16 septiembre, 2025

Gregorio Dalbón fue condenado por injuriar a dos juezas y deberá indemnizarlas

El abogado civil de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, fue condenado por injuriar y acusar de corruptas a dos juezas en el programa de Mirtha Legrand.
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El letrado sigue sumando polémicas declaraciones y este miércoles se lo condenó por una de ellas: Gregorio Dalbón ha sabido hacerse un espacio político utilizando su titulo de abogado, representando civilmente a figuras tan centrales como el presidente, Alberto Fernández; la vicepresidente, Cristina Kirchner; y también al ministro de Economía, Sergio Massa.

En los últimos días volvió a ser noticia por las amenazas contra el historietista Cristian Dzwonik, más conocido como “Nik” y también por sus aprietes a los fiscales de la causa Vialidad, Sergio Mola y Diego Luciani. “Estos no van a terminar bien”, comentó Dalbón en referencia a los fiscales, aunque luego aclaró que sus dichos no buscan ser una amenaza sino que serán una “consecuencia” del mal desempeño que Mola y Luciani tienen como fiscales.

Tras el pedido de condena el abogado aclaró que nunca le adjudicó ningún delito a las magistradas y que únicamente, había deslizado sus sospechas como ciudadano

Ahora, unas viejas declaraciones volvieron a salir a la luz y deberá indemnizar a las acusadas por ellas: Las primeras declaraciones ruidosas del magistrado en medios televisivos estuvieron vinculadas a su actuación como litigante en causas de accidentes de tránsito. Por su representación en una de esas causas terminó condenado a indemnizar a las juezas Beatriz Verón y Zulema Delia Wilde, a quienes acusó de corruptas en el programa de Mirtha Legrand en el año 2009.

Según transcendió, la condena quedó firme esta semana en la Corte Suprema, luego de que se rechazara los planteos de la defensa de Dalbón

Gregorio les había imputado a las magistradas en el icónico programa televisivo “la comisión de distintos delitos cuya veracidad no se ha acreditado en modo alguno, por lo que el letrado actuó de manera imprudente o con intención de dañar”. Por estos mismos deslices el abogado ya había sido obligado a pagar una multa por violación a las normas de ética profesional.

La Cámara Civil que dejó firma la sentencia, explicó: “No existe ninguna prueba que dé cuenta de que las duras acusaciones que el Dr. Dalbón expuso respecto de la demandante y sus colegas tengan algún mínimo grado de verosimilitud”

Este caso se retrotrae al 2009, cuando el abogado de CFK había concurrido a la Sala J de la Cámara en lo Civil y vertido diversas manifestaciones injuriantes -sin prueba alguna-. Días después se replicaron públicamente en el programa de Legrand, tras ser invitado para hablar de incidentes de tránsito. Allí acusó a las juezas: “Sospecho que puede haber corrupción” comentó en aquel entonces y agregó, “hay tres pícaras dando vueltas”, insinuando que habría favorecimientos de compañías de seguros.

Si bien Dalbón llevó sus sospechas a la Justicia, denunciando a las juezas, la causa no avanzó por falta de pruebas. Tras la denuncia y la acusación pública en “Almorzando con Mirtha Legrand” dos de las juezas calumniadas (Beatriz Verón y Zulema Delia Wilde) denunciaron civilmente a Dalbón. También habían demandado a la producción, pero, finalmente, ese planteo fue rechazado.

Mirtha Legrand con Gregorio Dalbon Maria Fernanda Callejon Christian Sancho Silvina Luna 2009 DiFilm

Vanina Escudero Jorge Fainstein Fecha: 16/9/09 16 de septiembre de 2009 Código: DV-19619 Archivo DiFilm – Consultas por material de archivo archivodeportivo@yahoo.com.ar – http://www.difilm-argentina.com Más videos e información en: https://www.facebook.com/difilm o Seguinos en: https://twitter.com/archivodifilm

En su defensa, el abogado había querido ampararse en la doctrina llamada Campillay, que sostiene la falta de responsabilidad de los medios de prensa si han tomado determinados recaudos al momento de difundir la noticia. También aseguró que no afirmó ni acusó a las juezas de nada, sino que plasmó sus sospechas como lo haría cualquier ciudadano.

En ese sentido, Dalbón se aferró al derecho de la libertad de expresión y comentó que, “se vinculaban con el desempeño de funcionarios públicos”. No obstante, la Cámara Civil que dejó firme la sentencia sostuvo que el letrado “no cumplió con ninguna de las pautas mencionadas en la doctrina “Campillay”, pues usó en todo momento el modo asertivo, no dejó en reserva la identidad de los involucrados, ni mencionó una fuente concreta y determinada de la que hubiese provenido la información”.

“No existe ninguna prueba que dé cuenta de que las duras acusaciones que el Dr. Dalbón expuso respecto de la demandante y sus colegas tengan algún mínimo grado de verosimilitud”, afirmaron.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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