Los allanamientos tuvieron lugar la semana pasada en GBA y la Ciudad, ordenados por la jueza federal Alicia Vence, en domicilios de dirigentes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) ubicados en San Martín, Laferrere (La Matanza) y en el barrio porteño de Paternal. Durante los 23 operativos se encontraron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos.



Fuentes policiales declararon a Clarín, que durante las tareas “se secuestraron planillas de asistencias con nombres y apellidos de personas afiliadas a la organización social que tenían al lado un monto de plata. Se está investigando que exigían”.
La investigación fue iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos por denuncias anónimas por supuesta extorsión por parte de beneficiarios de planes sociales agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete, los cuales debían aportar a la organización.
“Yo lo que tengo es plata, toda la plata de la CCC y la puta que lo parió. Tengo la plata de nacion y la plata de la zona, me da una bronca terrible porque es la plata que usamos para los viajes y todo eso”, gritó Raquel Fleischman mientras hablaba por teléfono cuando la Justicia llevaba adelante los, audio revelado por el periodista Rodrigo Alegre en TN.
Por otra parte, el presidente Alberto Fernández recibió a los dirigentes de la CCC y otras organizaciones sociales en señal de “solidaridad” y calificó a los allanamientos como parte de una “persecución judicial” contra el sector.
Alberto Fernández on Twitter: “Me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social.Hoy recibí a referentes de organizaciones sociales, a quienes manifesté mi total solidaridad. pic.twitter.com/0nszu6U3PL / Twitter”
Me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social.Hoy recibí a referentes de organizaciones sociales, a quienes manifesté mi total solidaridad. pic.twitter.com/0nszu6U3PL
Ahora la Justicia deberá investigar la supuesta venta de mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social terceriza en los movimientos sociales y la exigencia de un pago por parte de los beneficiarios.