15 septiembre, 2025

La Justicia declaró INCONSTITUCIONAL el pase sanitario libre COVID-19

Lo sancionó el juzgado Federal de Mar del Plata Nro. 4 mediante un fallo en favor de dos ciudadanos marplatenses que se negaron a vacunarse y luego acudieron a los tribunales para no utilizar el permiso establecido por el gobierno.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

La implementación del pase sanitario obligatorio decretado por el gobierno nacional a principios de año, esencialmente por motivos turísticos, causó polémica en un sector de la sociedad que se negó a vacunarse contra el COVID-19. Lo consideraban ilegal y violatorio de los propios derechos individuales, además del perjuicio que les generaba que quienes lo exigen se reserven el derecho de admisión en caso de no cumplir con la disposición nacional.

Ante este panorama, Mario Marcelo Bassano y Mario Ignacio Bassano (hijo), dos ciudadanos marplatenses, acudieron al juzgado Federal de Mar del Plata Nro. 4 por considerar “inconstitucional” la normativa del ejecutivo al no ser obligatoria la vacunación frente a la enfermedad pandémica. Ambos, que obviamente no se habían inoculado ninguna de las dosis, apuntaron contra los gobiernos nacional y provincial más el ministerio de Salud de la Nación conducido por Carla Vizzotti.

Lo hicieron mediante un amparo “con el objeto de que se exima a los amparistas de portar y/o exhibir respecto a sus personas el denominado pase sanitario libre COVID-19; que se impuso por la decisión administrativa”. Para ello, hicieron hincapié en casos que fueron controvertidos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre los cuales se destaca el del joven formoseño que, ante las restricciones, murió ahogado al intentar cruzar el río Bermejo para ver a su hija.

SENTENCIA-BASSANO-MAR-DEL-PLATA-PASE-SANITARIO

De este modo, Bassano (hijo), el abogado de esta causa, planteó en el expediente judicial: “No se puede dejar de lado la subsistencia irrestricta de la constitución nacional, en el supuesto de ser violentada por una normativa que ante su aplicación, pueda cercenar ‘Los principios, garantías y derechos’ reconocidos por la carta magna”. Y aclaró que el artículo 28 de la carta magna sostiene que “no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio” de conformidad con lo ya establecido al momento de tratar la medida cautelar.

En diálogo con REALPOLITIK, su padre remarcó en qué momentos se defendieron con el amparo solicitado: “Había lugares donde no nos dejaban entrar por el pase sanitario, pero como presentamos una medida judicial sí pudimos hacerlo”. En tanto, declaró que “todos” los letrados con quienes se informó sobre el tema en cuestión afirmaron que la disposición obligatoria del gobierno es una “cachivachada” en términos jurídicos.

Finalmente, vale resaltar que hasta el momento no había fallos en primera instancia contra el pase sanitario, más allá de medidas cautelares, por lo que los marplatenses obtuvieron el primero en toda América Latina en otro claro revés para el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

*Fuente: REALPOLITIK

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now