14 julio, 2025

Expropiación de Aerolíneas Argentinas: Demandan al país por no pagar US$ 320 millones

Tras la expropiación durante el gobierno de Cristina, un fondo de inversión obtuvo una sentencia favorable en el tribunal del Banco Mundial pero la Argentina nunca pagó. Hay riesgos de embargo.
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El fondo de inversión Titan Consortium demandó a la Argentina en los tribunales de Nueva York por no haber pagado por un fallo del 2019. La acción judicial asciende a US$ 320 millones y se da por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008.

En 2019, el CIADI había rechazado el pedido de anular la sentencia y obligó a la Argentina a pagar USD 320,7 millones como indemnización. “La solicitud de anulación de Argentina fue rechazada. La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de USD 1 millón en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”, señaló la sentencia del tribunal del Banco Mundial.

El abogado Sebastián Maril, director de Latam Advisors, explicó que ahora el gobierno tiene 60 días para responder la demanda, aunque la respuesta podría ser exigida en un plazo más corto por el juez.

Asimismo, agregó que existe la posibilidad de que la Argentina sufra embargos contra sus activos, como ocurrió en los peores momentos de las negociaciones por el default de la deuda pública con los “fondos buitre”. 

“No veo a este gobierno pagando nada que el anterior gobierno no haya pagado, mucho menos antes de las elecciones. Por eso no hay que descartar que en algún momento haya algún tipo de acción legal que ordene un embargo contra la Argentina”, declaró Maril.

Maril señaló que los embargos por esta acción de USD 320 millones es apenas una pequeña muestra del riesgo total, ya que a partir de este año y antes del 2024 el país tiene compromisos internacionales por fallos que es probable que pierda por un monto superior a los US$ 9000 millones. “No es una estimación propia, son números que el gobierno nacional informó a la Security Exchange Commission (SEC)”, señaló Maril. 

Asimismo, aclaró que se llega a ese monto por sentencias en contra en el CIADI y en la justicia ordinaria que no fueron pagadas, originadas en el mencionado caso de Aerolíneas Argentinas, la expropiación de YPF en 2012, el pago de los bonos con “cupón PBI” atado a las manipulaciones del Indec, entre otras causas.

Sebastián Maril, director de Latam Advisors.

Al ser un caso que ya obtuvo una sentencia previa en el tribunal internacional al que ambos países adhieren, en la justicia estadounidense el trámite no comienza desde cero, por lo que las posibilidades de embargo no estarían tan lejos. 

Maril mencionó que la jueza neoyorquina Loretta Preska, que maneja diversos expedientes donde la Argentina fue condenada, autorizó una acción de discovery iniciada por dos fondos de inversión para detectar posibles bienes a embargar.


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Redacción

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CHACO | La Justicia investiga al presidente de LLA y Director de ANSES por afiliaciones truchas y extorsión

La Fiscalía Federal de Resistencia, dirigida por el Dr. Patricio Sabadini, se prepara para solicitar la detención de Alfredo “Capi” Rodríguez, director regional de ANSES y presidente de La Libertad Avanza en Chaco, tras la feria judicial de agosto. La investigación llevada a cabo revela un esquema de afiliaciones fraudulentas al partido político que habría afectado a personas vulnerables, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidades.

Los datos son contundentes, con más de 17 personas citadas aleatoriamente del padrón partidario, 15 negaron haberse afiliado voluntariamente al partido. La gravedad del caso se incrementa por el perfil de las víctimas: personas de edad avanzada, algunos analfabetos o con enfermedades como Parkinson.

La jueza federal, Zunilda Niremperger, delegó la causa al fiscal Sabadini, quien ha confirmado irregularidades en al menos 13 casos donde las personas no reconocieron sus firmas en las fichas de afiliación. Según trascendió, Rodríguez habría utilizado su acceso a las bases de datos de ANSES para obtener información personal de ciudadanos y afiliarlos al partido sin su consentimiento.

El escándalo ha generado tensiones internas de LLA en Chaco. Un grupo de 300 militantes envió una carta a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, solicitando la pericia del partido debido al manejo “autoritario” de Rodríguez, quien está alineado con los primos Menem, Martín y Eduardo, dentro de la estructura libertaria. Para sostener las afiliaciones, el partido que dio los avales a LLA de Chaco fue el de La Rioja, confirmando esta vinculación.

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En la carta, los militantes sostienen que “las personas que no responden al actual presidente provincial, que no simpatizan con él, no acatan ni avalan su autocracia, se les obstaculiza, ignora o rechaza la aceptación de su afiliación”.

Se lo acusa a Rodríguez principalmente por extorsión, delito tipificado en el artículo 168 del Código Penal , que establece una pena de reclusión o prisión de cinco a diez años, por “impedir la libre decisión de las personas”. La misma, consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio. En este caso, se investiga si Rodríguez exigía porcentajes de sueldos a empleados de ANSES como condición para mantener sus empleos.

La segunda imputación se refiere a falsedad documental agravada por su carácter de funcionario público. Este delito se configura cuando un funcionario público inserta declaraciones falsas en documentos públicos relativos a hechos que tales documentos deben probar. Se caracteriza por aprovechar el carácter auténtico de un documento para insertar declaraciones erróneas. El agravante por ser funcionario aumenta significativamente la pena, dado que vulnera la fe pública que el Estado deposita en sus funcionarios.

Fuentes judiciales indicaron que la medida cautelar realizada se basaría en la gravedad de los hechos conocidos y el riesgo de entorpecimiento en la indagación. Las afiliaciones fraudulentas habrían sido realizadas durante 2023 para cumplir con los requisitos de personería jurídica del partido en la provincia.

La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueben la solicitud, o automáticamente si no se considera dentro de los 15 días hábiles. Crucialmente, la ley establece que no puede haber doble afiliación y que el registro de afiliados debe ser público.

Paralelamente, a comienzos del mes de julio, ANSES presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una red de jubilaciones falsas que operaba a través de un estudio contable en Resistencia. La revisión, dirigida por el juez Ricardo Mianovich, reveló que se utilizaban declaraciones juradas rectificativas falsas para simular relaciones laborales inexistentes.

El mismo Rodríguez confirmó que se detectaron “unas treintena de jubilaciones truchas” y que el estudio involucrado cobraba 3 millones de pesos por los trámites fraudulentos. El análisis contó con el apoyo del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello.

Redacción

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Alperovich cumplirá domiciliaria en el lujoso departamento de Puerto Madero donde comenzaron los abusos a su sobrina

La Justicia otorgó este miércoles el arresto domiciliario a José Jorge Alperovich, exsenador nacional y tres veces gobernador de Tucumán, sentenciado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina segunda —seis con acceso carnal y tres simples en grado de tentativa— ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.  La resolución de Juan María Ramos Padilla llegó después de poco más de un año de detención efectiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El magistrado dispuso que el condenado de 70 años permanezca en uno de sus inmuebles del complejo Zencity de Puerto Madero, escenario de uno de los ataques acreditados en el debate oral. Para garantizar la medida impuso monitoreo electrónico permanente y fijó una caución real de 400 millones de pesos. Además, prohibió cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la denunciante y su entorno, así como referencias públicas que pudieran afectarla.

El lugar fijado es uno de los departamentos del imputado en Puerto Madero, precisamente uno de los lugares donde se cometieron los primeros abusos por los que fue condenado.

– TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 29 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 86.765/2019/TO1

“Debe quedar claro que no voy a conceder el arresto domiciliario solicitado como un privilegio ni por compasión, sino como ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, neutralizando los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurando la protección” de la víctima, sostuvo Ramos Padilla. 

El juez advirtió que “cualquier omisión o intento de evasión —por mínimo que sea— habilitará la revocación inmediata del beneficio y el reingreso al establecimiento penitenciario”.

Entre los fundamentos aparecieron la edad de Alperovich y un agudo dolor de columna que, según informes médicos del Servicio Penitenciario Federal, limitaba su movilidad, junto con hipertensión y un cuadro depresivo diagnosticado en marzo de 2025. Durante su estadía en Ezeiza recibió atención en el Hospital Penitenciario Central y fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Italiano.

La familia ya había intentado morigerar la detención tres meses después de la condena. Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich se ofrecieron entonces como “fiadores”, prometieron acompañar a su padre las 24 horas y entregaron sus pasaportes “para demostrar que no existiría riesgo de fuga”. La Justicia rechazó aquella petición en dos oportunidades, pero ahora el juez consideró que mantener al exmandatario en prisión preventiva sería “arbitrario” frente a las condiciones carcelarias y a su estado de salud, aunque la condena y la inhabilitación perpetua para cargos públicos siguen vigentes.

Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 declararon más de 80 testigos, incluido el exgobernador Juan Manzur. En su sentencia, Ramos Padilla subrayó: “Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado”. El tribunal entendió que Alperovich aprovechó “un contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder” para perpetrar los abusos.

Alperovich negó siempre las acusaciones y las atribuyó a motivaciones “políticas y económicas”. Su entonces pareja, la exganadora de Gran Hermano Marianela Mirra, difundió en mayo último una fotografía del exsenador internado que reavivó críticas a las condiciones de detención. El expediente continúa en trámite de apelación y revisión. Mientras se define la instancia superior, el exgobernador permanecerá bajo arresto domiciliario, controlado electrónicamente y sujeto a supervisión judicial periódica.

Redacción

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