25 septiembre, 2025

La Justicia procesó a 10 exfuncionarios K por administración fraudulenta

La investigación inició en el 2005, pero 17 años después procesaron a 10 exfuncionarios y empresarios kirchneristas por administración fraudulenta y coimas por una cifra actualizada de $144 millones.
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La investigación comenzó en pleno mandato del expresidente Néstor Kirchner y fue una de las primeras denuncias que recayó sobre el kirchnerismo en torno a la malversación de fondos públicos en la obra pública. Ahora, 17 años después, la Justicia procesó a diez exfuncionarios y empresarios por recibir coimas de una empresa sueca (Skanska) que pagó 114 millones de pesos para ampliar gasoductos, evitando las licitaciones públicas.

El juez Sebastián Casanello se encuentra frente a la causa, que instruyó el fiscal Carlos Stornelli, y avanzó con el procesamiento de: el exsecretario de Energía, Daniel Cameron; el extitular del Enargas, Fulvio Madaro; el exfuncionario, Daniel Muñoz; Osvaldo Felipe Pitrau y Alicia Federico, junto a los representantes de la licenciataria Transportadora de Gas del Sur, Pablo Ferrero y Jorge García.

Exsecretario de Obras Públicas José López.
Exsecretario de Obras Públicas José López

A este listado se le suman Daniel Zinna (de Skanska); y los titulares de la cuenta comitente que negociaban los cheques librados por Skanska, Horacio Héctor Tosí y Osvaldo Díaz.

Muchos de los actualmente procesados habían sido sobreseídos, pero el fallo fue anulado debido a las controversias procesales que generó el caso. La investigación ya avanzó sobre la primera etapa y fue elevada a juicio oral y público, en manos del Tribunal Oral Federal Nº 4. Desde ese entonces, están procesadas unas 31 personas, entre quienes resuenan el exministro de Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, funcionarios de la empresa sueca y titulares de empresas que habían servido para emitir facturas falsas a la empresa Skanska, también personas que intervinieron en el pago de sobornos.

Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido.
Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido

LA PRUEBA

La estrella de la investigación es una grabación que realizó un auditor interno de la empresa involucrada, Claudio Corrizo. En la grabación se lo escucha hablar con Javier Azcárate, el entonces gerente comercial de la empresa, de las maniobras, los cálculos de pagos de los sobornos e incluso menciona al “pingüino de acá a dos cuadras”, en alusión al difunto expresidente Néstor Kirchner. Los fiscales dieron con la grabación luego de que esta fuera secuestrada en en allanamiento realizado por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart.

En cuanto a los fondos dilapidados, los mismos se derivaban a una supuesta ampliación de una obra de gas que llevaría adelante la empresa sueca, tanto en el norte del país como en el sur del país. Para llevarla a cabo se calculó un presupuesto de 195 millones de dólares para el norte y 240 millones de dólares en la del sur.

Los sobornos que pagó la empresa eran de 14 millones de pesos, lo que se traduce actualmente en un monto de $114 millones. Esta escandalosa cifra fue derivada a los exfuncionarios kirchneristas para que los procesos de contratación sean modificados, ¿cómo? Las licitaciones públicas que se abrieron para realizar las obras mencionadas pasaron a ser concursos privados, lo que fue clave para elegir con discrecionalidad a los oferentes. Tras estas maniobras, los fondos presupuestados y lo que finalmente se gastó varió en una suma de 185 millones de pesos (del año 2005).

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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