La Justicia declaró INCONSTITUCIONAL el pase sanitario libre COVID-19

Lo sancionó el juzgado Federal de Mar del Plata Nro. 4 mediante un fallo en favor de dos ciudadanos marplatenses que se negaron a vacunarse y luego acudieron a los tribunales para no utilizar el permiso establecido por el gobierno.
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La implementación del pase sanitario obligatorio decretado por el gobierno nacional a principios de año, esencialmente por motivos turísticos, causó polémica en un sector de la sociedad que se negó a vacunarse contra el COVID-19. Lo consideraban ilegal y violatorio de los propios derechos individuales, además del perjuicio que les generaba que quienes lo exigen se reserven el derecho de admisión en caso de no cumplir con la disposición nacional.

Ante este panorama, Mario Marcelo Bassano y Mario Ignacio Bassano (hijo), dos ciudadanos marplatenses, acudieron al juzgado Federal de Mar del Plata Nro. 4 por considerar “inconstitucional” la normativa del ejecutivo al no ser obligatoria la vacunación frente a la enfermedad pandémica. Ambos, que obviamente no se habían inoculado ninguna de las dosis, apuntaron contra los gobiernos nacional y provincial más el ministerio de Salud de la Nación conducido por Carla Vizzotti.

Lo hicieron mediante un amparo “con el objeto de que se exima a los amparistas de portar y/o exhibir respecto a sus personas el denominado pase sanitario libre COVID-19; que se impuso por la decisión administrativa”. Para ello, hicieron hincapié en casos que fueron controvertidos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre los cuales se destaca el del joven formoseño que, ante las restricciones, murió ahogado al intentar cruzar el río Bermejo para ver a su hija.

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De este modo, Bassano (hijo), el abogado de esta causa, planteó en el expediente judicial: “No se puede dejar de lado la subsistencia irrestricta de la constitución nacional, en el supuesto de ser violentada por una normativa que ante su aplicación, pueda cercenar ‘Los principios, garantías y derechos’ reconocidos por la carta magna”. Y aclaró que el artículo 28 de la carta magna sostiene que “no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio” de conformidad con lo ya establecido al momento de tratar la medida cautelar.

En diálogo con REALPOLITIK, su padre remarcó en qué momentos se defendieron con el amparo solicitado: “Había lugares donde no nos dejaban entrar por el pase sanitario, pero como presentamos una medida judicial sí pudimos hacerlo”. En tanto, declaró que “todos” los letrados con quienes se informó sobre el tema en cuestión afirmaron que la disposición obligatoria del gobierno es una “cachivachada” en términos jurídicos.

Finalmente, vale resaltar que hasta el momento no había fallos en primera instancia contra el pase sanitario, más allá de medidas cautelares, por lo que los marplatenses obtuvieron el primero en toda América Latina en otro claro revés para el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

*Fuente: REALPOLITIK

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La Policía del Chaco detuvo a “Malvavisco”, un delincuente con pedido de captura por robo

La Policía del Chaco detuvo este lunes a un joven de 24 años conocido como “Malvavisco”, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por una causa de robo. El procedimiento se realizó en la localidad de Puerto Tirol, cuando efectivos de la comisaría local desarrollaban tareas de prevención y controles de identificación en la vía pública.

El sospechoso fue interceptado cerca del mediodía durante uno de esos operativos. Al verificar sus datos personales y antecedentes en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), los agentes confirmaron que tenía una orden de detención activa con intervención de la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia.

Una vez constatado el requerimiento judicial, los efectivos concretaron la detención y dieron intervención inmediata a la Fiscalía en turno N° 10 de Resistencia. Desde allí se ordenó que el implicado fuera notificado formalmente de su detención y luego trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, el detenido tenía antecedentes. En el ámbito barrial era conocido con el apodo de “Malvavisco”, un sobrenombre que, según sus allegados y testimonios de la zona, surgió porque es “malo y bizco”.

También pesaba sobre él su temida fama. Los vecinos lo identificaban como “el azote del barrio Timbó”, en referencia a su participación en numerosos hechos delictivos sufridos en esa zona.

Ahora, quedó a disposición de la Justicia chaqueña, que avanzará con la investigación del robo por el que fue capturado.

Acusan a Capitanich de apropiarse y vender autos oficiales de Chaco con papeles truchos

La Justicia Federal de Resistencia avanzó en una causa por irregularidades en la venta de vehículos oficiales del Gobierno Provincial del Chaco durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich entre 2016 y 2021. El fiscal federal Patricio Sabadini pidió elevar a juicio a cinco imputados por asociación ilícita, falsedad ideológica y uso de documentos falsos, lo que podría derivar en un juicio oral.

La investigación surgió en junio de 2021 tras una denuncia de Adrián Veleff, un gestor de un registro automotor en Resistencia y actual presidente de Ecom Chaco, quien detectó anomalías en un decreto de subasta. Diferencias en tipografía, colores y datos de vehículos que no coincidían con el original publicado en el sitio oficial del Chaco.

El modus operandi era una estructura organizada que desviaba autos estatales a particulares y empresas como Solint SAS mediante la adulteración de documentos de subastas legítimas. El juez de Garantías 2, Ricardo Mianovich debe decidir si aceptar el requerimiento, de ser así los involucrados tendrán que comparecer en un juicio oral, y en caso de ser hallados culpables, se fijará una pena.

Los acusados alteraban anexos de medidas provinciales originales, insertando datos falsos como nombres de “prestanombres”, números de motor, chasis y dominios para coincidir con los vehículos deseados.

Usaban actas de subasta falsificadas y formularios registrales para transferir la titularidad en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA), generando perjuicio al patrimonio público. Esta maniobra permitió ventas “truchas” de autos y motovehículos oficiales a privados, simulando subastas reales.

Entre los imputados clave figuran Lidia del Carmen Costas, exdirectora de Gestión de Bienes de la provincia de Chaco, acusada de haber certificado anexos falsificados a decretos oficiales en su condición de funcionaria pública. En la causa también aparece Santiago Daniel Dellacasa, comerciante y titular de la compañía Solint SAS, señalado como uno de los principales beneficiarios de las transferencias irregulares. Por su parte, Mario Orlando Bistman, empleado público y mandatario, habría decidido qué bienes salían a subasta y se ocupaba de tramitar las transferencias ante el Registro Automotor. Completan la nómina Daniel Alejandro Rojas y Marcos Teófilo Vargas, ambos sargentos de la Policía de Formosa, que actuaban como verificadores en los procedimientos.

Según la indagatoria, a Alejandro Rojas y a Teófilo Vargas se les imputa haber certificado formularios de verificación policial —los llamados Formularios 12— sin que los vehículos estuvieran efectivamente a la vista, lo que, de acuerdo a la fiscalía, facilitó la regularización de rodados presuntamente sustraídos. Además, estaba imputado Héctor Dellacasa, quien falleció en diciembre pasado.

A esta denuncia se sumaron luego otras presentaciones de distintos titulares de registros que detectaron maniobras similares con motovehículos y otros rodados pertenecientes a la Jefatura de Policía del Chaco.

En términos políticos, esto se ubica dentro de un paquete más amplio de causas contra la gestión Capitanich, donde también se investigan otros desvíos de fondos (como la megacausa IAFEP) y maniobras de uso irregular de bienes y recursos del Estado.

La trama de los “Piqueteros VIP”

En agosto de 2025, Patricio Sabadini solicitó la elevación a juicio de dos expedientes por lavado de activos agravado que involucra a dirigentes sociales señalados como cercanos a Capitanich. Una de las causas afectó al grupo conocido como Piqueteros VIP”, encabezado por Lucas Alexis Torales Cordeiro y miembros de su entorno familiar. La otra habría alcanzado al dirigente Marcos Antonio Cáceres, su pareja, Lourdes Ruiz Díaz y su hermana, María del Carmen Cáceres.

En base a la fiscalía, ambos expedientes compartían fondos públicos canalizados a través de fundaciones y cooperativas que habrían servido para dar apariencia de legalidad a recursos de origen estatal. En el caso de Torales, la pesquisa apuntó a un entramado económico que operó con la participación de su padre, José de Jesús Torales y su hermano, Marcos Gabriel Torales.

La averiguación identificó varias fundaciones supuestamente utilizadas como vehículos de financiamiento. Jóvenes Líderes, La Revolución, Árbol de la Vida y 19 de Abril Qa’Naqui. Informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) consignan que entre 2019 y 2023 se retiraron en efectivo más de $130 millones, sumas que luego habrían ingresado a cuentas personales de Lucas Torales y se transformaron en plazos fijos y otras operaciones incompatibles con su nivel declarado de ingresos.

Agrega otros presuntos indicios de enriquecimiento ilícito, coml viajes al exterior, compras de dólares en el mercado negro, movimientos en criptomonedas y la adquisición de vehículos de alta gama a nombre de familiares —entre ellos un Ford Focus, un Honda Civic, una Ford Territory y otro Honda Civic 2020— que, eran usados exclusivamente por Lucas Torales y forman parte de los bienes bajo sospecha.

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