Fernando Espinoza y una insólita contradicción en su pericia psicológica

La reaparición pública de Fernando Espinoza portando un paquete de cigarrillos en la mano, tras haber declarado ante la Justicia que dejó el hábito hace quince años, evidencia las contradicciones y privilegios que lo rodean en una causa por abuso sexual marcada por dilaciones.
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La causa por abuso sexual que enfrenta el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sigue sumando episodios de indignación. En el marco del juicio, plagado de dilaciones y maniobras políticas, se reveló un sutil pero increíble comportamiento del jefe comunal, quien había asegurado en la pericia judicial que lo investiga por abuso sexual haber dejado de fumar hace quince años. Sin embargo, en la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista, Espinoza reapareció en escena fumando en público y hasta fue fotografíado portando un paquete de cigarrillos en la mano.

La incongruencia entre sus dichos ante la Justicia y su comportamiento público es sólo un detalle en un caso que escandaliza por su gravedad. Melody Rakauskas, la denunciante, sigue esperando que la Justicia avance en un juicio que parece empantanado por intereses políticos. La figura de Espinoza, acusado de un delito tan aberrante como el abuso sexual, contrasta sobremanera tanto con su libertad para pasearse por actos políticos de alto perfil como por su apoyo a la exvicepresidenta de la Nación.

La situación adquiere una dimensión aún más escandalosa en el contexto de otro caso que sacude la moralina peronista: el del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider. Vale recordar que este fue detenido cruzando la frontera con 200 mil dólares sin declarar, y aunque ascendió a su banca de la mano de Unión por la Patria, ahora Cristina intenta desvincularlo de su espacio y asociarlo al gobierno de Javier Milei.

La doble moral exhibida resulta, a todas luces, indignante. Mientras por un lado se repudia el accionar de Milei y se enarbolan banderas de ética y justicia, por el otro se ampara a figuras como Espinoza, cuyo prontuario judicial es una mancha para cualquier fuerza política que lo respalde.

LA PERICIA

En el marco de la causa (CCC 24074/2021), las pericias judiciales revelaron un detallado informe sobre la vida personal y antecedentes de Espinoza. Entre los puntos destacados, se evaluó si presenta trastornos de personalidad, conductas violentas o inmadurez psicosexual. Sin embargo, el dato que ha trascendido y encendido las críticas es su declaración de no haber fumado en quince años, desmentida por su reciente aparición pública.

La pregunta que queda flotando en el aire es cómo una figura con semejantes acusaciones puede seguir caminando libremente y, aún más, representar al municipio más poblado del país con la anuencia de figuras como Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La denuncia de Melody Rakauskas no sólo señala un supuesto delito sexual, sino también pone bajo la lupa las estructuras de poder que lo protegen. La Justicia, mientras tanto, parece no estar a la altura de las circunstancias, dejando a la víctima en un estado de vulnerabilidad y al acusado en una posición de privilegio.

El caso de Fernando Espinoza es un reflejo de las contradicciones que carcomen a la política argentina, donde la moral se convierte en una herramienta de conveniencia y los ciudadanos son testigos de un sistema que prioriza los intereses partidarios por sobre la verdad y la justicia.

*Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

HUMOR por Argüelles​

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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