Gregorio Dalbón fue condenado por injuriar a dos juezas y deberá indemnizarlas

El abogado civil de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, fue condenado por injuriar y acusar de corruptas a dos juezas en el programa de Mirtha Legrand.
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El letrado sigue sumando polémicas declaraciones y este miércoles se lo condenó por una de ellas: Gregorio Dalbón ha sabido hacerse un espacio político utilizando su titulo de abogado, representando civilmente a figuras tan centrales como el presidente, Alberto Fernández; la vicepresidente, Cristina Kirchner; y también al ministro de Economía, Sergio Massa.

En los últimos días volvió a ser noticia por las amenazas contra el historietista Cristian Dzwonik, más conocido como “Nik” y también por sus aprietes a los fiscales de la causa Vialidad, Sergio Mola y Diego Luciani. “Estos no van a terminar bien”, comentó Dalbón en referencia a los fiscales, aunque luego aclaró que sus dichos no buscan ser una amenaza sino que serán una “consecuencia” del mal desempeño que Mola y Luciani tienen como fiscales.

Tras el pedido de condena el abogado aclaró que nunca le adjudicó ningún delito a las magistradas y que únicamente, había deslizado sus sospechas como ciudadano

Ahora, unas viejas declaraciones volvieron a salir a la luz y deberá indemnizar a las acusadas por ellas: Las primeras declaraciones ruidosas del magistrado en medios televisivos estuvieron vinculadas a su actuación como litigante en causas de accidentes de tránsito. Por su representación en una de esas causas terminó condenado a indemnizar a las juezas Beatriz Verón y Zulema Delia Wilde, a quienes acusó de corruptas en el programa de Mirtha Legrand en el año 2009.

Según transcendió, la condena quedó firme esta semana en la Corte Suprema, luego de que se rechazara los planteos de la defensa de Dalbón

Gregorio les había imputado a las magistradas en el icónico programa televisivo “la comisión de distintos delitos cuya veracidad no se ha acreditado en modo alguno, por lo que el letrado actuó de manera imprudente o con intención de dañar”. Por estos mismos deslices el abogado ya había sido obligado a pagar una multa por violación a las normas de ética profesional.

La Cámara Civil que dejó firma la sentencia, explicó: “No existe ninguna prueba que dé cuenta de que las duras acusaciones que el Dr. Dalbón expuso respecto de la demandante y sus colegas tengan algún mínimo grado de verosimilitud”

Este caso se retrotrae al 2009, cuando el abogado de CFK había concurrido a la Sala J de la Cámara en lo Civil y vertido diversas manifestaciones injuriantes -sin prueba alguna-. Días después se replicaron públicamente en el programa de Legrand, tras ser invitado para hablar de incidentes de tránsito. Allí acusó a las juezas: “Sospecho que puede haber corrupción” comentó en aquel entonces y agregó, “hay tres pícaras dando vueltas”, insinuando que habría favorecimientos de compañías de seguros.

Si bien Dalbón llevó sus sospechas a la Justicia, denunciando a las juezas, la causa no avanzó por falta de pruebas. Tras la denuncia y la acusación pública en “Almorzando con Mirtha Legrand” dos de las juezas calumniadas (Beatriz Verón y Zulema Delia Wilde) denunciaron civilmente a Dalbón. También habían demandado a la producción, pero, finalmente, ese planteo fue rechazado.

Mirtha Legrand con Gregorio Dalbon Maria Fernanda Callejon Christian Sancho Silvina Luna 2009 DiFilm

Vanina Escudero Jorge Fainstein Fecha: 16/9/09 16 de septiembre de 2009 Código: DV-19619 Archivo DiFilm – Consultas por material de archivo archivodeportivo@yahoo.com.ar – http://www.difilm-argentina.com Más videos e información en: https://www.facebook.com/difilm o Seguinos en: https://twitter.com/archivodifilm

En su defensa, el abogado había querido ampararse en la doctrina llamada Campillay, que sostiene la falta de responsabilidad de los medios de prensa si han tomado determinados recaudos al momento de difundir la noticia. También aseguró que no afirmó ni acusó a las juezas de nada, sino que plasmó sus sospechas como lo haría cualquier ciudadano.

En ese sentido, Dalbón se aferró al derecho de la libertad de expresión y comentó que, “se vinculaban con el desempeño de funcionarios públicos”. No obstante, la Cámara Civil que dejó firme la sentencia sostuvo que el letrado “no cumplió con ninguna de las pautas mencionadas en la doctrina “Campillay”, pues usó en todo momento el modo asertivo, no dejó en reserva la identidad de los involucrados, ni mencionó una fuente concreta y determinada de la que hubiese provenido la información”.

“No existe ninguna prueba que dé cuenta de que las duras acusaciones que el Dr. Dalbón expuso respecto de la demandante y sus colegas tengan algún mínimo grado de verosimilitud”, afirmaron.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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