La Justicia procesó a 10 exfuncionarios K por administración fraudulenta

La investigación inició en el 2005, pero 17 años después procesaron a 10 exfuncionarios y empresarios kirchneristas por administración fraudulenta y coimas por una cifra actualizada de $144 millones.
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La investigación comenzó en pleno mandato del expresidente Néstor Kirchner y fue una de las primeras denuncias que recayó sobre el kirchnerismo en torno a la malversación de fondos públicos en la obra pública. Ahora, 17 años después, la Justicia procesó a diez exfuncionarios y empresarios por recibir coimas de una empresa sueca (Skanska) que pagó 114 millones de pesos para ampliar gasoductos, evitando las licitaciones públicas.

El juez Sebastián Casanello se encuentra frente a la causa, que instruyó el fiscal Carlos Stornelli, y avanzó con el procesamiento de: el exsecretario de Energía, Daniel Cameron; el extitular del Enargas, Fulvio Madaro; el exfuncionario, Daniel Muñoz; Osvaldo Felipe Pitrau y Alicia Federico, junto a los representantes de la licenciataria Transportadora de Gas del Sur, Pablo Ferrero y Jorge García.

Exsecretario de Obras Públicas José López.
Exsecretario de Obras Públicas José López

A este listado se le suman Daniel Zinna (de Skanska); y los titulares de la cuenta comitente que negociaban los cheques librados por Skanska, Horacio Héctor Tosí y Osvaldo Díaz.

Muchos de los actualmente procesados habían sido sobreseídos, pero el fallo fue anulado debido a las controversias procesales que generó el caso. La investigación ya avanzó sobre la primera etapa y fue elevada a juicio oral y público, en manos del Tribunal Oral Federal Nº 4. Desde ese entonces, están procesadas unas 31 personas, entre quienes resuenan el exministro de Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, funcionarios de la empresa sueca y titulares de empresas que habían servido para emitir facturas falsas a la empresa Skanska, también personas que intervinieron en el pago de sobornos.

Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido.
Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido

LA PRUEBA

La estrella de la investigación es una grabación que realizó un auditor interno de la empresa involucrada, Claudio Corrizo. En la grabación se lo escucha hablar con Javier Azcárate, el entonces gerente comercial de la empresa, de las maniobras, los cálculos de pagos de los sobornos e incluso menciona al “pingüino de acá a dos cuadras”, en alusión al difunto expresidente Néstor Kirchner. Los fiscales dieron con la grabación luego de que esta fuera secuestrada en en allanamiento realizado por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart.

En cuanto a los fondos dilapidados, los mismos se derivaban a una supuesta ampliación de una obra de gas que llevaría adelante la empresa sueca, tanto en el norte del país como en el sur del país. Para llevarla a cabo se calculó un presupuesto de 195 millones de dólares para el norte y 240 millones de dólares en la del sur.

Los sobornos que pagó la empresa eran de 14 millones de pesos, lo que se traduce actualmente en un monto de $114 millones. Esta escandalosa cifra fue derivada a los exfuncionarios kirchneristas para que los procesos de contratación sean modificados, ¿cómo? Las licitaciones públicas que se abrieron para realizar las obras mencionadas pasaron a ser concursos privados, lo que fue clave para elegir con discrecionalidad a los oferentes. Tras estas maniobras, los fondos presupuestados y lo que finalmente se gastó varió en una suma de 185 millones de pesos (del año 2005).

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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