Gabriel Germán Fernández, quien ocupó la intendencia de Viamonte durante cinco períodos consecutivos, enfrenta graves acusaciones de malversación de fondos públicos por un monto cercano a los 500 millones de pesos. El exmandatario fue detenido la mañana del pasado miércoles 18 de diciembre. Las irregularidades detectadas giran en torno a ocho convenios firmados con la Nación durante la gestión de Alberto. Entre las obras vinculadas se encuentran un polideportivo que nunca fue construido y una planta de reciclado que quedó a medio terminar.

El caso está siendo investigado por el fiscal federal Rodolfo Cabanillas, quien encabezó un operativo que incluyó 13 allanamientos en localidades como Viamonte, Canals, Marcos Juárez y la ciudad de Córdoba. Durante los procedimientos, Gendarmería secuestró más de 2,7 millones de pesos, 43.648 dólares, computadoras, documentos financieros y vehículos. La sucursal del Banco de Córdoba en Viamonte también fue inspeccionada debido a su implicación en movimientos de dinero sospechosos.

La denuncia original fue presentada por Facundo Manzoni, actual intendente de Viamonte, conocido en la región por su trayectoria como productor rural de la localidad. Manzoni asumió el cargo en diciembre de 2023 y encontró un panorama financiero en terapia intensiva: sueldos impagos, deudas municipales y cheques emitidos sin fondos. Posteriormente, solicitó una auditoría al Tribunal de Cuentas de Córdoba, que reveló desmanejos financieros significativos. “Mi objetivo es levantar el pueblo, pero no me dejaron un mango”, declaró Manzoni en su momento. Cumplió con su palabra: hasta el momento de publicación de este artículo, el intendente Monzoni donó la totalidad de sus sueldos, unos $20 millones, a diferentes instituciones de la localidad.

Entre las maniobras denunciadas se encuentra la transferencia de 10 millones de pesos desde cuentas municipales a una cuenta personal de Fernández, registrada como “adelantos de sueldo”. Según la auditoría, el dinero estaba destinado a obras públicas y no a pagos salariales. Además, se descubrió que el exintendente realizaba “autoprestamos” a intereses cero, lo que generó pérdidas para el municipio en un contexto de alta inflación.

En un comunicado difundido en redes sociales, Manzoni afirmó que “hubo irregularidades muy grandes y no miraré hacia otro lado porque de hacerlo sería cómplice. Anhelo que esto se aclare por el bien de mi pueblo y de sus habitantes”. Además, destacó que su prioridad ha sido garantizar la transparencia y sanear las cuentas municipales desde el inicio de su gestión.

En un breve diálogo con este medio, Agustín Tenaglia, secretario de la Fiscalía Federal, explicó: “La investigación que se inició en el mes de septiembre en esta fiscalía, a cargo del fiscal Rodolfo José Cabanillas, en la que se le solicitó al juez federal diversos allanamientos y la detención de Fernández. Actualmente la causa se encuentra en plena etapa de investigación en el Juzgado Federal, con diversas medidas de prueba aún pendientes”.

Fernández también es investigado por sus presuntas conexiones con el kirchnerismo, que habrían sido clave para facilitar el acceso de familiares a cargos estratégicos. 

Durante su gestión, ubicó a su esposa en el PAMI y a su hija en el Banco Nación, ambos en la localidad de Canals. La investigación busca determinar si estas posiciones permitieron consolidar un esquema de desfalco mediante redes de apoyo dentro de la estructura gubernamental. 

Actualmente, Fernández se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Río Cuarto, mientras avanzan las pericias contables y el análisis de dispositivos electrónicos incautados. Las fuentes judiciales sospechan que podrían surgir nuevas imputaciones contra otros involucrados a medida que se completen las pruebas.

El caso generó conmoción en la pequeña comunidad de Viamonte, ubicada al sur del departamento Unión. Allí, los vecinos exigen explicaciones y transparencia, mientras el escándalo reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en la administración de recursos públicos. “Es fundamental que se haga justicia y que los recursos públicos sean utilizados con transparencia”, concluyó Manzoni.

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