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Grave denuncia: Un empresario K presta servicios al Gobierno con alarmantes sobreprecios

La denuncia fue realizada por los propios trabajadores del sector de Prensa de La Rosada que advirtieron los desmanejos por parte del nuevo Presidente.
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A poco más de un mes de asumir como presidente de la Nación, Javier Milei es alcanzado por otra polémica. En este caso, sus propios empleados de Prensa denunciaron manejos irregulares en las contrataciones del Ejecutivo.

El área de Prensa, que se encarga de las producciones audiovisuales más importantes a nivel comunicacional del Gobierno, está atravesando uno de sus peores momentos. Los trabajadores fueron apartados abruptamente, pocos de manera gradual, de casi el total de sus tareas y reemplazados de manera informal, pero precisa, por el equipo de La Corte que pertenece al Grupo Indalo.

Javier Milei, presidente de la Nación
  • Dato: El Grupo Indalo pertenece a Cristóbal López, unos de los empresarios kirchneristas más reconocidos a nivel nacional por tener en su poder a medios de comunicación, petroleras, inversoras, constructoras, bancos y negocios alimenticios, entre otros. Aunque, lo más escandaloso de este empresario son sus causas judiciales las cuales acumula sin molestia.
  • Una de ellas le costó su libertad: la causa conocida como Los Cuadernos de la Corrupción donde se le adjudicó el delito de “asociación ilícita, lavado de dinero y sobornos”, aunque en diciembre del 2021 fue absuelto.
Cristóbal López, propietario del Grupo Indalo

Bien y, ¿Cuál es el problema? Este grupo percibe cifras escandalosos en dólares y “en negro”, según denunció un trabajador del sector que, ante el temor de represalias, pidió mantenerse en el anonimato. Esta declaración fue confirmada por EL ANEXO que, en busca de documentos, licitaciones y facturaciones, no halló nada. Es decir, la productora que pertenece al Grupo Indalo sigue prestando sus servicios al Estado, pero este no está facturando ni declarando qué están abonando los contribuyentes.

¿DÓNDE ESTÁN LAS FACTURAS Y POR QUÉ DEBERÍAN SER PÚBLICAS?

Con innegables equivocaciones e irregularidades, la gestión anterior siempre fue responsable a la hora de cargar cada una de las contrataciones nacionales en la página oficial, en efectivo cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información que tiene como objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública” a través de los siguientes principios:

Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas.

Néstor y Cristina Kirchner en 2003 en Río Gallegos con Cristóbal López (imagen Clarín)

Informalismo: las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento

Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles.

Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia, junto al economista Javier Milei (2017)

Y, entre otros puntos, responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones que correspondan.

Puntualmente, la Resolución 415/2018 exige que se facilite al acceso a los movimientos, contrataciones directas y licitaciones públicas a los ciudadanos argentinos. También, exige la aceleración de estas solicitudes a través de “una metodología para la recepción, procesamiento y respuesta a las solicitudes de acceso a la información que sean requeridas a este Consejo (de la Magistratura)“.

Alberto Fernández, expresidente de la Nación, junto a Javier Milei

No obstante, nada de esto se está cumpliendo en la gestión actual. Desde que finalizó el mandato de Alberto Fernández, Nación dejó de informar a través de la página comprar.gob.ar -de manera diaria- las exigencias de los todos los ministerios.

Oficialmente se desconocen los motivos, aunque este mismo trabajador contó que no se trata más que “un descuido” porque “aún se están acomodando y no entienden cuáles son las tareas”. Este “descuido” esta penado por la ley mencionada anteriormente por lo que debería regularse la situación lo antes posible.

SUELDOS EN DÓLARES Y FACTURAS QUE NO APARECEN

En este caso, según la página de licitaciones públicas, La Corte no presta sus servicios desde el 16 de junio del año pasado, donde le fueron adjudicados $49.167.000,00 por la “producción y realización integral audiovisual de la etapa final de los Juegos Evita 2023”.

Según afirmó el empleado público del área audiovisual, este dato es falso: “Siguen prestando servicios por montos altísimos y no los facturan. Incluso, en el viaje que hizo el presidente junto a su comitiva a la Antártida llevó al equipo de La Corte y les pagaron desde 1000 a 2000 dólares por persona” ($1.225.000,00 a $2.450.000,00 a valor del dólar Blue).

“Con nuestro equipo no solo no faltarían moral y éticamente (como le gusta decir a Milei) manteniendo en su gestión a los ñoquis que dejó el kirchnerismo sino que se hubieran ahorrado mucha plata”, cabe remarcar que estos fondos se desprenden del erario público. “A nosotros nos están pagando aproximadamente 500 dólares al mes” pesificados, lo que da un total de $612.500,00.

Por lo que mantener al equipo afectado se traduciría en un ahorro de más de medio millón y 1 millón de pesos por persona, dependiendo el rango. Entonces, ¿Hay plata o no hay plata? ¿Por qué conservaron un equipo de la gestión anterior que cobra más y cuyo propietario está señalado en las causas de corrupción más polémicas del país? ¿Y por qué todo se hace a escondidas del ojo público?

*Fuente: EL ANEXO

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Polémica por la memoria de Ricardo Iorio: su esposa Fernanda y su hija Sofía hicieron un descargo público

Redacción 2 de febrero de 2026

El 24 de octubre de 2023, la música argentina perdía a su último gran caudillo. Ricardo Iorio fallecía a los 61 años a causa de un infarto en su residencia de Coronel Suárez. Sin embargo, tras la partida del líder de Almafuerte y Hermética, la paz fue interrumpida por una guerra interna que hoy sale a la luz. La familia del músico se divide en dos frentes irreconciliables: por un lado, su hija mayor, Daiana Iorio, y por el otro su hija menor, Sofía Eliana Iorio (ambas fruto de su matrimonio con Ana Mourín), y Fernanda García, su viuda.

Durante los últimos meses, en redes sociales circularon versiones que buscaban instalar una narrativa de “manipulación” en torno a la figura del músico.

Daiana Iorio, a través de su Instagram personal, mantiene una actividad frenética de publicaciones dedicadas a la memoria de su padre. Este despliegue de devoción digital construye una imagen de cercanía y custodia del legado que colisionaría frontalmente con la realidad de los hechos: una prolongada distancia física y afectiva que la hija mayor mantuvo durante el  último tiempo de Ricardo, por decisión propia, hasta su fallecimiento —como queda aclarado en una de las declaraciones, de parte de su hija Sofía—.

Ante este escenario de aparente devoción virtual, Fernanda y Sofía decidieron dar un paso al frente con descargos contundentes que exponen la hipocresía de este relato.

Fernanda García, en su carácter de viuda y administradora del sucesorio designada por la Justicia, fue tajante al desmentir que se le haya prohibido a Daiana el ingreso a la residencia de su padre. En el comunicado, la viuda aclaró que la propiedad es su hogar desde hace 25 años y que fue la propia Daiana quien decidió, por voluntad propia, no acercarse ni visitar a Ricardo desde bastante tiempo antes de su fallecimiento. Esta desconexión deliberada no solo alejó a la hija mayor del entorno del músico, sino que cercenó vínculos familiares directos que Ricardo, en sus años finales, ya no pudo recuperar.

Respecto a la gestión de los bienes, Fernanda García confirmó que la distribución del acervo hereditario está en manos de abogados y que ella cumple estrictamente con su función judicial. García rechazó de plano cualquier intento de “bastardear” al músico como un “hombre manipulable”. Además, reveló un dato que expone la inconsistencia entre el discurso digital de Daiana y sus actos reales: la hija mayor habría rechazado participar de la despedida de las cenizas de su padre, ignorando la última voluntad de Ricardo. Fernanda cerró su mensaje advirtiendo que iniciará acciones legales por difamación contra todos los involucrados en ensuciar su nombre bajo “versiones paralelas y fantasiosas”

Por su parte, Sofía Eliana Iorio también abandonó su perfil bajo para respaldar a Fernanda García y denunciar la inmoralidad con la que Daiana trata a la viuda de Ricardo. Sofía describió a su madre del corazón como la persona que “cuidó y amó a Ricardo hasta el último suspiro”, asegurando que los ataques actuales son lo último que su padre hubiera querido.

Fue lapidaria al afirmar: “las manifestaciones públicas de mi hermana mayor no representan la realidad”, que se vivió puertas adentro del hogar, calificándolas como interpretaciones que buscan generar conflicto en lugar de honrar el legado.

La interna de los Iorio queda así expuesta bajo una luz cruda. De un lado, una puesta en escena en redes sociales que busca capturar la simpatía del público mediante la nostalgia; del otro, la familia que convivió con el músico en la cotidianidad del campo y que hoy custodia, con documentos y vivencias reales, la verdad de sus últimos días.

La Justicia tendrá la última palabra sobre los bienes, pero la contradicción quedó en evidencia entre lo que se publica en redes sociales y lo que fue la vida del padre del metal pesado argentino.






*Autor: Augusto Grinner para Data24

El acosador sexual Pedro Brieger cobró una indemnización del Estado de $78 millones

Redacción 30 de enero de 2026

Radio y Televisión Argentina (RTA) terminó de pagar a fines del año pasado una indemnización de $ 78 millones al periodista Pedro Brieger, tras un acuerdo extrajudicial vinculado a su reclamo por despido. Brieger se consideró despedido de los programas en los que participó durante poco más de 10 años en la TV Pública y Radio Nacional, hasta abril de 2016, y desde entonces inició un proceso judicial que llegó a la Corte Suprema, donde permaneció más de dos años sin resolución.

Según fuentes judiciales, el entendimiento se alcanzó cuando la causa se encontraba en condiciones de resolverse en la Corte, luego de que RTA apeló una sentencia que consideró “exorbitante y desproporcionada”. En 2023, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó pagarle a Brieger $223,84 millones, una cifra que RTA cuestionó por el modo de cálculo de los intereses.

En primera instancia, el juez Alberto Miguel González fijó una condena de $5.873.521, más los intereses correspondientes al período transcurrido entre abril de 2016 y el cobro del fallo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo modificó la tasa de interés y dispuso que se aplicara el “Acta CNAT 2764”, que hasta fines de agosto de 2023 arrojó una tasa del 3.711%, lo que elevó el monto a $223,84 millones.

RTA apeló ante la máxima instancia judicial. La apoderada de la empresa estatal, Silvia Touceda, sostuvo que la aplicación de esos intereses “tendría como resultado la cifra exorbitante y desproporcionada de $223.844.085”. En su planteo, afirmó que, con otros criterios, la suma habría sido menor: indicó que, si se aplicaba la tasa activa efectiva anual vencida del Banco Nación, los intereses alcanzaban el 416% y la indemnización quedaba en $30.333.792, mientras que, con una tasa de interés simple del 268%, correspondía $21.626.307.

Fuentes judiciales explicaron que “el Acta 2764 de cálculo de intereses es muy gravosa para las empleadoras, ya que capitaliza anualmente los mismos. Esa decisión, implica multiplicar exponencialmente el monto de la misma”. Al momento de firmarse el acuerdo extrajudicial, el recurso presentado ante la Corte todavía no se resolvió.

En paralelo, la asociación Periodistas Argentinas se presentó ante la Justicia, en julio del año pasado, para pedir una medida cautelar que permitiera embargar la indemnización por despido que Brieger iba a recibir de la TV Pública, que estimaron en $335 millones, y así garantizar la “reparación efectiva” de las mujeres que denunciaron acoso y agresión sexual. La solicitud se hizo en nombre de 19 mujeres que, según ese colectivo, “han sido víctimas de acoso y agresión sexual en contexto laboral y académico” por parte del periodista, a lo largo de 30 años.

Pese a ese reclamo, RTA decidió cerrar el acuerdo extrajudicial y pagarle $ 78 millones en tres cuotas, con la última en diciembre de 2025. Tras conocerse el pago, Periodistas Argentinas aseguró: “TV Pública logra acuerdo extrajudicial con Pedro Brieger y paga $78 millones de indemnización por despido. Así Brieger eludió la cautelar presentada por Periodistas Argentinas para la reparación efectiva de 19 víctimas de acoso sexual”.

Las denuncias públicas contra Brieger se conocieron en medio del trámite judicial por su indemnización. Fuentes judiciales señalaron que cuando RTA apeló en 2023 todavía no se conocían los casos de acoso sexual. En ese contexto, una discusión pública entre la periodista Cecilia Guardati y Roberto Navarro (dueño de El Destape) incluyó la frase: “El problema es que Pedro Brieger es un acosador sexual”. Ese señalamiento dio origen a una investigación que derivó en la difusión de los primeros casos y en la respuesta del periodista.

En 2024, la investigación del periodista Alejandro Alfie, de Clarín, difundió testimonios de conductoras y productoras que relataron situaciones abusivas. Periodistas Argentinas denunció judicial y públicamente los acosos y presentó en el Congreso un informe de 19 víctimas, entre las que mencionó a una vecina del barrio de Belgrano, dos alumnas de TEA, una estudiante de la Universidad de La Plata, una ex alumna, dos periodistas de la TV Pública, una egresada del doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, una agente de prensa de una asociación civil, una estudiante de Ciencias Políticas, dos reporteras, una ayudante de cátedra y una columnista radial.

En ese marco, Guardati describió uno de los primeros casos difundidos: “Conocí a Brieger en 2008 en una cobertura de un viaje presidencial de Cristina Kirchner al norte de África. Yo era corresponsal de la agencia Télam y él trabajaba en la TV Pública. Por una cuestión laboral me pide que le lleve algo a su habitación y cuando llego, tenía la puerta entreabierta y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, mientras se masturbaba”.

Brieger grabó el 12 de julio de 2024 un video para “pedir perdón” e intentar exculparse. En ese mensaje, afirmó: “Lo que describen existió”, pero “hoy soy otra persona”. Diez días después de la presentación de 19 casos, y tras un pedido de disculpas formulado por la asociación, Brieger publicó un video con disculpas formales y dio crédito a los testimonios, en un cambio de posición respecto de lo que sostuvo el 12 de marzo de ese mismo año, cuando negó los hechos y amenazó con denunciar a un cronista, al diario y a las fuentes.

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