La carta que envió César Sena desde la cárcel tras la renuncia de su abogado: “Tengo miedo”
El principal sospechoso del asesinato de Cecilia Strzyzowski escribió un breve texto dirigido al fiscal que investiga el caso donde asegura temer por su vida.
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El miércoles de la semana anterior, el abogado de la familia Sena, Juan Díaz, fue convocado para representar al principal sospechoso por la desaparición forzada de Cecilia Strzyzowski (aunque actualmente se investiga como homicidio). El sospechoso de 19 años, César Sena, quien supo ser la pareja de la víctima, permanece detenido acusado de “femicida”. Tras este desenlace, el letrado decidió renunciar y afirmó a los medios que se debía a “diferencias irreconciables”, además de que se trata de “un hecho criminal” en el que prefiere no involucrarse.
Estas tajantes declaraciones llegaron a oídos de César Sena y por ello, desde la cárcel, armó un breve comunicado dirigido al fiscal frente a la causa.
La carta del principal sospechoso
“Soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré que Díaz, quien era mi abogado defensor y el de toda mi familia, está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí. Temiendo por mí hago responsable a esta persona si me pasa algo“, firma y cierra.
En la misma línea aunque en la vereda del frente,Díaz aseguró que decidió apartarse del caso porque teme “represalias”. “Estoy en el movimiento (la organización que el dirigente social conduce junto a su esposa Marcela Acuña) hace 12 años, Emerenciano ya no es el mismo que fue en su momento, nunca me imaginé que podría llegar a estar involucrado en semejante delito“, sumó a medios locales.
La carta del imputado salió a la luz luego de que él mismo insistiera con declarar frente a los fiscales, aunque finalmente se arrepintió.
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La provincia de Santa Fe encontró una herramienta que funcionó: cobrarle a las familias de los menores que difundieron amenazas falsas de tiroteo en escuelas. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, desde que rigió la medida de enviar intimaciones económicas, las llamadas al 911 por este tipo de episodios cayeron de manera significativa.
Ahora, la familia de un menor que participó en la redacción de un mensaje intimidante se negó a pagar los más de seis millones de pesos que el Estado provincial le reclamó, y recurrió a la Justicia a través del abogado Rodolfo Mingarini, quien presentó el primer recurso administrativo formal contra este tipo de intimaciones. El nombre de Mingarini, para cualquier santafesino con memoria, no es nuevo. Y lo que ese nombre evoca no precisamente habla bien de su criterio jurídico.
El episodio que derivó en la multa tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe. Un grupo de adolescentes escribió un papel en el que se mencionaba un supuesto tiroteo. Luego, según relató el propio Mingarini, se arrepintieron, rompieron el papel y lo tiraron. Un padre lo encontró fuera del horario escolar, la imagen circuló por grupos de WhatsApp y generó alarma entre decenas de familias.
El menor, de entre 12 y 13 años según distintas versiones del caso, reconoció su participación ante sus padres y ante las autoridades del colegio, y pidió disculpas.
Mingarini salió a defenderse en varias radios locales. Allí, repitió sus argumentos con insistencia. El hecho, argumentó, no configura legalmente una amenaza porque le faltan los requisitos típicos del delito (daño concreto, persona determinada, coerción real); que el papel fue encontrado en un estacionamiento y no dentro del establecimiento; que no hubo un operativo de envergadura porque cuando se halló la nota ya no había clases; que el monto de seis millones de pesos carece de desglose y resulta imposible de justificar con la sola intervención de un patrullero; y que el Poder Ejecutivo no puede fijar y cobrar sanciones de manera unilateral sin que medie una sentencia judicial. “El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones. Eso debe determinarlo un juez”, sostuvo el letrado. También pidió que no se “criminalice a chicos de 12 o 13 años sin ningún tipo de fundamento”.
Antes de ser abogado defensor, Mingarini fue juez penal en Santa Fe.
Su paso por la magistratura terminó en mayo de 2022 de la peor manera posible: fue destituido por unanimidad, con los diez votos del Tribunal de Enjuiciamiento en su contra, tras el análisis de once fallos que el propio jurado calificó de “faltos de justicia y reñidos con los principios de los derechos humanos y la perspectiva de género”.
El caso que lo hizo tristemente célebre fue el de un albañil acusado de violación al que Mingarini le concedió la libertad porque el uso de preservativo durante el ataque le generó “duda” sobre si el hecho había sido forzado.
– En mayo de 2021, Mingarini liberó con restricciones a un imputado por abuso sexual porque utilizó el preservativo
Sus propias palabras, registradas en una audiencia y difundidas públicamente, grafican con precisión el nivel de su razonamiento: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas, empujándola y sometiéndola, se toma el tiempo… no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctimaque, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”.
Para llegar a esa conclusión Mingarini había desestimado exámenes de medicina legal que constataron lesiones compatibles con una violación, los restos de semen hallados en la ropa interior y en el cuerpo de la víctima, y las pericias psicológicas incorporadas al expediente.
El fallo fue revocado por la Cámara de Apelación Penal, el acusado fue encarcelado y la Fiscalía solicitó doce años de prisión.
Las militantesfeministas que por aquel entonces marcharon a las puertas del Tribunal durante el jury señalaron que el letrado “ha fallado de manera aberrante, ha descreído de informes que probaban delitos sexuales hasta de niños”, y que “atribuía claras señales de abuso de niños y niñas, que provenían de informes médicos, a secreciones de los pañales”.
No fue ese su único fallo cuestionado. El tribunal lo destituyó por once hechos en total, y la resolución dejó establecido un "patrón de conducta" que, según el diputado Maximiliano Pullaro (entonces integrante del jury, hoy gobernador de Santa Fe), evidenciaba "el menosprecio hacia el perjuicio sufrido por las víctimas" y "la tendencia a minimizar el impacto de delitos gravísimos".
Como consecuencia de la destitución, Mingarini no podrá volver a ocupar un cargo en el Poder Judicial. Conserva la posibilidad de ejercer como abogado mientras no exista una sanción disciplinaria específica sobre su matrícula.
Ese antecedente vuelve especialmente sensible su intervención actual en el debate público. Mingarini es ahora quien cuestiona el alcance jurídico del reclamo estatal, discute si el hecho puede ser considerado una amenaza y plantea objeciones sobre la forma en que la Provincia busca responsabilizar económicamente a las familias involucradas.
La respuesta oficial no tardó en llegar. Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, salió al cruce en diálogo con Cadena 3 Rosario y fue categórica. Primero, aclaró que el reclamo no es una multa sino que “esto es una deuda civil que persigue el Gobierno provincial para recuperar recursos públicos que fueron utilizados ante una amenaza".
Luego refutó el argumento de que no hubo operativo ya que cada patrullero que se moviliza hacia una escuela deja de recorrer las calles y de prevenir delitos en otros puntos de la ciudad:" Esto no puede banalizarse", aseguró. Finalmente reivindicó los resultados de la medida, dijo que fue “acertada” y que “permitió una desaceleración importante” de estas situaciones.
Orciani también cargó directamente contra Mingarini. Fue precisamente ella quien presidió la comisión que definió la destitución del polémico exjuez en 2022. "Fue removido por ignorancia manifiesta del derecho y vuelve a demostrarlo con sus declaraciones", lanzó la funcionaria de la cartera de Seguridad.
También VirginiaCoudannes, vocera del Gobierno provincial, cruzó a Mingarini y sostuvo que las amenazas escolares "no son una broma", que implican la movilización de recursos del Estado y que afectan a toda la comunidad educativa.
En los últimos meses, Santa Fe registró una escalada de amenazas falsas en escuelas, muchas de ellas impulsadas por "desafíos virales" (conocidos como trends) que circularon en redes sociales y apps de mensajería. Cada episodio activaba protocolos de seguridad, movilizaba patrulleros, generaba pánico entre padres y docentes, y vaciaba aulas. El Estado absorbió esos costos en silencio durante demasiado tiempo. La decisión del Ministerio de Seguridad de trasladar esa carga económica a las familias responsables fue, en términos prácticos, la única medida que logró torcer la curva: Tras las primeras intimaciones (comenzaron a mediados de abril) las amenazas bajaron “de 80 casos diarios a 15”, aseguran fuentes del Ministerio.
El dato de la merma fue reconocido por Mingarini. "El efecto fue logrado, pero no era la manera", admitió a Radio Mitre Santa Fe.
Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que las familias que reciben estas intimaciones pueden presentarse y manifestar voluntad de pago para acceder eventualmente a planes de financiación. "Si no hay respuesta administrativa, la deuda será perseguida judicialmente por Fiscalía de Estado", señaló Orciani.
La familia representada por Mingarini optó por el camino de la impugnación formal. Ahora será la Justicia la que resuelva si el mecanismo creado por la Provincia tiene o no sustento legal.
Un senador de Entre Ríos presentó formalmente un proyecto para crear un registro oficial de objetos voladores no identificados (OVNIs) en la provincia. Aunque suena a chiste, el proyecto tiene lógica política, histórica y hasta geográfica bien fundada y llega en un momento en que el mundo entero está hablando del tema.
Víctor Sanzberro es senador provincial peronista por el Departamento Victoria. El 27 de mayo de 2026, presentó ante el Senado entrerriano el proyecto número 15.702, que propone crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA). El texto ya tomó estado parlamentario y fue remitido a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado provincial.
El proyecto está en comisión, presidida por el médico y senador peronista Martín Oliva. Para convertirse en ley, deberá ser debatido y aprobado por el pleno del Senado entrerriano. Por ahora, el texto abrió el debate y generó repercusión nacional e internacional.
— Víctor Sanzberro propone la creación del PRFA
El objetivo central del programa es “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Es decir, cualquier ciudadano, piloto, navegante, policía o profesional podría reportar un avistamiento extraño de forma oficial.
El proyecto contempla varios ejes concretos. Entre ellos, prevé la puesta en marcha de un sistema digital y telefónico para recibir denuncias, con confidencialidad absoluta y reserva de identidad para quienes aporten información. Además, establece la designación de un responsable por parte del Poder Ejecutivo provincial para coordinar el programa, junto con la creación de un consejo consultivo honorario integrado por siete personas, entre investigadores reconocidos, representantes de la sociedad civil y especialistas en aviación y náutica.
La iniciativa también sostiene que su implementación no implicará la creación de nuevas estructuras burocráticas ni la generación de gastos adicionales, ya que se apoyará en recursos ya existentes.
— El Museo del Ovni ubicado en Victoria, Entre Ríos
La idea de proteger la identidad de quienes reporten no es poca cosa, ya que el argumento es que pilotos, controladores de tráfico aéreo y policías suelen evitar reportar avistamientos por miedo a burlas o a consecuencias profesionales.
El proyecto no surge de la nada. Sanzberro representa a Victoria, una ciudad entrerriana que es referente mundial de la ufología. La localidad tiene un Museo del OVNI fundado por las investigadoras Silvia y Andrea Pérez Simondini a partir de los avistamientos ocurridos en la zona desde los años 90’s. El equipo Visión OVNI, radicado allí, lleva más de 30 años investigando el fenómeno.
La geografía de la zona juega un rol central. Entre Ríos posee “vastas extensiones de cielo y agua” que incluyen el río Paraná, su delta y el río Uruguay, lo que la convierte según Sanzberro en un territorio con características especiales para este tipo de reportes. De hecho, el legislador propone que Victoria sea la sede del programa provincial.
El contexto mundial que le da importancia
El proyecto nace en pleno furor global por los fenómenos anómalos no identificados (UAP). El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos inició la desclasificación histórica de archivos gubernamentales sobre OVNIs, por orden del presidente Donald Trump, quien había anunciado en febrero de 2026 que ordenaría “identificar y liberar” archivos relacionados con vida extraterrestre y UAP.
Sanzberro también citó en su fundamentación que Brasil, Chile y Uruguay ya tienen programas oficiales de seguimiento de fenómenos anómalos. A nivel nacional, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) lleva años trabajando en la desclasificación de documentos oficiales usando la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. También mencionó a América Latina para Aeroespacios Seguros (ALAS), organización regional presidida por el piloto Pablo Ducau.
— Archivo norteamericano muestra un “faro luminoso” sobre la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12
El propio Sanzberro anticipó las críticas con su argumento central: “Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”. En otras palabras, no está pidiendo que el Estado crea en extraterrestres, está pidiendo que el Estado organice los reportes que de todas formas ya ocurren, especialmente entre profesionales aeronáuticos y náuticos.
Desde la ufología argentina lo vieron como “un avance increíble”, siendo que la CEFORA y ALAS respaldaron la iniciativa y la consideraron un antecedente para avanzar a nivel nacional. El proyecto también pone en el debate algo que Estados Unidos tardó décadas en hacer: dar un canal oficial y sin estigma para que quienes reportan fenómenos inexplicados no sean tratados como locos.
La intendencia de Morón (Conurbano bonaerense, Provincia de Buenos Aires) atraviesa uno de sus momentos de mayor crisis institucional: acumulando en pocas semanas se acumularon un escándalo de narcotráfico, un pedido formal de interpelación al intendente peronista, Lucas Ghi y sanciones del Tribunal de Cuentas por irregularidades contables millonarias.
Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio de Morón. Había ingresado a la gestión local en febrero de 2020 y fue formalmente designada en ese cargo directivo en junio de 2025, mediante un decreto firmado por el propio Ghi. Cumplía una carga horaria de 48 horas semanales y dependía de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.
La causa se inició en marzo de 2026 a partir de una denuncia anónima por narcomenudeo. La Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, ordenó tareas de campo a la Policía Federal. El resultado fue un operativo de ocho allanamientos simultáneos en “inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo, en los partidos de Morón y Merlo”.
— Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de Morón que está prófuga en una investigación por narcotráfico
En la vivienda de Ortigoza, ubicada en la calle Isabel Pardo al 2500 de Castelar, los investigadores secuestraron un ladrillo de cocaína de 480 gramos, una bolsa con otros 70 gramos de la misma sustancia, tres envoltorios adicionales con 15 gramos, una balanza digital y dinero en efectivo.
“Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, sostuvo Ghi desvinculándose de Ortigoza “de inmediato” apenas se conoció el resultado del allanamiento y dijo sentirse “profundamente decepcionado”, añadiendo también que la funcionaria estaba “formada y capacitada” para el área de Género y que su cargo “no fue fruto de militancia política”.
Cuando los efectivos fueron a detener a Ortigoza, ya no estaba en el domicilio. La jueza de Garantías Laura Mariel Pinto la imputó por tenencia ilegítima de drogas con fines de comercialización en dosis fraccionadas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Trascendió que estaría refugiada en la casa de su madre, y sus allegados sostuvieron que planea entregarse “cuando la situación se aclare”, argumentando que las drogas fueron dejadas en su casa por su pareja sin su consentimiento.
En el total de los ocho allanamientos, se incautaron 1,717 kg de cocaína, 241 gramos de marihuana, un revólver calibre .32, municiones, y registros de presuntas operaciones de compra y venta.A su vez fue detenido Norberto Hernán Aliano (42 años) por comercio de estupefacientes, mientras que se ordenó la captura de Ángel Daniel Paz (34 años), identificado como pareja de Ortigoza.
Este escándalo no llegó solo. En febrero de 2026, otra empleada municipal, Karen Yael Cufré, fue detenida como parte de la banda que extorsionó al soldado Rodrigo Gómez (21 años), quien se suicidó en diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos. Cufré trabajaba en la Central de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón. La Justicia la identificó como la recaudadora de la banda, que operaba desde penales bonaerenses y utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para extorsionar a las víctimas. El municipio también la cesanteó “de inmediato” al enterarse.
La acumulación de estos dos casos policiales en pocos meses, ambos involucrando a empleadas con funciones sensibles del municipio, es la base sobre la que la oposición fundamenta el pedido de interpelación
El pedido de interpelación
Antes de entrar al fondo de la cuestión, conviene aclarar el mecanismo. Una interpelación es una herramienta del Concejo Deliberante (el “parlamento” municipal) mediante la cual los concejales citan obligatoriamente a un funcionario —en este caso el intendente— para que concurra al recinto y responda preguntas sobre su gestión. No es una sanción en sí misma, pero tiene un enorme peso político porque obliga a dar explicaciones en público y bajo presión parlamentaria.
Ghi pertenece al espacio kirchnerista y el municipio de Morón fue históricamente un bastión de ese espacio político. Luego del escándalo narco, un grupo de concejales de la oposición —La Libertad Avanza, PRO y monobloques— presentó formalmente en el Concejo Deliberante un proyecto para interpelar a Ghi.
— El intendente de Morón, Lucas Ghi junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
Los opositores buscan que el jefe comunal concurra al recinto y explique los argumentos de selección de su personal administrativo, los controles internos y cómo dos empleadas en funciones sensibles pudieron quedar vinculadas a hechos delictivos bajo su gestión.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez. En noviembre de 2024,la oposición ya había intentado interpelar a Ghi por la ola de inseguridad en el distrito, pero ese pedido fue rechazado por 12 votos contra 11, en parte gracias a la ausencia inexplicada del concejal opositor Bernardo Magistocchi y al alineamiento inesperado de Adrián Colonna y Daniela Cáceres, ambos ediles del bloque “Nuevo Pro Morón” con el oficialismo.
Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas bonaerense es el organismo encargado del control externo en la provincia de Buenos Aires. Su función es fiscalizar de qué manera los municipios administran y utilizan los fondos públicos.
Cada año, revisa las rendiciones de cuentas presentadas por las comunas y tiene la facultad de aprobarlas, formular observaciones o, como en este caso de detectar irregularidades, aplicar sanciones a los responsables.
En su fallo sobre la rendición de cuentas 2024, el Tribunal detectó que el Municipio de Morón abonó una bonificación no remunerativa por un total de $1.845.954.174.54 sin efectuar los descuentos previsionales que exige la Ley 9.650 de la Provincia de Buenos Aires. Esta ley aclara que deben considerarse sujetas a aportes jubilatorios “toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se les asigne, incluidas las no remunerativas”.
En términos simples, se demuestra que el municipio pagó bonos a sus empleados, pero no realizó los descuentos de jubilación y obra social correspondientes sobre ese dinero, lo cual perjudica tanto a los trabajadores (que aportan menos a su futura jubilación) como al sistema previsional (el IPS bonaerense). El Tribunal advirtió que ya había formulado la misma observación en ejercicios anteriores y que los funcionarios podrán ser considerados “directamente responsables” ante futuros perjuicios.
El mismo fallo del Tribunal detectó además otras irregularidades de peso, entre ellas obras paralizadas desde 2023 sin que se acreditara su reanudación ni se ofreciera una justificación formal, anticipos millonarios a contratistas que no fueron recuperados ni respaldados con documentación sobre su destino y una advertencia contable especialmente crítica, ya que el municipio no logró demostrar la existencia real de parte de los fondos declarados en caja, es decir, registró dinero que no pudo ser verificado físicamente.
Como resultado, Ghi fue multado con $410.000, junto a varios funcionarios de su gabinete. Si bien el monto parece bajo para la magnitud de lo observado, el Tribunal advirtió que la situación podría derivar en responsabilidades patrimoniales personales de mayor magnitud si los problemas no se corrigen.
La conducción de Ghi también enfrenta otros focos de tensión simultáneos. En mayo de 2026, trascendió que el municipio realizó una contratación directa de $51 millones para publicidad web a favor de la empresa Ninja Contenidos SRL, dueña del portal Sol Bonaerense, sin licitación pública y bajo el mecanismo de “trámite de excepción”. El cuestionamiento de ellos sería mayor, dado que ese gasto se hizo en medio de una situación de apremio financiero del municipio, con demoras en el pago de salarios y deterioro de servicios públicos.
Darián Maximiliano G., el adolescente de 17 años que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich cuando tenía apenas 15, volvió a quedar tras las rejas. La Policía de Santa Fe lo detuvo durante la madrugada del domingo en Rosario, junto a otros dos jóvenes, acusado de portación de arma de fuego de guerra.
Hoy, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena le dictó prisión preventiva por 60 días.
El operativo se desarrolló alrededor de las 5.30 AM. Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego e interceptaron a tres sospechosos. Junto a Darián G. quedaron demorados Sergio Leonel F., también de 17 años, y Laureano Ángel R., de 20.
Durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con un cargador colocado y municiones adicionales. El mayor del grupo llevaba el arma cargada con nueve cartuchos y en uno de sus bolsillos otros doce.
Aguirre Guarrochena imputó a Darián G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Mientras tanto, el delincuente permanecerá alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, con participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.
El nombre de Darián G. quedó marcado a fuego en la historia reciente de Rosario por el crimen de Bussanich. El 9 de marzo de 2024, el joven playero de 25 años murió de tres disparos mientras trabajaba. El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se inscribió en la ola de narcoterrorismo que sacudió a Rosario en esos meses.
Tras varios días de búsqueda intensa los investigadores identificaron al autor material: un menor de 15 años. La pesquisa, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, determinó que el homicidio fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el propio adolescente que ejecutó el ataque.
El propio acusado confesó que cometió el asesinato por encargo del narco apodado “Chuky Monedita” y que recibió un pago de 400.000 pesos. También aseguró que tenía la orden de dispararle “a cualquiera” y que mató a Bussanich porque fue la primera persona con la que se topó. Los investigadores, además, lo sindicaron como autor material del asesinato de dos taxistas ocurrido antes del crimen del playero.
Como al momento del homicidio tenía 15 años, Darián G. era inimputable. Quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. La Justicia dispuso entonces su traslado fuera de la provincia, medida que el joven nunca cumplió.
Su nombre ya había reaparecido en otra causa penal antes del operativo del fin de semana. En noviembre de 2025, la Policía de Santa Fe volvió a detenerlo en Rosario con droga empaquetada para la venta entre sus pertenencias y la Justicia lo puso nuevamente a disposición.
El caso Bussanich tuvo también su lamentable capítulo político. Pocos días después del asesinato del playero, el senador peronista Marcelo Lewandowski cosechó repudio al referirse al autor del crimen en plena sesión donde se debatía el mega DNU del presidente Javier Milei. “No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Y agregó: “¿Sabe cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias, y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comando que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa, ni vale la vida de ellos, ni mucho menos la que tienen en frente”.
Las declaraciones del legislador kirchnerista, que en su momento romantizaron el delito, volvieron a circular tras esta nueva captura.
Bajo la administración de Javier Milei, el Ministerio de Defensa ha trazado una línea de prioridades que hoy arroja un saldo de muerte puertas adentro de los cuarteles. Mientras la gestión actual, encabezada por Carlos Presti, sostiene la millonaria inversión para la adquisición de los cazas F-16 —un proceso iniciado por su antecesor, Luis Petri—, la realidad del personal subalterno es de una indigencia planificada.
La “soberanía” que el Gobierno promociona en redes sociales choca de frente con la miseria salarial y el vaciamiento de la obra social militar, una decadencia que se aceleró durante la etapa de Petri y que hoy Presti administra entre el silencio y la desidia. Para el poder político, en este escenario, el capital humano de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha pasado a ser material de descarte.
Como venimos informando en Data 24 desde hace varios años, la crisis del sistema de salud militar no es una novedad, sino una agonía denunciada de forma sistemática. El reciente portazo de Sergio Maldonado, quien renunció a la presidencia de la flamante OSFA tras apenas un mes en el cargo, terminó de exponer la inviabilidad de una estructura asfixiada por deudas y pujas internas. Su salida, precipitada tras el impacto del caso del suboficial Velázquez, confirma que el cambio de nombre de IOSFA a OSFA no fue más que un maquillaje administrativo que no logró frenar el vaciamiento iniciado bajo Luis Petri. Esta renuncia no hace más que ratificar las advertencias que este portal viene realizando sobre un “limbo sanitario” que hoy deja a miles de familias sin el derecho básico a la atención médica.
Unos sonrientes Javier Milei —a bordo de un F16—, Luis Petri y Karina Milei.
La ola de suicidios que el poder silencia
La crisis de salud mental en las Fuerzas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un sistema que empuja a sus hombres al límite. En los últimos seis meses, una serie de suicidios ha sacudido la estructura de mandos, exponiendo la falta total de contención y la asfixia económica que sufren los cuadros.
El 10 de mayo de 2026, Alejandro David Diarte, de 28 años y perteneciente a la Gendarmería Nacional, fue hallado sin vida tras días de búsqueda en General Acha, La Pampa. Su muerte es el reflejo del aislamiento y la precariedad económica extrema que enfrentan los efectivos destinados en zonas remotas, donde el sueldo no alcanza para sostener el desarraigo.
El descargo de Cinthia Diarte, hermana de Alejandro David Diarte, Gendarmería Nacional.
El 7 de mayo de 2026, Gustavo Daniel Aquino, de 28 años, integrante del Escuadrón 54 de la Gendarmería Nacional, fue encontrado muerto en su domicilio en Tartagal. Oriundo de Formosa, se quitó la vida en un contexto de soledad y desesperación, tras verse imposibilitado de afrontar los costos básicos de vida lejos de su familia.
Gustavo Daniel Aquino, Gendarmería Nacional Argentina.
En enero de 2026, se registró la muerte de Diego Matías Kalilec, un joven de 21 años perteneciente a la Gendarmería Nacional en Santiago del Estero. Kalilec tomó la decisión fatal agobiado por una situación de vulnerabilidad financiera total, donde el haber mensual resultaba insuficiente para cubrir el alquiler de una vivienda digna y los gastos de subsistencia mínimos.
Diego Matías Kalilec, Gendarmería Nacional Argentina.
El 17 de diciembre de 2025, el atleta y suboficial principal Juan Javier Pereyra, de 48 años y con casi tres décadas de servicio en el Ejército Argentino, fue hallado muerto en el Casino de Suboficiales de Monte Caseros. Pereyra se suicidó acosado por un cuadro de estrés crónico derivado de deudas acumuladas y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros bajo la actual escala salarial de la fuerza.
Juan Javier Pereyra, Ejército Argentino.
Finalmente, el 16 de diciembre de 2025, el soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, miembro del Ejército Argentino, designado en la custodia de la Quinta de Olivos, se quitó la vida en su puesto de guardia. Si bien fue víctima de una red de extorsión carcelaria, su carta de despedida dejó en claro que la falta de recursos para sostener a su familia lo llevó a un estado de desesperación psicológica irreversible.
Rodrigo Andrés Gómez, Ejército Argentino.
El abandono médico y el vaciamiento de la salud militar
El colapso de la obra social no es sólo una crisis de números y déficits acumulados durante las gestiones de Luis Petri y el actual ministro Carlos Presti; es una sentencia de muerte para quienes dependen del sistema de salud estatal. Bajo la gestión de Javier Milei, el derecho a la vida de los uniformados ha quedado supeditado a una administración que prioriza el equilibrio fiscal sobre la provisión de insumos básicos y tratamientos oncológicos para las Fuerzas.
El 1 de mayo de 2026, el suboficial mayor retirado del Ejército Argentino, Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en San Juan. Este caso no se encuentra en el apartado anterior ya que la decisión de este jubilado fue el acto final de desesperación ante la interrupción de su tratamiento oncológico; la obra social, en pleno proceso de transición bajo el Decreto 88/2026, cortó las prestaciones por falta de pago a los proveedores, dejando a un veterano de la fuerza sin los medicamentos paliativos que necesitaba para sobrevivir.
Carlos Héctor Velázquez, Ejército Argentino.
El 23 de abril de 2026, falleció el sargento primero de la Gendarmería Nacional, Darío Molina, de 40 años, tras contraer hantavirusen el norte del país. Su muerte expone la negligencia criminal de una conducción que no proveyó los equipos de protección personal mínimos para zonas de riesgo y que, ante la emergencia, se encontró con una red sanitaria militar desmantelada y sin capacidad de respuesta inmediata.
Darío Molina, Gendarmería Nacional.
El 9 de marzo de 2026, el cabo de la Gendarmería Nacional, Mauro Agustín Ponte, de 26 años, murió en un hospital de Orán, Salta, también víctima de hantavirus. Su familia denunció un abandono de persona liso y llano por parte de la fuerza y del Ministerio: Ponte no recibió el suero necesario a tiempo y, según testimonios, el Estado no cubrió la medicación básica de urgencia, obligando a sus allegados a intentar costear de forma particular lo que la obra social ya no garantiza.
Mauro Agustín Ponte, Gendarmería Nacional.
El agujero negro de la caja y el peligro de saber demasiado
Detrás de cada certificado de defunción hay una firma administrativa. La degradación del sistema de salud militar encuentra su justificación técnica en un déficit que ya supera los $300.000 millones. Bajo el Decreto 88/2026, el Gobierno Nacional selló la disolución del IOSFA para dar paso a una transición hacia las nuevas entidades (OSFA y OSFFESEG), pero este limbo legal de 365 días se ha convertido en una trampa mortal: el Estado ha utilizado este periodo para interrumpir pagos a prestadores y farmacias, dejando a miles de afiliados en un vacío prestacional absoluto mientras se decide el destino de los fondos.
En este clima de opacidad y descalabro institucional, se destaca el caso de Matías Esequiel Carballo, de 42 años y Primer Alférez de la Gendarmería Nacional, graduado de la Licenciatura en Tecnologías Digitales, quien falleció el 15 de abril de 2026. A diferencia de los casos anteriores, la muerte de Carballo permanece bajo una densa nebulosa investigativa; como perito especializado en delitos complejos y rastreo de activos en causas de alto impacto, como la de “Adhemar Capital”, su deceso en medio del colapso de las Fuerzas genera sospechas sobre presiones institucionales inconfesables. Su partida no sólo representa una pérdida humana, sino el silenciamiento de un técnico clave en un momento donde la transparencia de las cajas oficiales es más cuestionada que nunca.
Matías Esequiel Carballo, Gendarmería Nacional.
La deuda moral de una soberanía de cartón
La situación descripta no es una fatalidad del destino, sino la consecuencia directa de una hoja de ruta política que ha decididoqué vidas valen y cuáles son prescindibles. Mientras Javier Milei y el ministro Carlos Presti exhibenuna gestión enfocada en el reequipamiento de alto perfil, el capital humano que debe operar ese despliegue se desmorona en la indigencia salarial y el desamparo sanitario. La transición forzada por el Decreto 88/2026 ha demostrado que el ajuste fiscal en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se está pagando con certificados de defunción.
La asfixia presupuestaria ha llegado al extremo de poner en venta el patrimonio histórico de la familia militar.Como se denunció en Data 24, el Ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsa un plan para rematar 44 inmuebles que pertenecían al IOSFA y a las propias Fuerzas, con el objetivo de cubrir parte de la deuda millonaria que hoy paraliza el sistema de salud. La lista de propiedades en revisión incluye activos estratégicos como la sede central del instituto, la Policlínica General Omar Actis y hoteles emblemáticos en Mar del Plata, La Falda y Villa General Belgrano. Esta medida, que implica la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), es vista dentro de los cuarteles como un doble agravio: tras el desmantelamiento de la cobertura médica, ahora el Gobierno avanza sobre los bienes construidos con el aporte de generaciones de uniformados, liquidando activos para financiar una crisis que la propia administración no ha sabido resolver.
El Presidente Javier Milei junto al por entonces Ministro de Defensa, Luis Petri.
El Estado argentino, que exige a sus uniformados un juramento de entrega hasta perder la vida, hoy les devuelve la espalda cuando esa vida depende de una quimioterapia o de un gabinete de asistencia psicológica. La decadencia del IOSFA, iniciada bajo la gestión de Luis Petri y profundizada en la actualidad, es el testimonio de un sistema que ha quebrado su contrato más básico con quienes portan el arma de la Nación.
Sin una corrección urgente en las prioridades de gasto y una auditoría real sobre el destino de los fondos de salud, la lista de víctimas seguirá creciendo bajo el silencio cómplice de las oficinas de Defensa. La pregunta que queda flotando en los cuarteles es tan simple como devastadora: ¿quién estará dispuesto a dar la vida por un país que, cuando llega la enfermedad o la angustia, los trata como material de descarte?
Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.
“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.
Uno de los puntos más graves esla afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.
Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.
En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.
Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.
El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.
“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.
Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.
El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.
No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.
La ministra de Capital Humano se reunió con el Sumo Pontífice tras una semana de encuentros sobre educación, empleo e inteligencia artificial. La eventual visita papal a la Argentina quedó afuera de las conversaciones oficiales.
El proyecto ingresó al Senado entrerriano y ya fue girado a comisión. La iniciativa propone un sistema de recepción, análisis y resguardo de información sobre objetos o fenómenos no identificados.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
