncias por presuntas expresiones antisemitas y sostuvo que detrás del caso existe un intento de disciplinamiento político. A lo largo de la conversación, remarcó que su presencia en la audiencia fue en calidad de ciudadano y defendió la trayectoria del magistrado.

“Alfredo López es un hombre que tiene una trayectoria de 40 años en la justicia, todos lo sabemos, inmaculado, un hombre impoluto”, afirmó Padró al explicar por qué decidió acompañar al juez durante el proceso.

En ese sentido, cuestionó a los denunciantes y aseguró que carecen de autoridad moral para impulsar el juicio político. “Lo único que hizo fue coincidir con el Tribunal de la Corte Penal Internacional, lo mismo que hizo en su momento el Papa Jorge Bergoglio Francisco”, sostuvo al defender las declaraciones de López sobre el conflicto en Medio Oriente.

El exlegislador insistió en que su respaldo no responde a un vínculo personal con el magistrado, sino a una convicción sobre el caso. “Yo no soy amigo de López. Como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero en mayor medida soy amigo de la verdad y he visto que la verdad está del lado de López y no de esta banda de delincuentes acusadores que carecen de todo sustento moral y jurídico para hacer imputaciones al doctor Alfredo López”, manifestó.

Asimismo, aseguró que las acusaciones difundidas en distintos medios distorsionaron lo ocurrido durante la audiencia. “Nosotros en ningún momento hicimos ningún tipo de manifestación racista ni nada porque estamos bien de la cabeza. Nuestra cruzada, nuestra lucha es por la verdad y la justicia contra el racismo y la discriminación”, expresó.

En esa línea, rechazó las acusaciones de antisemitismo y sostuvo que se trata de una estrategia para desacreditar a quienes cuestionan al estado de Israel. “Nosotros en ningún momento hablamos de ningún judío”, enfatizó, y agregó: “Si ellos se sienten parte de eso, bueno, es un problema de ellos, evidentemente”.

Críticas al gobierno y a la libertad de expresión

Consultado sobre si considera que el caso afecta la libertad de expresión, Padró respondió que ese es uno de los aspectos centrales del conflicto. “Es uno de los argumentos que está ahí. Suerte que alguien lo grabó, porque está documentado”, señaló.

Luego amplió sus críticas hacia el gobierno nacional y vinculó el proceso contra López con la política exterior de la administración de Javier Milei. “Este episodio de López es el paradigma de lo que significan toda esta casta de miserables sinvergüenzas y ladrones”, sostuvo.

Además, cuestionó el alineamiento internacional del Ejecutivo y afirmó: “Es hora de poner las cosas en su lugar, que el pueblo argentino tome conciencia y ubique estos individuos donde corresponde”.

Sobre el futuro del proceso disciplinario, Padró recordó que la decisión quedó en manos del tribunal y anticipó que, cualquiera sea el resultado, el conflicto continuará. “Terminó la sentencia. Ahora tiene que expedirse el tribunal. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver, porque esto no termina acá. La historia sigue”, concluyó.

*Fuente: REALPOLITIK

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