La Justicia de Mendoza prohibió el uso de celulares en las cárceles
El juez resolvió suspender el beneficio que tenían los internos por la pandemia y dispuso que, en un plazo no inferior de seis meses, se retiren todos los equipos.
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El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, resolvió poner fin a un beneficio otorgados a los internos mendocinos durante la pandemia: el uso de teléfonos celulares en los pabellones. La medida, implementada por Alberto Fernández en tiempos de aislamiento obligatorio, permitía a los internos mantener contacto con sus abogados y familiares en ausencia de visitas presenciales.
Para implementar esta decisión, Sarmiento ordenó al Servicio Penitenciario que retire gradualmente los equipos personales en las celdas en un plazo no inferior a seis meses. Además, solicitó que se garanticen las visitas familiares con una frecuencia semanal, como mínimo.
Los presos mendocinos serán notificados en un periodo de 30 días de que ya no podrán tener los teléfonos y que estos deberán ser retirados por sus familiares. Sin embargo, sólo se retirarán los celulares donde esté instalado un sistema de telefonía pública. Sarmiento también ha resuelto que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.
“Hacer lugar parcialmente a la solicitud de la Procuración de Personas privadas de la libertad, y mantener la autorización excepcional para la utilización de telefonía móvil en los centros de detención que se encuentren alojadas mujeres hasta tanto se adecúen las normas reglamentarias a los parámetros establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y se cumplan con las condiciones dispuestas en el punto siguiente”.
Al respecto, el magistrado señaló: “El único universo que quedó en protección fue el de las mujeres detenidas porque los parámetros que se tienen que tener en cuenta son mucho más amplios, con una mirada mucho más reforzada respecto al cumplimiento de sus derechos y además tiene consideración el rol”.
“La gran mayoría son madres y hay poco contacto con sus hijos, el sistema de telefonía pública no cumple esos parámetros, muchas veces las mandan a encierro y no alcanzan a llamar a sus hijos luego que vuelan a la escuela o cuando están enfermos o cualquier otras circunstancias, por lo cual hay una situación de desventaja que debe ser reparada. Hasta tanto, no se reglamente o no tengan en consideración esos aspectos, en el caso de ellas van a seguir usando el teléfono”, concluyó.
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El periodista y sociólogo, Pedro Brieger, conocido por su ferviente militancia kirchnerista y su labor en medios como NODAL, C5N y en la Universidad de Buenos Aires, enfrenta serias acusaciones de acoso sexual por parte de cinco mujeres. La investigación, realizada por el periodista de Clarín, Alejandro Alfie, y difundida a través de la red social X, sacudió las redes.
El 19 de junio, Alfie publicó en su cuenta de X: “Hay un periodista muuuy conocido que tiene cinco casos de acoso sexual, pero como las cuatro periodistas acosadas y una secretaria de una universidad donde era docente no hicieron denuncias judiciales, entonces nadie informa y sigue trabajando como si nada”. Esta declaración, sin revelar inicialmente el nombre del acusado, fue seguida por detalles de las supuestas víctimas: una periodista de Télam, otra que lo entrevistó en su programa de radio, su columnista de género, una alumna de TEA (Taller Escuela Agencia)y una secretaria de la Universidad de Belgrano.
Según Alfie, la investigación se originó cuando una periodista de Télam le comentó que Brieger la había acosado durante un viaje de cobertura en Túnez en 2008. Este relato motivó a Alfie a profundizar y descubrir un patrón de comportamiento similar en otros casos.
Los casos de acoso de Brieger
Agustina Kämpfer (2000-2002): La mediática relató que mientras estudiaba en TEA fue acosada por Brieger, quien como profesor la incomodaba con miradas insistentes y comentarios inapropiados, llegando incluso a tocarla y hacerle propuestas incómodas. Aunque decidió no realizar una denuncia judicial, su testimonio resalta la importancia de abordar estas conductas.
Cecilia Guardati (2008): Durante una cobertura en Túnez, Guardati, periodista de Télam, fue sorprendida por Brieger, quien se encontraba desnudo en su habitación y se masturbaba mientras le hablaba. A pesar de la incomodidad Guardati optó por no denunciar debido al prestigio de Brieger y al miedo a posibles represalias.
Periodista Anónima (2010): Una exalumna de Brieger, quien pidió mantener su identidad en secreto, reveló haber sido objeto de un comportamiento similar durante una entrevista en la radio AM750. Brieger se masturbó frente a ella, generando una situación traumática. A pesar de la gravedad del incidente, decidió no denunciar por temor a represalias y a la exposición pública.
Columnista de Género (2019): Una columnista que trabajaba en “Demoliendo Fronteras”, programa de Radio 10 conducido por Brieger, renunció tras sufrir constantes acosos y comentarios inapropiados. Aunque intentó seguir trabajando, la situación se volvió insostenible y optó por dejar su empleo.
Secretaria de la Universidad de Belgrano (1994-1995): Brieger acosó a una secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, llamándola repetidamente con comentarios lascivos e inapropiados. Tras intervenir las autoridades académicas, Brieger fue obligado a renunciar a su cargo docente.
Respuesta de Brieger
Pedro Brieger negó todas las acusaciones a través de un comunicado publicado por Alfie en X: “Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista”, aseguró. Además, advirtió que podría tomar acciones legales contra Alfie y las personas que lo acusan de difamación.
El periodista de Clarín, por su parte, se defendió afirmando que solo estaba difundiendo la información obtenida a través de su investigación y que cada persona debería sacar sus propias conclusiones.
Durante el mediodía de hoy, las autoridades de C5N se reunieron con Pedro Brieger para definir su situación en ese canal de noticias. La sanción puede ir desde vacaciones anticipadas hasta su despido. “Lo sacan del aire, como medida preventiva por las acusaciones de acoso sexual que difundí ayer”, informó Alfie.
Serían “más de cinco” los casos de abuso
Tras el posteo de Alfie, la periodista de El Cronista, Analía Argento, también aportó información: “Una querida colega me cuenta sobre este ser nefasto. Me pone la piel de pollo. Ganas de llorar. Una cadena de mujeres llora en privado, víctimas que no se animan a hacerlo público pero sienten que la revelación las ayuda a respirar. No me lo crucé pero las escucho y abrazo”, publicó.
En esa línea, Romina Manguel hizo otro aporte, que se volvió polémico, ya que la periodista comentó en X que “es verdad que en el medio se sabía lo de Brieger. También es verdad que las víctimas tenían miedo y no querían dar sus nombres lo que complicaba la denuncia pública. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo encubrieron todos estos años?”
También apoyándose en las redes sociales, una importante cantidad de cuentas y perfiles ligados al kirchnerismo cuestionaron la veracidad de lo expuesto por “el operador de Clarín”. Sin embargo, llegó el fuego amigo: la comunicadora ultra K, Cynthia García (de Duro de Domar, programa de C5N, Radio Nacional y panelista de 678) retuiteó un posteo contra el acusado. “Para los boludos que saltan a defender a Pedro Brieger y hablan de ‘operetas de Clarín‘. Sepan que las denunciantes son ex compañeras de medios kirchneristas“, señaló un usuario.
El diputado nacional y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, José Luis Espert, avanzó contra la gestión de AxelKicillof, gobernador de Buenos Aires, quien fue denunciado por no entregar ambulancias a hospitales y municipios. En la presentación, Espert sostiene que el Poder Ejecutivo provincial tiene “160 ambulancias arrumbadas en Ensenada”.
Para el legislador, Kicillof y Kreplak no dispusieron “la entrega de ambulancias a los hospitales y municipios de la Provincia pese a tenerlas disponibles. Violando así la Constitución de PBA que ordena garantizarle a los bonaerenses el acceso a la salud (art. 36 inc. 8) e incumpliendo los deberes de funcionario público (art. 248 CP)”.
“La denuncia se originó porque sabemos que hay más de 160 ambulancias nuevas, arrumbadas a la intemperie, en el predio del hospital El Dique de Ensenada. Esto ya ha transcendido, incluso hubo algunos informes periodísticos el año pasado. Pero el tema es que aún siguen ahí abandonadas, comentó el funcionario.
Asimismo, Espert criticó el accionar de Kicillof para con su par de Chubut, Ignacio Torres, por haberle donado 15 ambulancias, el pasado 15 de mayo que según Kreplak fue por una “necesidad sanitaria que manifestaron las autoridades de la provincia sureña y un acuerdo conjunto para mejorar la respuesta de salud a esa comuna”.
“Le pido a Kicillof que se deje de jugar con la salud de los bonaerenses para hacer política, que se deje de jugar con la educación de los bonaerenses para hacer política, que se deje de gastar la plata de los bonaerenses para seguir aumentando el tamaño del Estado con nuevas empresas”, reclamó Espert al momento de dar a conocer que realizó la denuncia penal.
Espert presentó la denuncia a través del abogado Pablo Abdon Torres Barthe y la investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Bravo, de la UFI Nº7 de La Plata, con intervención del Juzgado de garantías Nº3, de Pablo Raele.
Una denuncia por “irregularidades, sobreprecios y mala calidad del producto” realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, puso en evidencia el manejo fraudulento de un “aliado” del propio gobierno nacional.
Ocurrió que, tras el escándalo de los alimentos retenidos, las autoridades preguntaron por un multimillonario gasto en yerba mate realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández: $18.000 millones en yerba mate por un total de 17.000 toneladas. El monto despachado significó casi un 70% del total de $30.500 millones destinados en ese momento a esos productos básicos para conformar un stock alimentario para “emergencias”.
La licitación pública N° 95-0058-LPU23 firmada por la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue denunciada por el gabinete de Pettovello a finales de mayo. Entre otros cuestionamientos, también se señaló sobreprecios y mala calidad del producto.
Un detalle sorprendió a las filas libertarias. La compra fue realizada a la empresa Yerbatera Misiones, perteneciente al yerbatero Pedro Puerta, además de diputado provincial, es hijo del exgobernador misionero y presidente provisorio tras la renuncia de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta.
Desde sus redes sociales, el joven diputado se muestra como un acérrimo liberal libertario de primer ola: Militó la decisión libertaria de recortar las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate e incluso logró sumar al bloque de La Libertad Avanza a la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka, quien integraba el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto.
Florencia Klipauka, de 27 años, electa diputada nacional las pasadas elecciones
La denuncia de Pettovello acusa a la empresa Yerbatera Misiones de vender al gobierno yerba mate adulterada con Poleo, una hierba usualmente utilizada para el tratamiento casero de problemas estomacales y respiratorios y que en dosis no reguladas puede acarrear consecuencias para la salud. Debido a su bajo precio y aspecto similar a la yerba mate, se utiliza para mezclar con otras hierbas y reducir el costo. Las hierbas son muy caras, por lo que se emplea un pequeño porcentaje de otras hierbas y una mayor cantidad de poleo.
Tras la acusación, el empresario y legislador provincial respondió a través de un comunicado en el que afirma que todo se trata de “otra operación berreta” en su contra y se declara “soldado” del presidente Javier Milei.
Según detallaron medios de Misiones, después que salió la denuncia, se filtró un video donde hay cientos de bolsas de palito y poleo, que se están quemando en un extenso campo del interior de Misiones. El peón que grabó y difundió el video aseguró que se trata de una de los cientos de chacras que tienen los Puerta.
Puerta también desmiente que su empresa haya realizado negocios con el gobierno del Frente de Todos, cuando Tolosa Paz, hoy denunciada por la gestión de Pettovello, ocupaba la cartera social del gabinete del presidente Fernández. “Y mucho menos existe (vínculo) con el Estado”, asegura el yerbatero de la localidad de Apóstoles.
“Evidentemente, que le contemos al país que Misiones es una provincia estatista a partir de haber construido un Estado elefantiásico, molesta y mucho”, señala Puerta y desafía: “Pero pueden seguir inventando lo que quieran, nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir proponiendo una provincia mejor”.
La Justicia Federal de Río Negro puso en jaque a La Libertad Avanza al exigir la presentación de las actas originales de constitución del partido en esa provincia. Esta medida surge tras una denuncia por falsificación de firmas, lo que podría desencadenar una crisis en el armado del partido a nivel provincial y afectar los planes políticos de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.
El juez federal Hugo Greca ordenó que el apoderado del partido, Jonathan O’Rourke, entregue la documentación original para verificar la autenticidad de las firmas, tras las acusaciones de Ariel Zúñiga, vicepresidente de la Junta Promotora de La Libertad Avanza. Zúñiga aseguró que las firmas que aparecen como suyas en las actas de constitución del partido fueron falsificadas, añadiendo que no fue convocado a los actos donde supuestamente firmó y que otras personas en la misma situación también habrían sido víctimas de esta maniobra.
Hugo Greca
El documento judicial, presentado la semana pasada, se basa en que las firmas en las Actas N° 3 y 4 de la Junta Promotora son apócrifas, lo que podría llevar a la nulidad de los trámites para la conformación del partido. Zúñiga apuntó directamente a Lorena Villaverde, diputada y responsable del armado del partido en Río Negro, acusándola de orquestar estas maniobras ilegítimas con la intención de obtener el “sello partidario” a toda costa.
En respuesta a la denuncia, el juez Greca dio un plazo de cinco días hábiles para que los miembros fundadores del partido se expidan respecto al contenido de las actas mediante un instrumento con firmas certificadas. Además, se llevará a cabo un peritaje caligráfico para determinar si las rúbricas son falsificadas.
Para La Libertad Avanza, la situación ya es un gran problema: podría significar un golpe devastador para sus planes de expansión. La formación de la estructura partidaria en Río Negro, ya estaba envuelta en controversias debido a la presentación de fichas de adhesión irregulares, y ahora la amenaza de anulación de las firmas podría sepultar las aspiraciones de Karina Milei, quien tenía previsto contar con cinco provincias operativas para las próximas elecciones de medio término.
La legisladora nacional, Lorena Villaverde, junto a Ariel Zúñiga, el vicepresidente de la Junta Promotora
La posibilidad de que se caiga el partido en la provincia patagónica llevó a la renuncia de Martín Iriarte, uno de los miembros de la junta promotora, y aumentó la tensión contra Villaverde dentro de las filas libertarias.
En caso de confirmarse la falsificación, el proceso de formación del partido se vería afectado por plazos más largos de los disponibles antes de la competencia electoral, lo que podría forzar a Villaverde a buscar otro partido bajo el cual presentarse como candidata a senadora.
El abogado especializado propuso endurecer las penas por falsas denuncias en el ámbito familiar. Argumenta que estas prácticas, mayormente realizadas por motivos económicos y emocionales, no solo afectan a los falsos acusados, sino que también causan un grave impacto psicológico en los niños involucrados.
“Si bien las penas que proponemos son obviamente para ambos padres, el 90% de las falsas denuncias son realizadas por mujeres que, por intereses económicos, patrimoniales y despecho, denuncian situaciones inexistentes que afectan directamente la salud mental de los hijos. Intentamos modificar el Artículo 245 del Código Penal para que, en casos de falsedad comprobada en contextos de género y familia, se aplique una pena de entre 2 y 4 años”, explicó Peña en diálogo con los medios.
Peña subrayó que el objetivo es proteger los derechos jurídicos de los niños, ya que una falsa denuncia puede someterlos a procedimientos judiciales invasivos como la cámara Gesell, terapias y exámenes médicos, con graves repercusiones psicológicas.
“Pedimos esta pena de 2 a 4 años porque el Código Penal prevé que delitos de esta índole puedan tener una pena condicional inicial. Sin embargo, en casos de reincidencia, buscamos establecer una pena efectiva para disuadir estos comportamientos. La doctrina del caso Góngora marcó un precedente al suspender la posibilidad de juicio en suspenso en estos contextos. Las falsas denuncias no deben ser tratadas con contemplación, ya que pueden agravar las condiciones psicológicas del niño”, afirmó el abogado.
“Cuando un niño pasa cuatro años sin ver a sus padres, abuelos y tíos, se produce un quiebre psicoemocional difícil de superar”, aseguró Peña a la Agencia de Noticias Fueros, quien defiende a varios padres en esta situación. “Las falsas denuncias, a menudo alentadas por abogados inescrupulosos, generan acusaciones absurdas que, aunque sean descartadas, siguen afectando injustamente a los padres o madres y a los menores involucrados”, añadió.
“Queremos que la falsa denuncia no sea una herramienta o instrumento”
El abogado señaló que actualmente las penas por falsas denuncias son mínimas, de 2 meses a 1 año en suspenso, y propone que pasen a ser de 2 a 4 años de prisión efectiva sin posibilidad de probatoria.
“Buscamos modificar el Código Penal porque, además del sufrimiento de los padres y de los menores, miles de horas del sistema judicial argentino se pierden en esta problemática que tiene consecuencias devastadoras para los niños. No queremos que la falsa denuncia se convierta en un instrumento para litigar durante una separación”, concluyó Peña.
“Acá hubo negocios con el agua toda la vida”. La ciudad santacruceña Caleta Olivia fue territorio de un accionar delictivo insólito: el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, preocupado por numerosas denuncias de vecinos de la localidad, solicitó renuncias en los cargos de conducción de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).
Según informaron desde el gobierno de Vidal, se descubrió que la empresa estatal boicoteaba el normal suministro de agua en la ciudad para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular. “La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción. Pequeños grupos de la política que se quedó con el patrimonio de los santacruceños”, detalló Vidal.
El boicot de los funcionarios K que hacían el oscuro negociado afectó, según señalaron las fuentes oficiales, a tres escuelas del barrio. Las autoridades encontraron llaves de paso estranguladas cuando investigaron la zona.
“Hoy he solicitado diversos pedidos de renuncias a los cargos más altos de la empresa de Servicios Públicos en Caleta Olivia”, el tuit del gobernador de Santa Cruz
“Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para ‘robar’ el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, y así cargarla en camiones y venderla en forma particular”, señaló.
Dijo que la planta de Ósmosis invertida en Caleta funciona “en un 35%” y que la toma de agua “está construida en un lugar que no corresponde“. “La planta funcionó solamente 8 años y parte de la tecnología que se utiliza para esto no se fabrica más“, aseveró.
Los dos casos relacionan al abuso sexual y al poder. Ante la mínima sospecha, el intendente de La Matanza debería haber pedido licencia. Alperovich se había quedado sin fueros.
Podríamos decir @Solanopo que en todo caso las actuales izquierdas han adoptado ese engendro antisemita y lo perfeccionan en cada declaración y cada marcha. En cada movilización banderas de Iran y Hamas y ningún cartel reclamando por los secuestrados argentinos en Gaza. Se lo… https://t.co/2eIDGXbhGEpic.twitter.com/Sw6yzCvj8f
