La Justicia de Mendoza prohibió el uso de celulares en las cárceles

El juez resolvió suspender el beneficio que tenían los internos por la pandemia y dispuso que, en un plazo no inferior de seis meses, se retiren todos los equipos.
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El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, resolvió poner fin a un beneficio otorgados a los internos mendocinos durante la pandemia: el uso de teléfonos celulares en los pabellones. La medida, implementada por Alberto Fernández en tiempos de aislamiento obligatorio, permitía a los internos mantener contacto con sus abogados y familiares en ausencia de visitas presenciales.

Para implementar esta decisión, Sarmiento ordenó al Servicio Penitenciario que retire gradualmente los equipos personales en las celdas en un plazo no inferior a seis meses. Además, solicitó que se garanticen las visitas familiares con una frecuencia semanal, como mínimo.

Los presos mendocinos serán notificados en un periodo de 30 días de que ya no podrán tener los teléfonos y que estos deberán ser retirados por sus familiares. Sin embargo, sólo se retirarán los celulares donde esté instalado un sistema de telefonía pública. Sarmiento también ha resuelto que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.

“Hacer lugar parcialmente a la solicitud de la Procuración de Personas privadas de la libertad, y mantener la autorización excepcional para la utilización de telefonía móvil en los centros de detención que se encuentren alojadas mujeres hasta tanto se adecúen las normas reglamentarias a los parámetros establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y se cumplan con las condiciones dispuestas en el punto siguiente”.

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Al respecto, el magistrado señaló: “El único universo que quedó en protección fue el de las mujeres detenidas porque los parámetros que se tienen que tener en cuenta son mucho más amplios, con una mirada mucho más reforzada respecto al cumplimiento de sus derechos y además tiene consideración el rol”.

“La gran mayoría son madres y hay poco contacto con sus hijos, el sistema de telefonía pública no cumple esos parámetros, muchas veces las mandan a encierro y no alcanzan a llamar a sus hijos luego que vuelan a la escuela o cuando están enfermos o cualquier otras circunstancias, por lo cual hay una situación de desventaja que debe ser reparada. Hasta tanto, no se reglamente o no tengan en consideración esos aspectos, en el caso de ellas van a seguir usando el teléfono”, concluyó.

Redacción

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

Redacción

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Denuncian a funcionarios de Alicia Kirchner: “Siguieron robando después de dejar el gobierno”

En el marco de los allanamientos realizados en Río Gallegos, Julio Gutiérrez señaló al la anterior gestión de la cartera de Trabajo por estafa y robo al Estado provincial. Según explicaron fuentes oficiales, los exfuncionarios habrían logrado seguir actuando con los ilícitos a pesar del cambio de gobierno.

Los funcionarios de Alicia Kirchner no entregaron a las nuevas autoridades claves, datos de plataformas de compra y cuentas, de un convenio del Ministerio de Trabajo para comprar artículos necesarios para el área en el rubro de mantenimiento y servicios. El desfalco, según estiman los miembros de la actual gestión es de $27 millones.

Con ese modus operandi, siguieron comprando repuestos, cubiertas y otros servicios a nombre del Ministerio de Trabajo, que fueron almacenando en galpones de su propiedad que se encuentran en la zona industrial, y que forman parte de la empresa “Cielos Patagónicos, viviendas industrializadas”.

Las compras se habrían realizado en comercios como Toyota, Pirelli y Austral Gomas, y habrían sido retirados por un empleado de la empresa de Romina Silva que fue “pescado infraganti” cuando realizaba una de estas maniobras.

Gutiérrez precisó que “la principal autora de todo esto es la anterior secretaria del Ministro de Trabajo”. Romina Silva fue o es la mano derecha de Teodoro “Lalo” Caminos, exministro de Trabajo de Santa Cruz. “En la época cuando se hizo la transición (de gobierno) no nos entregaron claves, ni plataformas, ni cuentas que tenían que ver con cuestiones de mantenimiento y servicios”, explicó el actual ministro.

Indignado, Julio Gutiérrez afirmó: “No les bastó con robar cuando estaban en el gobierno, sino que siguieron robando después de dejarlo, lo que demuestra la impunidad de esta gente, la falta de respeto y la absoluta desconsideración y burla hacia toda la sociedad santacruceña que está viviendo momentos difíciles. Pero como dijo el gobernador Vidal desde que asumió, se ha terminado el robo en Santa Cruz y los responsables irán a prisión por sus acciones delictivas”.

Redacción

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