El insólito fallo con perspectiva de género con el que absolvieron a las hijas de Lázaro Báez

Según los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, las hijas del empresario no tenían grandes tareas dentro de la asociación ilícita por "ser mujeres". También le redujeron la condena a Lázaro Báez.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, este martes, confirmar la condena a Lázaro Báez y a otros 17 imputados en la causa de la Ruta del dinero K. Al ex dueño de la constructora se le redujo la condena de 12 a 10 años y sus hijas quedaron absueltas bajo un argumento de género.

“Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el máximo tribunal de Comodoro Py.

Lázaro Báez junto a su hija, Luciana.
Lázaro Báez junto a su hija, Luciana

En una dividida decisión, el fallo incluyó que el tribunal consideró que la obra pública que recibió el dueño de Austral Construcción no fue el delito precedente para que el empresario llevara adelante las maniobra millonarias de lavado de dinero: 55 millones de dólares. Lo que parece contradecir la reciente condena de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, señalada por desviar obras públicas a precios inflados a la constructora de Lázaro Báez. En ese debate, tanto Báez como Kirchner fueron condenados a 6 años de prisión.

Las sorpresas llegaron cuando los camaristas Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Javier Carbajo revisaron dicha sentencia y desvincularon de la corrupción en la vía pública como delito precedente del lavado, lo que daña directamente el origen del dinero que terminó en cuentas de los hijos de Báez en paraísos fiscales.

Melina Báez, hija de Lázaro
Melina Báez, hija de Lázaro

Puntualmente, sobre las absoluciones de Melina Soledad Báez y Luciana Sabrina Báez, Casación consideró -por voto mayoritario- que debían ser desligadas de la causa porque “sus respectivos pronunciamientos condenatorios se dictaron sin perspectiva de género, en particular, al momento de efectuar la valoración probatoria de los elementos recabados en su contra y de evaluar el contexto familiar al momento de los hechos”.

En ese marco, se remarcó que su padre Lázaro Báez, les adjudicó un rol menor por su “condición de mujer”. Un rol marginal que tenía como fin cuidar el espacio doméstico dentro de la familia, pero sin injerencia en la actividad empresarial, según el análisis de los camaristas que intentaron plantear una situación de género y señalar a Báez como machista.

A Lázaro Báez, finalmente, se le redujo la condena de 12 a 10 años.
A Lázaro Báez, finalmente, se le redujo la condena de 12 a 10 años

Por ello, Casación concluyó que las nombradas no tuvieron ninguna intervención real con la maniobra ilícita y dictaminaron las condenas: Lázaro Antonio Báez 10 años; Martín Antonio Báez 6 años y 6 meses; Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín 6 años; Julio Enrique Mendoza 5 años; Jorge Leonardo Fariña 3 años y 6 meses, quien obtuvo una reducción de pena por sus aportes como arrepentido; Juan Alberto De Rasis; Gustavo Fernández; Fabián Virgilio Rossi; Eduardo Guillermo Castro 4 años y 6 meses.

En tanto Federico Elaskar; Claudio Fernando Bustos; Alejandro Ons Costa; Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez serán 3 años de ejecución en suspenso y a Walter Feliciano Zanzot le aguardan 2 años y seis meses de pena.

Además de las condenas, a todos los mencionados y a las empresas Austral Construcciones S.A. (ACSA) y Top Air S.A., se los multó por montos que oscilan entre seis y dos veces el valor de las operaciones que realizaban, de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000. También se confirmó un decomiso de activos por el equivalente a 65 millones de dólares.

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

La Policía del Chaco detuvo a “Malvavisco”, un delincuente con pedido de captura por robo

La Policía del Chaco detuvo este lunes a un joven de 24 años conocido como “Malvavisco”, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por una causa de robo. El procedimiento se realizó en la localidad de Puerto Tirol, cuando efectivos de la comisaría local desarrollaban tareas de prevención y controles de identificación en la vía pública.

El sospechoso fue interceptado cerca del mediodía durante uno de esos operativos. Al verificar sus datos personales y antecedentes en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), los agentes confirmaron que tenía una orden de detención activa con intervención de la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia.

Una vez constatado el requerimiento judicial, los efectivos concretaron la detención y dieron intervención inmediata a la Fiscalía en turno N° 10 de Resistencia. Desde allí se ordenó que el implicado fuera notificado formalmente de su detención y luego trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, el detenido tenía antecedentes. En el ámbito barrial era conocido con el apodo de “Malvavisco”, un sobrenombre que, según sus allegados y testimonios de la zona, surgió porque es “malo y bizco”.

También pesaba sobre él su temida fama. Los vecinos lo identificaban como “el azote del barrio Timbó”, en referencia a su participación en numerosos hechos delictivos sufridos en esa zona.

Ahora, quedó a disposición de la Justicia chaqueña, que avanzará con la investigación del robo por el que fue capturado.

Acusan a Capitanich de apropiarse y vender autos oficiales de Chaco con papeles truchos

La Justicia Federal de Resistencia avanzó en una causa por irregularidades en la venta de vehículos oficiales del Gobierno Provincial del Chaco durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich entre 2016 y 2021. El fiscal federal Patricio Sabadini pidió elevar a juicio a cinco imputados por asociación ilícita, falsedad ideológica y uso de documentos falsos, lo que podría derivar en un juicio oral.

La investigación surgió en junio de 2021 tras una denuncia de Adrián Veleff, un gestor de un registro automotor en Resistencia y actual presidente de Ecom Chaco, quien detectó anomalías en un decreto de subasta. Diferencias en tipografía, colores y datos de vehículos que no coincidían con el original publicado en el sitio oficial del Chaco.

El modus operandi era una estructura organizada que desviaba autos estatales a particulares y empresas como Solint SAS mediante la adulteración de documentos de subastas legítimas. El juez de Garantías 2, Ricardo Mianovich debe decidir si aceptar el requerimiento, de ser así los involucrados tendrán que comparecer en un juicio oral, y en caso de ser hallados culpables, se fijará una pena.

Los acusados alteraban anexos de medidas provinciales originales, insertando datos falsos como nombres de “prestanombres”, números de motor, chasis y dominios para coincidir con los vehículos deseados.

Usaban actas de subasta falsificadas y formularios registrales para transferir la titularidad en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA), generando perjuicio al patrimonio público. Esta maniobra permitió ventas “truchas” de autos y motovehículos oficiales a privados, simulando subastas reales.

Entre los imputados clave figuran Lidia del Carmen Costas, exdirectora de Gestión de Bienes de la provincia de Chaco, acusada de haber certificado anexos falsificados a decretos oficiales en su condición de funcionaria pública. En la causa también aparece Santiago Daniel Dellacasa, comerciante y titular de la compañía Solint SAS, señalado como uno de los principales beneficiarios de las transferencias irregulares. Por su parte, Mario Orlando Bistman, empleado público y mandatario, habría decidido qué bienes salían a subasta y se ocupaba de tramitar las transferencias ante el Registro Automotor. Completan la nómina Daniel Alejandro Rojas y Marcos Teófilo Vargas, ambos sargentos de la Policía de Formosa, que actuaban como verificadores en los procedimientos.

Según la indagatoria, a Alejandro Rojas y a Teófilo Vargas se les imputa haber certificado formularios de verificación policial —los llamados Formularios 12— sin que los vehículos estuvieran efectivamente a la vista, lo que, de acuerdo a la fiscalía, facilitó la regularización de rodados presuntamente sustraídos. Además, estaba imputado Héctor Dellacasa, quien falleció en diciembre pasado.

A esta denuncia se sumaron luego otras presentaciones de distintos titulares de registros que detectaron maniobras similares con motovehículos y otros rodados pertenecientes a la Jefatura de Policía del Chaco.

En términos políticos, esto se ubica dentro de un paquete más amplio de causas contra la gestión Capitanich, donde también se investigan otros desvíos de fondos (como la megacausa IAFEP) y maniobras de uso irregular de bienes y recursos del Estado.

La trama de los “Piqueteros VIP”

En agosto de 2025, Patricio Sabadini solicitó la elevación a juicio de dos expedientes por lavado de activos agravado que involucra a dirigentes sociales señalados como cercanos a Capitanich. Una de las causas afectó al grupo conocido como Piqueteros VIP”, encabezado por Lucas Alexis Torales Cordeiro y miembros de su entorno familiar. La otra habría alcanzado al dirigente Marcos Antonio Cáceres, su pareja, Lourdes Ruiz Díaz y su hermana, María del Carmen Cáceres.

En base a la fiscalía, ambos expedientes compartían fondos públicos canalizados a través de fundaciones y cooperativas que habrían servido para dar apariencia de legalidad a recursos de origen estatal. En el caso de Torales, la pesquisa apuntó a un entramado económico que operó con la participación de su padre, José de Jesús Torales y su hermano, Marcos Gabriel Torales.

La averiguación identificó varias fundaciones supuestamente utilizadas como vehículos de financiamiento. Jóvenes Líderes, La Revolución, Árbol de la Vida y 19 de Abril Qa’Naqui. Informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) consignan que entre 2019 y 2023 se retiraron en efectivo más de $130 millones, sumas que luego habrían ingresado a cuentas personales de Lucas Torales y se transformaron en plazos fijos y otras operaciones incompatibles con su nivel declarado de ingresos.

Agrega otros presuntos indicios de enriquecimiento ilícito, coml viajes al exterior, compras de dólares en el mercado negro, movimientos en criptomonedas y la adquisición de vehículos de alta gama a nombre de familiares —entre ellos un Ford Focus, un Honda Civic, una Ford Territory y otro Honda Civic 2020— que, eran usados exclusivamente por Lucas Torales y forman parte de los bienes bajo sospecha.

HUMOR por Argüelles

LO MÁS IMPORTANTE

CRISIS EN UALÁ: el 63% de los créditos tienen mora

Con el sistema de pagos paralizado y un rojo de 87.000 millones de pesos, la fintech enfrenta un “corralito técnico”. Mientras la morosidad trepa al 64% por las tasas de interés que el BCRA mantiene por las nubes para pisar la inflación, los ahorristas denuncian fondos retenidos en la peor ruptura de la cadena de pagos de los últimos 20 años.

SEGUIR LEYENDO

TWEET DEL DÍA

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2025

Subscribe Now