Kicillof declaró apenas $10 mil de ganancias por la venta de sus libros

Lejos de su postura keynesiana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha intentado subsistir con ingresos por fuera del amparo del estado. Sin embargo, demostró escasa habilidad para generar dinero en todos los rubros en los que incurrió.
Kicillof declaró apenas $10 mil de ganancias por la venta de sus libros
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10 Years Experiences

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No resulta extraño que durante sus numerosos discursos públicos, el gobernador Axel Kicillof se vea impelido a aclarar, una y otra vez, que no tiene nada contra el sector privado. Sin embargo, la ausencia de su gestión en el mercado de auxilio a este sector o la agobiante carga tributaria que pesa sobre él en la provincia de Buenos Aires, parecieran desmentir sus afirmaciones.

Un repaso por su escueta trayectoria en el mercado laboral privado puede tal vez aclarar el origen del distanciamiento y, eventualmente, el rencor del gobernador Kicillof para con el sector. Casi como una tarea psicoanalítica, el origen de la mala predisposición puede encontrarse en un pasado signado por el fracaso personal.

La llamativa declaración jurada del Gobernador Kicillof

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Su corta carrera en el mercado privado fue atravesada por intentonas sin mayor éxito y trabajos ingratos, como cuando fue docente auxiliar en cursos de lenguajes Basic, en el Instituto Politzer de Computación, o cuando fue empleado en el Centro de Estudios Urosexológicos y Andrológicos (CEUSA).

Alejado de lo que luego sería su carrera política, Kicillof ensayó además como empleado en el Centro de Educación, Terapia e Investigación de la Sexualidad y hasta en una clínica de cirugía plástica. En ningún caso llegó a destacarse.

Su fracaso más estruendoso en el ámbito privado es, tal vez, sus poco atractivos dotes como escritor. Tan prolífico como frustrado, Axel Kicillof escribió numerosos libros. Entre ellos, “Diálogos sin corbata“, “Y ahora ¿qué?” y “Volver a Keynes“. Ninguno fue, por llamarlo de algún modo elegante, un best seller.

De hecho, el mismo Kicillof, en su declaración jurada del año 2023, admite que sólo percibió en conceptos de derechos de autor unos 10.695 pesos en los últimos doce meses. Un resultado preocupante para cualquier aspirante a escritor profesional que nos retrotrae a aquella ocasión en la que el gobernador confesó: “Me recibí de licenciado sin haber leído un solo libro”.

Fueron tal vez estos tragos amargos los que dieron nacimiento a un Kicillof poco amigable con el sector privado, casi un enemigo rencoroso que busca reivindicar por las malas a un ego herido en su sensibilidad. Algo de esto se dejó traslucir ya durante su gestión como viceministro de Economía, en el año 2012, cuando embistió contra los empresarios lanzando el decreto 1278/2012, a través del cual le otorgó a los funcionarios que representan a la ANSES más privilegios y menores obligaciones que sus pares del sector privado en las empresas que tenían participación del estado.

La derrota y el fracaso son flacos amigos del frágil ego de los dirigentes políticos. Años de preparación académica que chocan de frente contra el competitivo sector privado y dejan heridas que tardan años en sanar. El currículum del gobernador Axel Kicillof es un fiel reflejo de esto.

*Fuente: REALPOLITIK

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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE GANÓ AL PODER” | La justicia falló a favor de El Presto en la causa de Fabiola Yáñez

En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.

El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.

Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).

“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.

A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.

Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.

De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.

“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.

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Tras detectar irregularidades, se auditarán las indemnizaciones a víctimas de la dictadura

Tras haber detectado “irregularidades”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que el Estado dejará de pagar indemnizaciones a personas que aseguran ser víctimas de terrorismo durante la dictadura. Cesarán los pagos a las personas que “carezcan de la documentación necesaria”.

En diálogo con LN+, el ministro explicó que las anomalías se encontraron a través del descubrimiento de “distintos juicios con autoprocesamientos confirmados por la Cámara (Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal) de gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto”.

El proceso de control se aplicará sobre unas 8 mil indemnizaciones además del caso de 14400 personas exiliadas: “Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno”.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, detalló y agregó que “cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

Redacción

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