El Intendente de Mar del Plata quiere avanzar con una nueva ordenanza para sacar a los “trapitos”

Guillermo Montenegro anunció que avanzará con una nueva normativa contra los ciudacoches: "No pueden adueñarse del espacio público".
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Continúan las acciones de control de la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El Municipio de General Pueyrredón (MGP) realizó, en conjunto con la Policía bonaerense, 459 intervenciones e identificó a 672 personas. 381 fueron fueron realizadas por la Patrulla Municipal y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), mientras que las restantes se efectuaron por llamados al 911.

Ante este contexto, 38 personas fueron trasladadas a comisarías por distintas contravenciones y 7 fueron aprehendidas por diferentes delitos. También se secuestraron 4 cuchillos, 1 inhibidor de alarmas, 2 bicicletas robadas, entre otros elementos.

El Municipio de General Pueyrredón (MGP) trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad bonaerense para terminar con la mafia de los trapitos en Mar del Plata.
El Municipio de General Pueyrredón (MGP) trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad bonaerense para terminar con la mafia de los trapitos en Mar del Plata.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas, se destacaron las de cuidacoches que quitaban multas de autos mal estacionados, otras en las cuales exigían dinero y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, solicitar un monto fijo por estacionar, beber en la vía pública, reservar espacios para estacionar, 2 trapitos vendiendo bicicletas robadas y otro con un inhibidor de alarmas.

La posibilidad de una ordenanza en Mar del Plata

Tal como informaron los medios, la reglamentación de los cuidacoches fue una de las prioridades legislativas que señaló el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en su primera apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, la sanción de la norma continúa estancada en el Concejo Deliberante.

Uno de los tantos trapitos atrapado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.
Uno de los tantos trapitos atrapado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.

El último tratamiento que se le dio al tema fue el 1 de septiembre de 2022, cuando se organizó una jornada de trabajo con referentes del sector en el recinto legislativo. En aquel plenario, se acordó hacer una prueba piloto de un registro municipal de cuidacoches (de cara a la actual temporada), pero no se concretó.

En la Comuna rige una ordenanza desde 1964 que regula parcialmente la actividad, mediante la creación de un Registro Municipal de Cuidadores de Vehículos. Desactualizado y pensado para otro momento histórico, la normativa volvió a escena cuando, en enero de 2020, Vilma Baragiola (ahora secretaria de Desarrollo Social) presentó un expediente para avanzar con su modificación.

Trapito siendo detenido por un oficial de la Policía bonaerense.
Trapito siendo detenido por un oficial de la Policía bonaerense.

Sobre esa base, luego se elevaron otros 2 expedientes, primero el del concejal Agustín Neme (Vamos Juntos) y luego el de la edil kirchnerista Sol de la Torre (Frente de Todos), con propuestas de una nueva ordenanza que reemplace a la vigente (2450).

A grandes rasgos, desde el oficialismo sostienen que no se podrá contar con antecedentes penales para obtener el permiso para trabajar como cuidacoches. “Queremos una herramienta que defienda a los vecinos frente a situaciones de violencia y extorsión. Nadie puede adueñarse del espacio público y menos aún extorsionar. Es ilegal que le cobren a la gente por estacionar en un lugar público y libre”, sentenció Neme.

La inmensa mayoría de los trapitos de Mar del Plata cuentan con graves antecedentes penales.
La inmensa mayoría de los trapitos de Mar del Plata cuentan con graves antecedentes penales.

En la misma línea, la Secretaría de Seguridad advirtió sobre la necesidad de que se incluyan multas y sanciones para quienes infrinjan los lineamientos de la ordenanza; una disposición similar a la que se planteó para regular la Zona Roja.

De todos modos, hay algunas bases de acuerdo entre las bancadas. Por caso, el requisito de contar con residencia en General Pueyrredón para poder desempeñarse como cuidacoches. O que el aporte que entreguen los vecinos por el servicio deberá ser siempre voluntario y al retirar el vehículo, evitando situaciones extorsivas.

Cuidacoches legales y uniformados afuera de la Municipalidad de Mar del Plata.
Cuidacoches legales y uniformados afuera de la Municipalidad de Mar del Plata.

En ese sentido, hubo acuerdo para que el Municipio impulse una serie de jornadas de capacitación para que los cuidacoches puedan brindar información o acompañamiento a turistas, pero, hasta el momento, la problemática no volvió a ponerse en agenda.

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Tucumán | La Justicia prohibió a un medio televisivo emitir críticas a fiscales y jueces durante seis meses

La Justicia de Tucumán dictó como medida cautelar prohibir al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a los trabajadores de dicha empresa realizar críticas a jueces y fiscales. La decisión judicial generó reacciones negativas y la Asociación de Prensa (APT) de esa provincia calificó que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”.

La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán y a su personal emitir contenidos que desacrediten o cuestionen la labor de fiscales y jueces provinciales. El fallo advierte que cualquier incumplimiento será sancionado por “desobediencia judicial”.

La sentencia, fechada el 4 de noviembre, responde a una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC. Se lo acusa de “entorpecer y ofender el ejercicio de funciones públicas, ejercer coacción institucional e incitar a la violencia o al descrédito institucional” a través de su labor periodística.

El conflicto de fondo surge por el malestar del jefe de los fiscales tucumanos, luego de que en distintas entrevistas y programas emitidos por CCC se cuestionara el desempeño de los fiscales alineados con Jiménez en “causas de alto perfil público”. Según la sentencia, el propietario del medio de comunicación habría “llevado a cabo una campaña pública de hostigamiento y ataque mediático contra distintos fiscales”.

El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados y el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al ser consultado sobre la controversial resolución, respondió ante la prensa: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones”.

Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.

En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) cuestionó la medida y planteó que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”, y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.

Por su parte la APT señaló en un comunicado: “La Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohibir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos”.

Y concluye: “Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales”.

ESCÁNDALO: Detuvieron a un concejal de LLA por amenazar a su pareja con un arma

El concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio “Nacho” Contreras, de 51 años, fue detenido ayer domingo acusado de amenazar a su pareja con un arma de fuego y de realizar disparos dentro de su vivienda. El dirigente liberal, empresario y propietario de la reconocida cadena de comercios “Lácteos Mi Viejo”, había sido electo en las elecciones municipales del 7 de septiembre y tenía previsto asumir su banca en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre.

El episodio tuvo lugar en el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre el camino Once Boca, una propiedad rural perteneciente a Contreras. Según indicaron fuentes policiales, efectivos del Comando de Prevención Rural de San Vicente acudieron al lugar luego de recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un conflicto familiar y detonaciones de arma de fuego en el interior del inmueble. Cuando los agentes llegaron, la situación estaba bajo tensión y fue necesario intervenir con precaución para resguardar la seguridad de los presentes.

Los uniformados se entrevistaron con su pareja, una mujer de 24 años, quien declaró que había mantenido una fuerte discusión con el libertario y que, en medio del altercado, el hombre habría efectuado al menos dos disparos dentro de la casa. Durante la inspección ocular, los agentes hallaron una pistola calibre 9 milímetros en el baño de la planta baja, junto a varias vainas servidas, además de constatar un notable desorden general en el interior de la vivienda. El arma fue secuestrada y será sometida a peritajes balísticos para determinar si coincide con los proyectiles encontrados.

Tras comunicarse con la fiscal Karina Guyot, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de San Vicente, se ordenó la inmediata aprehensión del concejal electo, la intervención de peritos especializados en criminalística y el secuestro de los elementos encontrados en la escena. La causa fue caratulada como amenazas agravadas, dado el uso del arma de fuego como medio de intimidación.

El mensaje del armador de LLA, Sebastián Pareja

Contreras fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente, donde permanece detenido a la espera de una resolución judicial sobre su situación procesal. Por su parte, la joven fue acompañada a la Comisaría de la Mujer y la Familia del distrito, donde brindó su testimonio formal y recibió asistencia del personal especializado en casos de violencia de género.

De forma paralela, en las últimas horas se viralizó un video, presuntamente grabado por la víctima, en el que se observa una discusión entre ambos por una supuesta infidelidad del dirigente libertario. El material fue difundido inicialmente en redes sociales y en grupos de mensajería, y según las fuentes consultadas, el intercambio habría precedido a los disparos que derivaron en la denuncia y posterior intervención policial.

Las autoridades judiciales trabajan para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad del acusado. Mientras tanto, el hecho provocó una fuerte conmoción política en San Vicente, ya que Contreras encabezó la lista local de La Libertad Avanza en las últimas elecciones y estaba próximo a asumir su banca en el Concejo Deliberante. Hasta el momento, el espacio político no emitió declaraciones oficiales sobre la detención de su representante.

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