El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, resolvió poner fin a un beneficio otorgados a los internos mendocinos durante la pandemia: el uso de teléfonos celulares en los pabellones. La medida, implementada por Alberto Fernández en tiempos de aislamiento obligatorio, permitía a los internos mantener contacto con sus abogados y familiares en ausencia de visitas presenciales.

Para implementar esta decisión, Sarmiento ordenó al Servicio Penitenciario que retire gradualmente los equipos personales en las celdas en un plazo no inferior a seis meses. Además, solicitó que se garanticen las visitas familiares con una frecuencia semanal, como mínimo.

Los presos mendocinos serán notificados en un periodo de 30 días de que ya no podrán tener los teléfonos y que estos deberán ser retirados por sus familiares. Sin embargo, sólo se retirarán los celulares donde esté instalado un sistema de telefonía pública. Sarmiento también ha resuelto que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.

“Hacer lugar parcialmente a la solicitud de la Procuración de Personas privadas de la libertad, y mantener la autorización excepcional para la utilización de telefonía móvil en los centros de detención que se encuentren alojadas mujeres hasta tanto se adecúen las normas reglamentarias a los parámetros establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y se cumplan con las condiciones dispuestas en el punto siguiente”.

Al respecto, el magistrado señaló: “El único universo que quedó en protección fue el de las mujeres detenidas porque los parámetros que se tienen que tener en cuenta son mucho más amplios, con una mirada mucho más reforzada respecto al cumplimiento de sus derechos y además tiene consideración el rol”.

“La gran mayoría son madres y hay poco contacto con sus hijos, el sistema de telefonía pública no cumple esos parámetros, muchas veces las mandan a encierro y no alcanzan a llamar a sus hijos luego que vuelan a la escuela o cuando están enfermos o cualquier otras circunstancias, por lo cual hay una situación de desventaja que debe ser reparada. Hasta tanto, no se reglamente o no tengan en consideración esos aspectos, en el caso de ellas van a seguir usando el teléfono”, concluyó.