En un nuevo capítulo de “Decisiones polémicas de la Justicia”: La Sala I de la Cámara de Garantías de Morón le otorgó la domiciliaria, de manera inmediata, a un hombre acusado de intento de asesinato, pese a que la medida no estaba firme y que no se le había colocado la pulsera electrónica, dos de los requisitos que exige el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, dejando la puerta abierta para que miles de presos salgan de la cárcel.
El caso del polémico fallo tiene como protagonista a Santiago Martínez, quien está acusado de haber atacado a Nicolás García, de 20 años, porque estaba charlando con su ex novia. El hecho tuvo lugar el 12 de noviembre del año pasado en un boliche de Hurlingham. Martínez lo agredió con una copa rota y lo dejó al borde de la muerte.
En un inicio, Martínez había sido acusado de intento de homicidio y quedó detenido en una comisaría. Pero en marzo la Cámara cambió la calificación a “lesiones graves”, apartándose de su propia jurisprudencia.
Por esto, la defensa del acusado pidió la libertad morigerada, rechazada en primera instancia. Finalmente, la Sala I lo dejó en libertad de manera automática, aunque la resolución no estaba firme y sin pulsera electrónica, ya que no había ninguna disponible en ese momento.
Tras este hecho, el abogado Fernando Sicilia presentó un habeas corpus y reclamó que “con los mismos argumentos que han dado los jueces de dicha Sala I en esta causa, resuelvan todos los juzgados de Garantías que se ejecuten de forma inmediata todas aquellas morigeraciones concedidas por algún órgano y apeladas, como así también todas aquellas que estén firmes, pero que no se hicieron efectivas por falta de pulseras de Monitoreo”.
Es decir, Sicilia pretende que todos los detenidos que se encuentren en las mismas condiciones que Martínez puedan acceder a la prisión domiciliaria. En este sentido, sostuvo que se debe aplicar el principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Luego de la presentación del habeas corpus, el juez Ricardo Fraga le pidió a todos los magistrados de Morón que informen si tienen casos de “morigerados con espera de la efectivización de la medida por parte de la Dirección General de Monitoreo electrónico perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense”. Con esto se determinó que en esa jurisdicción solo aplicaba el caso de Gregorio Diaz, detenido por tenencia de droga.
Por ese motivo, el juez hizo lugar este martes al habeas corpus y dispuso que se efectivice su arresto domiciliario aunque no esté disponible la tobillera. El fallo destaca que hace un mes venía esperando ese beneficio.
Esta polémica arrancó con el fallo de la Sala I de Morón, integrada por los jueces Fernando Bellido, Diego Grau y Fabián Cardoso. “Con este fallo, solo con la concesión por parte de algún órgano judicial, debería hacerse efectiva en forma inmediata la domiciliaria. Por otro lado, en un gran porcentaje se impone como medida que los detenidos beneficiados con prisión domiciliaria posean pulsera electrónica para su control, siendo que muchas veces se demora su traslado al domicilio por falta de estas”, se quejaron los abogados que representan a la víctima, Nicolás García.
