Expropiación de Aerolíneas Argentinas: Demandan al país por no pagar US$ 320 millones

Tras la expropiación durante el gobierno de Cristina, un fondo de inversión obtuvo una sentencia favorable en el tribunal del Banco Mundial pero la Argentina nunca pagó. Hay riesgos de embargo.
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El fondo de inversión Titan Consortium demandó a la Argentina en los tribunales de Nueva York por no haber pagado por un fallo del 2019. La acción judicial asciende a US$ 320 millones y se da por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008.

En 2019, el CIADI había rechazado el pedido de anular la sentencia y obligó a la Argentina a pagar USD 320,7 millones como indemnización. “La solicitud de anulación de Argentina fue rechazada. La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de USD 1 millón en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”, señaló la sentencia del tribunal del Banco Mundial.

El abogado Sebastián Maril, director de Latam Advisors, explicó que ahora el gobierno tiene 60 días para responder la demanda, aunque la respuesta podría ser exigida en un plazo más corto por el juez.

Asimismo, agregó que existe la posibilidad de que la Argentina sufra embargos contra sus activos, como ocurrió en los peores momentos de las negociaciones por el default de la deuda pública con los “fondos buitre”. 

“No veo a este gobierno pagando nada que el anterior gobierno no haya pagado, mucho menos antes de las elecciones. Por eso no hay que descartar que en algún momento haya algún tipo de acción legal que ordene un embargo contra la Argentina”, declaró Maril.

Maril señaló que los embargos por esta acción de USD 320 millones es apenas una pequeña muestra del riesgo total, ya que a partir de este año y antes del 2024 el país tiene compromisos internacionales por fallos que es probable que pierda por un monto superior a los US$ 9000 millones. “No es una estimación propia, son números que el gobierno nacional informó a la Security Exchange Commission (SEC)”, señaló Maril. 

Asimismo, aclaró que se llega a ese monto por sentencias en contra en el CIADI y en la justicia ordinaria que no fueron pagadas, originadas en el mencionado caso de Aerolíneas Argentinas, la expropiación de YPF en 2012, el pago de los bonos con “cupón PBI” atado a las manipulaciones del Indec, entre otras causas.

Sebastián Maril, director de Latam Advisors.

Al ser un caso que ya obtuvo una sentencia previa en el tribunal internacional al que ambos países adhieren, en la justicia estadounidense el trámite no comienza desde cero, por lo que las posibilidades de embargo no estarían tan lejos. 

Maril mencionó que la jueza neoyorquina Loretta Preska, que maneja diversos expedientes donde la Argentina fue condenada, autorizó una acción de discovery iniciada por dos fondos de inversión para detectar posibles bienes a embargar.


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Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

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