El Ministerio de Justicia interviene la fundación de Patricia Bullrich
La intervención será de 180 hábiles debido a las sospechas del ministro de Justicia, Martín Soria, quien cree que la candidata a presidente del PRO está utilizando fondos de su fundación para la campaña.
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Este miércoles, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comandado por Martín Soria dispuso la intervención por 180 días de la fundación de Patricia Bullrich, la precandidata a presidente PRO. Tras oficializarse la investigación, la aspirante a jefe de Estado arremetió contra Sergio Massa por impulsar la intervención.
A través de un comunicado, Soria dio detalles de porqué considera relevante avanzar con esta investigación y precisó: “Buscamos normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”.
“Se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata. Se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”, suma el escrito.
Además, detalló que en la ONG se encontraron “visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsas de información de acceso público y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, ElCronista y Pagina12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES”.
Por el final, el comunicado de Soria asegura que la Asociación también fue utilizada para “pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas registrados bajo el partido Unión por la Libertad” así como también para ” actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Patricia Bullrich y pagos a Gerardo Milman“.
En respuesta a este “ataque”, como lo consideró Bullrich, esta arremetió contra el ministro de Economía por incentivar tal intervención. “El ministro de Economía, Sergio Massa, decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía”, escribió la titular del PRO en Twitter.
“Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas.Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”, concluyó.
Por su parte, el camporista Soria le respondió: “La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabes ni las competencias de cada Ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido politico, mucho antes de que seas candidata”.
Fuente: Periodismo y Punto
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Una familia de la provincia de San Juan fue condenada por robar dinero a personas vulnerables que eran beneficiarias de planes sociales del Estado nacional. Actuaron durante años mediante un esquema organizado, fueron descubiertos en 2017 y finalmente recibieron una condena, pero no la cumplirán en la cárcel.
El proceso judicial tuvo un giro importante en mayo de este año, siendo que los tres imputados optaron por un juicio abreviado. Este mecanismo procesal implica que los acusados reconocen su responsabilidad penal a cambio de una reducción en la pena solicitada. En este hecho, admitieron los delitos de estafa agravada contra la administración pública y asociación ilícita ante el juez federal Hugo Echegaray.
El Tribunal Oral Federal dictó una condena de tres años de prisión en suspenso para los Saavedra, lo que implica que quedaron formalmente condenados, aunque no deberán cumplir la pena tras las rejas. La decisión se explica por lo previsto en el Artículo 26 del Código Penal Argentino, que habilita la condena condicional cuando la pena impuesta no supera los tres años de prisión y se trata de la primera condena del imputado.
Dada las condiciones, ninguno tenía antecedentes penales y aunque la Fiscalía había solicitado prisión efectiva, el juez Echegaray resolvió otorgar la condena en suspenso. Lejos de significar una absolución, esta figura deja a los acusados con antecedentes penales y bajo un período de prueba, durante el cual, si vuelven a delinquir, deberán cumplir efectivamente esta condena junto con la nueva.
Además de la condena, el juez les impuso una serie de obligaciones concretas, entre ellas fijar residencia, por lo que no podrán mudarse sin autorización judicial, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajo comunitario. En la situación de Juan José Saavedra, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, una medida especialmente relevante si se tiene en cuenta que el agravante de su delito estuvo vinculado justamente al abuso de su función estatal.
— El puntero político, Romeo Saavedra
Dentro de la maniobra ilícita, los Saavedra habrían cumplido roles bien definidos. Romeo Isidoro Saavedra, un histórico puntero político del Partido Justicialista en el municipio de Chimbas, habría sido el jefe operativo y el encargado de ir personalmente a los cajeros automáticos para retirar el dinero con las tarjetas de los beneficiarios.
Su hija, Sol Araceli Saavedra, habría actuado como captadora, reclutando a jóvenes, en especial estudiantes universitarios, a quienes les ofrecía la posibilidad de acceder a programas como la Beca Progresar, destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años que quieren estudiar (nivel primario, secundario, terciario o universitario) y cuyos ingresos familiares no superen los tres salarios mínimos. Es un programa pensado justamente para los sectores más vulnerables de la sociedad. La familia Saavedra aprovechó ese perfil (jóvenes con necesidades económicas) para reclutarlos fácilmente. En tanto, Juan José Saavedra, hermano de Romeo, habría operado como enlace institucional desde la Gerencia de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde presuntamente facilitaba trámites para habilitar tarjetas y aprobar beneficios.
Un dato clave que ayudó a detectar el sistema de fraude fue que varias tarjetas compartían la misma contraseña. Según la investigación, la familia devolvía solo una pequeña parte del monto a los beneficiarios reales y se quedaba con el resto, en torno del 60% del dinero acreditado. Así, por ejemplo, de un plan de $1.800, la persona recibía apenas $800.
El esquema se derrumbó el 20 de diciembre de 2017 de una manera casi accidental. Romeo Saavedra estaba en un cajero del Banco Hipotecario haciendo múltiples extracciones consecutivas con distintas tarjetas. Otros clientes, hartos de esperar en la fila, alertaron a la Policía. Al ser interceptado, llevaba encima 51 tarjetas sociales y aproximadamente $80.000 en efectivo recién retirados.
Eso disparó una indagación judicial a cargo del juez federal Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado, que durante años fue construyendo el caso contra toda la estructura familiar. La causa terminó contabilizando 51 hechos delictivos.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
El Gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, con sede en la ciudad de Santa Fe, y le dio de baja la asistencia financiera tras detectar presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a través del Programa Tarjeta Institucional. Los recursos debían destinarse a la compra de alimentos para un comedor comunitario, pero habrían sido utilizados en consumos en locales de comida rápida, restoranes céntricos y kioscos.
La Tarjeta Institucional es una herramienta creada para fortalecer el funcionamiento de comedores y espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social. La cuenta asociada al programa solo admite depósitos del Estado provincial, único habilitado a cargar fondos, por lo que todos los movimientos deberían corresponder a compras para los beneficiarios.
Las inconsistencias surgieron durante las auditorías que realiza de manera habitual el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Allí se advirtió que las rendiciones presentadas por la organización para justificar los gastos no coincidían con los movimientos registrados en la tarjeta. Entre los consumos observados figuraron gastos en cadenas de hamburguesas como McDonald’s, además de bares, restoranes y kioscos que no guardan relación con el objeto del programa alimentario.
A partir de estas observaciones, y con el fin de resguardar los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria, la Provincia resolvió suspender la entrega de fondos, avanzar con la denuncia penal y poner toda la documentación relevada a disposición de la Justicia para que investigue los hechos.
El caso se vincula a la figura de Luciano “Chano” Rossi, dirigente social que condujo la organización hasta abril de 2024. En julio de 2025, Rossi fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) luego de una investigación administrativa que determinó un elevado nivel de ausentismo laboral: de los últimos 2.103 días registrados, había asistido a trabajar en 651 jornadas y se había ausentado en 1.452.
– El video que publicó Rossi en sus redes tras la denuncia
Rossi había ingresado a la EPE en julio de 2015, cuando el acceso del personal era “hereditario” o por “derecho de sangre”, es decir que los empleados ocupaban el lugar que dejaba vacante un familiar directo. La actual gestión modificó ese mecanismo y estableció el ingreso por concurso público, según capacidad.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que los mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente de seguimiento de los fondos públicos que se transfieren a organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
Empleados estatales revelan una posible desviación de recursos organizada en el interior de la Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO) de la Provincia de Buenos Aires, organismo responsable de administrar, mantener y dar de baja la flota de vehículos del Estado provincial.
De acuerdo a testimonios internos recabados por el medio Realpolitik, el esquema involucraría el saqueo sistemático de repuestos antes de compactar autos oficiales, la manipulación del pesaje de chatarra, y la desaparición de al menos un vehículo histórico restaurado.
El área depende de un extenso abanico de funcionarios de la secretaria General de la Gobernación, bajo conducción de Agustina Vila. Solo cuando determinados vehículos oficiales presentan bajo kilometraje o buenas condiciones mecánicas, existiría un circuito informal para “recuperarlos” antes de enviarlos a compactación. El procedimiento incluiría conversaciones con sectores vinculados a la subsecretaría de Gobierno, administrada por Paula Verónica Ferraris.
— A la izquierda, Verónica Ferraris junto a Agustina Vila
Antes de que los vehículos oficiales sean aplastados por la máquina compactadora, los trabajadores del automóvil deben asegurarse que faros, baterías, ruedas y componentes electrónicos no desaparezcan. Los papeles de los autos dicen que están completos, pero al momento de compactarlos ya fueron vaciados.
“Hay autos que en los papeles están completos y cuando los van a compactar ya fueron vaciados”, afirmó una fuente.
Este tipo de autopartes tiene un valor comercial significativo en el mercado de repuestos usados. Al extraerlas antes de la destrucción, se generaría un mercado paralelo —mercado negro— de componentes que, si bien son piezas del Estado, terminan circulando como si fueran mercancía privada.
Antes de entrar de lleno en el hecho, cabe explicar que la función de la DAEO depende de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense del gobernador provincial Axel Kicillof. Su misión es llevar un registro centralizado de todos los vehículos del Estado provincial, programar su distribución, controlar su mantenimiento, y decidir cuándo un vehículo ya no sirve y debe ser dado de baja. Cuando un vehículo oficial llega al fin de su vida útil, la DAEO tiene la potestad de compactarlo (aplastarlo para convertirlo en chatarra metálica) bajo el marco legal del Decreto 928/2007.
La directora actual del organismo es Rosana Mariel Viscardi, quien reemplazó a Ariel Abelando luego de que éste fuera desvinculado a principios de 2026 en medio de otras denuncias internas.
— Rosana Mariel Viscardi
El esquema no operaría a la vista de todos. Según los testimonios, el vaciado ocurriría fuera del horario laboral, cuando casi no queda personal en los galpones. Esto permitiría actuar con discreción, reducir los testigos y dificultar la trazabilidad de los componentes sustraídos.
Un nombre aparece de forma recurrente en las investigaciones y es el de Germán Sigampa, señalado como figura clave del circuito de compactación y de la gestión de rezagos (los restos o sobrantes de vehículos dados de baja). Conforme a la información, Sigampa recorre los depósitos de la provincia, mantiene vínculos con jefes distritales y tiene asignado un chofer por la directora Viscardi, lo que daría cuenta de su peso operativo dentro del organismo.
— Germán Sigampa
El concepto de “rezagos” es importante, debido a que en el sistema de la administración pública, los rezagos son los bienes sobrantes o inutilizables que deben ser dados de baja siguiendo un procedimiento formal. El control de quién gestiona esos rezagos y cómo se registran es clave para detectar sustracciones.
La trampa del pesaje de chatarra
Una de las denuncias más graves apunta al proceso de pesaje de la chatarra resultante de la compactación. Presuntamente existiría un posible conflicto de interés estructural, ya que la misma empresa que compra la chatarra sería la encargada de pesarla. Esto abre la posibilidad de que se declaren menos kilos de los reales, lo que significaría que el Estado recibe menos dinero del que debería por la venta de esos metales. La doble función —comprador y verificador del peso— eliminaría el control independiente que debería existir en cualquier licitación o contrato transparente.
El episodio más concreto y documentado dentro de la investigación involucra a un Peugeot 205 GLD modelo 1998, que había sido restaurado integralmente por personal de la DAEO. Por su antigüedad y excelentes condiciones tras la restauración, los propios empleados lo consideraban un “auto de museo”, no destinado al uso cotidiano.
Sin embargo, el vehículo fue utilizado por un empleado que no estaba habilitado para desempeñarse como chofer y quedó involucrado en dos incidentes graves en un lapso breve. En primer lugar, dio positivo en un control de alcoholemia en la ciudad de Tandil, hecho que derivó en el secuestro del rodado y su traslado en grúa, una situación que habría sido ocultada a las autoridades políticas del área. Poco después, ese mismo empleado protagonizó un choque en la autopista Buenos Aires–La Plata que terminó por destruir por completo el vehículo.
Desde el accidente, el Peugeot 205 no volvió a aparecer ni figura en los listados oficiales de depósitos. No hay registros fotográficos ni rastros en ningún circuito administrativo conocido. Todo lleva a sospechar que el vehículo podría haber sido incluido de manera encubierta en el proceso de compactación, eliminando así la evidencia de los incidentes. Tanto la subsecretaria de Gobierno Paula Ferraris como la secretaria general Agustina Vila no habrían sido informadas de lo ocurrido, y el manejo del caso quedó en niveles operativos intermedios. En ese encubrimiento aparece mencionado el propio director Abelando —el mismo que fue posteriormente desvinculado.
El patrón previo
Desplazar a Ariel Abelando a principios de 2026 no fue un acto deliberado, sino que se produjo en un contexto de reclamos reiteradas por faltantes de autopartes, reparaciones infladas y facturaciones cuestionadas dentro de la DAEO. Las alertas internas sobre los faltantes de autopartes existían incluso antes del proceso de compactación acelerado que el gobierno de Kicillof impulsó en enero de 2026.
La llegada de Viscardi como nueva directora, lejos de calmar las aguas, generó nuevas dudas. Trabajadores bajo su conducción la acusaron de maltrato, persecución laboral y asignación de tareas con vehículos en condiciones irregulares. A su vez, una investigación paralela del mismo medio reveló que existe un Volkswagen Fox oficial con VTV vencida que aparece con más de 32 millones de pesos disponibles para combustible en el sistema YPF Ruta, lo que sugiere un patrón más amplio de irregularidades administrativas.
Este hecho no se limita a la sustracción de unas autopartes. Detrás aparecen, al menos, tres dimensiones de gravedad institucional. Por un lado, una probable corrupción en la gestión de bienes públicos, ya que los vehículos del Estado pertenecen a toda la ciudadanía y su vaciamiento constituye un perjuicio directo al patrimonio público. Por otro, una evidente falla en los controles internos, dado que la misma empresa que adquiere la chatarra sería la encargada de pesarlo y, además, los vaciados habrían ocurrido fuera del horario laboral, lo que pone en duda el funcionamiento de los mecanismos previstos por el Decreto 928/07.
Finalmente, surge la sospecha de un posible encubrimiento institucional, ya que el caso del Peugeot 205, con dos hechos graves que habrían sido ocultados a las máximas autoridades, sugiere que no se trataría únicamente de una responsabilidad individual, sino también de una cadena de omisiones y silencios dentro del organismo.
Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida a Mauricio Macri. El exsenador nacional y exministro de Educación durante el gobierno de Cambiemos sostuvo que ya no se siente representado por el rumbo del partido que ayudó a fundar hace más de dos décadas. “Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de X.
El dirigente identificó un episodio puntual como punto de quiebre: la postura del partido frente a Manuel Adorni, luego de que el PRO no diera quórum en Diputados para avanzar con el pedido de censura contra el jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito. Para Bullrich ese momento dejó al descubierto que “la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética”.
Buenos Aires, 24 de junio de 2026Al Ing. Mauricio MacriPresidente del PRODe mi mayor consideración:Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.No es fácil escribir estas…
En la misiva, el exsenador aclaró que su decisión no respondía a “diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política”, sino a “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”. También vinculó su determinación con la enfermedad que lo aqueja, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que lo obligó a renunciar a su banca y a replantear sus prioridades. “El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”. Permanecer en el partido, sostuvo, “implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”.
Bullrich fue senador nacional por Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció tras el diagnóstico de ELA. Pese a los cuestionamientos, aclaró que su salida no nacía “desde el enojo ni desde el resentimiento” y le agradeció a Macri haber “impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino y permitió que muchos encontráramos un lugar desde donde servir al país”. Aun así, subrayó: “Hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”. Cerró con un deseo hacia el espacio que integró desde sus orígenes: que el PRO “pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento”.
El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan DeNul y su socia argentina Servimagnus.
Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.
Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.
El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.
CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN
La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.
El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.
– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.
En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones.Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.
DEFINICIONES OFICIALES
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.
El exministro de Educación rompió con el partido que cofundó hace más de veinte años. Cuestionó que la conducción priorizara la conveniencia política por encima de la ética y reprochó la falta de quórum para censurar al jefe de Gabinete.
Reunidos en Paraná, el ministro de Economía y el gobernador entrerriano propusieron un acuerdo federal que fije un horizonte para eliminar Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. En el mismo encuentro firmaron un convenio que compensa deudas cruzadas entre Nación y la provincia.
La fiscalía analiza si el foco tuvo origen deliberado tras una denuncia municipal y testimonios que apuntan a movimientos extraños en la zona. El Concejo Deliberante declaró la emergencia forestal por 18 meses.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
