31 mayo, 2025

Gregorio Dalbón fue condenado por injuriar a dos juezas y deberá indemnizarlas

El abogado civil de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, fue condenado por injuriar y acusar de corruptas a dos juezas en el programa de Mirtha Legrand.
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El letrado sigue sumando polémicas declaraciones y este miércoles se lo condenó por una de ellas: Gregorio Dalbón ha sabido hacerse un espacio político utilizando su titulo de abogado, representando civilmente a figuras tan centrales como el presidente, Alberto Fernández; la vicepresidente, Cristina Kirchner; y también al ministro de Economía, Sergio Massa.

En los últimos días volvió a ser noticia por las amenazas contra el historietista Cristian Dzwonik, más conocido como “Nik” y también por sus aprietes a los fiscales de la causa Vialidad, Sergio Mola y Diego Luciani. “Estos no van a terminar bien”, comentó Dalbón en referencia a los fiscales, aunque luego aclaró que sus dichos no buscan ser una amenaza sino que serán una “consecuencia” del mal desempeño que Mola y Luciani tienen como fiscales.

Tras el pedido de condena el abogado aclaró que nunca le adjudicó ningún delito a las magistradas y que únicamente, había deslizado sus sospechas como ciudadano

Ahora, unas viejas declaraciones volvieron a salir a la luz y deberá indemnizar a las acusadas por ellas: Las primeras declaraciones ruidosas del magistrado en medios televisivos estuvieron vinculadas a su actuación como litigante en causas de accidentes de tránsito. Por su representación en una de esas causas terminó condenado a indemnizar a las juezas Beatriz Verón y Zulema Delia Wilde, a quienes acusó de corruptas en el programa de Mirtha Legrand en el año 2009.

Según transcendió, la condena quedó firme esta semana en la Corte Suprema, luego de que se rechazara los planteos de la defensa de Dalbón

Gregorio les había imputado a las magistradas en el icónico programa televisivo “la comisión de distintos delitos cuya veracidad no se ha acreditado en modo alguno, por lo que el letrado actuó de manera imprudente o con intención de dañar”. Por estos mismos deslices el abogado ya había sido obligado a pagar una multa por violación a las normas de ética profesional.

La Cámara Civil que dejó firma la sentencia, explicó: “No existe ninguna prueba que dé cuenta de que las duras acusaciones que el Dr. Dalbón expuso respecto de la demandante y sus colegas tengan algún mínimo grado de verosimilitud”

Este caso se retrotrae al 2009, cuando el abogado de CFK había concurrido a la Sala J de la Cámara en lo Civil y vertido diversas manifestaciones injuriantes -sin prueba alguna-. Días después se replicaron públicamente en el programa de Legrand, tras ser invitado para hablar de incidentes de tránsito. Allí acusó a las juezas: “Sospecho que puede haber corrupción” comentó en aquel entonces y agregó, “hay tres pícaras dando vueltas”, insinuando que habría favorecimientos de compañías de seguros.

Si bien Dalbón llevó sus sospechas a la Justicia, denunciando a las juezas, la causa no avanzó por falta de pruebas. Tras la denuncia y la acusación pública en “Almorzando con Mirtha Legrand” dos de las juezas calumniadas (Beatriz Verón y Zulema Delia Wilde) denunciaron civilmente a Dalbón. También habían demandado a la producción, pero, finalmente, ese planteo fue rechazado.

Mirtha Legrand con Gregorio Dalbon Maria Fernanda Callejon Christian Sancho Silvina Luna 2009 DiFilm

Vanina Escudero Jorge Fainstein Fecha: 16/9/09 16 de septiembre de 2009 Código: DV-19619 Archivo DiFilm – Consultas por material de archivo archivodeportivo@yahoo.com.ar – http://www.difilm-argentina.com Más videos e información en: https://www.facebook.com/difilm o Seguinos en: https://twitter.com/archivodifilm

En su defensa, el abogado había querido ampararse en la doctrina llamada Campillay, que sostiene la falta de responsabilidad de los medios de prensa si han tomado determinados recaudos al momento de difundir la noticia. También aseguró que no afirmó ni acusó a las juezas de nada, sino que plasmó sus sospechas como lo haría cualquier ciudadano.

En ese sentido, Dalbón se aferró al derecho de la libertad de expresión y comentó que, “se vinculaban con el desempeño de funcionarios públicos”. No obstante, la Cámara Civil que dejó firme la sentencia sostuvo que el letrado “no cumplió con ninguna de las pautas mencionadas en la doctrina “Campillay”, pues usó en todo momento el modo asertivo, no dejó en reserva la identidad de los involucrados, ni mencionó una fuente concreta y determinada de la que hubiese provenido la información”.

“No existe ninguna prueba que dé cuenta de que las duras acusaciones que el Dr. Dalbón expuso respecto de la demandante y sus colegas tengan algún mínimo grado de verosimilitud”, afirmaron.

Redacción

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Denunciaron por violencia de género y acoso laboral a un jefe regional de IOMA

La diputada provincial Natalia Dziakowski denunció que empleadas de las delegaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en General Lavalle y Dolores sufrieron violencia de género, acoso laboral y traslados arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Manuel Casanova. Las afectadas presentaron recursos de amparo y denuncias administrativas, pero no obtuvieron contestación del organismo que conduce Homero Giles ni del Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak.

“Las trabajadoras de IOMA en General Lavalle y Dolores han denunciado acoso laboral, violencia de género y desplazamientos arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Casanova”, remarcó Dziakowski. La legisladora exigió que el gobernador Axel Kicillof intervenga de inmediato: “Exigimos medidas urgentes para proteger a las trabajadoras y sancionar a los responsables. La violencia institucional no puede ser tolerada”.

Referentes de la delegación señalaron que desde la apertura de ambas sedes, en 2001, no se registraron episodios semejantes hasta la designación de Casanova. En poco más de un año se acumularon al menos tres denuncias formales por acoso, hostigamiento, amenazas y violencia de género, lo que despertó alarma dentro del organismo. “Es preocupante que estas situaciones se repitan en varias regiones, evidenciando una red de abusos y complicidades institucionales”, advirtió la diputada.

Casanova, además de su cargo en el IOMA, es concejal de Unión por la Patria en Dolores, militante de La Cámpora y mantiene vínculos políticos con el intendente Juan Pablo García. Llegó a la jefatura regional tras ser removido de la oficina local de la ANSES y afirmó haber trabajado en el área de Minoridad provincial. Amparado en la Ley 10.430, conserva la reserva de su puesto en la administración pública.

– El polémico Víctor Casanova y el intendente Juan Pablo García

Mientras tanto, la crisis del IOMA sumó cuestionamientos legislativos. El senador PRO Marcelo Leguizamón pidió explicaciones sobre la atención en salud mental; su par Ariel Bordaisco impulsó en Change.org una campaña por la autarquía financiera de la obra social. El diputado Diego Rovello reclamó que Homero Giles regrese a la Legislatura para detallar la situación económica del instituto, y el jefe de bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, solicitó discutir la crítica realidad del IOMA durante el tratamiento del Presupuesto 2025.

Hasta la fecha, ni el IOMA ni el Ministerio de Salud dictaron medidas frente a las denuncias, y algunas trabajadoras avanzaron con acciones judiciales para visibilizar los hechos.

Redacción

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La Justicia de Misiones habilitó el voto de fuerzas de seguridad en las elecciones provinciales

El Superior Tribunal de Justicia provincial habilitó a miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, cuyo número representa el 1,6% del padrón electoral, a votar en las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. La medida revoca una disposición previa del Tribunal Electoral que, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial, había excluido a estos efectivos del padrón electoral .

La exclusión inicial generó controversia, ya que el mencionado artículo establece que “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”. Sin embargo, el procurador provincial, Carlos Jorge Giménez, a solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un dictamen en el que señaló que dicha prohibición contraviene la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan el derecho al sufragio.

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La presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a los ministros de la Corte, respaldó la incorporación de los efectivos al padrón electoral, bajo el argumento de que la restricción era “desproporcionada” y violaba principios constitucionales fundamentales .

Desde La Libertad Avanza, su candidato Diego Hartfield celebró la decisión, destacó el trabajo realizado por su equipo al presentar un amparo contra la exclusión: “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA”, expresó en sus redes sociales .

Con la inclusión de los efectivos de seguridad en el padrón, se espera una participación más amplia en los comicios del 8 de junio, donde se renovarán 20 bancas de la Legislatura unicameral y se elegirán representantes en concejos deliberantes de 11 localidades.

El Tribunal Electoral de Misiones deberá ahora ajustar los padrones y garantizar la logística necesaria para que los nuevos votantes puedan ejercer su derecho sin inconvenientes. Se prevé una capacitación adicional para las autoridades de mesa y una coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado.

Redacción

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