05 febrero, 2025

La Corte Suprema duda de tomarles juramento a Ariel Lijo y García-Mansilla si Milei los nombra por decreto

Frente a las señales negativas de la Corte si se da tal caso, en el Gobierno amenazan con tomarles juramento ellos mismos.
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En medio del revuelo por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que ocupen un lugar en la Corte Suprema y la posibilidad de que sean nombrados por decreto, en el máximo tribunal reflotaron antecedentes y dan señales no estar de acuerdo con la idea de que el Ejecutivo proceda de dicha manera o al menos no sin que sus opiniones sean consultadas.

Desde el Gobierno descreen que la Corte no les tome juramento a los nuevos jueces si estos son nombrados por decreto presidencial, y si llegara a ser así, amenazan con que será el Ejecutivo mismo el que lo haga. En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.

Por el momento, el juez Ariel Lijo cuenta con 9 firmas en su pliego. Una de las mismas es de la senadora Lucía Corpacci, quien accedió a hacerlo por indicación de su jefa política Cristina Kirchner. El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. El pliego de Lijo está demorado porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno, no accediendo así al reclamo del kirchnerismo de acordar por Lijo y, en vez de García-Mansilla, proponer a una mujer. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrarlos en aras de, en 2025, contar con una Corte Suprema con 5 jueces.

En el actual escenario, desde la Corte Suprema sacaron del cajón antecedentes: el más cercano al presente es la vez que el ex presidente Mauricio Macri nominó a los jueces Hernán Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros del máximo tribunal. Fue el fruto de un acuerdo entre el entonces mandatario, los jueces de la Corte y la oposición. Con base en esas designaciones, las máximas autoridades del Poder Judicial quieren intervenir con un diálogo con el Gobierno, como sucedió con Macri.

Los gestos de la Corte Suprema para tomar parte en el procedimiento para designar nuevos miembros se inscribe en el marco de una relación ambivalente con el Gobierno, con ministros de buena relación como Ricardo Lorenzetti, y otros como Hernán Rosatti, que no tiene el visto bueno de Javier Milei y su entorno.

*Fuente: Agencias

Redacción

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El Gobierno calificó de “ridículo” el informe de Amnistía sobre el protocolo antipiquetes

“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Amnistía Internacional no entiende nada” – Patricia Bullrich

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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.

El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.

Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.

En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.

Redacción

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De Ángeli advierte que “el kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado”

Alfredo De Angeli, quien asumió como jefe del PRO en el Senado el 29 de enero de 2025, afirmó que “habrá una alianza” entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), aunque la definición dependerá de las realidades locales, sin un acuerdo nacional unificado. Destacó que el PRO es el partido “más cercano ideológicamente” al oficialismo, pero rechazó cualquier sumisión automática hacia este. Hizo hincapié que apoyarán los proyectos de Milei solo si benefician a los argentinos, dejando claro que la postura será evaluada “en tanto y en cuanto” sea favorable “distrito por distrito”.

Además, cuestionó que el Senado actúe como mero validador de iniciativas del Ejecutivo, exigiendo diálogo previo para evitar que el kirchnerismo logre cuórum propio si lograra contar con la cantidad de senadores necesarios para que el Senado apruebe iniciativas sin la necesidad de apoyo o aliados de otros sectores.

“Va a haber mucho debate porque ya no hay mayorías automáticas como muchos años que me tocó estar con que venían los proyectos del Ejecutivo y no se le podía tocar una coma. Va a ser un gran desafío”, expresó.

Señaló que su posición responde a una postura desligada de Ariel Lijo, rectificando que “como bloque y partido ya tenemos la postura adoptada” y “no lo vamos a acompañar” en su nominación como Juez de la Corte Suprema.

De Ángeli recalcó su preocupación por la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ha señalado que “no es bueno ver esas diferencias entre Milei y Villarruel”, pero que “ella está muy alineada al Gobierno, se la vio trabajando duro con Guillermo Francos”, pero que la posibilidad de que obstaculicen el Senado, “es algo que lo tienen que entender”.

“Si no tenes 37 senadores sentados te inmovilizan el Senado”. Según detalló, si la oposición consigue asegurar ese número de escaños, podría paralizar el funcionamiento del cuerpo legislativo. “El kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado cuando jure la nueva senadora”,

“Ellos con solo 6 senadores y algunos sin experiencia, nosotros con Luis Juez los ayudamos a sacar los proyectos que necesitaban porque el kirchnerismo no quería aprobar ni las autoridades del Cuerpo a la vice, nosotros desde el PRO pusimos lo que teníamos que poner. El kirchnerismo siempre estuvo obstruyendo porque no están de acuerdo con las políticas de Milei”, refiriéndose a la ayuda que recibió LLA en todo lo que va de su gestión.

Redacción

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Argentina registró en 2024 el superávit comercial más elevado de las últimas dos décadas

Argentina alcanzó en 2024 un superávit comercial de USD 18.899 millones, la cifra más alta de los últimos 20 años en términos nominales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado final se definió en diciembre, cuando el país registró un saldo positivo de USD 1.666 millones, con exportaciones por USD 7.035 millones e importaciones por USD 5.369 millones.

Este desempeño cerró 12 meses consecutivos de superávit y revirtió el déficit de USD 6.926 millones observado en 2023. Las exportaciones crecieron 19,4% interanual durante el año, hasta alcanzar los USD 79.721 millones, mientras que las importaciones cayeron 17,5%, con un total de USD 60.822 millones. Aun así, el Indec estimó que la Argentina habría obtenido un superávit de USD 21.246 millones si hubieran prevalecido los precios de 2023, pero la caída del índice de precios de las exportaciones (-5,8%) en comparación con el de las importaciones (-4%) generó una pérdida en los términos de intercambio de USD 1.550 millones.

Dentro de la dinámica de diciembre, las compras externas aumentaron 26,2% en la comparación interanual y registraron una suba de 8,8% frente a noviembre. En tanto, las ventas al exterior avanzaron 33,4% respecto de diciembre de 2023. Los rubros que más impulsaron las exportaciones fueron las manufacturas de origen agropecuario (36% de suba interanual), los productos primarios (30%) y el sector energético (50%). Por el lado de las importaciones, el alza más significativa se dio en vehículos (230%) y bienes de consumo (53%), mientras que las compras de energía descendieron 43%.

El economista Jerónimo Montalvo, de la consultora Abeceb, señaló que el país exhibió en diciembre un superávit comercial “durante toda la gestión Milei, con una aceleración por segundo mes consecutivo y con un crecimiento sensible respecto del resultado de diciembre de 2023 (64%)”. Montalvo afirmó que el récord de 2024 (que no se dio como porcentaje del PBI) respondió a la combinación de un fuerte crecimiento de las exportaciones y una marcada reducción de las importaciones, las cuales alcanzaron su menor nivel desde 2015 en proporción al producto bruto.

Según Montalvo, en 2025 las exportaciones seguirían en aumento, impulsadas por una buena cosecha y el aporte del sector energético, con un incremento estimado de 7%. Sin embargo, auguró también una mayor dinámica en las compras externas, que se proyectarían con una suba de 16%. En ese escenario, el país podría mantener un saldo comercial positivo de entre USD 14.000 y USD 15.000 millones, con casi la mitad proveniente del sector energético.

En línea con esta tendencia, el economista Jorge Vasconcelos, del Ieral, observó que la recuperación económica en Argentina mostró un sesgo hacia el crecimiento de las importaciones no energéticas. Destacó asimismo el comportamiento del comercio bilateral con Brasil: las importaciones argentinas desde ese país pasaron de caer 50,5% interanual en junio de 2024 a incrementarse 46,9% en diciembre, mientras que las exportaciones a ese destino se desaceleraron a 2,5% en el mismo lapso.

Por otra parte, el sector energético también exhibió un desempeño notable. A lo largo de 2024, la balanza comercial energética mostró un superávit de USD 5.668 millones, el mayor de los últimos 18 años. Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 22,3% y totalizaron USD 9.677 millones, lo que representó el 12,1% de los envíos argentinos al exterior. Chile se posicionó como el principal destino de estas ventas, con USD 2.844 millones, un 74,1% más que en 2023. A la vez, las importaciones de combustible y lubricantes se contrajeron 49,4%, hasta USD 4.009 millones.

En diciembre, este rubro marcó un superávit energético de USD 852 millones. Según los datos oficiales, las exportaciones del mes sumaron USD 1.032 millones, de los cuales USD 5.473 millones correspondieron a la venta de aceites de petróleo, al tiempo que las compras externas se ubicaron en USD 180 millones, un 42,9% menos que en diciembre de 2023. De este modo, el país consolidó un año con resultados positivos tanto en el balance energético como en el global, alcanzando el superávit comercial nominal más alto de las últimas dos décadas.

Redacción

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Un informe de la Fiscalía ratifica que Nisman fue asesinado

A pocos días de cumplirse el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Fiscalía Federal Nº 3, dirigida por Eduardo Taiano, presentó un informe exhaustivo que confirma la hipótesis del homicidio. 

El documento, compuesto por 52 páginas y dividido en siete capítulos, detalla los avances de la investigación, las irregularidades en el tratamiento inicial del caso y el impacto político y social de su muerte. Además, señala que el asesinato estuvo relacionado con su rol como fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA) y, en particular, con la denuncia presentada contra Cristina Kirchner y otros funcionarios por presunto encubrimiento.

“Luego de años de tareas de investigación se arribó a una serie de conclusiones que hoy permiten afirmar que el fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán. A la fecha, en esta etapa de la investigación, se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.

El informe destaca que la muerte de Nisman ocurrió en un contexto de creciente presión y amenazas hacia él y su equipo, las cuales se intensificaron tras la presentación de su denuncia el 14 de enero de 2015. Este documento apuntó directamente al Memorándum de Entendimiento con Irán como una herramienta para garantizar la impunidad de los responsables del atentado terrorista a la AMIA de 1994. La fiscalía enfatiza que las pruebas recabadas hasta la fecha refuerzan la tesis de que el homicidio fue planeado con la intención de silenciarlo.

En el análisis de las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento en el complejo Le Parc de Puerto Madero, el informe denuncia graves irregularidades. Se registró la presencia de más de 80 personas en la escena del crimen, incluyendo funcionarios de alto rango de la Prefectura Naval, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad. Estas acciones comprometieron la preservación de evidencias cruciales y han generado sospechas de encubrimiento. Además, se identificaron fallas significativas en la cadena de custodia, con elementos probatorios manipulados sin protocolos adecuados, como el arma utilizada en el homicidio. Este tipo de falencias, además de retrasar los avances en la investigación, abrieron la puerta a teorías de “conspiración” que, hasta el día de hoy, no han sido completamente descartadas.

“En ese dictamen se corroboró la participación activa de terceras personas en la muerte del Dr. Nisman, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″

Otro aspecto clave del informe es la ineficacia de la custodia policial asignada a proteger al fiscal. Durante el fin de semana en que ocurrió el crimen, los custodios abandonaron su puesto en varias ocasiones, dejando a Nisman completamente desprotegido por más de 12 horas. Según la fiscalía, esta negligencia facilitó el accionar de los perpetradores y la posterior manipulación de la escena. A la fecha, se está investigando a los agentes responsables de su seguridad para determinar su nivel de participación o negligencia. 

– Eduardo Taiano

La investigación también pone el foco en los servicios de inteligencia. Se identificó la participación de agentes de la ex SIDE en el entorno de Nisman antes y después de su muerte. La fiscalía acusa a estos organismos de retener información relevante y, en algunos casos, destruir documentos clave que podrían haber arrojado luz sobre los hechos. Esta obstrucción no solo ha ralentizado el avance de la investigación, sino que también alimentaron las sospechas de un encubrimiento sistemático. Las conexiones entre estos agentes y sectores políticos vinculados al gobierno de ese entonces han sido un tema central en las hipótesis del caso, evidenciando un entramado de intereses cruzados que complican aún más el esclarecimiento del crimen.

“Del informe final también se desprende la presencia de ketamina en las vísceras, afirmándose que Nisman se encontraba al momento de su muerte con anestesia disociativa, siendo su voluntad abolida pero con conservación de su tono muscular”​

En una medida reciente, el gobierno actual, bajo la administración de Javier Milei, desclasificó una serie de documentos de inteligencia vinculados a la causa. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que algunos de estos archivos habrían sido destruidos durante gestiones anteriores, dejando vacíos importantes en la investigación. Esta desclasificación busca aclarar las redes de contactos entre espías y actores políticos en las horas previas y posteriores a la muerte de Nisman. La fiscalía sostiene que estos documentos podrían ser clave para identificar tanto a los responsables materiales como intelectuales del crimen. A pesar de los esfuerzos recientes, la falta de documentación completa genera nuevos interrogantes sobre el grado de colaboración institucional en el caso.

El informe también subraya las nuevas líneas de investigación que se han abierto, incluyendo el análisis de más de 600 líneas telefónicas relacionadas con el caso y el entrecruzamiento de datos que podrían revelar patrones de comunicación sospechosos. Asimismo, se están impulsando nuevas imputaciones contra figuras vinculadas a los servicios de inteligencia y al entorno gubernamental de aquel momento. Estas medidas incluyen la convocatoria a declarar como testigos a agentes de inteligencia que habrían estado activos en las fechas críticas, así como el análisis de movimientos financieros relacionados con el uso de fondos reservados.

Redacción

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Dirigente peronista ocultaba medio kilo de oro en su patio y se lo robaron

El escándalo que sacude a la política platense podría ser el guion de una película, pero es real. Alberto Delgado, exdiputado provincial y actual subsecretario de Gobierno de la municipalidad de La Plata, fue la víctima de un robo insólito: más de medio kilo de oro, valuado en 45 mil dólares, que había enterrado en el patio de su casa, desapareció a manos de dos ladrones que fingieron realizar trabajos en su vivienda.

Delgado, quien asumió su cargo ad honorem bajo la gestión comunal, es conocido en el ámbito político local por su extensa trayectoria, que incluye la dirección del Consejo de la Tercera Edad, la secretaría de Acción Social y dos mandatos como representante de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este episodio pone bajo la lupa sus finanzas personales y su vínculo con el patrimonio no declarado.

Según consta en la denuncia, el oro, escondido a pocos centímetros de profundidad en un frasco de vidrio, fue descubierto por dos hombres que habían trabajado previamente en el barrio cerrado donde vive Delgado, en la localidad de Arana. Aprovechando su acceso al lugar, los ladrones planificaron el golpe con precisión quirúrgica, montando un operativo que incluyó excusas como mover postes de luz en su patio.

Lo llamativo es que Delgado, oriundo de Pehuajó pero radicado hace años en La Plata, afirmó que ni siquiera su familia sabía de la existencia del oro, que, según él, estaba destinado a la compra de un departamento para su hijo.

La gran pregunta… ¿De dónde salió el oro?

El robo abre un interrogante que Delgado aún no ha respondido públicamente: ¿Cómo obtuvo medio kilo de oro y por qué lo mantenía escondido en su patio? Aunque su cargo actual es ad honorem, la acumulación de riquezas en efectivo o metales preciosos no es común para un jubilado de la política, ni mucho menos para un funcionario público con una carrera de servicio.

– El hecho ocurrió en un barrio cerrado ubicado en 131 y 635, en la localidad de Arana

Más allá del trasfondo político, el robo en sí también refleja la creciente inseguridad en barrios cerrados de La Plata, donde, a pesar de las medidas de protección, los ladrones encuentran formas de perpetrar delitos.

El caso de Delgado trasciende el ámbito policial para convertirse en un asunto político y ético. Mientras los vecinos de La Plata reclaman mayor seguridad, surgen dudas sobre los recursos personales de un dirigente que, paradójicamente, ha sido un referente de la lucha por la equidad social.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Cristina acudirá a la Justicia para recuperar su millonaria jubilación de privilegio

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner recurrirá nuevamente a la Justicia Federal para reclamar la restitución de su jubilación especial, luego de que el gobierno de Javier Milei suspendiera su cobro. La expresidenta percibía dos haberes en simultáneo: su pensión como exjefa de Estado y la asignación correspondiente como viuda de Néstor Kirchner, lo que le permitía recibir una suma millonaria.

Cabe recordar que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, según lo ratificó la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, aunque aún restan instancias judiciales para que la sentencia quede firme.

Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en mayo de 2024, la expresidenta percibía un monto bruto mensual que equivalía aproximadamente a 385 jubilaciones mínimas de aquel entonces.

El abogado Facundo Fernández Pastor, representante legal de Cristina Kirchner, presentó ante la ANSES un escrito en el que sostiene que la suspensión de los pagos “vulnera los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional” y exigió el reintegro de los montos retenidos. En su denuncia, calificó la medida como “un acto más de persecución con fines vengativos, hostigamiento y sectarismo político” por parte del Gobierno. Asimismo, insistió en que la ANSES carece de facultades legales para revocar este tipo de beneficios.

Fuentes del organismo previsional confirmaron que ni Cristina Kirchner ni Amado Boudou —condenado por el caso Ciccone— están cobrando actualmente sus asignaciones especiales. “Por ahora, no cobran un peso”, indicaron.

El pasado 14 de noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa la decisión de revocar tanto la jubilación como la pensión de la exmandataria. En ese contexto, señaló que la medida representaba “un ahorro de unos $21.827.624 para los argentinos”.

Desde el Gobierno buscan rechazar el reclamo de Cristina Kirchner, argumentando que su situación encuadra en el concepto de “indignidad” previsto en el artículo 29 de la ley 24.018, que impide otorgar beneficios previsionales a quienes hayan cometido delitos dolosos contra el Estado con fines de enriquecimiento. La normativa establece que estos haberes no podrán ser percibidos por quienes hayan sido destituidos mediante juicio político o sumario debido a un mal desempeño en sus funciones.

Redacción

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