Expropiación de Aerolíneas Argentinas: Demandan al país por no pagar US$ 320 millones
Tras la expropiación durante el gobierno de Cristina, un fondo de inversión obtuvo una sentencia favorable en el tribunal del Banco Mundial pero la Argentina nunca pagó. Hay riesgos de embargo.
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El fondo de inversión Titan Consortium demandó a la Argentina en los tribunales de Nueva York por no haber pagado por un fallo del 2019. La acción judicial asciende a US$ 320 millones y se da por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008.
En 2019, el CIADI había rechazado el pedido de anular la sentencia y obligó a la Argentina a pagar USD 320,7 millones como indemnización. “La solicitud de anulación de Argentina fue rechazada. La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de USD 1 millón en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”, señaló la sentencia del tribunal del Banco Mundial.
El abogado Sebastián Maril, director de Latam Advisors, explicó que ahora el gobierno tiene 60 días para responder la demanda, aunque la respuesta podría ser exigida en un plazo más corto por el juez.
Asimismo, agregó que existe la posibilidad de que la Argentina sufra embargos contra sus activos, como ocurrió en los peores momentos de las negociaciones por el default de la deuda pública con los “fondos buitre”.
“No veo a este gobierno pagando nada que el anterior gobierno no haya pagado, mucho menos antes de las elecciones. Por eso no hay que descartar que en algún momento haya algún tipo de acción legal que ordene un embargo contra la Argentina”, declaró Maril.
Maril señaló que los embargos por esta acción de USD 320 millones es apenas una pequeña muestra del riesgo total, ya que a partir de este año y antes del 2024 el país tiene compromisos internacionales por fallos que es probable que pierda por un monto superior a los US$ 9000 millones. “No es una estimación propia, son números que el gobierno nacional informó a la Security Exchange Commission (SEC)”, señaló Maril.
Asimismo, aclaró que se llega a ese monto por sentencias en contra en el CIADI y en la justicia ordinaria que no fueron pagadas, originadas en el mencionado caso de Aerolíneas Argentinas, la expropiación de YPF en 2012, el pago de los bonos con “cupón PBI” atado a las manipulaciones del Indec, entre otras causas.
Sebastián Maril, director de Latam Advisors.
Al ser un caso que ya obtuvo una sentencia previa en el tribunal internacional al que ambos países adhieren, en la justicia estadounidense el trámite no comienza desde cero, por lo que las posibilidades de embargo no estarían tan lejos.
Maril mencionó que la jueza neoyorquina Loretta Preska, que maneja diversos expedientes donde la Argentina fue condenada, autorizó una acción de discovery iniciada por dos fondos de inversión para detectar posibles bienes a embargar.
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Tras el fallo internacional por el caso TheoHernández, el futbolista inició una millonaria demanda contra la abogada feminista Raquel Hermida, acusándola de haber promovido una falsa denuncia y de difundir información falsa en los medios.
Montiel, recientemente absuelto por “inexistencia de delito” en una denuncia de abuso sexual presentada en su contra, busca justicia no solo para limpiar su imagen, sino también para sentar un precedente contra lo que considera un uso malintencionado del sistema judicial y mediático.
Según fuentes cercanas al futbolista y a su equipo legal, la demanda no incluirá a la mujer denunciante.Montiel y sus abogados entienden que esta persona fue utilizada por Hermida en una operación mediática con presuntos fines extorsivos y económicos.
Además, consideran que la denuncia fue promovida de manera falaz con el objetivo de desviar la atención pública tras el escándalo que involucró a Hermida cuando fue despedida por Nahir Galarza, otra de sus conocidas expatrocinadas.
Este caso podría tener implicancias significativas en el debate sobre la responsabilidad ética de los abogados y la lucha contra las noticias falsas en el ámbito judicial y mediático.
El emblemático campo “El Entrevero”, ubicado en José Ignacio, Uruguay, y confiscado a Lázaro Báez tras su condena por lavado de dinero, fue subastado por orden de la justicia uruguaya. La propiedad, valuada originalmente en 14 millones de dólares, tenía una base de 3,5 millones, pero alcanzó un precio final de 10,8 millones en una reñida puja. La oferta ganadora fue realizada por una sociedad vinculada al empresario Eduardo Costantini, fundador de Nordelta, y al polista Adolfo Cambiasso, a través de la empresa Consultatio.
La subasta tuvo lugar en el hotel Jeans Clever de Punta del Este, donde empresarios y abogados se congregaron para participar del remate. Solo diez postores cumplieron con el requisito de un depósito inicial de 10.000 dólares para competir por el predio de 145 hectáreas. La entrada de “El Entrevero” se encuentra en el kilómetro 171 de la Ruta Nacional 10, a solo ocho kilómetros del exclusivo balneario de José Ignacio, y el terreno ofrece grandes posibilidades de desarrollo inmobiliario.
El campo había sido adquirido en 2011 por Báez a través de maniobras que buscaban blanquear fondos ilícitos. Según Leonardo Fariña, uno de los imputados en el caso y colaborador clave como testigo arrepentido, la compra se realizó mediante sociedades fantasma como Traline SA y Jumey SA para ocultar a los verdaderos propietarios. “Según la escritura se pagaron 14.109.340 dólares, pero si sumamos lo que no aparece en los papeles llegamos a 16 millones”, declaró Fariña durante el juicio.
La propiedad fue decomisada en el marco de la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, que destapó un esquema de corrupción liderado por Báez. En 2023, la justicia uruguaya condenó al empresario a cuatro años y medio de prisión por lavado de dinero, mientras que Fariña recibió una pena reducida de dos años y medio por su colaboración.
Además de “El Entrevero”, Báez poseía otro terreno en la zona del Faro de José Ignacio, adquirido por 800.000 dólares, y una propiedad en Maldonado valuada en 320.000 dólares. En total, el decomiso de bienes alcanzó los 14,8 millones de dólares.
El rematador Javier Fasanelo destacó las características del terreno subastado, que incluye 40 hectáreas habilitadas para desarrollos inmobiliarios cercanas al mar. “Es un terreno único, con posibilidades de desarrollo que justifican un precio final cercano a los 10 millones de dólares”, aseguró Fasanelo antes de conocerse la oferta final.
A pocos días de cumplirse el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Fiscalía Federal Nº 3, dirigida por Eduardo Taiano, presentó un informe exhaustivo que confirma la hipótesis del homicidio.
El documento, compuesto por 52 páginas y dividido en siete capítulos, detalla los avances de la investigación, las irregularidades en el tratamiento inicial del caso y el impacto político y social de su muerte. Además, señala que el asesinato estuvo relacionado con su rol como fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA) y, en particular, con la denuncia presentada contra Cristina Kirchner y otros funcionarios por presunto encubrimiento.
“Luego de años de tareas de investigación se arribó a una serie de conclusiones que hoy permiten afirmar que el fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán. A la fecha, en esta etapa de la investigación, se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.
El informe destaca que la muerte de Nisman ocurrió en un contexto de creciente presión y amenazas hacia él y su equipo, las cuales se intensificaron tras la presentación de su denuncia el 14 de enero de 2015. Este documento apuntó directamente al Memorándum de Entendimiento con Irán como una herramienta para garantizar la impunidad de los responsables del atentado terrorista a la AMIA de 1994. La fiscalía enfatiza que las pruebas recabadas hasta la fecha refuerzan la tesis de que el homicidio fue planeado con la intención de silenciarlo.
En el análisis de las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento en el complejo Le Parc de Puerto Madero, el informe denuncia graves irregularidades. Se registró la presencia de más de 80 personas en la escena del crimen, incluyendo funcionarios de alto rango de la Prefectura Naval, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad. Estas acciones comprometieron la preservación de evidencias cruciales y han generado sospechas de encubrimiento. Además, se identificaron fallas significativas en la cadena de custodia, con elementos probatorios manipulados sin protocolos adecuados, como el arma utilizada en el homicidio. Este tipo de falencias, además de retrasar los avances en la investigación, abrieron la puerta a teorías de “conspiración” que, hasta el día de hoy, no han sido completamente descartadas.
“En ese dictamen se corroboró la participación activa de terceras personas en la muerte del Dr. Nisman, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″
Otro aspecto clave del informe es la ineficacia de la custodia policial asignada a proteger al fiscal. Durante el fin de semana en que ocurrió el crimen, los custodios abandonaron su puesto en varias ocasiones, dejando a Nisman completamente desprotegido por más de 12 horas. Según la fiscalía, esta negligencia facilitó el accionar de los perpetradores y la posterior manipulación de la escena. A la fecha, se está investigando a los agentes responsables de su seguridad para determinar su nivel de participación o negligencia.
– Eduardo Taiano
La investigación también pone el foco en los servicios de inteligencia. Se identificó la participación de agentes de la ex SIDE en el entorno de Nisman antes y después de su muerte. La fiscalía acusa a estos organismos de retener información relevante y, en algunos casos, destruir documentos clave que podrían haber arrojado luz sobre los hechos. Esta obstrucción no solo ha ralentizado el avance de la investigación, sino que también alimentaron las sospechas de un encubrimiento sistemático. Las conexiones entre estos agentes y sectores políticos vinculados al gobierno de ese entonces han sido un tema central en las hipótesis del caso, evidenciando un entramado de intereses cruzados que complican aún más el esclarecimiento del crimen.
“Del informe final también se desprende la presencia de ketamina en las vísceras, afirmándose que Nisman se encontraba al momento de su muerte con anestesia disociativa, siendo su voluntad abolida pero con conservación de su tono muscular”
En una medida reciente, el gobierno actual, bajo la administración de Javier Milei, desclasificó una serie de documentos de inteligencia vinculados a la causa. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que algunos de estos archivos habrían sido destruidos durante gestiones anteriores, dejando vacíos importantes en la investigación. Esta desclasificación busca aclarar las redes de contactos entre espías y actores políticos en las horas previas y posteriores a la muerte de Nisman. La fiscalía sostiene que estos documentos podrían ser clave para identificar tanto a los responsables materiales como intelectuales del crimen. A pesar de los esfuerzos recientes, la falta de documentación completa genera nuevos interrogantes sobre el grado de colaboración institucional en el caso.
El informe también subraya las nuevas líneas de investigación que se han abierto, incluyendo el análisis de más de 600 líneas telefónicas relacionadas con el caso y el entrecruzamiento de datos que podrían revelar patrones de comunicación sospechosos. Asimismo, se están impulsando nuevas imputaciones contra figuras vinculadas a los servicios de inteligencia y al entorno gubernamental de aquel momento. Estas medidas incluyen la convocatoria a declarar como testigos a agentes de inteligencia que habrían estado activos en las fechas críticas, así como el análisis de movimientos financieros relacionados con el uso de fondos reservados.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFi) 7 de Mar del Plata, en el marco de la IPP 49.852-24, inició una investigación contra Andrea Calderon Chosgo, una inmigrante boliviana acusada de cometer el delito de abuso sexual agravado contra una niña de 10 años. El caso es representado por el abogado penalista Julio Razona, quien actúa como particular damnificado de la menor afectada.
Los hechos, que ocurrieron hace aproximadamente un mes en la zona de quintas de Sierra de los Padres, provocaron un notable cambio en el comportamiento de la niña.
Según allegados, la víctima dejó de jugar con sus amigos y hermanos, evitó la socialización, y se mostraba extremadamente temerosa y escondida. La hermana mayor de la niña, de 20 años, fue quien primero notó una lesión en el hombro de la menor, inicialmente atribuida a un posible golpe, pero que se reveló como una agresión física perpetrada por la acusada.
La madre de la niña, al revisar el teléfono celular de su hija, descubrió un inquietante intercambio de mensajes y audios a través de WhatsApp entre Andrea Calderon Chosgo, quien trabajaba en la quinta, y la menor.
– El abogado de la víctima, Julio Razona
En estos mensajes, Chosgo no solo reconocía haber tenido un primer contacto sexual con la niña, sino que también manifestaba un “amor” enfermizo, exigía fotos de contenido sexual y amenazaba con suicidarse si no era correspondida. Uno de estos mensajes incluía la frase: “Soy la primera marca en tu vida”.
El doctor Razona presentó estos mensajes a la fiscalía para su incorporación en la investigación, solicitando, además, la detención inmediata de Calderon Chosgo o, al menos, una orden de restricción de acercamiento para proteger a la menor de cualquier posible contacto con su abusadora.
Actualmente, la niña víctima está bajo el cuidado de profesionales especializados en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde ha sido trasladada por seguridad desde su hogar familiar.
La comunidad de Mar del Plata y la opinión pública siguen de cerca este caso, esperando justicia para la menor y una resolución pronta y efectiva por parte de las autoridades judiciales.
El 20 de diciembre de 2024, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó los últimos recursos presentados por la defensa del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien cuenta con el apoyo político del gobernador Axel Kicillof.
Este fallo marca un punto de inflexión en la causa iniciada por Melody Rakauskas, quien denunció al imputado por abuso sexual y desobediencia. Con esta decisión, el expediente queda a un paso del debate oral, que podría realizarse antes del cierre del año, siempre y cuando la fiscal interviniente, Mónica Cuñarro, finalice la etapa procesal pendiente.
Uno de los ejes centrales del litigio fue la impugnación de la defensa de Espinoza respecto a las actas del 14 y 15 de octubre de 2024, donde se registró la presentación de una memoria Micro SD de 32 GB aportada por Rakauskas como evidencia clave. La defensa argumentó supuestas irregularidades en la cadena de custodia y en la intervención de los funcionarios judiciales, solicitando la nulidad de las pruebas. Sin embargo, tanto el juez de grado como la Cámara desestimaron esos planteos, avalando que las grabaciones y audios presentados fueron resguardados correctamente y sin manipulación maliciosa.
La resolución de la fiscalía general, encabezada por Mauricio Viera, fue contundente: “No se advierte perjuicio concreto ni vulneración al derecho de defensa del imputado”. Este respaldo a las pruebas consolida la posición de la querella, que ahora cuenta con un elemento probatorio fundamental para el juicio oral que podría tener lugar más temprano que tarde.
Tal y como lo viene dando a conocer este medio, Melody Rakauskas ha enfrentado un proceso judicial lleno de obstáculos. Durante casi cuatro años, la fiscal Cuñarro ha sido acusada de demorar injustificadamente el cierre de la investigación, generando frustración en la víctima y su entorno. “Es hora de que se haga justicia y que el juez Luis Schlegel le brinde un alivio después de tanto ataque”, comentó una fuente cercana a Rakauskas.
En los últimos meses, la víctima sumó a su equipo legal al abogado Yamil Castro Bianchi, quien ya ha comenzado a contribuir activamente al pedido de justicia. Mientras tanto, fuentes del municipio aseguran que Espinoza se encuentra aterrado ante la posibilidad de enfrentar el juicio oral, un proceso que podría definir su futuro legal y político.
¿QUÉ SIGUE?
Con todas las pericias realizadas, los testigos entrevistados -incluida la madre de Melody Rakauskas- y las pruebas validadas, el camino al juicio oral parece inevitable. La decisión final recaerá en el juez Schlegel, quien deberá garantizar que la causa avance hacia una resolución justa.
Este caso no solo pone en juego la responsabilidad penal de Fernando Espinoza, sino también la credibilidad de un sistema judicial que ha sido duramente cuestionado. La sociedad espera que, tras años de lucha, se haga justicia para Melody Rakauskas y que el juicio oral sea un ejemplo de transparencia y reparación para las víctimas de violencia de género.
El escándalo que sacude a la política platense podría ser el guion de una película, pero es real. Alberto Delgado, exdiputado provincial y actual subsecretario de Gobierno de la municipalidad de La Plata, fue la víctima de un robo insólito: más de medio kilo de oro, valuado en 45 mil dólares, que había enterrado en el patio de su casa, desapareció a manos de dos ladrones que fingieron realizar trabajos en su vivienda.
Delgado, quien asumió su cargo ad honorem bajo la gestión comunal, es conocido en el ámbito político local por su extensa trayectoria, que incluye la dirección del Consejo de la Tercera Edad, la secretaría de Acción Social y dos mandatos como representante de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este episodio pone bajo la lupa sus finanzas personales y su vínculo con el patrimonio no declarado.
Según consta en la denuncia, el oro, escondido a pocos centímetros de profundidad en un frasco de vidrio, fue descubierto por dos hombres que habían trabajado previamente en el barrio cerrado donde vive Delgado, en la localidad de Arana. Aprovechando su acceso al lugar, los ladrones planificaron el golpe con precisión quirúrgica, montando un operativo que incluyó excusas como mover postes de luz en su patio.
Lo llamativo es que Delgado, oriundo de Pehuajó pero radicado hace años en La Plata, afirmó que ni siquiera su familia sabía de la existencia del oro, que, según él, estaba destinado a la compra de un departamento para su hijo.
La gran pregunta… ¿De dónde salió el oro?
El robo abre un interrogante que Delgado aún no ha respondido públicamente: ¿Cómo obtuvo medio kilo de oro y por qué lo mantenía escondido en su patio? Aunque su cargo actual es ad honorem, la acumulación de riquezas en efectivo o metales preciosos no es común para un jubilado de la política, ni mucho menos para un funcionario público con una carrera de servicio.
– El hecho ocurrió en un barrio cerrado ubicado en 131 y 635, en la localidad de Arana
Más allá del trasfondo político, el robo en sí también refleja la creciente inseguridad en barrios cerrados de La Plata, donde, a pesar de las medidas de protección, los ladrones encuentran formas de perpetrar delitos.
El caso de Delgado trasciende el ámbito policial para convertirse en un asunto político y ético. Mientras los vecinos de La Plata reclaman mayor seguridad, surgen dudas sobre los recursos personales de un dirigente que, paradójicamente, ha sido un referente de la lucha por la equidad social.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
